Tienen un valor simbólico y ancestral para las comunidades originarias de nuestro país, coinciden senadores y especialistas.
Senadoras y senadores, así como especialistas coincidieron en que es necesario reconocer, respetar y proteger los lugares sagrados de los pueblos indígenas, porque tienen un valor simbólico, cultural y ancestral para las comunidades originarias de nuestro país.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, señaló que la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en septiembre pasado, reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su cultura, sus lenguas y sus bienes, incluidos sus lugares sagrados.
En la inauguración del foro de consulta “Los lugares sagrados: derechos de los pueblos indígenas”, destacó que uno de los antecedentes del tratamiento legal de estos espacios se encuentra en el decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados de las comunidades originarias de los pueblos indígenas, así como las rutas de peregrinación, firmado en 2023 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y que ese documento sólo reconoce como lugares sagrados a la Isla del Rey, en San Blas, Nayarit; la Isla del Alacrán, en Chapala, Jalisco; el Cerro Gordo, San Bernardino de Milpillas Chico, en Durango; Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí; y Santa Catarina, en Jalisco.
En ese sentido, dijo que este foro es para conocer la información de los expertos, a fin de coadyuvar con la elaboración de propuestas legislativas que ayuden a aprender, reconocer y proteger estos espacios de nuestros pueblos indígenas con todos sus derechos, sus costumbres y tradiciones.
Por su parte, Susana Harp Iturribarría, de Morena, explicó que los lugares sagrados no siempre están cerca de las comunidades indígenas, incluso, muchas poblaciones emigraron o radican en otras regiones, estados o países, pero siempre regresan a estos espacios porque tienen un valor simbólico, cultural y ancestral para ellos, por lo que deben respetarse y protegerse.
En ese sentido, la legisladora por Oaxaca dijo que hay muchos otros espacios sagrados en el territorio nacional que faltan por ser reconocidos, que se tienen que nombrar y cuidar, así como brindar acompañamiento a la población a la que pertenecen.
Karina Isabel Ruiz Ruiz, de la misma fracción, dijo que no debemos permitir que se pierdan las costumbres, la lengua, ni los lugares sagrados, además de que es preciso entender que somos parte de la naturaleza y de las tradiciones que nuestra gente tiene.
Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, destacó que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en la Constitución es sólo un paso, porque falta concretar la ley general de derechos de esos pueblos y poder armonizarla con todo el entramado jurídico de México.
Recordó que la aprobación de esa modificación constitucional fue por unanimidad por parte de los senadores y “eso quiere decir que hemos podido construir un sentido común en que los racistas, en que los clasistas, en que los discriminadores ya no se atreven a decirlo en público, sí lo dicen en privado, como el expresidente del Instituto Nacional Electoral que se burlaba de los chichimecas en una llamada telefónica”.
Gustavo Torres Cisneros, coordinador general de Patrimonio Cultural y Educación Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dijo que hablar de lugares sagrados es resultado de la solicitud y la insistencia de los propios pueblos indígenas, y que dichos espacios tienen un sentido de espiritualidad con el medio ambiente y con ellos mismos.
Boletín de prensa
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El gobierno será juez y parte en el manejo de la información pública y los datos personales, advierte José Bautista del ITESO, especialista en temas de transparencia. La opacidad y el abuso son riesgos latentes tras la eliminación de estos órganos autónomos.
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) representa un golpe a los derechos ciudadanos fundamentales, pues sin estos órganos autónomos que velen por la transparencia y la protección de datos el gobierno concentrará un control absoluto sobre la información, abriendo la puerta al manejo discrecional, la opacidad y el abuso alerta José Bautista Farías, especialista en transparencia y protección de datos.
“Es un retroceso que nos deja indefensos como ciudadanos. Ya no habrá independencia ni imparcialidad en la gestión de la información pública. Ahora será el propio gobierno quien decida qué se entrega y qué no”, dice Bautista, profesor jubilado del ITESO e integrante colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, que se celebra cada 28 de enero.
A fines del año pasado, el pleno de la Cámara de Diputados, dominado por Morena, aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que extingue siete órganos autónomos, los mencionados Inai –lo que a la postre traerá la desaparición de su par jalisciense, el Itei–, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El gobierno federal ha justificado la desaparición del Inai y otros órganos autónomos bajo tres argumentos principales: duplicidad de funciones, alto costo operativo y presunta corrupción dentro de estos institutos. Sin embargo, Bautista considera que estos argumentos no justifican el retroceso en derechos ciudadanos.
“Lo que está ocurriendo es un debilitamiento de los contrapesos de poder. Sin un órgano independiente no hay quien supervise al gobierno y eso va en detrimento de los ciudadanos”, subraya. En el caso del Inai, cabe destacar que sus funciones serán responsabilidad de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Se espera que ambas entidades –federal y estatal– desaparezcan a mediados de 2025.
