La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa el pilar fundamental del orden jurídico y social de la nación. Su propósito es establecer las normas que rigen la convivencia ciudadana y garantizar la correcta separación de poderes. Sin embargo, en tiempos recientes, hemos sido testigos de un preocupante fenómeno: la utilización de la Carta Magna como un instrumento de confrontación ideológica y partidista, en lugar de un marco común de unidad y legalidad.
Un aniversario marcado por la exclusión
Hoy se conmemora un aniversario más de nuestra Constitución, la ley suprema que garantiza derechos y deberes sin distinción política o ideológica. No obstante, este evento, que debería haber sido un símbolo de unidad nacional, se vio empañado por una acción sin precedentes. La presidenta Claudia Sheinbaum decidió invitar únicamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que son afines a la ideología política de la Cuarta Transformación (4T).
Esta decisión refleja la polarización que afecta al país. La Constitución no pertenece a un grupo político en particular, sino a todos los ciudadanos, independientemente de sus posturas ideológicas. Excluir a ministros de la SCJN por no coincidir con la visión del gobierno en turno envía un mensaje equivocado y peligroso: la institucionalidad democrática está supeditada a lealtades políticas.
Orígenes de la confrontación entre poderes
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha sido conflictiva. Las resoluciones de la SCJN que no favorecieron los intereses del gobierno fueron motivo de críticas y descalificaciones. Como respuesta, se impulsó una reforma con la intención de cambiar la estructura del máximo tribunal, priorizando la lealtad a la 4T sobre la capacidad técnica y la independencia judicial.
Este contexto es clave para entender el acto de exclusión llevado a cabo por Sheinbaum. Más que un evento aislado, es parte de un proceso que busca debilitar la autonomía de las instituciones para consolidar un poder político hegemónico. La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental en cualquier democracia funcional. Cuando un gobierno intenta subordinarlo a sus intereses, se pone en riesgo el equilibrio institucional y la estabilidad democrática.
El peligro de anteponer intereses partidistas a la Constitución
El acto de hoy es un recordatorio de que, en México, las ideologías partidistas están condicionando la interpretación y aplicación de la ley. Este tipo de acciones generan divisiones profundas y erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La Constitución debe estar por encima de cualquier proyecto político, ya que su función es garantizar un marco de derechos y libertades que trascienda gobiernos y administraciones.
Además, este tipo de decisiones refuerzan la percepción de que el gobierno actual no está comprometido con el respeto a la división de poderes, sino con la construcción de un aparato institucional subordinado a su agenda. Si se continúa por este camino, se corre el riesgo de debilitar los contrapesos que aseguran la estabilidad democrática.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿hacia dónde se dirige la institucionalidad y el respeto por la división de poderes en nuestro país? Si el gobierno persiste en la estrategia de subordinar a la SCJN y otras instituciones, nos enfrentamos a un futuro incierto en términos democráticos. La Constitución debe ser un pacto que trascienda ideologías, no un arma de confrontación política.
Para fortalecer la democracia en México, es indispensable recuperar el respeto a las instituciones y garantizar que la Constitución sea la norma suprema que guíe las decisiones de todos los actores políticos. Solo así podremos evitar que los intereses partidistas erosionen los principios fundamentales de nuestra república y asegurar que el país avance hacia un modelo verdaderamente democrático e incluyente.
Entrega SEP 95.6 millones de ejemplares de la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos para distribuirse desde el primer día de actividades
En Chihuahua y Coahuila no se entregarán LTG por la controversia constitucional de los gobernadores y la resolución del ministro de la SCJN, Luis María Aguilar
Secretaría de Educación Pública | 28 de agosto de 2023. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, informó que 24 millones 93 mil 801 alumnos y un millón 223 mil 387 docentes de 229 mil 379 escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria, iniciaron este lunes el ciclo escolar 2023-2024.
En el marco de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SEP indicó que 95.6 millones de ejemplares de la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos (LTG) se distribuyeron en todo el país para entregarse desde el primer día de actividades.
Precisó que en los estados de Chihuahua y Coahuila no se entregarán LTG, ya que los gobernadores María Eugenia Campos Galván y Miguel Ángel Riquelme Solís, respectivamente, presentaron una controversia constitucional para evitar su distribución, y que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, determinó que los materiales educativos no se repartan.
Asimismo, informó que, en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, las comunidades de aprendizaje, es decir, madres, padres, familias y docentes, determinarán si utilizan los nuevos materiales educativos.
Recalcó que la SEP no tiene impedimento jurídico para cumplir la entrega de los LTG y asegurar la prestación de servicios educativos bajo una perspectiva humanista, científica, multicultural e inclusiva que reconoce la autonomía profesional del magisterio, y la participación de padres, madres y familias.
“La escuela pública va avanzando; la escuela pública está en un proceso de grandes transformaciones.”
Arrancan estados ciclo escolar 2023-2024
En la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó, desde la Escuela Primaria de Participación Social No. 2, alcaldía Venustiano Carranza, que ya se reparten en la capital del país casi cuatro millones de LTG, en beneficio de los cerca de un millón 400 mil alumnos de nivel básico que regresen este día a las aulas.
Desde las instalaciones de la escuela primaria “Ing. Jesús Tebar Rodríguez”, del municipio Victoria de Durango, el gobernador de la entidad, Esteban Villegas Villareal, señaló que además de los LTG se entregan uniformes y útiles escolares en la entidad, donde regresan a clases alrededor de 400 mil alumnos de Educación Básica.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, desde la Escuela Secundaria “José Agustín Ramírez” en Chilpancingo, manifestó que ya fueron distribuidos el 100 por ciento de los nuevos LTG en apoyo de las y los alumnos que este día vuelven a las aulas.
Durante el enlace desde la Escuela Primaria “Madero y Pino Suárez”, en Morelia, Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, en la entidad, un millón 200 mil alumnas y alumnos iniciaron el nuevo ciclo escolar 2023-2024. Agregó que el 100 por ciento de los nuevos LTG fueron entregados en todas las escuelas del estado.
