En la más reciente entrega de la tragicomedia nacional, la Cuarta Transformación sigue dando muestras de su peculiar enfoque sobre lo que significa el progreso y el desarrollo humano. Ahora, en medio de la “democratización” de la justicia, nos encontramos con la propuesta de permitir que aspirantes a jueces y magistrados puedan postularse aun con un promedio menor a 8 en la licenciatura. ¿La razón? Según el magistrado Reyes Rodríguez del tribunal electoral federal, excluirlos por su bajo desempeño académico sería “estigmatizante” y los condenaría a la exclusión perpetua.
¿Es en serio? ¿Ahora resulta que el esfuerzo, la dedicación y el mérito son secundarios en la construcción de un sistema judicial digno y eficiente? Bajo esta lógica, lo que realmente importa no es la capacidad de interpretar la ley o resolver conflictos, sino asegurar que nadie se sienta mal por haber navegado sus estudios con la ley del mínimo esfuerzo.
El problema no radica únicamente en esta ocurrencia, sino en el mensaje que envía: el mérito académico y profesional no tienen cabida en esta “nueva justicia”. El mensaje parece ser claro: en la 4T, la excelencia es un estorbo. En lugar de premiar la dedicación y el conocimiento, se privilegia la mediocridad como un nuevo estándar nacional. ¿Qué clase de capital humano estamos formando si la mediocridad es suficiente para aspirar a un cargo tan importante como el de juez o magistrado?
Esto se suma al vergonzoso caso de la ministra cuya tesis de licenciatura resultó ser un plagio descarado. En lugar de asumir responsabilidad, optó por escudarse en procesos legales para mantenerse intocable. Así, el ejemplo que se da desde las altas esferas no es otro que el del “todo se vale” y el “hazlo mal, pero hazlo”.
En un régimen que se autoproclama como el defensor de los desprotegidos y marginados, cabe preguntarse: ¿qué es lo que realmente se quiere del pueblo? Si las instituciones validan el bajo rendimiento como norma, ¿cómo se supone que la ciudadanía aspire a algo más? En lugar de fomentar una cultura de superación, el discurso de la 4T parece promover el conformismo y la pasividad.
¿O es que, quizás, un pueblo sin deseos de superación es más fácil de gobernar? Después de todo, es más sencillo mantener el control sobre una sociedad que no cuestiona ni aspira a mejorar sus circunstancias.
La idea de democratizar la justicia es, en principio, una aspiración ciudadana legítima que busca resolver la inacción de las cortes para resolver asuntos de la población más vulnerable. Pero en la práctica, parece que lo que realmente se busca es una justicia a modo, manejada por personas que no tienen ni la formación ni la independencia necesarias para tomar decisiones informadas y justas. Si permitimos que los estándares académicos y éticos sigan cayendo en picada, estaremos condenando a las futuras generaciones a vivir en un país donde la justicia no es más que una burla.
Es irónico, y profundamente preocupante, que mientras algunos luchan por elevar el nivel educativo y profesional de México, otros trabajan arduamente para institucionalizar la mediocridad. Porque, al final, eso es lo que la Cuarta Transformación parece querer: no una transformación, sino una regresión. Y no precisamente hacia el progreso.
¿Qué opinas?
Operaban en varios estados de EE.UU. y blanqueaban millones de dólares mediante empresas ficticias y “mulas de dinero”
Notipress.- El día martes 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La organización, que operaba desde 2016, utilizaba esquemas sofisticados de vulneración de correos electrónicos comerciales y otros fraudes en línea para obtener ganancias ilícitas. En un operativo coordinado en Tennessee, Texas y Missouri, fueron arrestadas nueve personas vinculadas a esta actividad delictiva.
Los detenidos son Samson Omoniyi, de 43 años, de Houston; Misha Cooper, de 50 años, de Murfreesboro; Robert Cooper, de 66 años, también de Murfreesboro; Carlesha Perry, de 36 años, de Houston; Whitney Bardley, de 30 años, de Florissant, Missouri; Lauren Guidry, de 32 años, de Houston; Caira Osby, de 44 años, de Houston; Dazai Harris, de 34 años, de Murfreesboro; y Edward Peebles, de 35 años, también de Murfreesboro. Todos enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, un delito que conlleva penas de hasta 20 años de prisión.