Bautista argumentó que la desaparición de estos dos órganos implica la atomización de las responsabilidades en materia de transparencia y protección de datos personales. Anteriormente estos institutos actuaban como órganos rectores independientes. Ahora, las contralorías internas de cada nivel de gobierno asumirán esas funciones.
“A nivel municipal, serán los órganos internos de control los responsables de investigar, sancionar y garantizar tanto el acceso a la información como la protección de datos personales. Pero el problema es que muchos de los 2 mil 478 municipios del país no cuentan con estos órganos y en el caso del Poder Judicial tampoco existen contralorías específicas”, señala el también asesor del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) en Anticorrupción y Pro-integridad del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO.
La dispersión en el manejo de responsabilidades también genera incertidumbre sobre quién garantizará la correcta administración de bases de datos clave como la Plataforma Nacional de Transparencia. “No se sabe quién se encargará del resguardo de información confidencial y reservada. El decreto actual no establece nada y esto genera dudas graves sobre la seguridad de los datos”, comenta.
Bautista Farías advierte que la falta de un órgano autónomo obligará a los ciudadanos a recurrir al Poder Judicial para interponer recursos de revisión en caso de negativas o respuestas incompletas a solicitudes de información. Esto no solo incrementará la carga en un sistema judicial ya saturado, sino que también limitará el acceso a la justicia para muchos.
“El gobierno tendrá mayor control sobre la información y, por lo tanto, más posibilidades de decidir si la entrega o no. Esto elimina los contrapesos y facilita la opacidad en temas cruciales como las grandes obras públicas y el manejo de recursos”, puntualiza y recuerda casos recientes en los que el Inai obligó al gobierno a entregar información sobre proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, situaciones que podrían no repetirse en este nuevo panorama.
La falta de autonomía también afecta la seguridad de los datos personales. En 2024, el Sistema de Protección de Datos del Inai enfrentó 390 millones de ataques cibernéticos. Según el académico, garantizar la seguridad de los datos requiere inversiones significativas en tecnología y personal especializado, algo que la mayoría de los municipios no puede costear.
Ante este panorama, académicos y organizaciones de la sociedad civil, incluido Cimtra, han comenzado a reunirse con autoridades estatales para buscar alternativas, al menos para el caso de Jalisco. “Estamos trabajando para evitar retrocesos en los derechos ya garantizados por ley. Es vital que existan órganos con independencia de gestión que puedan atender los reclamos ciudadanos”, afirma.
El especialista enfatiza la necesidad de fortalecer la transparencia activa y el gobierno abierto, además de establecer mecanismos que aseguren la seguridad de los datos personales. La desaparición del Inai y el Itei no solo representa una reorganización administrativa, sino un retroceso en la democracia mexicana, advierte: “el acceso a la información y la protección de datos no son privilegios, son derechos fundamentales que fortalecen la participación ciudadana y limitan los abusos de poder”.
El 28 de enero es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, fecha que se conmemora en honor al Convenio 108, el primer instrumento internacional que se aprobó para la protección de estos derechos. Aquí algunas recomendaciones de especialistas y el Inai para que cuides tu información individual:
– No des a cualquier empresa tus datos personales y solicita una copia de la entrega de esos datos cuando debas hacerlo.
– No intercambies cualquier información ni publiques datos personales en redes sociales.
– Verifica cualquier información que te llega y sé precavido.
– No divulgues información que no tengas la certeza de que es verídica.
– Que tu manejo en redes sociales sea más reservado y privado.
– Utiliza contraseñas seguras y activa la autenticación de dos vías.
– Mantén tus dispositivos actualizados.
– Utiliza un software antivirus confiable.
– Cifra los datos.
– Sé cauteloso con los correos electrónicos y mensajes.
– Configura la privacidad en redes sociales.
– Realiza copias de seguridad de los datos.
– Elimina datos de programas y cuentas que ya no utilices.
– No compartas contraseñas.
– No respondas correos electrónicos que soliciten datos personales.
– No guardes contraseñas en lugares públicos.
– Verifica la autenticidad de los sitios web.
– Evita aceptar a personas desconocidas en redes sociales.
– Pregunta sobre la finalidad de la recolección de datos personales.
– Protege la intimidad, el honor y la reputación al publicar fotografías y videos.
Boletín de prensa
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El simbolismo de esta acción va más allá de la entrega de títulos, dice Sheinbaum
Notipress.- El gobierno federal entregará títulos de propiedad comunal a dos comunidades rarámuri en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Según compartió la mandataria Claudia Sheinbaum en la mañanera del 20 de diciembre de 2024, se trata de 1,485 hectáreas para la comunidad de Guasachique y 693 hectáreas para Bosques de San Elías Repechique, ambas reconocidas como propiedad comunal tradicional.