En Baja California, en la Escuela Primaria “Mariano Otero”, de Valle de Mexicali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reportó que más de un millón de alumnas y alumnos inician este nuevo ciclo, de los cuales, 60 por ciento corresponden a Educación Básica. Añadió que se distribuyeron cuatro millones de LTG en el estado, ya que, consideró, serán los instrumentos y herramientas para que niñas y niños construyan sus sueños.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, desde la Escuela Primaria “Francisco I. Madero”, en Othón P. Blanco, inició el nuevo ciclo escolar e informó que se distribuyeron más de dos millones de LTG, los cuales fueron bien recibidos por estudiantes y por el magisterio, porque promueven el pensamiento crítico, el respeto a los otros y al medio ambiente.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, puso en marcha el ciclo escolar 2023-2024 desde la Escuela Primaria “Alberto Carrera Torres”, en el municipio de San Fernando, e informó que más de un millón de alumnos desde prescolar hasta Educación Media Superior regresan a las aulas. Dijo que se distribuyeron tres millones 500 mil LTG, además de 50 mil paquetes de uniformes y útiles en planteles de municipios vulnerables.
Regresan a clases más de 34 millones de estudiantes en todo el país
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que 34 millones 941 mil 380 alumnos, así como dos millones 160 mil 440 maestras y maestros en 260 mil 262 planteles de los tres tipos de enseñanza iniciaron el ciclo escolar 2023-2024 en las 32 entidades federativas.
Del total, 24 millones 93 mil 801 alumnos, un millón 223 mil 387 docentes y 229 mil 379 escuelas corresponden a Educación Básica; cinco millones 540 mil 108 alumnos, 433 mil 494 maestros y 21 mil 931 planteles, a Educación Media Superior; y cinco millones 307 mil 471 estudiantes, 503 mil 559 profesores y ocho mil 952 planteles, a Educación Superior.
Boletín de prensa
]]>
Ciudad de México, 11 ago (EFE).- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la entrega de los libros de texto gratuitos de educación básica para el estado de Chihuahua, norte de México.
La decisión del ministro Luis María Aguilar se dio después de admitir una controversia constitucional promovida por ese estado en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Esto, por supuestas violaciones en la aprobación de los nuevos materiales educativos obligatorios en los primeros seis años de la educación primaria.
“La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, señaló el ministro.
Este es el primer recurso que admite a trámite la SCJN sobre la distribución de los libros de texto para el siguiente ciclo escolar que inicia el próximo 28 de agosto, en medio de una polémica desatada por sus contenidos.
Entre los temas controvertidos se encuentran errores, calificados por las autoridades educativas como “áreas de oportunidad”, así como por una educación temprana sobre diversidad sexual, reproductiva, familias diversas y supuestas cargas ideológicas.
La suspensión se da a la par de otras medidas similares, como las que han dado jueces mexicanos a organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia o la Clínica de Derechos Humanos.
En tanto, la SEP aseguró ayer que tenía un acuerdo con los 31 estados restantes para poder distribuir los libros de texto gratuitos, así como el ciclo escolar 2023-24 iniciará sin retrasos y con todos los materiales obligatorios.
Además de la Secretaría de Educación, la demanda admitida por el expresidente del Supremo mexicano (2015-2018) señala controversias en contra de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, de los titulares de la Subsecretaría de Educación Básica.
Así como los titulares de la Dirección General de Materiales Educativos, de la Dirección General de Educación Superior, de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos y de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.
De acuerdo con la SEP, se han impreso 100 millones de libros que son distribuidos a almacenes regionales, para después ser entregados en las más de 95.000 escuelas primarias que hay en el país, con una demanda estudiantil superior a los 24 millones de niños mexicanos, según cifras oficiales.
]]>
27 de junio de 2023. Ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohíba los nacimientos de Navidad en espacios públicos, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado donde llama a ejercer la libertad religiosa de manera individual y/o colectiva.
En el año 2020, en los municipios yucatecos de Mérida, Chocholá y Mocochá, la asociación civil de Yucatán “Kanan Derechos Humanos” buscó prohibir la colocación de nacimientos navideños en plazas públicas, alegando que esta acción “viola el estado laico”. La organización interpuso recursos de amparo que llegaron hasta la SCJN.
Este miércoles 28 de junio de 2023, los ministros (jueces) de la SCJN debatirán el caso de uno de los amparos, interpuesto contra el municipio de Mérida.
“La libertad religiosa no se circunscribe al culto, sino que va mucho más allá de él, abrazando: la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión plasmándose en manifestaciones artísticas y de educación, en tradiciones populares, entre otras. Lo anterior, ha sido reconocido en nuestra Constitución Política y Tratados Internacionales”, señala el episcopado mexicano.
En la misiva, la CEM menciona que los estados democráticos modernos se configuran al servicio de “cada persona humana, de cada comunidad, promoviendo el ejercicio pleno de sus libertades y no restringiendo, como lo hacen los Estados autoritarios”.
En ese sentido, los obispos mexicanos destacan la importancia de entender el Estado Laico de manera abierta y colaborativa, “que promueve el ejercicio de los derechos humanos y configura un tipo de desarrollo humano, integral, solidario y sustentable, sin negar cualquier posibilidad de expresión social y comunitaria de las creencias religiosas”.
Especialmente en el caso de la discusión que se llevará a cabo en la Suprema Corte sobre los nacimientos, los obispos llaman “a los ministros a velar por la libertad religiosa, el Estado Laico, la pluralidad y libertad de opciones”.
“Deben resolverse de acuerdo a esta visión moderna e incluyente y no a una ideología de un Estado laicista que impida el derecho humano a la libertad religiosa”, instaron.
El comunicado recuerda finalmente que el Estado mexicano “está al servicio de cada ciudadano, promoviendo sus libertades y la justicia social, en la pluralidad y el respeto de todas las expresiones culturales”.
FUENTE: ACI PRENSA
]]>
La educación revoluciona las conciencias para acabar con los diferentes tipos de esclavitud y lograr el progreso de los pueblos, coinciden diputados
Este domingo, las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, realizaron en San Luis Potosí la Asamblea Regional para el proceso de Consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada en materia de educación indígena, ante el requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de llevarlo a cabo.
Al respecto, el diputado Pablo Gil Delgado Ventura (MC), secretario de la Comisión de Educación, afirmó que de acuerdo con el Censo de 2020 del INEGI, en México existen 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, pero sólo 7.3 millones hablan alguna lengua.
Lo anterior, indicó, es un claro reflejo de un abandono institucional y de la implementación de políticas públicas que durante décadas han padecido estas comunidades, que han significado barreras para preservar el número de hablantes de lenguas indígenas.
