El reciente discurso de Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos ha generado gran controversia en México, al revelar que la entrega de 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, no fue consecuencia de la lucha contra la corrupción judicial, como ha sostenido el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino de presiones económicas y comerciales impuestas por la administración estadounidense. A partir de esta declaración, se abre un debate en torno a la verdadera autonomía de México en la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad y justicia.
Para contextualizar, diversos actores desde Palacio Nacional se ha defendido en reiteradas ocasiones que la entrega de estos narcotraficantes respondía a la necesidad de evitar que jueces y magistrados corruptos los liberaran. Sin embargo, las declaraciones de Trump contradicen esta versión, al argumentar que la decisión obedeció a la amenaza de imponer aranceles comerciales que afectarían gravemente la economía mexicana. De ser cierto, se estaría evidenciando una sumisión política disfrazada de un supuesto combate a la corrupción.
Desde una perspectiva jurídica, la extradición de criminales debe regirse por principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y soberanía nacional. En este caso, la entrega de ciudadanos mexicanos sin un proceso judicial transparente y con la posibilidad de que sean condenados a pena de muerte, representa un punto crítico en la política exterior de México. Aunque no se trata de justificar ni de exculpar a estos individuos de sus delitos, sí es pertinente cuestionar la falta de procedimientos claros que garanticen un debido proceso.
Ahora bien, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha insistido en la defensa de la soberanía nacional como uno de sus principales ejes discursivos. No obstante, la realidad demuestra que esta entrega masiva de narcotraficantes estuvo condicionada por presiones extranjeras, dejando en entredicho la independencia de México en sus decisiones estratégicas. Si la soberanía significa resguardar los derechos y la dignidad de los ciudadanos mexicanos, entonces, ¿por qué se permitió una extradición forzada sin garantías procesales?
Tenemos dos casos muy simbólicos por su trascendencia y significado. Se destaca el envió de Rafael Caro Quintero, presunto responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, que es emblemático en la relación bilateral México-Estados Unidos. Por otro lado, la opacidad en torno a la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, supuestamente negociada entre el grupo contrario a “Los Chapitos” y las autoridades estadounidenses. En ambos casos se refuerza la percepción de que las decisiones en materia de seguridad se están tomando sin considerar la soberanía nacional ni el debido proceso legal por ambos lados. Lo que nos lleva a la conclusión de política de persecución criminal del país es dictada desde Washington, y no desde el Palacio Nacional.
En conclusión, la extradición de estos narcotraficantes pone en entredicho la narrativa oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum. La versión sostenida por la presidencia, que responsabiliza a un Poder Judicial corrupto, ha sido desmentida por Trump, quien deja claro que la verdadera razón detrás de estas decisiones ha sido la presión económica ejercida por Estados Unidos. Más allá de la legitimidad de estas entregas, el problema de fondo radica en la falta de independencia en la toma de decisiones de México y en la subordinación de su política de seguridad a los intereses del país vecino. La soberanía nacional, tan defendida en los discursos, parece haber quedado relegada ante la necesidad de mantener estabilidad comercial, una realidad que debería preocuparnos a todos.
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