Nueva guía de la SEC exime a las memecoins de regulación bajo la ley federal
Notipress.- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) emitió una nueva guía en la que aclara que la mayoría de las “memecoins” no se consideran valores según la legislación federal estadounidense. Las memecoins son criptomonedas que se originan a partir de memes o tendencias virales en internet.
Según la SEC, debido a que estas monedas no generan rendimientos ni otorgan derechos sobre ingresos futuros, ganancias o activos de una empresa, no cumplen con los criterios establecidos en la Prueba de Howey para ser clasificadas como valores. Por lo tanto, las personas que compran o poseen memecoins no están protegidas por las leyes federales de valores, y quienes participan en su oferta y venta no necesitan registrar sus transacciones ante la Comisión.
Esta directriz se emite aproximadamente un mes después del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, quien lanzó una memecoin para sus seguidores llamada $TRUMP pocos días antes de su investidura. Desde su pico el 19 de enero, la moneda perdió 12.000 millones de dólares en valor, según informó The Telegraph.
Mark Uyeda, nombrado presidente de la SEC por Trump en enero, había indicado previamente su intención de establecer directrices claras en torno a las criptomonedas. En su primer día en el cargo, Uyeda anunció la formación de un grupo de trabajo dedicado a este fin. La reciente guía de la SEC refleja este enfoque, diferenciando las memecoins de otros activos digitales al considerarlas más como objetos de colección que como valores financieros.
Este cambio de postura contrasta con la administración anterior de la SEC bajo Gary Gensler, quien abogaba por tratar a la mayoría de los tokens criptográficos, incluidas las memecoins, como valores sujetos a regulación. Además, la SEC anunció la desestimación de su demanda contra Coinbase, el exchange de criptomonedas más grande de Estados Unidos. Uyeda enfatizó la necesidad de que la Comisión desarrolle políticas relacionadas con las criptomonedas de manera más transparente y con la participación del público en general.
Por lo tanto, la SEC clarificó que las memecoins no se consideran valores bajo la ley federal, lo que implica que no están sujetas a las mismas regulaciones que otros activos financieros. Además, la Comisión advierte que algunas criptomonedas disfrazadas de memecoins podrían enfrentar sanciones si se determina que cumplen con los criterios de la Prueba de Howey.
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Corte Penal Internacional declara que, la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, busca perjudicar su labor judicial independiente e imparcial. Según la orden, el gobierno estadounidense impondrá consecuencias tangibles y significativas a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha condenado este viernes la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone sanciones punitivas, replicando que la orden busca “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”.
El Tribunal se creó en virtud del Estatuto de Roma, negociado en el seno de la ONU, pero es un tribunal totalmente independiente creado para juzgar los crímenes más graves, incluidos los de lesa humanidad.
Según la orden ejecutiva del jueves, el gobierno estadounidense “impondrá consecuencias tangibles y significativas” a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.
La directiva sigue la decisión de los jueces de la CPI de dictar en noviembre órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, en las que se les acusa de presuntos crímenes de guerra en relación con el desarrollo de la guerra contra Hamás en Gaza.
La CPI también emitió una orden de detención contra un antiguo comandante de Hamás, Mohammed Deif.
Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI. Hay 125 Estados partes en el Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002.
La orden ejecutiva estadounidense afirma que las acciones de la CPI contra Israel y las investigaciones preliminares contra Estados Unidos “sientan un precedente peligroso, que pone directamente en peligro al personal actual y anterior”.
La orden detalla posibles sanciones, entre ellas el bloqueo de propiedades y bienes de los funcionarios de la CPI y la prohibición de entrada en Estados Unidos para ellos y sus familias.
Un intento de imponer sanciones a la CPI por parte del Congreso de Estados Unidos en enero, antes del cambio de administración, no obtuvo suficiente apoyo en el Senado.
“La CPI condena la emisión por parte de EE.UU. de una orden ejecutiva que pretende imponer sanciones a sus funcionarios y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, dijo el tribunal en un comunicado de prensa.
“El Tribunal apoya firmemente su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”.
Además, el tribunal hizo un llamamiento a todas las partes de la CPI, junto con la sociedad civil y otras naciones, para que “permanezcan unidas en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”.
“El derecho penal internacional es un elemento esencial para luchar contra la impunidad, desgraciadamente muy extendida en el mundo actual. La Corte Penal Internacional es su elemento esencial, y debe permitírsele trabajar con plena independencia”, declaró el portavoz del Secretario General, Farhan Haq, en una rueda de prensa.
Boletín de prensa
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Rusia utiliza PlayStation y Xbox para pilotear drones en la guerra contra Ucrania
Notipress.- En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que está a punto de cumplir tres años, la Unión Europea (UE), en sus esfuerzos por ayudar a Ucrania desde cualquier frente, descubrió una particular táctica que los soldados rusos emplean en el campo de batalla. Si bien varias marcas tecnológicas como Microsoft, Sony o Nintendo suspendieron sus ventas al país, eso no le ha impedido a Rusia importar de contrabando consolas de PlayStation y Xbox para controlar drones militares.
