La Constitución debe estar por encima de ideologías e intereses partidistas

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa el pilar fundamental del orden jurídico y social de la nación. Su propósito es establecer las normas que rigen la convivencia ciudadana y garantizar la correcta separación de poderes. Sin embargo, en tiempos recientes, hemos sido testigos de un preocupante fenómeno: la utilización de la Carta Magna como un instrumento de confrontación ideológica y partidista, en lugar de un marco común de unidad y legalidad.

Un aniversario marcado por la exclusión

Hoy se conmemora un aniversario más de nuestra Constitución, la ley suprema que garantiza derechos y deberes sin distinción política o ideológica. No obstante, este evento, que debería haber sido un símbolo de unidad nacional, se vio empañado por una acción sin precedentes. La presidenta Claudia Sheinbaum decidió invitar únicamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que son afines a la ideología política de la Cuarta Transformación (4T).
Esta decisión refleja la polarización que afecta al país. La Constitución no pertenece a un grupo político en particular, sino a todos los ciudadanos, independientemente de sus posturas ideológicas. Excluir a ministros de la SCJN por no coincidir con la visión del gobierno en turno envía un mensaje equivocado y peligroso: la institucionalidad democrática está supeditada a lealtades políticas.
Orígenes de la confrontación entre poderes
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha sido conflictiva. Las resoluciones de la SCJN que no favorecieron los intereses del gobierno fueron motivo de críticas y descalificaciones. Como respuesta, se impulsó una reforma con la intención de cambiar la estructura del máximo tribunal, priorizando la lealtad a la 4T sobre la capacidad técnica y la independencia judicial.
Este contexto es clave para entender el acto de exclusión llevado a cabo por Sheinbaum. Más que un evento aislado, es parte de un proceso que busca debilitar la autonomía de las instituciones para consolidar un poder político hegemónico. La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental en cualquier democracia funcional. Cuando un gobierno intenta subordinarlo a sus intereses, se pone en riesgo el equilibrio institucional y la estabilidad democrática.

El peligro de anteponer intereses partidistas a la Constitución

El acto de hoy es un recordatorio de que, en México, las ideologías partidistas están condicionando la interpretación y aplicación de la ley. Este tipo de acciones generan divisiones profundas y erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La Constitución debe estar por encima de cualquier proyecto político, ya que su función es garantizar un marco de derechos y libertades que trascienda gobiernos y administraciones.
Además, este tipo de decisiones refuerzan la percepción de que el gobierno actual no está comprometido con el respeto a la división de poderes, sino con la construcción de un aparato institucional subordinado a su agenda. Si se continúa por este camino, se corre el riesgo de debilitar los contrapesos que aseguran la estabilidad democrática.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿hacia dónde se dirige la institucionalidad y el respeto por la división de poderes en nuestro país? Si el gobierno persiste en la estrategia de subordinar a la SCJN y otras instituciones, nos enfrentamos a un futuro incierto en términos democráticos. La Constitución debe ser un pacto que trascienda ideologías, no un arma de confrontación política.
Para fortalecer la democracia en México, es indispensable recuperar el respeto a las instituciones y garantizar que la Constitución sea la norma suprema que guíe las decisiones de todos los actores políticos. Solo así podremos evitar que los intereses partidistas erosionen los principios fundamentales de nuestra república y asegurar que el país avance hacia un modelo verdaderamente democrático e incluyente.