Esta acción forma parte de los planes de justicia para los pueblos originarios, basados en la reforma al artículo segundo constitucional, que reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Estas tierras habían sido despojadas durante décadas, y su restitución representa un paso crucial hacia la reparación histórica.
Asimismo, el simbolismo de esta acción va más allá de la entrega de títulos. Para las comunidades rarámuri, estas tierras son fundamentales para la preservación de su cultura, tradiciones y formas de vida sostenible, aseguró Sheinbaum. Además, se busca garantizar que estos territorios sean protegidos frente a intereses externos que amenacen su integridad.
Líderes comunitarios destacaron la importancia de esta entrega para preservar sus tradiciones y garantizar la sostenibilidad de sus territorios. También hicieron un llamado a las autoridades a continuar fortaleciendo la autonomía indígena mediante programas de apoyo que incluyan educación, salud y protección ambiental.
El gobierno federal también enfatizó que estas acciones son parte de un compromiso más amplio con los pueblos originarios de todo el país, reafirmando su intención de reparar históricamente los agravios sufridos por estas comunidades.
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Es curioso cómo, en pleno siglo XXI, aquellos que enarbolan la bandera de la justicia social y los derechos humanos parecen obsesionarse con una reforma constitucional que, en lugar de empoderar al ciudadano, lo deja prácticamente a merced de las decisiones del gobierno. Resulta irónico que sea la llamada Cuarta Transformación (4T) —la que prometía representar al pueblo— quien ahora está enfocada en limitar las herramientas que protegen al mismo pueblo de los abusos de poder. Claro, en un gobierno que se autoproclama defensor de los derechos de los ciudadanos, uno pensaría que el objetivo sería fortalecer esas garantías; pero parece que nos equivocamos.
A lo largo de la historia moderna, el constitucionalismo se ha consolidado como el mejor antídoto contra el totalitarismo, buscando que ningún gobierno tome decisiones arbitrarias sin el contrapeso de la ley. Para eso, se han creado mecanismos como el Habeas corpus y, en México, el juicio de amparo; instrumentos que permiten que el ciudadano se defienda de la autoridad, sin importar cuán nobles o revolucionarias sean las intenciones del gobierno en turno. Estos recursos, lejos de ser un capricho burgués, son la última línea de defensa ante los actos de autoridad que podrían resultar, digamos, “inconvenientes” para la ciudadanía. Pero, al parecer, algunos ven a estos mecanismos más como una molestia que como una garantía.
Es especialmente paradójico que, cuando en teoría deberíamos estar avanzando en el respeto y la progresividad de los derechos humanos —un principio que establece que los derechos se amplían, no se reducen—, el gobierno de la 4T nos ofrece una reinterpretación refrescante. Según su visión, resulta que esos “estorbos” del amparo y las defensas legales en realidad obstaculizan el avance de la “voluntad popular”. ¡Qué ironía! Nos vendieron una transformación, pero parece que lo único que quieren transformar es el derecho de los ciudadanos a defenderse contra el Estado.
¿Y cómo olvidar el tema de la progresividad de los derechos humanos? Este principio, consagrado en nuestra Constitución, busca que los derechos de los ciudadanos sean cada vez más robustos y completos. En lugar de que las herramientas de defensa se vayan recortando o limitando, deberían ser cada vez más accesibles, especialmente en un gobierno que se llama “progresista”. Sin embargo, la 4T parece haberse inspirado en el concepto de “progresividad” de manera algo… selectiva. Si se tratara de que los ciudadanos tuvieran menos recursos para oponerse a decisiones gubernamentales, parece que la progresividad se convierte en una conveniente regresión.
Entonces, mientras el discurso oficial clama a los cuatro vientos que este es un gobierno del pueblo, resulta que sus políticas tienden a reducir las garantías que los ciudadanos tienen para oponerse a sus actos. ¿No era la izquierda quien históricamente se había opuesto a los abusos de poder y defendía los derechos humanos con pasión? Pues al parecer, la 4T y sus herederos interpretaron este principio como “haremos lo que el pueblo quiere, siempre y cuando no critique nuestras decisiones.”
Además, pareciera que desde el discurso oficial se nos insta a confiar ciegamente en las decisiones del poder, incluso si estas provienen de reformas constitucionales. En otras palabras, si la Constitución se reforma para consolidar el poder, entonces no solo es legal, ¡es casi un deber aceptarlo! Y si un ciudadano osara cuestionar o defenderse contra esta nueva realidad, entonces se le está oponiendo a la voluntad del pueblo. Un razonamiento redondo, sin duda.