Abundó que de los 7.3 millones, el 26 por ciento habita en las comunidades que hoy están aquí representadas: en Hidalgo (12.6 por ciento), San Luis Potosí (8.6 por ciento) y Durango (2.7 por ciento), mientras que las que concentran mayor población indígena originaria son Nuevo León (1.4 por ciento), Tamaulipas (1.7 por ciento) y Aguascalientes (0.2 por ciento).
La población hablante de una lengua indígena de 15 años y más registra una tasa de analfabetismo de 20.9 por ciento, contra el 3.6 de la población no hablante, en tanto que la escolaridad es de seis grados contra 10 grados.
Por ello, señaló, estamos trabajando a favor de una Ley de Educación que atienda y considere las necesidades de todas las niñas y niños, pero con énfasis en quienes enfrentan los mayores rezagos y no sólo a través de una legislación pertinente, sino de un mayor esfuerzo cuyos frutos serán para el futuro de México.
Al instalar formalmente esta Asamblea, el diputado Saúl Hernández Hernández (Morena), integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, enfatizó que en este espacio se busca el bienestar de las niñas y niños, quienes se encuentran en cada una de las áreas rurales indígenas de los estados que este día fueron convocados, como Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro, Aguascalientes, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
“México es una nación pluricultural, sustentada en los pueblos y comunidades indígenas que nos enriquecen a través de los usos y costumbres, tradiciones, música y artesanías, y hacen que como México no haya dos, que seamos un país de fuerza y de ejemplo para muchos otros pueblos del mundo”, destacó.
Sin embargo, reconoció que aún continúa la deuda con las hermanas y hermanos de los pueblos indígenas, pues hay mucho qué hacer y abonar en materia de los derechos de pueblos indígenas, para la disminución de las brechas de desigualdad y discriminación.
Manifestó que el rezago educativo que permanece en las comunidades indígenas es el motivo que une para llevar a cabo esta Asamblea, porque la educación es la herramienta más importante que el ser humano tiene para abrirse oportunidades.
La educación revoluciona las conciencias para acabar con los diferentes tipos de esclavitud y lograr el progreso de los pueblos; no significa olvidar nuestra identidad, culturas, principios y tradiciones, sino preservar nuestra lengua materna, aclaró.
Con base en ello, conminó a los presentes a participar activamente en este foro, para que en conjunto aporten opiniones conforme a las necesidades y demandas que tienen las escuelas de las comunidades y pueblos indígenas, y así la Ley General de Educación incluya de manera satisfactoria y en beneficio del progreso, las mejoras necesarias en materia de educación indígena.
Señaló que con la participación de todos, Gobierno Federal, entidades federativas, gobiernos municipales, Congreso de la Unión, entidades observadoras de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, junto con los ciudadanos, se logrará la verdadera transformación en educación, para beneficio de los diferentes pueblos originarios.
Al dar la bienvenida, el maestro Rubén Santos refirió que este evento es de suma importancia porque permite plasmar y hacer sentir como pueblo originario las necesidades de cada una de las entidades federativas en el tema de la educación indígena.
En su oportunidad, la maestra Liliana Velasco Gutiérrez, integrante de la Dirección de Participación y Consulta Indígena, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció necesario este proceso de Consulta para dar validez a los Artículos 56, 57 y 58, del Capítulo 6°, de la Ley General de Educación, específicamente en materia de educación indígena.
Precisó que esta sentencia menciona que la invalidez no se limita a la expulsión del orden jurídico de las normas declaradas inconstitucionales, sino conlleva la obligación constitucional de que el órgano legislativo desarrolle las consultas correspondientes con base en los parámetros establecidos y de acuerdo a los resultados de las consultas emita la regulación que corresponda en materia de educación indígena y afromexicana, así como la educación inclusiva.
También alude a que las consultas no deben limitarse a los preceptos declarados como inconstitucionales, sino tener un carácter abierto, con la finalidad de lograr la posibilidad de que se facilite el diálogo democrático y busque la participación de los grupos involucrados en relación a cualquier aspecto regulado en la Ley General de Educación sobre su condición indígena y afromexicana, o de discapacidad.
Boletín de prensa
]]>
Acabar con el rezago educativo que ha imperado en el país durante décadas, uno de los objetivos
Este viernes, las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos iniciaron las Asambleas Regionales para Consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada en materia de educación indígena, en atención a un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la primera asamblea, realizada en Guerrero, la diputada de Morena, Araceli Ocampo Manzanares, afirmó que uno de los objetivos de este foro es terminar con el rezago educativo que ha imperado en el país desde hace décadas.
Esta consulta que hoy nos ocupa, agregó, tiene que ver con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en materia educativa, para reformar los artículos 56, 57, 58, fracción VI, de Ley General de Educación Indígena.
Señaló que la finalidad es que se garanticen las lenguas indígenas, el desarrollo, protección oral, escritos, habilidades y conocimientos del docente, para que se tenga una educación indígena obligatoria, laica, inclusiva, gratuita, como lo marca la Constitución Política, por lo que se realizarán once asambleas en el país.
A su vez, la diputada María del Rosario Reyes Silva (Morena), secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, indicó que la Asamblea también tiene el objetivo de informar acerca de los artículos relacionados a la educación indígena contenidos en la Ley General de Educación.
Precisó que la declaración de invalidez de los artículos mencionados, responde a que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación se violaron diversos preceptos constitucionales y convencionales, entre los que se encuentran los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, 14º y 16º de la Constitución Política, por lo que en este foro serán objeto de análisis.
El diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez (Morena) indicó que como integrante de la Asociación Civil México Negro, primera organización que inicia el movimiento afromexicano, se ha demandado desde hace años que este sector de la sociedad sea incluido en los libros de texto, por lo que el hecho de que el Congreso lo esté considerando “es respuesta a una demanda histórica”.
Al explicar los objetivos de la consulta, Iván Ramos Méndez, director de Consultas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), señaló que cuando la SCJN revisa la Ley General de Educación advierte que existe un capítulo y algunos artículos que tienen que ver con la vida interna de las comunidades y con el derecho a la educación.
Con base en ello, la Corte hace una aclaración y menciona “que todas las legislaciones en el país que estén relacionadas con los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas y afromexicanas, deben tener un paso preliminar que forma parte del proceso legislativo y es la consulta indígena”.