Por medio de minoristas europeos, se ha creado un próspero mercado de segunda mano que suministra a Moscú de consolas aptas para manejar drones. La noticia inspiró a Bruselas a desplegar un nuevo paquete de sanciones cuya entrada en vigor está programada para el 24 de febrero de 2025, fecha en la que se conmemora el tercer aniversario de la invasión rusa sobre Ucrania.
Según Kaja Kallas, responsable de la Política Exterior de la UE, se siguen analizando los artículos utilizados por Rusia en la guerra para incluirlos en las sanciones. Las consolas de juego son uno de los principales elementos de la lista.
Las consolas de PlayStation y Xbox no son los únicos objetos en miras a penalizar, la UE también planea aplicar restricciones a las importaciones de gas natural licuado y productos químicos, los cuales son indispensables para la industria militar rusa, afirmó Kallas. Además, se están estudiando medidas para restringir la importación de aluminio procedente de Rusia, el cual representa el 6% de las importaciones totales en la UE.
No obstante, el paquete de sanciones requiere de la aprobación unánime de los 27 Estados miembros. Esta es una misión bastante compleja para la Comisión Europea teniendo en cuenta la cercanía de algunos mandatarios europeos con el Kremlin, principalmente la del gobierno húngaro de Viktor Orbán el cual ha amenazado con bloquear la renovación por seis meses de las sanciones vigentes en respuesta a la interrupción del acuerdo de tránsito de gas entre Ucrania y Rusia.
De todas formas, Bruselas busca soluciones que puedan neutralizar las estrategias de Moscú para escapar de las sanciones. A lo largo de la guerra, Rusia llegó a reutilizar semiconductores extraídos de electrodomésticos para construir misiles y aviones no tripulados. Las tácticas fueron tan efectivas que Putin anunció un ambicioso plan para multiplicar por diez la producción de drones para 2025, con la meta de alcanzar 1.4 millones de unidades.
Ante tal resiliencia, la Comisión Europea se hizo consciente que los componentes utilizados por los rusos para crear drones eran elementos de contrabando europeos. Según un análisis realizado por el Instituto de Investigación Científica Forense de Kiev, entre los más de 30 mil restos de armas se encontraron interruptores, sensores, procesadores, microcircuitos, chips, bombas de combustible y memorias flash de fabricación europea.
La puente de contrabando: Bielorrusia
Con una ubicación privilegiada para servir a su principal socio, Bielorrusia fue crucial para suministrar a Rusia de varias herramientas. De acuerdo con algunas investigaciones, la empresa Integral fue la proveedora de Rusia de más de seis millones de microchips entre marzo de 2022 y abril de 2024, por un valor de 130 millones de dólares.
El ejército ruso utilizó estos chips en una amplia gama de misiles construidos a su vez por maquinaria y materiales europeos importados a través de empresas contrabandistas. Este mecanismo le permitió a Integral multiplicar por cuarenta su beneficio neto.
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A su llegada a la capital, Geir Pedersen destaca la importancia de un proceso político “liderado por los propios sirios” y de la rendición de cuentas, así como la necesidad de garantizar más ayuda humanitaria para la población y para todos los refugiados que quieran regresar.
Es necesario aumentar la ayuda humanitaria en Siria en medio de cambios “inmensos” que ofrecen esperanza a una nación que sale de una guerra de 13 años, declaró este domingo el enviado especial del Secretario General de la ONU para Siria tras su llegada a la capital, Damasco.
Geir Pedersen se encuentra en el país una semana después de que el presidente Bashar al-Assad fuera derrocado por las fuerzas rebeldes lideradas por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham.
Respondiendo a preguntas de la prensa a su llegada, Pedersen destacó el “inmenso” cambio desde la caída del régimen de Assad.
“Este cambio en sí mismo crea grandes esperanzas, pero todos sabemos que aún quedan muchos retos por delante. Así que tenemos que hacerlo bien desde el principio”, dijo.
Consideró necesario poner en marcha un proceso político que incluya a todos los sirios y que “obviamente debe ser liderado por los propios sirios”.
El segundo reto es garantizar el funcionamiento de las instituciones estatales, dijo, siendo “extremadamente importantes” la prestación de servicios, el orden público y la seguridad.
En cuanto a la crisis humanitaria, señaló que es necesario garantizar que Siria recibe “inmediatamente más ayuda humanitaria” para la población y para todos los refugiados que quieran regresar.
“Esto es extremadamente importante”, subrayó.
En cuanto a la cuestión de la recuperación económica, dijo que “tenemos que asegurarnos de que se resuelve rápidamente”.
“Esperamos ver un rápido fin de las sanciones, para que realmente podamos ver una unión en torno a la reconstrucción de Siria”.
También consideró necesario que se haga justicia. Dijo que los autores de crímenes en todo el país deben rendir cuentas.
“Debemos asegurarnos de que esto ocurra a través de un sistema de justicia creíble, y que no veamos ninguna venganza”, dijo Pedersen.