En definitiva, los controles constitucionales que existen para proteger la legalidad se vuelven casi un estorbo bajo esta nueva lógica. En lugar de ser instrumentos de justicia y equilibrio, se perciben como un obstáculo incómodo que bloquea la “transformación” que nos prometieron. Uno pensaría que un gobierno que se autodenomina progresista querría fortalecer estas defensas, pero parece que ese ideal quedó atrás, perdido en algún discurso de campaña. Mientras tanto, seguimos esperando, con una pizca de sarcasmo y mucha ironía, que la promesa de representar al pueblo se traduzca en un sistema que realmente lo proteja, y no en uno que lo debilite bajo el pretexto de la “voluntad popular”.
]]>La diputada del PRI señala que por ningún motivo las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos de las mujeres
Palacio Legislativo, 12-03-2023 (Notilegis).- La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) informó que impulsa una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que las mujeres de las comunidades indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votadas en condiciones de igualdad y paridad.
“Ya basta de manipular y ostentarse en el uso y costumbre para detener el desarrollo, la capacidad, y sobre todo, la participación de las mujeres en sus comunidades”, externó en un comunicado.
“Dicen que la paridad debe darse de manera gradual, pero les pregunto, ¿la libre autodeterminación en estas comunidades quién los define?, pues resulta que los hombres, ¿y entonces cuándo ‘chingados’ va a llegar la paridad?, pues nunca”, recalcó.
La iniciativa, rubricada por todas y todos los diputados del PRI, plantea reformar el artículo 2 de la Constitución, para asegurar que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad y paridad, aun cuando esté establecido que se debe elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.
Con ello se busca adecuar de manera justa la normatividad electoral en los sistemas normativos internos, respetando los derechos de las mujeres indígenas bajo un enfoque de género y la maximización de sus derechos político-electorales.
Refirió que datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca reportaban, hasta 2020, que solo el 4.6 por ciento de las presidencias municipales, bajo Sistemas Normativos, eran ocupadas por mujeres; “es imposible hablar de democracia cuando aún hay indicios de mujeres que no pueden gozar plenamente de sus derechos”.
Señaló que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
Subrayó que los derechos de las mujeres indígenas son una deuda histórica y el Estado debe reconocer la diversidad cultural, motivo por el que es necesario garantizar la paridad de género en la integración de los Cabildos que se rigen bajo Sistemas Normativos Internos.
Boletín de prensa
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Secretario de Gobernación Adán Augusto López rememoró a dos de los últimos tres militares que han sido presidentes de México
NOTIPRESS.- Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, dijo que un militar sí puede ser presidente de México, siempre y cuando se someta a las urnas. La declaración ocurrió el 22 de octubre del 2022 frente a los legisladores en el Congreso del estado de Hidalgo. El motivo de dicho discurso fue solicitar apoyo para la reforma constitucional de ampliación del plazo para las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028.
Al respecto, mencionó a dos de los últimos tres militares que, además de dicha profesión, han sido Presidentes de la República. Es decir, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río y Manuel Ávila Camacho, los tres casos, de formación puramente militar. Para Abelardo Rodríguez, ejerció la presidencia en calidad de interino del 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Este presidente llegó a raíz de la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, el 2 de septiembre de 1932, un día después de presentado su segundo informe presidencial. Ortiz Rubio argumentó que algunas personas no lo dejaban ejercer sus facultades constitucionales de Primer Mandatario.
Algunos datos interesantes durante el interinato de Abelardo Rodríguez, son la reforma antirreeleccionista a la Constitución, cuya proclamación evita la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular. Dicha reforma se estableció el 29 de abril de 1933. Otro dato interesante es por el decreto del 2 de mayo de 1933, que otorgó el completo control de cambios al Banco de México.
En segundo lugar está Lázaro Cárdenas del Río, quien ante muchos fue el único presidente que supo hacer justicia a la Revolución Mexicana de 1910. Fue el presidente que repartió más tierras además de las mayores parcelas. Creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal y organizaciones sindicales como la Confederación Nacional Campesina. Sin embargo es más recordado por crear el Partido de la Revolución Mexicana, predecesor del PRI. Además acogió a más de 40 mil exiliados españoles y al célebre León Trostsky.
Pero sin duda lo que más marcó su sexenio fue el antecedente de la expropiación petrolera entre 1937 y 1938 con la completud de la nacionalización de la red ferroviaria. Después expropió los bienes de compañías petroleras residentes en México lo que provocó la ruptura de relaciones con Reino Unido. Finalmente, después de una serie de altercados entre obreros y empresas y su negativa de aumentar salarios, expropió a las empresas petroleras, el 18 de marzo de 1938. Al mismo tiempo de la expropiación, nació Petróleos Mexicanos (PEMEX).