De ahí la importancia de explicar que la consulta en este tipo de legislaciones se convierte en un mecanismo de diálogo para poder recibir opiniones, propuestas y que las autoridades comunitarias hagan sugerencias para que las diputadas y diputados puedan incorporarlas en el texto de la ley.
Participación de diputados locales e invitados especiales
Al dar la bienvenida a la Asamblea, el diputado Masedonio Mendoza Basurto (Morena), presidente de la Comisión de Educación del Congreso de Guerrero, señaló que este proceso de muchos años de lucha se está viendo cristalizado y ahora da la oportunidad que por derecho tienen los pueblos indígenas. “Hay que aprovecharlo para establecer esta nueva relación del Estado con las comunidades, sobre todo en el tema de la educación”, indicó.
La diputada Eunice Monzón García (PVEM) subrayó que la protección a las comunidades y pueblos indígenas, desde el inicio de la cultura, es el respeto a las garantías de sus lenguas y el acceso a una educación digna que sea obligatoria, universal, inclusiva, laica y para todas y todos, por lo que en la presente consulta se pretende lograr una buena Ley de Educación en materia indígena.
A su vez, la diputada Marben de la Cruz Santiago (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Congreso de Guerrero, se manifestó a favor de que toda reforma de ley se consulte sobre todo en materia indígena, ya que en Guerrero constituyen el 18 por ciento de la población, pues existen más de 300 mil personas afromexicanas.
El diputado local Antonio Helguera Jiménez (Morena) afirmó que estos son foros necesarios para ir conociendo sugerencias que lleguen a los pueblos y que todos se sientan incluidos en la reforma educativa, de ahí que esta asamblea encontrará las bases para que se tenga una consulta integral en cada una de las comunidades.
En representación de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, Pánfilo Sánchez Almazán, Subsecretario para el Desarrollo Integral de los pueblos Indígenas y Afromexicanos, refirió que éste es un hecho histórico y trascendental porque por primera vez se hace una consulta para los pueblos indígenas en materia de educación, por lo que la entidad manifestará todo su apoyo y coadyuvará para su desarrollo.
Por su parte, Reyna Mejía Morales, secretaria para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guerrero, apuntó que como pueblos indígenas y afromexicanos se debe estar unidos y fortalecidos para el proceso de consulta, debido a los problemas que se tienen ante la falta de docentes y de infraestructura, sobre todo en la región de La Montaña.
Boletín de prensa
]]>
Según la Real Academia de Lengua Española, el plagio se define como “copiar en lo substancial obras ajenas, dándolas como propias”. Es para el mundo académico el mayor error que vulnera la certidumbre y certeza en la producción de los productos como ensayos, proyectos o en el peor de los casos de tesis de titulación.
Aunque no es delito que merezca un tratamiento penal conforme al mundo jurídico; en el ámbito académico es una de las graves infracciones que se pueden cometer. Mucho más si se trata de un proyecto de investigación de tesis por medio de la cual se obtenga el título y la cédula profesional.
En los últimos días se ha vuelto el tema en tendencia de discusión ante la acusación de un supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decidir en los próximos días.
Sobre el caso ya se ha pronunciado en una primera instancia los asesores y maestros que estuvieron en el examen de grado de la ministra para afirmar la falta de veracidad de la acusación; sin embargo, el pasado viernes la UNAM confirmó en su cuenta Twitter oficial que se había encontrado un “alto nivel de coincidencias”, por lo cual se instruía a un proceso de investigación y posible sanción conforme a la normatividad universitaria.
En caso de comprobarse el plagio, la consecuencia directa sería la anulación del examen de grado por lo cual el título profesional tendría que ser retirado, así también y por consecuencia la cédula profesional.
La medida tendría muchas consecuencias que van más allá del deterioro de la imagen pública y profesional de Yasmín Esquivel, ya que como abogada que ha intervenido en diferentes procesos legales y como ministra en funciones del máximo tribunal de justicia carecerían de valor jurídico. Sin duda, aquellos cuyo interés jurídico resultaron afectados podrían solicitar la apertura de nuevos procesos para revisar sus casos.
Al considerarse la ministra en una propuesta que surge de la Cuarta Transformación y, aunque el presidente lo niega, una aspirante a la presidencia con el beneplácito de Palacio Nacional, una conducta de plagio la descalifica en los principios de “no mentir, no robar” que son pilares en quienes son parte del proceso transformador de México.
Independiente de la solución a este señalamiento que esperamos sea lo más pronto posible ante la inmediatez del proceso selectivo de la presidencia de la SCJN queda la pregunta ¿el por qué haber esperado hasta ese momento para dar a conocer una información tan sensible y significativa?
Hasta el momento no se conoce la postura del abogado Edgar Ulises Báez la supuesta víctima. Lo que sí se descubierto que este caso se vincula con una posible práctica deshonesta de la asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz. La situación ha puesto al descubierto que tiene en su haber varios trabajos que ya son sospechosos de plagio como un “modos operanti” en su actividad académica. Así lo reseña el periódico El País:
En 1985, Carlos A. Loranca Olguin presenta su tesis “La estabilidad del empleo y la crisis económica” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 118 páginas, Loranca define qué se considera por empresa, los tipos de trabajos y de empleados, su naturaleza jurídica, las medidas proteccionistas que puede tomar el Gobierno y concluye que en México no hay suficientes estudios sobre el tema. Un año más tarde, María Elena Galguera González presenta exactamente el mismo texto. Palabra por palabra, repite qué es una compañía, una crisis y llega, también, a las mismas conclusiones. Solo añade un apartado: seis páginas de agradecimientos. Además cambia el título a “La estabilidad laboral en tiempos de crisis”.
Nota completa: https://elpais.com/mexico/2022-12-25/el-modus-operandi-de-copia-de-tesis-de-la-profesora-que-asesoro-a-la-ministra-yasmin-esquivel.html
Hoy esa práctica de plagio evidenciada en esta situación debe ser investigada por la UNAM y deslindar responsabilidades, así como sancionar a los responsables e intervinientes. A pesar de las consecuencias directas que pueda ocasionar.
Al final esta es también una práctica corrupta que puede ser que no tenga una sanción penal, pero que sin duda hoy afecta la estabilidad de una las más importantes instituciones de justicia como lo es la Suprema Corte de Justicia.