De acuerdo con la acusación, la organización estructuró un sistema jerárquico para maximizar la efectividad de sus operaciones. Los líderes, denominados “pastores”, reclutaban a “mulas de dinero” encargadas de realizar las transacciones necesarias para ocultar el origen ilícito de los fondos. Estos fondos eran obtenidos mediante fraudes cibernéticos dirigidos a empresas e individuos tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Esta red empleaba empresas ficticias para legitimar las ganancias y evadir la detección por parte de las autoridades. Las investigaciones revelaron que los acusados lograron blanquear más de 20 millones de dólares utilizando métodos como la manipulación de transferencias internacionales y la falsificación de documentos empresariales. Esta estructura permitía mantener la operación en marcha durante años mientras enriquecían a los miembros de la conspiración.
La fiscalía señaló que los fondos blanqueados provenían principalmente de ataques cibernéticos sofisticados, como los esquemas de vulneración de correos electrónicos comerciales. Este tipo de fraude implica interceptar comunicaciones financieras legítimas para redirigir transferencias electrónicas hacia cuentas controladas por los conspiradores. Estas prácticas generan pérdidas significativas tanto para las víctimas como para las instituciones financieras involucradas.
Se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión, además de posibles multas económicas y sanciones adicionales. La sentencia será dictada por un juez federal, quien considerará las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales relevantes.
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Una de las grandes preocupaciones sociales contemporáneas es la correcta impartición de justicia, la cual surge del orden social necesario para garantizar una convivencia armónica. El concepto de justicia no es un ideal abstracto, sino una necesidad concreta que permite que los individuos coexistan en un entorno donde sus derechos están protegidos y los conflictos sean resueltos de manera equitativa. En este sentido, la justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad que aspire a mantener la paz y el respeto mutuo entre sus miembros.
A lo largo de la historia, han surgido diversos métodos para impartir justicia, algunos de los cuales distan mucho de los principios que consideramos adecuados en la actualidad. Un ejemplo claro es la antigua ley de talión, popularmente conocida por la frase “ojo por ojo, diente por diente”, la cual basaba la justicia en la retaliación proporcional. Aunque en su momento se consideraba un avance en comparación con la venganza desmedida, hoy la vemos como un sistema que no promovía la equidad ni la restauración del daño. Igualmente, la Inquisición representó un periodo oscuro en la historia de la justicia, donde la tortura y el castigo se usaban como herramientas para obtener confesiones, sin importar si estas eran verdaderas o no.
Con el paso del tiempo, estos métodos fueron superados por mecanismos más humanos y racionales, que comenzaron a priorizar la evidencia y la investigación. En lugar de recurrir a la tortura o a la mera represalia, la justicia moderna se ha ido fundamentando en el análisis objetivo de los hechos y la aplicación de principios técnicos y científicos. Esto ha llevado a una mayor profesionalización de los sistemas judiciales, que hoy en día deben basarse en el conocimiento especializado, tanto de las leyes como de los métodos forenses.
En consecuencia, la investigación judicial y la impartición de justicia deben seguir criterios estrictamente técnicos, basados en la ciencia forense y una interpretación precisa de la ley. Es aquí donde radica la importancia de contar con instituciones judiciales fuertes y profesionales, capaces de actuar con independencia e imparcialidad. No se trata simplemente de aplicar la ley de manera mecánica, sino de comprender su espíritu y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en un proceso judicial. Esto es especialmente relevante en tiempos actuales, donde la protección de los derechos humanos se ha convertido en un principio rector de los sistemas de justicia en muchas partes del mundo.
Además, para fortalecer un poder judicial moderno, resulta imprescindible definir con claridad los roles de los jueces, quienes deben contar con la capacidad y habilidad para interpretar la ley y valorar las evidencias de acuerdo con principios de la ciencia forense. La correcta evaluación de pruebas exige un entendimiento profundo de los métodos científicos, lo que permite emitir decisiones basadas en datos objetivos y verificables. Sin embargo, este conocimiento técnico debe ir acompañado de una trayectoria profesional impecable que garantice la integridad y los principios éticos en el actuar de los juzgadores. Solo jueces que combinen una formación técnica sólida con una ética intachable pueden ofrecer garantías de imparcialidad y equidad en la resolución de conflictos legales.
En este contexto, es pertinente señalar que la mejora en la impartición de justicia no debe buscarse a través de procesos de “democratización” en los que la opinión popular predomine sobre el análisis técnico. Si bien es cierto que la justicia debe ser accesible para todos, ello no implica que cualquier persona esté capacitada para ejercerla o influir directamente en sus decisiones. La justicia requiere de profesionales altamente capacitados que cuenten con las herramientas necesarias para interpretar las leyes de manera objetiva y conforme a los avances científicos en campos como la criminología y la investigación forense.