Boletín de prensa
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Debate sobre libertad de expresión y control estatal tras sanciones a entidades rusas
Notipress.- El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia (DOJ), anunció la confiscación de 32 dominios web, vinculados supuestamente a campañas de desinformación dirigidas por entidades rusas. Según el comunicado oficial, el objetivo de estos sitios era influir en la opinión pública internacional y en las elecciones, incluidas las presidenciales estadounidenses de 2024. Las organizaciones involucradas, como Social Design Agency (SDA), Structura National Technology y ANO Dialog, habrían operado estos dominios bajo la dirección del Kremlin.
Las autoridades estadounidenses aseguran que estas actividades forman parte de una estrategia más amplia conocida como “Doppelganger“, la cual busca erosionar el apoyo global a Ucrania y favorecer una narrativa prorrusa. Entre las tácticas empleadas por estas entidades se encuentra la ciberocupación, es decir, la creación de sitios web que imitan a medios de comunicación legítimos. Asimismo, se utilizaban influenciadores pagos, inteligencia artificial y perfiles falsos en redes sociales para difundir su contenido.
Coordinadas por el FBI, estas acciones, con el apoyo del Departamento del Tesoro, Estados Unidos sancionó a diez personas y dos entidades vinculadas a estas operaciones. Según la información proporcionada, las sanciones fueron emitidas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y otras normativas relacionadas con el lavado de dinero y las marcas registradas.
En respuesta, el fiscal general Merrick Garland calificó estas campañas como “propaganda del gobierno ruso”, subrayando el peligro de las acciones de desinformación para la democracia estadounidense y global. Sin embargo, el artículo de opinión de Allen Mendenhall en el Instituto Mises sostiene que estas medidas del gobierno estadounidense no solo buscan frenar la desinformación, sino que también forman parte de un esfuerzo mayor por controlar el discurso y limitar las narrativas que se alejan de los intereses del Estado.
Por su parte, el autor pone en duda la legitimidad de la narrativa oficial, sugiriendo que el verdadero problema radica en el control estatal sobre la información. Según Mendenhall, las instituciones de poder, incluidas las agencias de inteligencia y los medios de comunicación tradicionales, juegan un papel crucial en la creación de una “realidad” que respalde a las autoridades. En ese sentido, cuestiona si estas acciones contra las entidades rusas son verdaderamente necesarias o si se trata de una excusa para fortalecer el control sobre el discurso público.
Así, el caso ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y la intervención estatal en la regulación de la información. Mientras las autoridades insisten en la necesidad de frenar las influencias extranjeras en el panorama político y mediático, críticos como Allen Mendenhall advierten sobre los peligros de otorgar al Estado un poder excesivo para definir qué se considera información legítima o desinformación.
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Usuarios podrían enfrentar sanciones por compartir deepfakes engañosos en redes sociales
Notipress.- El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley AB 2839, una nueva ley que impone restricciones estrictas a la difusión de deepfakes de inteligencia artificial (IA) relacionados con las elecciones. La medida, que entró en vigor de manera inmediata, está diseñada para proteger a los votantes de contenido materialmente engañoso y evitar la manipulación electoral a través de la tecnología.
La ley apunta específicamente a los distribuidores de estos contenidos con desinformación, más que a sus creadores o a las plataformas donde se publican. Esto significa que cualquier usuario de redes sociales que publique o reenvíe deepfakes con la intención de confundir a los votantes podría enfrentar consecuencias legales, incluidas órdenes judiciales o compensaciones monetarias.
AB 2839, una ley diseñada para aplicar a cualquier contenido relacionado con candidatos que figuren en las boletas de California, ya sean de elecciones locales, estatales o federales. Newsom destacó la relevancia de la ley en una publicación donde señaló que ya no se podrán distribuir anuncios o comunicaciones electorales que contengan falsificaciones profundas y materialmente engañosas. Como ejemplo, mencionó un deepfake difundido por Elon Musk, que presentaba falsamente a Kamala Harris describiéndose a sí misma como incompetente. Este tipo de contenido, dijo Newsom, es lo que la nueva legislación busca prevenir.
Por su parte, la nueva ley se aplica durante los 120 días previos a una elección en California y los 60 días posteriores. Durante este tiempo, las reglas sobre la difusión de información falsa se endurecen, afectando no solo a los anuncios de campañas políticas, sino también a las publicaciones de usuarios comunes en redes sociales, televisión, radio o mensajes de texto.
Esta legislación llega en un momento crucial, de cara a las elecciones presidenciales en noviembre de 2024, y se posiciona como una de las medidas más estrictas en Estados Unidos para combatir la manipulación digital en el ámbito electoral.
Musk siguió republicando deepfakes que involucran a figuras políticas, lo que podría llevar a que la nueva ley sea puesta a prueba en los tribunales. A pesar de esto, Newsom reafirmó que la ley no restringe el uso de la parodia, sino que apunta a contenidos engañosos que amenacen la integridad del proceso democrático.