AL CALCE: en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León el presidente destituyó a su secretario de educación pública Fausto Alzati al ser fuertemente criticado por haber firmado como “doctor” sin contar con el título que lo acreditaba. En ese momento, Alzati había concluido los estudios del posgrado pero aún no había cumplido con el trámite de titulación. Eso fue suficiente para la oposición para cuestionar al secretario de educación.
]]>
En reunión extraordinaria, las Comisiones Unidas de Educación, y la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presididas por las diputadas de Morena, Flora Tania Cruz Santos e Irma Juan Carlos, respectivamente, aprobaron un acuerdo de sus juntas directivas.
El acuerdo pide al presidente de la Mesa Directiva, diputado Santiago Creel Miranda, que solicite al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una prórroga respecto del cumplimiento de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 121/2019 emitida por el pleno de la máxima instancia judicial relativo a la consulta a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad en la Ley General de Educación.
Fue aprobado por 29 votos de la Comisión de Educación, y 25 de la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Recuerda que el 30 de octubre de 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó la acción de inconstitucionalidad 121/2019 ante la SCJN en contra de los artículos 56, 57 y 58, contenidos en el Capítulo VI, denominado “De la educación indígena”, y los numerales 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, contenidos en el Capítulo VIII “De la educación inclusiva”, así como de los diversos 106, último párrafo, en la porción normativa “a partir del 4o. grado de primaria”, y 109, todos de la Ley General de Educación.
El día 29 de junio de 2021, agrega, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia de Acción de Inconstitucionalidad 121/2019, en la cual resuelve: “se declara la invalidez de los artículos 56, 57 y 58 –Capítulo VI “De la educación indígena”–, así como del 61 al 68”.
El documento menciona que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su calidad de órgano técnico, explica que la consulta “deberá tener un carácter abierto, a efecto de otorgar la posibilidad de que se facilite el diálogo democrático y busque la participación de los pueblos y comunidades indígenas, sobre otros aspectos no contemplados en dichos preceptos legales”.
Especifica: “Esta razón y la mencionada en el décimo cuarto, nos lleva a concluir que el proceso de consulta requiere de mayor amplitud en los tiempos de su realización. Por ello, es de considerar que resulta materialmente imposible realizar la consulta dentro de los plazos señalados en la sentencia, puesto que hacerlo de esa manera significaría violación al propio derecho de los pueblos y comunidades”.
Boletín de prensa
]]>
Necesario que Consejo de la Judicatura promueva que las y los juzgadores apliquen parámetros del convenio de colaboración “Por una justicia cercana a la gente”, señala la diputada Gabriela Sodi
Han transcurrido 11 años desde que Razo fue detenida; obligada a declararse culpable tras haber sido sometida a tortura física, psicológica y sexual, y sigue bajo prisión preventiva oficiosa
Palacio Legislativo, 27-07-2022 (Notilegis).- Al denunciar que en México se agrava la cifra de mujeres presas sin condena frente al número de hombres –de 2019 a agosto de 2020, 17.9 por ciento, contra 24.6 por ciento, de acuerdo con México Evalúa–, la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al Consejo de Judicatura Federal (CJF) que promueva entre las y los jueces del país, aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
De igual manera, solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de Verónica Razo, privada de su libertad y sometida a prisión preventiva oficiosa desde junio de 2011 sin suficientes pruebas en su contra, ni elementos de riesgo para tenerla bajo esa circunstancia en tanto se dicta sentencia.
“No se han demostrado las acusaciones en su contra por el delito de secuestro junto a su hermano Erick Razo, quien desde mayo de 2020 obtuvo su libertad”, dijo.
Sodi Miranda advirtió la necesidad de que el Consejo de la Judicatura promueva que las y los juzgadores apliquen los parámetros contenidos en el convenio de colaboración “Por una justicia cercana a la gente”, signado por el Ministro Presidente de la SCJN y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el que se estipula que el Instituto Federal de Defensoría Pública colaborará con autoridades capitalinas para brindar acceso a la justicia efectiva y de calidad, en beneficio particularmente de personas privadas de su libertad de manera preventiva y que el tiempo haya sobrepasado el límite constitucionalmente establecido.
Al referirse al caso de Verónica Razo, la legisladora federal precisó que han transcurrido 11 años desde que fue detenida fuera de su casa, obligada a declararse culpable tras haber sido sometida a tortura física, psicológica y sexual por parte de agentes adscritos a la extinta Policía Federal, y sigue bajo el rango de la prisión preventiva oficiosa.
Aun cuando la Defensoría Pública solicitó el cambio a “prisión domiciliaria”, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México desatendió la demanda bajo el argumento de que se “carecía del documento de residencia actualizado”, y haciendo a un lado la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, quien pidió la liberación de Verónica, señalando que su detención fue ilegal.
“Hace un año el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas tuvo conocimiento de la detención arbitraria de Verónica y Erick Razo, motivo por el cual solicitó a las autoridades federales la libertad inmediata de los acusados, pues no se han encontrado pruebas para sentenciarlos por el supuesto delito de secuestro; sin embargo, Verónica Razo permanece encerrada en el Centro Federal de Readaptación Social 16, en el estado de Morelos”, señaló.
Asimismo, Sodi Miranda acusó que, de acuerdo con el “Diagnóstico de las Mujeres Privadas de la Libertad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, las condiciones de vida en reclusión de mujeres y varones son injustificadamente distintas, debido a que ellas se encuentran en mayor vulnerabilidad por razones de género, puesto que muchas enfrentan sentencias desproporcionadas con respecto a delitos en los que los hombres son juzgados con menor rigor.
Hay evidencia de casos en los que actualmente las sanciones impuestas a mujeres constituyen una extensión de la violencia estructural, discriminación por género y criminalización que viven, sin dejar de mencionar el olvido al que se enfrentan por parte de sus familiares una vez que pierden su libertad.
En el caso particular de Verónica Razo, recalcó, “no podemos dejar de mencionar que faltó al juez aplicar el protocolo para calificar con perspectiva de género dejando de lado los prejuicios y estereotipos”.
Finalmente, coincidió con la organización México Evalúa en cuanto a que es difícil explicar las razones del impacto tan grande que actualmente está teniendo la prisión preventiva oficiosa en las mujeres.
“En un diagnóstico sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México 2020, elaborado por ‘Reinserta’, se advierte que las mujeres enfrentan un tiempo promedio de sentencia mayor (23 años) que los hombres (cinco años), sin importar el tipo de delito que hayan cometido unos y otras. Ello es un reflejo más de la desigualdad puesto que, desde épocas muy antiguas, las mujeres han sido severamente castigadas más por incumplir su “rol tradicional en la sociedad” que por su conducta delictiva”.