Por último, para garantizar que la justicia sea verdaderamente justa, debe primar la institucionalidad profesional de los organismos encargados de su impartición. Los sistemas judiciales deben ser independientes de presiones políticas y económicas, lo cual permite que quienes participan en conflictos legales puedan recibir una resolución imparcial y certera. Esto incluye tanto a jueces como a fiscales, abogados y peritos, quienes deben actuar con total apego a las normas jurídicas y a los derechos humanos.
En resumen, la verdadera mejora en la impartición de justicia se encuentra en la consolidación de instituciones judiciales profesionales, independientes e imparciales. Solo de esta manera se puede asegurar que los conflictos legales se resuelvan de manera justa, respetando la dignidad de las personas y garantizando un proceso que, además de técnico y científico, sea plenamente respetuoso de los derechos fundamentales.
]]>No podemos negar que existe una deuda histórica contra las mujeres. Las restricciones a su participación en la sociedad limitan el desarrollo pleno e integral de la mujer. Su limitación a la reproducción y conservación de la especie impide ver a las féminas los talentos que contribuyan en la producción de bienes en la sociedad. Desde la postura religiosa, social y actualmente en los ámbitos laborales y políticos, la mujer ha sido rezagada y violentada en la realidad de lo que pueden aportar a la sociedad.
Aunque también, en la integralidad del análisis del hombre y la mujer, se debe reconocer que hay diferencias biológicas que su complementariedad propician la reproducción de la especie y concluyen que ambos sexos no sean naturalmente iguales. Por ejemplo, la maternidad está estrechamente y exclusiva para la mujer; pero, el hombre tiene contribución y responsabilidad compartida en la nueva vida.
Pero a pesar de las diferencias biológicas en los diferentes aspectos de la vida humana, la sociedad debe reconocer la igualdad en cuanto acceso a los derechos y obligaciones que la ley confiere a los individuos. No es una cuestión de ponderar un sexo en particular arriba del otro. No es sojuzgamiento, sumisión o preponderancia. Ambos tienen talentos que se complementan para la construcción de una mejor sociedad.
La oposición o guerra de sexos deben ahora, en el mundo tecnológico y global, transformarse para abrir espacios más abiertos en la competitividad de talentos que los hombres y las mujeres aporten para el bien de la sociedad.
Es por ello que ha surgido un enfoque de análisis social y especialmente jurídico que se ha llamado “perspectiva de género”. Es decir, es la mirada analítica que indaga y explica cómo las sociedades construyen sus reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividad, dándole un nuevo sentido a lo que son las mujeres y los hombres y a las relaciones que se producen entre ambos.
No es una cuestión de solo ver hacia las mujeres. El género como construcción social se manifiesta en el conjunto de ideas que preconciben y estereotipan lo que es ser mujer y hombre. Ambos complementarios y necesarios en la sociedad. El estudio desde la perspectiva de género nos permite comprender lo que es la feminidad y masculinidad. Reforzar los aspectos que sean positivos en ellos, así como también, desterrar lo que impide y obstaculiza un desarrollo integral y normal de cada uno de los sexos atendiendo a la reciprocidad, responsabilidad, compromiso y respeto mutuo.
Hace cien años se celebró el I Congreso Feminista de México. En la postura valiente de mujeres como Elvia Carrillo Puerto se sentaron las bases de la lucha de la mujer en la sociedad y política en Yucatán y en nuestro país. Al tiempo muchas cosas han cambiado y transformado para el bien de la mujer. Pero aún falta mucho por hacer.
Es claro que aún persisten pensamientos anacrónicos con respecto a las mujeres que cuestionan el por qué se habla del empoderamiento de la mujer en la política. Especialmente hombres que sienten un peligro en darle a ella un lugar destacado en la sociedad. Pero también, hay damas que equivocan el feminismo que lo conciben como un revanchismo contra el hombre, su sumisión al imperio de las mujeres.
Debemos ser equilibrados. Entender que ambos tienen los talentos y capacidades que contribuyen a consolidar una sociedad justa.
Si logramos entenderlo, entonces ya estamos inmersos en la conciencia con perspectiva de género. Una conciencia que respete al propio y ajeno sexo.
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