Así, la AB 2839 representa un esfuerzo por evitar que los deepfakes de inteligencia artificial influyan fraudulentamente en las elecciones y proteger así la confianza pública en la información electoral. Gershenzon enfatizó que el objetivo principal de la ley no es castigar, sino prevenir la difusión de contenido falso desde el inicio.
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Moscú, 5 ago (EFE).- La agencia espacial rusa Roscosmos ha perdido 180.000 millones de rublos (unos 2.100 millones de dólares) por la ruptura de contratos con socios occidentales debido a las sanciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania, informaron hoy fuentes oficiales.
“La renuncia de los países inamistosos a los contratos con Roscosmos ha costado 180.000 millones de rublos”, reconoció el subdirector general de la corporación espacial rusa, Andréi Yelcháninov.
El funcionario agregó que en vista de la situación, Roscosmos redirigió sus programas de cooperación hacia países de África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.
Se trata de unos mercados “con gran competencia”, pero “las perspectivas son buenas”, aseguró.
A la vez, indicó que la cooperación entre Rusia y la NASA para asuntos relacionados con la explotación de la Estación Espacial Internacional (EEI) continúa.
“En el marco de los contactos entre la dirección de Roscosmos y la NASA, se discuten cuestiones técnicas relacionadas con el funcionamiento de la EEI”, explicó y agregó que estos contactos son necesarios para el envío de tripulaciones mixtas al espacio y la coordinación de programas de vuelos cruzados.
En diciembre del año pasado se supo que Rusia y EEUU habían decidido prorrogar hasta 2025 los vuelos cruzados hacia la EEI.
Rusia planea crear su propia estación espacial, que, según fuentes oficiales, podría empezar a funcionar en 2027.
]]>Notipress.- El Congreso del Estado de México se encuentra en proceso de análisis de una nueva iniciativa legislativa que busca imponer sanciones más severas para aquellos que atenten contra el personal del sector educativo. La propuesta sugiere penas de seis meses a cuatro años de prisión para quienes cometan lesiones contra educadores, ya sea en el ejercicio de sus funciones o relacionadas con estas.
Además, la iniciativa contempla una pena de tres a seis meses de prisión para quienes ignoren las amenazas provenientes de individuos externos a los centros educativos, así como de padres, madres, tutores, cuidadores en primer grado y estudiantes, dirigidas hacia el personal docente de apoyo y asistencia a la educación pública y privada.
La diputada independiente Martha Elena Gallardo Vázquez es la promotora de este proyecto de decreto, el cual tiene como objetivo principal otorgar al personal docente el derecho a mecanismos de defensa legales ante actos que comprometan su integridad y seguridad física, psíquica y moral, así como su dignidad o su vida en su rol de educadores. Esta medida representa un paso adelante en la protección y el respeto hacia los profesionales de la educación en el Estado de México.
El diputado del PT sugiere establecer mayores sanciones a las autoridades educativas que sean omisas ante las acusaciones de “bullying”
Palacio Legislativo, 09-04-2023 (Notilegis).- El diputado Leobardo Alcántara Martínez (PT) informó que impulsa una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, para prevenir y erradicar el acoso y la violencia escolar.
En un comunicado señaló que la finalidad es establecer en los programas de estudio valores que condenen y rechacen cualquier forma de violencia.
Consideró indispensable que todas las víctimas de “bullying” cuenten con los canales de comunicación necesarios y confidenciales para denunciar este tipo de abusos.
Además, sugirió que se impongan mayores sanciones para las autoridades educativas que sean omisas ante las acusaciones.
“Proponemos una multa de hasta un millón 556 mil 100 pesos para las autoridades escolares que, en el ámbito de sus atribuciones, no atiendan las denuncias de violencia o acoso escolar”, detalló el congresista.
Refirió que en México siete de cada 10 menores de edad sufren todos los días algún tipo de agresión, lo que deriva en el desarrollo posterior de cuadros depresivos y ansiedad.
“Ante este panorama se considera preocupante la normalización de estos hechos en los planteles educativos en virtud que esas conductas tienen consecuencias como daños físicos, psicológicos o la muerte”, expuso.
“Con el lamentable caso del fallecimiento de la menor de 14 años, Norma Lizbeth Ramos, víctima de ‘bullying’ por parte de la compañera que le causó la muerte, nos damos cuenta que, pese a los esfuerzos del Estado mexicano por combatir y erradicar los casos de acoso escolar, este fenómeno sigue representando un problema que es apremiante atender.
“En ello radica la importancia y trascendencia de esta iniciativa que presento”, finalizó.
Boletín de prensa
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También se pronunció a favor de la promoción de los programas de educación e investigación artística y cultural
Avaló opinión para reconocer los derechos laborales de las y los artistas en México
La Comisión de Cultura y Cinematografía, presidida por el diputado Carlos Francisco Ortiz Tejeda (Morena), aprobó dos dictámenes. El primero propone aplicar sanciones más severas a quien destruya monumentos arqueológicos, y el segundo plantea promover programas de educación e investigación artística y cultural.
Asimismo, avaló una opinión para reconocer los derechos laborales de las y los artistas en México.