Boletín de prensa
]]>
Aseguró que no permitirá que el mineral sea explotado
NOTIPRESS.- Durante la conferencia matutina del 8 de abril de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucional la propuesta de reforma eléctrica. Afirmó es un gran avance al país y adelantó la posible propuesta de reforma minera para asegurar que el litio no esté en el mercado.
El 7 de abril de 2022 el Pleno de la SCJN declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con esta decisión, la reforma pasará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quienes sesionarán sobre ella el 13 de abril de 2022 en el Pleno de San Lázaro.
“Con la aprobación de la Suprema Corte podemos mantener un compromiso para asegurar que el precio de la luz no aumentará“, comentó AMLO. Sin embargo, aseguró en caso de ser rechazada la reforma eléctrica, se presentaría una reforma para evitar que el litio esté en el mercado y sea explotada por otros países.
AMLO señaló “en el caso de impidan la reforma constitucional, que puedan más los legisladores y los intereses que defienden, en ese caso de todas maneras no podrán disponer del litio. Eso le importa muchos a quienes quieren apropiarse de este mineral. Tenemos el recurso de la reforma a la Ley Minera que no necesita las dos terceras partes (de votos para ser aprobada), es mayoría simple y tendríamos los votos. Así el litio será un mineral de la nación, de los mexicanos, que no se hagan ilusiones“.
En este sentido, el mandatario recalcó que dependiendo de la resolución de la Cámara de Diputados del 13 de abril, se evaluará si se presenta o no la reforma minera. “Solo se necesitaría la mitad más uno y los legisladores están dispuestos a votar para que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación“, puntualizó AMLO.
]]>
La SCJN pretende declarar como inconstitucional el requisito de ser mayor de 18 años para poder hacer la modificación de sexo ante el registro civil.
Si para comprar cigarros o una cerveza se tiene que ser mayor de edad, resulta absurdo que la SCJN pretenda que un menor de edad pueda cambiar de sexo, esto sería promoción ideológica.
Como sociedad civil organizada anunciamos que ya se presentó la solicitud formal de juicio político a miembros de la SCJN.
Ciudad de México a 11 de octubre de 2021.- Hoy más que nunca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está inmersa en un activismo judicial que atenta contra la división de poderes, la soberanía de los estados y derechos tan fundamentales, tales como el derecho a la vida, derecho sin el cual no se puede disfrutar, ni siquiera discutir, ningún otro derecho; las libertades fundamentales, como es el derecho que se desprende de la libertad de conciencia, es decir, el derecho a la objeción de conciencia del sector salud, y ahora, pretende también imponer una agenda de confusión de género con los menores de edad.
“Ahora, la SCJN pretende declarar como inconstitucional el trámite para modificar la identidad de género en las actas de nacimiento de ¡niños! Actualmente, el trámite puede hacerse, pero hay que llevar a cabo un juicio y esto tiene una razón de ser. Lo primero, es para proteger al menor, que el Estado observe que se cumple con requisitos fundamentales como la opinión médica y la certeza jurídica, pero la SCJN propone que, un menor de edad, con solo un trámite administrativo, puede obtener una identidad distinta a la biológica“, mencionó Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia.
“La SCJN se extralimita al tocar temas tan sensibles y complejos en sesiones cerradas en las que, solo once personas, deciden por 126 millones de personas, SIN CONSULTARNOS. ¿Quién les ha dado ese poder? ¿No oyeron la voz de un millón de mexicanos que salimos a las calles en 80 ciudades para decir que no estamos de acuerdo con sus resoluciones?” La misión de la SCJN no es crear o legitimar ideologías de confusión de género a través de jurisprudencia. Este Tribunal sólo debe aclarar qué es convencional o constitucional ante controversias, comentó Aarón Lara, director general de Iniciativa Ciudadana.
Por su parte Mario Romo, director general de Red Familia enfatizó “este comportamiento es tan grave y ofensivo que necesita un alto rotundo, por lo que estaremos apoyando la presentación de solicitud de juicio político a los miembros de la Cámara de Diputados para los miembros de la SCJN, porque nadie puede estar por encima del pueblo. México sigue siendo un país democrático. México va a defender su libertad y no la imposición ideológica de un pequeño grupo”.
México va a defender lo más valioso que tiene una nación: sus niños y hoy, gritamos fuerte y claro SCJN #ConMisHijosNoTeMetas.
Boletín de prensa
]]>
Son constitucionales las cédulas profesionales electrónicas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la validez y constitucionalidad de las cédulas profesionales electrónicas, mismas que desde 2018 sustituyeron a las antiguas, emitidas en formato credencial.
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha destacado el trabajo, desde distintos ámbitos de la institución a su cargo, para la inclusión laboral a través del reconocimiento de habilidades de quienes no cuentan con certificaciones oficiales en México.
En la resolución se establece que el documento electrónico sustituye al físico, teniendo las mismas ventajas, seguridad y garantías, por lo que está dotado de autenticidad, gozando de validez y eficacia.
Si bien algunos profesionistas han cuestionado, a través del amparo, el nuevo formato, éste valida electrónicamente su identidad y vincula el registro profesional a los datos infalsificables que se contienen en la firma electrónica, además mediante la inclusión del código QR.
Dicha tecnología hace innecesaria la incorporación de una fotografía y firma del profesional, puesto que su identidad se comprueba mediante datos digitales más confiables.
En sus razonamientos, la Segunda Sala reafirmó el criterio de que la cédula no es un documento de identificación, pues para ello existe la credencial del INE y señaló que ya no se requiere que la cédula profesional sea un documento físico, sino que ahora es electrónico.
Por lo que cuando la ley se refiere a que debe permitir comprobar la identidad del profesionista, se alude justamente a esta condición y a la posibilidad de verificarla a través de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas.
Finalmente, cabe recordar que en dos ocasiones consecutivas la Segunda Sala ha sostenido este criterio y respaldado las ventajas que ofrece la cédula electrónica, que puede ser obtenida en muy breve tiempo por los profesionistas y garantiza a la sociedad que quien porta la cédula está acreditado por parte del Estado para ejercer la profesión.