La ocupación de máximo dirigente de las fuerzas armadas del país fue la de Manuel Ávila Camacho, cuyo mayor reto fue el de la Segunda Guerra Mundial. Durante su mandato se decretó la Ley del Seguro Social a la par de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él abolió la educación socialista, que vio nacer al Instituto Politécnico Nacional y creó organizaciones como la SNTE. También durante su mandato se creó la Secretaría del Trabajo. Además, en su gobierno se dieron los antecedentes de TLC y del T-MEC, acuerdos comerciales de la región norte del continente americano. Es decir, un acuerdo comercial, firmado en diciembre de 1942 en el que México se comprometía con el gobierno de Estados Unidos. Esta relación consistía en la venta exclusiva de México de la totalidad de materiales estratégicos para la guerra y de fibras duras.
En resumen, la aseveración de Adán Augusto es totalmente válida y tiene antecedentes históricos que han moldeado la vida política y social de México. Sin embargo, no fue la más atinada para solicitar el apoyo de una oposición que ha establecido una narrativa negativa alrededor de la presencia del Ejército Mexicano en labores de seguridad.
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La diputada naranja Vida Gómez vota en lo general a favor de la reforma constitucional, pero en lo particular en contra de la Ley, porque se queda corta en materias de seguridad y regulación.
MÉRIDA, YUCATÁN, MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022.- Movimiento Ciudadano respaldó en lo general la reforma constitucional en materia de movilidad, y votó en contra en lo particular la creación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, ambas aprobadas hoy por mayoría de votos.
La legisladora naranja Vida Gómez Herrera subrayó la relevancia de establecer en la Constitución el derecho a la movilidad, pero hizo énfasis en que la Ley tiene notorias omisiones, lo que motivó su voto particular en contra, con la finalidad de que se haga un análisis más profundo para abordar los temas que no se tocaron.
Observó que en la Ley aprobada no se incluyó el enfoque sistémico y de seguros que protejan a las personas en sus desplazamientos ni se estableció la obligación de los Ayuntamientos de contar con Direcciones Municipales de Movilidad.
Tampoco se aceptó la instalación de botones de pánico en unidades de transporte público, a pesar de la creciente inseguridad y del inicio de rutas nocturnas; no se obliga a las secretarías de Salud y de Seguridad Pública a entregar información prehospitalaria al Sistema de Movilidad.
No hay mención a detalle de los derechos de las víctimas de accidentes viales ni se considera al INCAY en la aplicación de criterios de movilidad en el diseño y construcción las carreteras del Estado, así como tampoco se regula el transporte de carga, de conformidad a la Ley General.
Destacó que la Ley incluye algunos asuntos propuestos por Movimiento Ciudadano, como los Principios Esenciales de Movilidad (Accesibilidad, Calidad, Diseño Universal, Inclusión e igualdad, Seguridad vial y Sostenibilidad, entre otros), la Movilidad con Perspectiva de Género y la Señalética con inclusión pluricultural; sin embargo, son más las omisiones y ausencias en cuanto a seguridad y regulación.
“La movilidad y la seguridad vial impacta en otras leyes que no se tocaron, como las Ley de Tránsito y Vialidad y su reglamento, la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, entre otras. Por eso seguiremos promoviendo y defendiendo las causas de la ciudadanía hasta lograr que todos estos puntos se incluyan en las leyes”, dijo.
Boletín de prensa
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Es indispensable dar respuesta al reclamo histórico de esta población: diputado Alfredo Vázquez
Concluyó el foro “Los derechos de los Pueblos Indígenas en México. A 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”
El presidente de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (Cocopa), diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), apuntó que se requiere materializar la reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. “Es indispensable formular una propuesta para dar respuesta al reclamo histórico”.
Al clausurar el Foro “Los derechos de los Pueblos Indígenas en México. A 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, convocado por esa instancia legislativa y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, realizado en la antigua sede del Senado, afirmó que el Congreso de la Unión tiene la oportunidad y está en un momento histórico para elevar a rango constitucional los derechos de las comunidades autóctonas y afromexicanas.
Con esta modificación a la Carta Magna se consolidarán los puentes que lleven a una sociedad más justa, más digna y a una paz duradera, aseguró.
Sostuvo que los pueblos autóctonos esperan que se retome este asunto tan importante y se lleve a cabo la reforma constitucional en materia indígena, cuya consulta se ha realizado a través de 54 foros regionales en 2019, resultado de la sistematización de 16 ejes temáticos que identifican los aspectos que debe tener la iniciativa.