El primer dictamen fue avalado con 23 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, para adicionar y reformar los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 53, 53 Bis y 55, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
El objetivo es establecer penas más severas a quien realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. “Se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de mil quinientas a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria vigente”, refiere en el artículo 47.
A su vez, el precepto 48 plantea que, al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o de la autorización otorgada por esta institución, para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de tres mil a seis mil veces la UMA diaria vigente.
Asimismo, en el artículo 49 plantea de “cinco a doce años y multa de dos mil quinientas a cinco mil veces la UMA diaria vigente”, a quien efectúe en cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él, y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso correspondiente.
De igual forma, en los artículos 50, 51, 53, 53 Bis y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, propone penas y multas diversas a favor de preservar el patrimonio cultural del país. La diputada Inés Parra Juárez (Morena) propuso una reserva, que fue avalada en votación económica, con el propósito de incluir en los artículos 47 al 53, la palabra “diaria” luego “de 5 mil veces de la UMA”, a fin de que haya concordancia.
En el artículo 49, sugirió corregir la redacción para especificar el aumento en el monto de la multa propuesta en la reforma.
Al respecto, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) señaló que este dictamen contiene cambios de la mayor relevancia, con el objetivo de fortalecer la preservación de nuestros monumentos arqueológicos. “Estamos a favor de que se apliquen sanciones más severas para inhibir la destrucción del acervo arqueológico de México”.
La diputada del PRD, Gabriela Sodi Miranda, pidió aclarar si la UMA tiene un mayor costo y valor que el salario mínimo, para conocer la homologación. Solicitó revisar bien y conocer el último costo de la UMA fuera del salario, que permita observarlo antes de aceptar una reserva.
El segundo dictamen, se acreditó con 21 votos a favor, uno en contra y una abstención, para reformar las fracciones VIII del artículo 12 y VIII del artículo 19, y adicionar la fracción IX del artículo 19 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
El precepto 12, fracción VIII, refiere la formación de audiencias, y programas de educación e investigación artística y cultural.
En el artículo 19, fracción VIII, instituye promover e impulsar la participación de la comunidad en la preservación de su cultura, y en la fracción IX, formular, impulsar y fortalecer programas de educación e investigación artística y cultural.
Por otra parte, las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 22 votos a favor, la opinión referente a la iniciativa con proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con la finalidad de regular los derechos de las y los trabajadores del arte y la cultura.
Lo anterior, que las políticas culturales contemporáneas aluden a las nociones incluyentes e interrelacionadas de “agentes culturales”, “ecosistemas culturales” y “economía creativa”, para abarcar la complejidad sistémica de los fenómenos culturales en la era digital.
La diputada de Morena, María Eugenia Hernández, se pronunció a favor de reivindicar los derechos laborales de las y los trabajadores de la cultura y el arte, sobre todo de quienes no tienen acceso a los grandes proyectos y escenarios artísticos. “Es una cuestión de justicia”.
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Rafael Hernández Villalpando comentó que en esta materia nos habíamos tardado mucho tiempo en reconocer los derechos laborales de los trabajadores del arte, sin los cuales los artistas no podrían realizar a plenitud sus tareas.
También de Morena, la diputada Inés Parra Juárez sostuvo que esta iniciativa favorece a todos los trabajadores culturales en materia laboral, por lo que anunció su voto a favor.
El diputado presidente, Carlos Francisco Ortiz Tejeda se sumó a favor de la opinión en torno a esta propuesta, ya que se ha venido trabajando porque sea el cumplimiento de un derecho y gratitud que debemos tener todos a los trabajadores del arte y la cultura.
Del PVEM, la diputada Janine Patricia Quijano Tapia sostuvo que esta iniciativa y opinión son muy importantes para los artistas de México, porque hay muchas personas que cuando ya no pueden trabajar, quedan en el olvido, mueren solos y sin ninguna seguridad social, pese a que han representado el país, “por primera vez podemos ser escuchados y tener los mismos derechos que cualquier trabajador mexicano”.
Asimismo, la Comisión aprobó con 12 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, la opinión relativa a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, concernientes a la inclusión del concepto “turismo cultural” y de la integración de la Secretaría de Cultura al tema turístico.
El documento refiere que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la adición de una fracción XIII al artículo séptimo de la Ley General de Turismo, tendría un impacto presupuestario por 71 millones 585 mil 772 pesos.
“Se observa que la Secretaría de Cultura desempeña funciones de apoyo al turismo cultural, por lo que dichas funciones serían compartidas con la Secretaría de Turismo. Se considera viable y sin ningún tipo de impacto presupuestal, incluir la participación de la Secretaría de Cultura como integrante del Comité Técnico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de acuerdo al artículo 45 de la ley en comento”, precisa.
Boletín de prensa
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Moscú, 3 jun (EFE).- El ruso Arkadi Volozh, el fundador y director general del Yandex, abandonó el mayor motor de búsqueda de este país tras ser incluido en el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, según informó hoy la propia compañía.
“Seguiré ayudando a la empresa y a su equipo”, dijo Volozh, citado por el portal RBC, al comentar su renuncia.