Boletín de prensa
]]>
Mérida, Yucatán a 22 de febrero de 2021
A partir de mañana 23 y hasta el 25 de febrero, se llevará a cabo en el Poder Judicial del Estado de Yucatán el curso “Derechos de niñas, niños y adolescentes”, el cual se realiza en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En total son 59 personas, entre Magistrados, Jueces y personal jurisdiccional de la institución quienes asistirán, vía videoconferencia, a esta capacitación que pone énfasis en la actualización acerca del marco normativo nacional e internacional aplicable a casos que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA).
Asimismo, abordará los principios que pueden incidir en la interpretación de los derechos de este importante grupo social así como la línea jurisprudencial de la SCJN sobre derechos de los NNA.
Sobre esta doctrina se revisará lo referente a la participación de este grupo social en procedimientos jurisdiccionales tanto en materia de derecho familiar como en el ámbito penal.
Esta capacitación estará a cargo de Gema Patricia Cortes Matus e Iris
del Carmen Cruz de Jesús, facilitadoras de la Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN.
En el Poder Judicial de Yucatán el curso lo coordina la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura y el Departamento de Formación, Capacitación y Profesionalización del Personal del Tribunal Superior de Justicia.
Boletín de prensa
]]>
Ahora que se ha legislado sobre el tema, un grupo de alrededor de 600 jueces integrantes del Poder Judicial de la Federación han presentado demandas de amparo ante la reducción salarial.
Entendamos el contexto:
1. De acuerdo con la legislación laboral en materia de sueldos se establece claramente que ante una remuneración devengada al igual que las percepciones que se otorgan, ya como un derecho adquirido, no debe ser disminuida. Es un principio máximo de respeto al derecho laboral de los trabajadores.
2. Sobre el tema del Poder Judicial pesan señalamientos de grandes abusos y de conductas que se tipifican como tráfico de influencias y un gran nepotismo que corrompe la esencia y constitución de los órganos jurisdiccionales. Al respecto, Méxicos unidos contra la corrupción, han dado a conocer en meses pasados, el alto porcentaje de puestos dentro del organigrama de los tribunales federales y estatales, de personas que laboran en puestos importantes y claves vinculadas ya sea familiares o sentimentales de los jueces.
Un tráfico de influencias y nepotismo que escandaliza y nos hace dudar sobre la integridad jurídica y política de los tribunales y de la propia SCJN y sus órganos como el Consejo de la Judicatura, así como también de los órganos jurisdiccionales estatales.
De los tres poderes del Estado, por la naturaleza técnica, el tema de los puestos del Poder Judicial de la Federación está fuera del alcance de observación ciudadana. Se parte del principio de confianza en quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar la justicia en los casos que son de su conocimiento y necesarios para dar certeza y certidumbre legal en la resolución de los conflictos.
¿Cómo se puede garantizar si la esencia de la conformación del Poder Judicial está cuestionado y además calla ante las denuncias de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias?
Lamentablemente tenemos que aceptar que hemos corrido el riesgo de la falta de confianza, por lo cual es considera mejor pagarles de más a los aplicadores de la procuración e impartición de justicia con tal de que no caigan en la tentación de la “mordida” o del “moche” para resolver en determinado sentido.
¿Acaso tenemos que aceptar que tan podrida está la sociedad que no queda más que buscar mecanismos para sobreproteger, aunque se extralimiten los recursos, a los jueces? ¿Ya no existen entonces gente con buena fe, comprometida con México y consigo mismo con la congruencia y los valores éticos y morales de la buena ciudadanía?
Se entiende que se busque proteger derechos adquiridos y se defienda, lo que por derecho laboral es lo legal. Sin embargo, llama la atención que el Poder Judicial se ha encerrado a sí mismo y no escucha la demanda ciudadana de que la corrupción se hace intolerante, disminuye la confianza en las instituciones que en conjunto vulnera el Estado de Derecho y a los valores de la democracia.
]]>Iniciamos con las reformas legales aprobadas por el Congreso del Estado de Yucatán. Desde el viernes pasado se enfatiza en la importancia de cuatro iniciativas de ley aprobadas por el Poder Legislativo de Yucatán: (1) la eliminación del fuero a funcionarios públicos estatales, (2) la reducción del 50 por ciento de financiamiento a los partidos políticos, (3) la eliminación de las pensiones a ex gobernadores y (4) la anulación de caducidad a las actas de nacimiento.
El fuero constitucional consistía en una protección que los funcionarios públicos gozaban para impedir que por acciones judiciales se ejerciera presión para reorientar las decisiones o acciones políticas en un sentido. Esto no cancelaba la capacidad de denuncia. El punto es que mientras se gozará del privilegio del fuero los procesos judiciales quedaban estancados. Tenía que suceder dos cosas: esperar que se terminará el periodo de gestión del puesto para ejercer una acción penal o, en otra opción, solicitar al Congreso local un juicio de procedencia para eliminar al funcionario cuestionado el fuero y entonces permitir su disposición procesal.
En algunas partes del mundo, especialmente en Europa los legisladores mantienen el fuero durante el periodo de discusión y decisión parlamentaria. Esto para prevenir que alguna fuerza coactiva intente intervenir como presión para definir el sentido de voto de los legisladores.
En nuestro país, el fuero de ser una protección que asegurará y diera certeza jurídica se convirtió en sinónimo de impunidad. Una carta blanca para ejecutar actos protegidos por una figura que impedía la acción judicial contra la persona que en funciones de cargo público cometían delitos.
Tenemos ahora el caso del alcalde de Celestún a quien acusan de vender terrenos de propiedad privada a otros sin derecho y, para rematar, se le vincula con una bodega donde se descubren varias toneladas de pepino de mar y varios millones de pesos. Es inadmisible que se quede impunes hechos presuntamente delictivos solo por ostentar un cargo.
Con respecto a la reducción del financiamiento a partidos políticos se destaca que el destino del recurso que no se entregará se destinaran para el CAIMEDE. Con esto se beneficia un organismo del estado que se encarga de proporcionar una mejor calidad de vida al menor desamparado. Un acto de justicia social necesario que reoriente un gasto hacia un sector vulnerable.
Se reconoce que los legisladores escucharán a los ciudadanos sobre la demanda de eliminar la pensión a ex gobernadores. El punto no es que la tengan. Al final es un trabajo y por derecho fundamental se debe gozar en el retiro de una calidad de vida decorosa. El problema era los altos pagos por conceptos de pensión adjuntado a otros privilegios que resultaban molestos para los ciudadanos que por muchos años trabajan y no logran llegar a ese estándar de vida.
