Una de las grandes preocupaciones sociales contemporáneas es la correcta impartición de justicia, la cual surge del orden social necesario para garantizar una convivencia armónica. El concepto de justicia no es un ideal abstracto, sino una necesidad concreta que permite que los individuos coexistan en un entorno donde sus derechos están protegidos y los conflictos sean resueltos de manera equitativa. En este sentido, la justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad que aspire a mantener la paz y el respeto mutuo entre sus miembros.
A lo largo de la historia, han surgido diversos métodos para impartir justicia, algunos de los cuales distan mucho de los principios que consideramos adecuados en la actualidad. Un ejemplo claro es la antigua ley de talión, popularmente conocida por la frase “ojo por ojo, diente por diente”, la cual basaba la justicia en la retaliación proporcional. Aunque en su momento se consideraba un avance en comparación con la venganza desmedida, hoy la vemos como un sistema que no promovía la equidad ni la restauración del daño. Igualmente, la Inquisición representó un periodo oscuro en la historia de la justicia, donde la tortura y el castigo se usaban como herramientas para obtener confesiones, sin importar si estas eran verdaderas o no.
Con el paso del tiempo, estos métodos fueron superados por mecanismos más humanos y racionales, que comenzaron a priorizar la evidencia y la investigación. En lugar de recurrir a la tortura o a la mera represalia, la justicia moderna se ha ido fundamentando en el análisis objetivo de los hechos y la aplicación de principios técnicos y científicos. Esto ha llevado a una mayor profesionalización de los sistemas judiciales, que hoy en día deben basarse en el conocimiento especializado, tanto de las leyes como de los métodos forenses.
En consecuencia, la investigación judicial y la impartición de justicia deben seguir criterios estrictamente técnicos, basados en la ciencia forense y una interpretación precisa de la ley. Es aquí donde radica la importancia de contar con instituciones judiciales fuertes y profesionales, capaces de actuar con independencia e imparcialidad. No se trata simplemente de aplicar la ley de manera mecánica, sino de comprender su espíritu y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en un proceso judicial. Esto es especialmente relevante en tiempos actuales, donde la protección de los derechos humanos se ha convertido en un principio rector de los sistemas de justicia en muchas partes del mundo.
Además, para fortalecer un poder judicial moderno, resulta imprescindible definir con claridad los roles de los jueces, quienes deben contar con la capacidad y habilidad para interpretar la ley y valorar las evidencias de acuerdo con principios de la ciencia forense. La correcta evaluación de pruebas exige un entendimiento profundo de los métodos científicos, lo que permite emitir decisiones basadas en datos objetivos y verificables. Sin embargo, este conocimiento técnico debe ir acompañado de una trayectoria profesional impecable que garantice la integridad y los principios éticos en el actuar de los juzgadores. Solo jueces que combinen una formación técnica sólida con una ética intachable pueden ofrecer garantías de imparcialidad y equidad en la resolución de conflictos legales.
En este contexto, es pertinente señalar que la mejora en la impartición de justicia no debe buscarse a través de procesos de “democratización” en los que la opinión popular predomine sobre el análisis técnico. Si bien es cierto que la justicia debe ser accesible para todos, ello no implica que cualquier persona esté capacitada para ejercerla o influir directamente en sus decisiones. La justicia requiere de profesionales altamente capacitados que cuenten con las herramientas necesarias para interpretar las leyes de manera objetiva y conforme a los avances científicos en campos como la criminología y la investigación forense.
Por último, para garantizar que la justicia sea verdaderamente justa, debe primar la institucionalidad profesional de los organismos encargados de su impartición. Los sistemas judiciales deben ser independientes de presiones políticas y económicas, lo cual permite que quienes participan en conflictos legales puedan recibir una resolución imparcial y certera. Esto incluye tanto a jueces como a fiscales, abogados y peritos, quienes deben actuar con total apego a las normas jurídicas y a los derechos humanos.
En resumen, la verdadera mejora en la impartición de justicia se encuentra en la consolidación de instituciones judiciales profesionales, independientes e imparciales. Solo de esta manera se puede asegurar que los conflictos legales se resuelvan de manera justa, respetando la dignidad de las personas y garantizando un proceso que, además de técnico y científico, sea plenamente respetuoso de los derechos fundamentales.
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