Por su parte, Yandex calificó de “injustas” las sanciones contra su máximo responsable y aseguró que la actual situación no afectará a la actividad de la empresa.
El gigante informático ruso se mostró convencido de que “millones de usuarios continuarán buscando y encontrando información” en sus plataformas y usando otros servicios de la plataforma.
Previamente, la UE sancionó a Tigrán Khudaverdyán, otro máximo responsable de Yandex, que también se vio obligado a dejar el cargo de director ejecutivo de la empresa rusa.
Según la UE, sus sanciones también están dirigidas a quienes tienen un papel importante en la “desinformación y la propaganda” que acompañan la campaña militar rusa en Ucrania.
El buscador de Yandex fue lanzado en 1997 y con el tiempo se impuso a otros competidores rusos, ocupando desde hace casi dos décadas el primer lugar entre los motores de búsqueda nacionales.
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Especialistas cripto informaron, el país no muestra un aumento de volumen en la compra-venta con criptomonedas
NOTIPRESS.- De acuerdo con la compañía especializada en análisis de ecosistemas cripto y blockchain Chainalysis, ante las sanciones económicas impuestas por miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre Rusia, el país mantiene su volumen habitual de transacciones con criptomonedas. Debido a su capacidad para operar de manera transfronteriza, las criptomonedas podrían ser utilizadas en actividades económicas fuera de las sanciones estipuladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Bajo esta línea participantes del sector mantienen incertidumbre sobre el funcionamiento de las carteras criptográficas en territorio ruso.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) anunciaron sanciones económicas sobre Rusia en respuesta al conflicto armado e invasión en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Algunas de las consecuencias económicas derivadas de la intervención rusa y sus sanciones incluyen disrupciones en el mercado de hidrocarburos, en tanto Rusia es el segundo mayor exportador de Petróleo. Especialistas de Chainalysis comentaron a NotiPress, un punto central en el conflicto económico entre Rusia y Ucrania es que ambos países tienen ecosistemas de criptomonedas desarrollados, con elevadas tasas de adopción tecnológica. El reporte geográfico de criptomonedas 2021, consultado por NotiPress, colocó a Ucrania en el puesto número 4 y Rusia en lugar 18 en adopción de criptomonedas a nivel global.
Participantes de la comunidad cripto mantienen incertidumbre con respecto a la evasión de sanciones por medio de carteras de criptomonedas en territorio ruso. Jonathan Levin, co-fundador de Chainalysis, comentó para NotiPress sobre las dificultades de recurrir al dinero criptográfico con la intención de evadir sanciones económicas. Según el especialista, la transparencia de la cadena de bloques (blockchain) en la infraestructura de criptomondas es el primer obstáculo que enfrentarían, en tanto cada movimiento y cartera pueden ser rastreados. No obstante informó, participantes cripto en Rusia podrían emplear los mismos mecanismos y estrategias que realizan los responsables de lavado de dinero con criptodivisas para continuar con sus operaciones.
Estudios recientes indicaron, durante 2020 y 2021 el 70% de las transacciones con criptomonedas involucraron lavado de dinero y otras actividades ilícitas en el blockchain. Según especialistas de Chainalysis, el seguimiento de compra-venta en sitios de fraude es un factor imprescindible para ubicar el origen de las cuentas y dar seguimiento. En el caso de Rusia, después de las sanciones, los indicadores de la empresa percibieron movimientos criptográficos; pero con variaciones de tendencias habituales y a la baja. Entre los movimientos de mayor importancia se encuentran las ballenas rusas, carteras digitales con más de un millón de dólares (md) en fondos. Al respecto indicaron, se han detectado más de 62 md en movimientos con criptomonedas en estas carteras desde el inicio de las sanciones.
Por su parte, el activo digital Sbercoin, generado por el banco Sberbank, mantiene un bajo volumen de transacciones a dos semanas de su creación el 17 de marzo. Esta moneda tiene por objeto generar un mercado de activos digitales competitivo en Rusia, informaron especialistas. Asimismo, los sitios de compra-venta marketplace en Rusia mantienen sus niveles de transacciones en una escala normal, incluyendo la red Hydra. Frente a las preocupaciones por actividades cripto utilizadas para evadir sanciones en el país, Levin informó que el volumen de transacciones y actividad general no muestran variaciones significativas.
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Palacio Legislativo, 09-07-2021 (Notilegis).- La diputada Paola González (Morena) exhortó a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Secretaría de Bienestar y al Conalep, para que de manera inmediata realice las investigaciones y sanciones pertinentes a raíz de un presunto caso de corrupción y fraude por parte de dos profesores de dicha institución del municipio de Cadereyta, Nuevo León, quienes fueron denunciados por sus alumnos de robar las becas “Benito Juárez”.
Por medio de un comunicado, la diputada dijo que de acuerdo con una investigación por parte del medio local “Periódico La Encuesta”, el 24 de junio del presente año, José Juan de L. y Jorge Alberto C. S., profesores del Conalep en Cadereyta, fueron denunciados ante el CODE por el delito de corrupción de menores, del cual se presume traficaban con información de la institución y por medio de los menores cobrar las becas “Benito Juárez”.