Finalmente, es gran noticia que las actas de nacimiento dejen de caducar. En la realidad es un documento que no experimenta cambios, por lo cual resultaba ilógico que se tuviera que estar actualizando cada vez que se hiciera un trámite administrativo. Era una carga por la tramitología y el costo del derecho. Ahora habrá un ahorro de tiempo y economía.
Otra de las decisiones importantes fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al tema Uber y la ley de transporte público de la entidad. Como máxima autoridad judicial la Corte validó los términos de la legislación en transporte público relacionadas con las plataformas tecnológicas. Hay obligación de no solo inscribirse, sino también, de cumplir con los requisitos establecido en la ley.
Uber tuvo su oportunidad procesal y acudir a la Corte para decisión cuyo resultado ya no les fue favorable. Hoy debe acatar la decisión, pedir su registro y cumplir con la ley.
Esto da ya certeza jurídica a los usuarios de las plataformas tecnológicas. Ya no hay pretexto alguno, mientras no se registre Uber es ilegal. Ya no se podrá considerar ilegal ni atentado la detención y decomiso de los vehículos.
AL CALCE. Hoy estamos observando ineficiencia en la comunicación entre las autoridades o dependencias con los ciudadanos. Ante el apagón de la semana la CFE fue muy escueta en la información que dio a conocer sobre el problema. De una falla, tal y como inicialmente lo anunció, en las redes sociales se discutía sobre un atentado y otras causas. Es importante que el flujo de información sea claro y preciso. Que no produzca ambigüedades ni deje margen a la especulación. Si esto le sucede a una empresa de clase mundial… que debemos esperar de quienes no lo son.
]]>
En nuestro país se determina que el máximo tribunal para resolver cualquier controversia legal es la Suprema Corte de Justicia, que funciona en pleno o por medio de alguna de las dos salas que la conforman. Sus fallos se consideran inapelables, sino la última instancia legal a la que se puede concurrir. Más que hacer un nuevo juicio, el análisis de los Ministros se centra en el análisis técnico – jurídico del proceso legal y tiene capacidad de resolver la reposición de un proceso o cobijar bajo el amparo constitucional una grave violación a algún derecho fundamental que de libertad a un individuo.
Hay casos que resultan polémicos por la naturaleza misma de los hechos que llegan hasta su conocimiento para su análisis. En algunos momentos se dan noticias de resoluciones que fortalecen la confianza de la sociedad en la institucionalidad del máximo tribunal judicial del país.
Un caso de enorme trascendencia a favor de la SCJN fue la liberación de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara a las que se les otorgó libertad en abril de 2010 por un supuesto secuestro que cometieron contra seis policías federales. La Corte determinó que había inconsistencias en el proceso de detención. El caso se remota desde marzo de 2006 cuando policías de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) decomisaron mercancías de un grupo de comerciantes en el pueblo de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Los comerciantes confrontaron a los oficiales y exigieron el pago por los daños, lo que derivó en un conflicto entre ambas partes, durante el cual detuvieron a González y Alcántara.
Pero otra situación que significó otorgarle un voto de no confianza para los ministros fue el caso del indígena tzotzil Alberto Patishtán que cumplía una sentencia de 60 años en un penal de Chiapas, acusado de participar en una emboscada donde fueron asesinados siete policías. En marzo de 2013 la Corte rechazó atraer el incidente de reconocimiento de inocencia, que a todas luces fue sentenciado mediante un proceso lleno de irregularidades. Patishtán recibió su libertad por vía de indulto del Poder Ejecutivo a instancia de Enrique Peña Nieto.
El caso más sonado fue sin duda la liberación de Florence Cassez. Una situación por si misma controvertida. Por un lado se entiende que el proceso de detención de la francesa fue más que viciado por las autoridades federales encabezadas por los gobiernos panistas. En el análisis de la ilegalidad se consideró que la violación había sido tan grave a los derechos humanos fundamentales que provocaron una total indefensión, que no podía ser repuesto el proceso, por lo que la sentencia fue la total liberación. No se trato de un nuevo juicio ni una declaración de inocencia, sino que por la situación viciosa del proceso resultara ya difícil determinar si Cassez fue o no responsable del delito de secuestro que le imputaba la autoridad investigadora.
En los últimos días la SCJN ha vuelto a estar en la polémica por el amparo que parejas del mismo sexo han solicitado por supuestas violaciones de sus derechos humanos por la negativa de su registro, es decir, discriminación de autoridades civiles a reconocer esa situación legal, aún cuando en las leyes civiles de las entidades federativas se establece el matrimonio como el formado entre un hombre y una mujer. Primero fue Oaxaca en 2012, después le siguió Yucatán.
En un caso similar, el 16 de julio la Corte Europea de Derechos Humanos, máximo tribunal en la materia en la Unión Europea, determinó ante una demanda de un habitante de Finlandia que acusó a las autoridades de su país de querer reconocer el matrimonio entre personajes del mismo sexo, que tal acción – la negativa de reconocimiento – no constituye una violación a los derechos fundamentales. Es más, se determina en la sentencia que la Convención Europea de Derechos Humanos sostiene la tesis del concepto tradicional de la familia, la conformada por un hombre y mujer. En otras palabras, que la libertad de “casarse y formar familia” es un imperativo para obligar que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Inclusive se menciona que no hay un consenso amplio en los miembros de la Unión Europea sobre la conveniencia de igualar el concepto de matrimonio tradicional con el igualitario para todos, ya que únicamente 10 países han realizado una legislación al respecto de los 28 que actualmente la conforman.
Al ver estos casos, y sobretodos, la diferencia de criterios que se pueden emplear para valorar, juzgar y sentenciar realidades objetivas análogas nos preguntamos entonces que es más importante ¿la interpretación objetiva irrestricta de la ley junto con los principios y teoría jurídica por un lado, y por otro, la subjetividad de los que hacen esa interpretación?
Un tema que difícilmente tendrá una respuesta clara y precisa. Sabemos que a lo largo de la historia los valores de justicia, honor, verdad y legal ha cambiado a partir de los hechos y contextos sociales. El problema aquí es darnos cuenta que para aplicar la ley no se desajena la subjetividad, principios y creencias del juzgador.
]]>