En los últimos años, México ha experimentado un proceso de polarización política sin precedentes. En este contexto, la Cuarta Transformación (4T) ha desempeñado un papel central en la división del país entre quienes apoyan su proyecto y quienes lo rechazan. Ahora, ante la reciente amenaza del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles contra México, el gobierno federal y la dirigencia del partido oficialista convocan a la unidad nacional. Sin embargo, esta solicitud de cohesión se enfrenta a la paradoja de un sexenio que ha promovido la polarización.
Para entender este dilema, es importante analizar cómo se ha construido el discurso de división desde el poder. Durante seis años, las conferencias matutinas del presidente se convirtieron en un espacio de confrontación, donde se estigmatizó a los opositores con calificativos como “fifíes” o “traidores a la patria”. Esta retórica ha tenido un impacto profundo en la opinión pública, generando un ambiente de constante enfrentamiento entre distintos sectores de la sociedad.
Ante la nueva amenaza de Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado la calificación de “narcogobierno” impuesta por el mandatario estadounidense. No obstante, esta descalificación externa contrasta con la percepción interna de muchos ciudadanos, quienes observan con escepticismo la relación del gobierno con grupos del crimen organizado. Ejemplo de ello es el trato diferenciado que se ha dado a ciertos actores: mientras la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sido tratada con mucho respeto y abrazo por el ex presidente López Obrador, las madres de personas desaparecidas han tenido que enfrentar indiferencia o represión por parte de las autoridades.
Asimismo, el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, genera serias dudas sobre la relación del poder político con el crimen organizado. Porque se le han señalado vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada, lo que se agrava con la supuesta fabricación de un montaje para encubrir el asesinato de un exrector universitario. Ante esta situación, surgen preguntas inevitables: ¿Por qué el gobierno mexicano muestra tanto interés en conocer las condiciones de captura del “Mayo” Zambada? ¿Qué redes de protección existen entre el crimen organizado y la estructura gubernamental?
El panorama actual nos enfrenta a una crisis de confianza. La administración de la 4T ha privilegiado una política de “abrazos, no balazos” que, si bien buscaba disminuir la violencia a través de una estrategia distinta a la guerra frontal contra el narcotráfico, ha sido percibida por muchos como un gesto de permisividad y protección hacia los grupos criminales. El resultado de esta política se refleja en un país donde la violencia no ha disminuido significativamente y donde la población sigue viviendo con miedo.
Ahora, cuando la amenaza de una crisis económica se cierne sobre el país debido a posibles sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos, el llamado a la unidad se convierte en un recurso necesario para el gobierno. No obstante, esta petición choca con la memoria reciente de un sexenio marcado por el enfrentamiento con opositores, empresarios, periodistas y sectores críticos.
La unidad nacional no puede construirse desde la imposición ni desde la conveniencia política. Si el gobierno actual realmente busca cohesionar al país, debe comenzar por reconocer sus errores y rectificar su estrategia de comunicación y gobernanza. La reconciliación nacional requiere un compromiso genuino con el diálogo y la inclusión, no solo cuando la situación política o económica lo exige.
En conclusión, la polarización sembrada en los últimos años ha debilitado los lazos sociales y ha generado una desconfianza profunda en las instituciones. Ahora que el gobierno solicita unidad para enfrentar una amenaza externa, se enfrenta al dilema de recoger lo que ha sembrado: una sociedad dividida y unida solo por la desconfianza. Para que la unidad sea posible, es imprescindible reconstruir los puentes que la retórica política ha destruido. El reto es grande, pero fundamental para el futuro del país.

Palacio Legislativo, 20-04-2021 (Notilegis).- El diputado Bonifacio Aguilar Linda (Morena) afirmó que la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es un ejercicio que se ha vuelto habitual en la Cuarta Transformación que cumple con los anhelos de unidad nacional.

Lo anterior, en tribuna, al hablar en pro del dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Destacó que la Cuarta Transformación ha realizado un alto número de consultas tanto de proyectos de desarrollo como de medidas legislativas las cuales han abierto debate sobre su idoneidad.

Mencionó que el dictamen a discusión incorpora el instrumento idóneo para fortalecer los mecanismos de consulta y participación por lo que ¨la bancada de Morena votará a favor.

Boletín de prensa

Algo le debemos agradecer a Donald Trump: la recuperación de un patriotismo y nacionalismo que ya habíamos extraviado los mexicanos.

El arribo de la democracia en los procesos electorales contrajo una polarización social por las diferencias políticas, ideológicas y de visión en el proyecto de nación. La competencia política nos llevó a un escrutinio contra quien gobierna sin importar fundamento, evidencia y razones. Lo que ha conducido a una crisis en la confianza por la insatisfacción e insensibilidad que se acusa y se consolida en los espacios de discusión pública.