Algunos padres de las posibles víctimas presentaron material gráfico como prueba, el cual fue grabado por el grupo de menores, en los cuales se muestran algunos de estos incidentes. Los padres señalan que los profesores de Conalep utilizaban a sus hijos para cobrar las becas, trasladándolos a tiendas Elektra, a las cuales eran llevados con chantajes para que pudieran cobrar el dinero en el Banco Azteca, ya que este realizaba el pago correspondiente al código QR que no les pertenecía.
“En la Cuarta Transformación no podemos pasar por alto los actos de corrupción, mucho menos dentro de las instituciones del Gobierno Federal. De igual forma, se extiende este exhorto a la Secretaría de Bienestar, y a Enrique Ku Herrera, director general del Sistema Conalep, para que en el uso de sus obligaciones realice las investigaciones pertinentes de las personas involucradas que pertenecen a esta dependencia, y realice de inmediato las sanciones pertinentes a que haya lugar”, señaló.
De acuerdo con la investigación, con este procedimiento se estima pudieron cobrar millones de pesos, por lo que cientos de estudiantes no se vieron beneficiados con el apoyo del Gobierno Federal, además de haberles puesto en riesgo invitándolos con chantajes a lugares no aptos para menores de edad.
Boletín de prensa
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La plataforma implementará un nuevo protocolo de sanciones para personalidades públicas
NOTIPRESS.- A través de un comunicado, la red social Facebook anunció que mantendrá la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump suspendida de la plataforma. Ello, durante un periodo de dos años, a vencer el 7 de enero de 2023; fecha tras la que se reevaluará la posibilidad de levantar la suspensión.
En un comunicado, aseguró la compañía de Mark Zuckerberg, la suspensión al expresidente no introducía un estándar y no estipulaba un periodo definido para levantar el castigo. Ello fue criticado por la junta de la empresa, la cual dictaminó que, contrario a las sanciones ya existentes, “no es apropiado para Facebook imponer penalidades indeterminadas y sin un estandar”.
Derivado de esta controversia, la plataforma social aplicará un nuevo protocolo diseñado para cuentas de figuras públicas en casos extraordinarios de violencia o agitación civil. Se aplicarán suspensiones de 1 mes, 6 meses, 1 año o 2 años (la pena máxima que recibió Trump), según la gravedad de la falta. Tras vencido el periodo, se evaluarán “factores externos”, incluyendo instancias de violencia, congregaciones y “otros marcadores de agitación civil”.
“Sabemos que la decisión tomada hoy será criticada por mucha gente en lados opuestos del espectro político, pero nuestro trabajo es tomar la decisión más proporcionada, justa y transparente posible”, explicó en un comunicado Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales en Facebook. Con esta acción, la plataforma manifiesta un patente interés por ejercer un mayor control sobre el discurso y la seguridad de la red.
Facebook, entre otras plataformas como Twitter, originalmente removieron el derecho de Donald Trump de publicar en sus redes tras los disturbios del 6 de enero de 2021. Acusaron al exmandatario republicano de incitar el episodio violento al negar repetidamente su derrota en los comicios electorales de noviembre 2022. Durante dicho día, manifestantes entraron con violencia al capitolio estadounidense, pretendiendo interrumpir el proceso de ratificación de Joe Biden como presidente electo.
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Palacio Legislativo, 15-12-2020 (Notilegis).- La diputada Irma Juan Carlos (Morena) planteó que en reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación se excluya de las sanciones propuestas a los habitantes de comunidades indígenas y afromexicanas que se manifiesten sin fines de lucro.
En tribuna, la legisladora presentó una reserva al artículo 533 Bis del dictamen con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona un artículo 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Advirtió que en México existen 335 conflictos indígenas activos sin resolver y 8 mil 412 indígenas y afromexicanos encarcelados. Por lo anterior, plantea excluir de las sanciones propuestas a los habitantes de comunidades indígenas y afromexicanas que se manifiesten sin fines de lucro.
La propuesta no fue admitida por el Pleno a discusión. Se desechó y se reservó para la votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Boletín de prensa
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En las leyes secundarias de la Reforma Educativa se establecerán sanciones a quienes no asignen plazas con responsabilidad
Palacio Legislativo, 19-09-2019 (Notilegis). El diputado Azael Santiago Chepi (Morena), secretario de la Comisión de Educación, afirmó que en las leyes secundarias de la Reforma Educativa se establecerá un proceso de selección y otorgamiento de plazas a maestros, no se darán de forma automática.
También se garantizarán sanciones a quienes en la asignación y control de las plazas no actúen con responsabilidad, agregó el diputado en declaraciones a la prensa.
Hay un proceso de selección, no son plazas automáticas, y obviamente va a haber transparencia, dijo.
Abundó que en el proceso de selección y otorgamiento participarán el gobierno federal, los gobiernos estatales y representantes sindicales, para que se pueda priorizar a los egresados de las Escuelas Normales y de la Universidad Pedagógica Nacional como sujetos a ingresar al servicio educativo.