Refirió que hoy el compromiso es consolidar el reconocimiento de los derechos indígenas y afromexicanos, mediante una reforma constitucional, como producto del diálogo y consulta sobre sus derechos. “Es necesario como sociedad retomar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”.
Dichos acuerdos, subrayó, desafortunadamente pasaron a la historia como una traición del Gobierno federal de aquel entonces, porque no cumplió con lo pactado con los pueblos indígenas y destrozaron la esperanza de lograr un pacto social y político que reconociera sus derechos.
Mesa 1 Aportes de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y la iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígenas de la Cocopa
Al moderar la mesa, Josefina Bravo Rangel, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, resaltó la importancia de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como una causa justa.
Jaime Martínez Veloz, integrante de la primera Cocopa, redactora de la Iniciativa de la Ley Cocopa, planteó que tras 26 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar “este Gobierno debe pasar de los dichos a los hechos. Pasemos del discurso a los hechos y que el Gobierno cumpla con lo que se comprometió”.
Gonzalo Ituarte, vicario de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, llamó a actuar y no esperar a que vuelva a haber presión. “Hay que responder porque el futuro de México está en juego y la causa es justa.
La reforma constitucional permitirá que las instituciones del Estado y la sociedad vuelvan a escuchar la voz de las comunidades autóctonas, que “ya no se finja el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y se asuman los retos nuevos de la realidad nacional y se respeten sus derechos”.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena), representante del Congreso del estado de Chiapas en la Cocopa, apuntó que lo que sucede en la entidad es un asunto de Estado, por lo que la Cocopa debe tener todo el apoyo, se debe desterrar la desigualdad y las violencias; mantener la paz es decisivo para la estabilidad de la República.
Mesa 2 La Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), presidente de la Cocopa, al moderar la Mesa 2, señaló la relevancia de reconocer a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, para ejercer sus derechos humanos y funciones de autoridad.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, Irma Juan Carlos (Morena), comentó que “debemos pasar del discurso a los hechos. Es un proceso que está costando, hay resistencias, pero hay avances importantes”.
Está pendiente el reconocimiento de sus derechos en la Constitución y la minuta sobre el derecho a la consulta. Refirió los 54 foros regionales en 2019, replicándose en 2021 para reformar 15 artículos constitucionales donde se identificaron 16 ejes temáticos que retoman los asuntos de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó su disposición para saldar la enorme deuda de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, como los políticos, a fin de acelerar discusiones pendientes. Propuso trazar una ruta para reconocerlos plenamente.
Consideró que en los temas fundamentales hay consenso para aprobar la reforma constitucional en la materia. Propuso crear una Conferencia Parlamentaria con la Cámara de Diputados hacia el acuerdo.
Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, comentó que la reforma a la Carta Magna tiene tres características fundamentales para modificar 16 artículos, “es una reforma integral, transversal e intercultural que se nutre de las visiones de las comunidades y de las diversas perspectivas culturales”.
Hizo votos para que progrese la propuesta que analiza el Poder Ejecutivo y se concrete en las mejores condiciones políticas. “Es un asunto de elemental humanidad, no podemos seguir negando el reconocimiento de sus legítimos derechos y reclamos”. Llamó a todas las fuerzas políticas a concretarlo.
Mesa 3 El impacto y consecuencias del levantamiento zapatista
Como moderador, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD), integrante de la Comisión Bicamaral, llamó a asumir el compromiso como Poder Legislativo y dar respuesta a los desplazados internos tras el levamiento armado; están en todo su derecho de exigir a las autoridades la reparación de sus derechos vulnerados.
“No es un asunto del Gobierno Federal, sino de todas y todos, incluyendo al congreso estatal y al gobierno de Chiapas, independientemente al partido político a que pertenezcan”, dijo.
A través de un video, la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) sostuvo que tras 26 años los acuerdos se han cumplido parcialmente por falta de voluntad política del Gobierno Federal, el Congreso y los gobiernos estatales. Los pueblos originarios siguen siendo los más pobres provocando desplazamientos internos y son avasallados por los grandes proyectos de infraestructura vulnerando su unidad y causando daños irreparables a sus ecosistemas y medio ambiente.
La senadora Sasil Dora Luz De León Villard (Encuentro Social), integrante de la Comisión Bicamaral, dijo que los Acuerdos de San Andrés deben retomarse con gran responsabilidad. Hoy, a 26 años, tenemos muchas deudas pendientes con nuestros pueblos originarios, porque a pesar de que han existido reformas y se han materializado en papel, en los hechos falta mucho por hacer.
Francisco Agustín Urbina Pérez, representante de Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de conflicto de Chiapas AC, urgió a pacificar esa entidad, porque los pequeños propietarios y ejidatarios al no participar en el conflicto armado “fuimos desplazados y vivimos condiciones muy difíciles, no podemos regresar a nuestras tierras, nos invisibilizan y discriminan. En este tipo de foros es la primera vez que nos toman en cuenta”. Pidió a los legisladores e instituciones buscar una ruta para que se les haga justicia.
