¿Complacencia o Complicidad? La Amenaza del “Mayo” Zambada y la Fragilidad del Estado Mexicano

En los últimos años, la estrategia de “abrazos y no balazos” ha sido el estandarte del actual gobierno mexicano para enfrentar la creciente ola de violencia y crimen organizado. Esta política, fundamentada en la idea de atacar las causas sociales que propician la delincuencia, ha buscado disminuir la incidencia delictiva mediante programas sociales dirigidos a combatir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, los hechos recientes cuestionan su efectividad y revelan una preocupante complacencia frente al poderío de los cárteles. En este contexto, la amenaza emitida por Ismael “El Mayo” Zambada al gobierno mexicano pone en evidencia las grietas de una estrategia que ha mostrado ser ineficaz.

Para comprender la magnitud de esta problemática, es necesario analizar el trasfondo histórico. Mientras que los gobiernos neoliberales fueron señalados por sus vínculos con el narcotráfico, el actual régimen de la Cuarta Transformación ha optado por una postura de aparente distanciamiento bajo el argumento de “no confrontar para evitar más violencia”. No obstante, este enfoque ha derivado en una permisividad que raya en la complicidad. Ejemplos de ello se reflejan en los múltiples episodios de violencia en diferentes regiones del país, donde la inacción gubernamental ha permitido el crecimiento exponencial de los cárteles.

En particular, la figura de “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos y longevos de México, destaca como símbolo de esta impunidad. A diferencia de otros líderes del crimen organizado que han sido capturados y extraditados a Estados Unidos, Zambada ha logrado eludir la justicia mexicana durante décadas. Su capacidad de operar desde las sombras, sin haber pisado una prisión, genera cuestionamientos sobre el nivel de protección o connivencia de autoridades mexicanas a lo largo de diferentes administraciones.

Un hecho relevante que pone en tela de juicio la eficacia del actual gobierno fue la captura de Zambada bajo circunstancias opacas y ajenas a las autoridades mexicanas. De acuerdo con informes, su detención fue resultado de una operación sigilosa en aparente convenio entre el grupo de “los chapitos” en contubernio  con agencias estadounidenses. Este hecho deja al descubierto la vulnerabilidad del sistema de justicia y seguridad nacional, al tiempo que plantea la incómoda pregunta: ¿por qué el gobierno mexicano no pudo, o no quiso, capturarlo?

Por otra parte, la reacción inmediata del presidente López Obrador, seguida por su sucesora Claudia Sheinbaum, al exigir explicaciones detalladas sobre la operación de captura, generó suspicacias. Si bien es cierto que todo Estado tiene la responsabilidad de velar por los derechos humanos de sus ciudadanos, independientemente de sus delitos, resulta cuando menos paradójico el nivel de interés mostrado en este caso específico. La narrativa de defensa a la soberanía nacional no puede justificar la falta de acción frente a un delincuente cuya influencia ha devastado a la sociedad mexicana durante más de cinco décadas.

La situación se agrava con las recientes declaraciones de “El Mayo” Zambada, quien ha amenazado con revelar información que, según él, podría colapsar la relación diplomática entre México y Estados Unidos si no es repatriado. Esto nos lleva a cuestionar: ¿qué tan profunda es la red de corrupción e infiltración del narcotráfico en las estructuras del poder público y privado de México? La posibilidad de que empresarios, políticos y funcionarios de alto nivel estén implicados en el financiamiento del crimen organizado no solo es alarmante, sino que evidencia el grado de descomposición institucional que enfrenta el país.

En este sentido, no debería sorprendernos el temor que muestran ciertos sectores políticos y empresariales ante las potenciales revelaciones de Zambada en un juicio en territorio estadounidense. Este es un momento crucial para México, una oportunidad histórica para desentrañar las raíces de la corrupción que han permitido el florecimiento del narcotráfico y, con ello, emprender una reconstrucción auténtica del Estado de derecho.

En conclusión, el caso de “El Mayo” Zambada no solo expone la fragilidad de la estrategia de seguridad del gobierno actual, sino que también cuestiona la verdadera independencia de las instituciones mexicanas. Es momento de replantear una política de seguridad efectiva, basada en el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha frontal contra la corrupción. La sociedad mexicana merece conocer la verdad, no solo por justicia a las víctimas de la violencia, sino también para romper de una vez por todas el ciclo de impunidad y complicidad que ha lastimado al país durante décadas. ¿Estamos preparados para enfrentar esta realidad? La respuesta a esta pregunta definirá el rumbo de la nación en los próximos años.