Con las redes sociales esa discusión, que existía pero que permanecía en grupos o círculos de opinión pequeños se expandió, se convirtió en un parámetro para medir la opinión pública. Pero en un afán de consolidar la libertad de expresión no hemos caído en cuenta de la facilidad de manipulación en la información.

En una sociedad que no se caracteriza por un grado de nivel cultura óptimo y con una deficiencia en la compresión de textos y mensajes, las redes han jugado un papel de ver quien impone más verdades o mentiras a medias. Es fácil decir que tal o cual político es un corrupto, que muchos me sigan en esa misma línea de pensamiento sin que se cuenten con las evidencias fehacientes y contundentes de esa aseveración.

También hemos fallado los medios y hasta el gobierno en introducirse de forma óptima y pertinente en ese nuevo mercado de procesamiento de información. Tal vez por suponer que al final predominará la razón por encima del infundio o la infamia. Sin embargo, medios ya especializados en la creación de mentiras cada día se hacen más populares, sus notas más compartidas y muchos dando como válidas lo que es evidentemente falso. La mentira abunda y se consume como verdades absolutas que distorsionan la realidad.

Pero esas mismas redes sociales hoy parecen dar una vuelta a la página. Abundan perfiles que ponen el escudo nacional o los colores de la bandera. Muchos se expresan para lanzar convocatorias al boicot de empresas de origen o influencia norteamericana. Otros exaltan los recursos, el capital humano y talento de los mexicanos.

No hay duda que la obsesión y acciones ejecutivas de Donald Trump han tenido un efecto positivo en el patriotismo y nacionalismo que ya nos hacía falta a los mexicanos.

Podemos comprender y justiciar que existan diferencias, pero que éstas sean motivo para impedir el crecimiento, desarrollo y defensa de lo que somos como nación. No es cuestión de tan rico o no sea un país. Los estados como entidades son sujetos de derecho y de obligación en el gran concierto de naciones.

Por lo cual el respeto constituye un elemento esencial para el diálogo y comprensión entre los pueblos.

Queda cerca del recuerdo en la conciencia histórica de la conquista, que aun cuando es un elemento fundamental para el origen de la nación fue una imposición cultural para los pueblos originarios, y los intentos de intervención de las naciones como Francia y los Estados Unidos. Inclusive perdimos gran parte de nuestro territorio que hoy es parte de la Unión Americana y que es generador de recursos y riqueza para la economía yanqui.

No nos hace mal entonces un poco de nacionalismo. Que pensamos más en nuestro país y en sus riquezas en recursos naturales y talento de los mexicanos.

Asumamos el compromiso de apoyar la economía local. De aquel que con esfuerzo quiere salir adelante y nos ofrece productos y servicios.

Emprendamos nuevos negocios que fortalezcan la economía local. Cambiemos el “chip” de la franquicia extranjera, por ejemplo, con respecto al consumo de la comida mexicana, que es nuestra y muy apreciada por otras latitudes del mundo.

Aprovechemos las nuevas promociones en ecoturismo, algunas que se desarrollan bajo un esquema cooperativista, que no solo explota la belleza de medio ambiente, sino que hace que el dinero se quede en el país para apoyar a la economía familiar y de localidades.

Hoy necesitamos no solo de pronunciarnos que estamos unidos. La unión nacional a la que se ha convocado implica también acciones para consolidar lo que somos. Es la manera de responder ante la animadversión de un loco que ha llegado a la presidencia de Estados Unidos.

Tal vez y con ello la ventaja es que nos permita avanzar más como país desde adentro, sin que tengamos que estar esperando ayuda de afuera.

En conclusión, todos podemos lograr que se respete a México en la medida que lo respetemos nosotros mismos. En nuestras manos podemos construir un país con una economía sólida que privilegie lo que hacemos y creamos.

Bien por el llamado a la unidad nacional.

Pero hacerlo una realidad todos debemos ser parte de la solución

AL CALCE. Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer el trabajo de mi esposa, la Mtra. Eunice Sansores Dzul que, junto con otras docentes – Mtra Andrea Rosette y María Georgina Canto Ramírez –  de una institución de educación privada, que han emprendido el desarrollo de un curso-taller sobre el lenguaje de señas para maestras. El esfuerzo por crear una sociedad incluyente es compromiso de todas las instituciones educativas que dentro de la formalidad proponen esquemas de capacitación, en un tema que fortalece la comunicación con la comunidad sorda, especialmente en el ámbito educativo. Nadie puede asumir un control absoluto de lo que está en manos de instituciones serias y comprometidas que proponen opciones para una mayor inclusión de la discapacidad en la sociedad de Yucatán que se fundamentan en la legislación educativa y en procesos formales de capacitación.