Boletín de prensa
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Hay que conservar las culturas y las lenguas que conforman la identidad de México: diputada Irma Juan Carlos
Participaron en la presentación del libro “Las LENGUAS toman la Tribuna”
La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho afirmó que la LXV Legislatura tendrá el reto de culminar el proceso legislativo de la reforma al artículo 2 de la Constitución, para que tenga vigencia los cambios que establecen que el español deja de ser reconocido como el único idioma nacional e incorpora, como lenguas nacionales, a 68 idiomas y lenguas de los pueblos originarios.
Al participar en la presentación del libro “Las LENGUAS toman la Tribuna” dijo que “no es una cuestión meramente retórica declarar que el castellano, es el idioma nacional, se trata de que al introducir como idiomas y lenguas de los pueblos originarios en la Constitución a 68, significa que el Estado mexicano se obliga a reconocerlas, por la vía de los hechos”.
Mencionó que las reforma que ha impulsado la LXIV Legislatura en este sentido, están orientada a abrir umbrales hacia mejores condiciones de vida de los pueblos indígenas, fortalecer su educación pluricultural y plurilingüe, preservar sus culturas y sus lenguas.
En diciembre 2018, relató, se aprobó la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; la reforma constitucional a favor del derecho a recibir una educación plurilingüe e intercultural, fue validada en mayo de 2019; reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, permitirán que sean protegidas las obras que surgen de las cultura populares y tradicionales de los pueblos originarios, y las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, posibilita que los pueblos indígenas transmitan en sus lenguas originarias.
Sobre la publicación, dijo que hoy se llega a buen término un esfuerzo valioso y persistente que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, han llevado en conjunto del 21 de febrero de 2019, esa fecha Día Internacional de la Lengua Materna, marcó el arranque de 12 meses de intervenciones en lenguas originarias, desde un espacio reservado para las y los legisladores de San Lázaro.
El título del libro, precisó, es único en la historia de México, “Las LENGUAS toman la Tribuna”, y así fue, pues la tomaron 45 lenguas y 48 hablantes de las lenguas, principalmente, mujeres. Añadió que el libro, reúne la imagen y testimonio de las y los participantes en la máxima Tribuna de la nación del Palacio Legislativo de San Lázaro.
“Las LENGUAS toman la Tribuna”, añadió, parte de un impulso internacional a favor de dar a conocer las lenguas de los pueblos originarios y de preservarlas en contextos en los cuales un importante número de ellas se encuentran en peligro de desaparecer.
Indicó que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados a unos días de su conclusión, muestra a través de esta obra que los acuerdos entre grupos parlamentarios, entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo son posibles cuando se trata de avanzar hacia el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
Satisfacer demanda de los pueblos originarios
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), llamó a conservar las culturas y las lenguas que conforman la identidad de México. Añadió que la Cámara de Diputados llevó el proyecto “Las LENGUAS indígenas toman la Tribuna”, con ello, el Palacio Legislativo recibió de febrero de 2019 a febrero de 2020, a 48 hermanas y hermanos hablantes de 45 lenguas indígenas, que durante las sesiones ordinarias se expresaron con fuerza y contundencia en sus lenguas originarias.
Calificó este trayecto, como histórico, el cual es consignado de manera editorial en el libro que hoy se presenta. “Las LENGUAS toman la Tribuna”, dijo, en sus páginas reúnen un fractal de voces y lenguas que tuvieron un lugar y tiempo especial en la máxima Tribuna de la nación, para reconocer la sabiduría, historia y tradición de las lenguas originarias, su identidad milenaria, sus demandas urgentes y su valor cultural.
El libro, expuso, nos recuerda que al desaparecer una lengua se pierde una cultura y una forma de habitar el mundo. De ahí, afirmó, la importancia de que los pueblos originarios prevalezcan, vean satisfechas sus demandas urgentes por el agua, el territorio y la vida. “De ello depende que existan estas lenguas y estos pueblos”.
Juan Carlos se pronunció porque las lenguas no sean sombras sino luz, que le den un nuevo rostro a México. Agregó que para la LXIV Legislatura, “es de gran relevancia presentar este libro, que es parte de un ejercicio de democracia y pluralidad que contribuye a promover los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y a eliminar las barreras para que estos idiomas recobren su importancia a favor de la diversidad cultural de México, su riqueza, sabiduría y color”.