Indicó que, en el pasado, hubo vicios por parte de cúpulas sindicales que no tuvieron la responsabilidad en la asignación y control de estas plazas, en efecto, se hizo mal uso de ellas.
En esta nueva legislación, añadió, se da justicia, equilibrio, igualdad y transparencia en materia educativa; además, se revindicará el derecho de los mexicanos a una educación digna, de calidad, de excelencia y de transformación a una educación crítica por la libertad.
Apuntó que se requiere acabar con los grandes males del país que son: la inseguridad, delincuencia, falta de empleo y de productividad, todo esto nos lo tiene que dar la educación pública, que fue una política que dejaron de hacer.
Priorizaron la educación privada sólo para un sector, y millones de mexicanos en el desempleo sin oportunidades para estudiar, y para ascender, había que estudiar en una escuela privada, comentó.
Santiago Chepi señaló que estas nuevas leyes deben ir acompañadas de un presupuesto orientado y aplicado a las necesidades de los mexicanos, sin que se desvíe como en el pasado. Esto se debió a programas de calidad que nunca se aplicaron.
Con gobiernos panistas y priistas se implementaron políticas donde la orientación era privatizar la educación de este país, reiteró
Boletín de prensa
]]>Michelle Bachelet dijo estar profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos de las personas en Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos esta semana.
“Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales”, apuntó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Bachelet recordó que la economía venezolana sufrió una contracción del 47,6% entre 2013 y 2018 según las cifras oficiales, y que con las nuevas sanciones que restringen aún más la actividad económica, las compañías y las instituciones financieras podrían ser cautelosas y detener completamente las transacciones relacionadas con el Gobierno de Venezuela para evitar ser penalizadas.
La Alta Comisionada reiteró que las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, pero agregó que éstas están exacerbando los efectos de la grave crisis –y por extensión de la situación humanitaria-, dado que la mayoría de las divisas externas provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están relacionadas con el mercado de Estados Unidos.
“Tomo nota de que las recientes sanciones técnicamente no se aplican a las “transacciones relacionadas con las provisiones de artículos, tales como alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano”. Sin embargo, es posible que aún así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas, debido especialmente a la existencia de un escrutinio excesivo (over-compliance) por parte de las instituciones financieras en el mundo que tienen relaciones comerciales con los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela”, expresó la funcionaria en un comunicado.
Añadió que existe evidencia suficiente de que las sanciones con efectos amplios pueden terminar afectando negativamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sus derechos económicos, así como sus derechos a la alimentación y salud, y que pueden implicar obstáculos para el acceso a la asistencia humanitaria. Incluso las sanciones más dirigidas y concretas, deben de contener garantías estrictas de protección de los derechos humanos, dijo.
“Llamo a aquellos actores que pueden tener influencia–tanto en Venezuela, como en la comunidad internacional- para que trabajen de manera conjunta y constructiva en la solución política de esta prolongada crisis en el país, colocando en primer plano los derechos humanos de las personas que sufren en Venezuela”, concluyó Michelle Bachelet.
Con respecto a la decisión del Gobierno venezolano de no acudir a las conversaciones con la oposición auspiciadas por Noruega y programadas para esta semana en Barbados, el portavoz del Secretario General de la ONU dejó clara la posición del organismo mundial.
“El Secretario General reitera el apoyo de las Naciones Unidas al proceso facilitador noruego”, dijo Stephan Dujarric.
Agregó que António Guterres está convencido de que “la única solución posible a la situación en Venezuela es un acuerdo negociado”.
Boletín de prensa de la ONU
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A la comunidad universitaria y la sociedad en general:
En relación con una denuncia pública de acoso en la Escuela Preparatoria Número Uno de la Universidad Autónoma de Yucatán, esta Casa de Estudios informa que inició de manera inmediata las indagatorias para deslindar responsabilidades con estricto apego y respeto a los Derechos Humanos, a fin de que a la brevedad se esclarezca lo ocurrido y se apliquen las sanciones correspondientes, en su caso.
Asimismo, la Universidad hace público su compromiso para que entre la comunidad universitaria exista una convivencia armónica, segura y libre de todo tipo de violencia, con particular énfasis en la violencia de género.
La legalidad, la justicia y la conducción del debido proceso, son valores que la Universidad considera indispensables ante situaciones como la que se ha denunciado.
En concordancia con lo anterior, el 4 de junio pasado se presentó ante el Consejo Universitario la propuesta del “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento y acoso sexual”, el cual tiene por objetivo establecer de manera clara los mecanismos y procedimientos para la prevención, atención y sanción de los casos de violencia de género, discriminación, hostigamiento y acoso sexual, que se relacionan con integrantes de la comunidad universitaria.
Finalmente, la Universidad Autónoma de Yucatán reitera su compromiso absoluto con la legalidad y los principios éticos que rigen la vida universitaria.
“Luz, Ciencia y Verdad”
Mérida, Yucatán, a 8 de junio de 2019.
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