Boletín de prensa
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A nombre de la bancada, el diputado Raymundo García la considera un avance para que esos derechos no sean sólo un adorno en la ley
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, afirma que es una oportunidad para un nuevo contrato social con ellos
Palacio Legislativo, 09-08-2021 (Notilegis).- A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Raymundo García Gutiérrez avaló la iniciativa de reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, pues constituye un paso importante para hacerlos realidad.
Al participar en el Foro “La Construcción de la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas” que organizó la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Cámara, argumentó que dicha iniciativa busca establecer una nueva relación entre éstos y el Estado Mexicano.
A través de un comunicado, aseguró que se busca reconocer a tales pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y crear las condiciones para que sean artífices de su propio desarrollo a partir de sus formas de gobierno y organización, respetando al mismo tiempo los derechos que se les reconocen en el ámbito internacional.
“Desde lo particular, saludo con agrado la propuesta de que en la iniciativa se reconoce a los pueblos indígenas a decidir libremente sus formas de gobierno y de organización social, económica, política, jurídica y cultural”, puntualizó.
Sin embargo, también consideró necesario un estudio a profundidad de la iniciativa y de la situación real en la que se encuentran los pueblos y comunidades afromexicanas para una acertada toma de decisiones a fin de superar las dificultades que enfrentan.
Agregó que a diario se movilizan diversos grupos indígenas para reivindicar sus derechos a partir de su condición étnica y su derecho a la autodeterminación de los territorios y el uso de los recursos propios y la atención a este punto es también un acierto en la iniciativa.
En ella se reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, así como sus costumbres y sistemas de tenencia de la tierra, por lo que se garantiza su reconocimiento, delimitación y protección.
Consideró esto muy acertado, ya que muchos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se encuentran bajo autoridades ajenas que ejercen el control sobre sus tierras, territorios y recursos.
El parlamentario federal guerrerense agradeció a hombres y mujeres en general que han luchado desde hace muchos años por hacer realidad el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y comunidades, de modo que no queden sólo como un adorno en las normas.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra este 9 de agosto, consideró la iniciativa de reforma constitucional en la materia como una oportunidad para establecer un nuevo contrato social con ellos.
Boletín de prensa
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Será considerado lo expuesto por expertos en el Parlamento: diputada Irma Juan Carlos
Expertos proponen una reforma constitucional para desarrollar todos los derechos indígenas y establecer una nueva relación
Se clausuró el Parlamento Abierto virtual de análisis rumbo a la dictaminación de la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en donde legisladoras y legisladores, integrantes de las comisiones de Pueblos Indígenas y de Gobernación y Población, externaron sus comentarios al respecto.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena) precisó que será revisada minuciosamente la redacción de la iniciativa y se considerará todo lo que se expuso en el foro. Habrá temas de mucha discusión y que se tiene que analizar en términos jurídicos, para no incurrir en faltas y violaciones a los derechos.
Dijo que “el documento está pensando en el reconocimiento de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos; no es un favor que le hacemos, no queremos formar parte de la historia gris y negra del país que los abandonó; se trabaja pensando en el desarrollo del país y el respeto de los derechos fundamentales”, señaló.
Refirió que presentó una iniciativa para reformar la Carta Magna tendente a reforzar los derechos de las etnias, construida con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), “venimos revisando estos temas para no dejar vacíos legales” aseguró. Hizo votos porque la Comisión de Puntos Constitucionales la dictamine a favor.
Consideraciones de las diputadas y los diputados
La diputada Mayusa Isolina González Cauich (PRI) comentó que se tiene que trabajar, concretar, ser palpable y real este pleno respeto a los derechos humanos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas. “Legislar sobre la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos no es un favor que el Estado le hace al pueblo; es un derecho que se tiene que reconocer, garantizar, promover porque así lo mandata la Constitución”.
La legisladora María del Carmen Almeida Navarro (Morena) dijo que, están dispuestos en hacer una ley general pero también asumir la responsabilidad, compromiso y el trabajo que implica darles lugar a estas comunidades. “Decirle específicamente al sector minero, que esta ley no solo viene con un retraso histórico, sino que viene para quedarse y mejorar, vamos a hacer todo lo posible porque sea una ley que sea ejemplar a los estándares internacionales.
El diputado de Morena, Alejandro Ponce Cobos, dijo que es importante analizar y aprobar la iniciativa ya que los Pueblos y Comunidades Indígenas han estado abandonados en la historia del país. “La Comisión ha hecho valer sus derechos; hemos hecho valer las voces de nuestros pueblos originarios, se les hace justicia y se les reconoce”.
Participación de expertos
Tatiana Alonso Sierra, profesora de tiempo completo de Derecho en el ITAM, comentó que existen diversas áreas de oportunidad en la iniciativa que pueden mejorar para que esté al nivel de estándares internacionales. “Es importante que la iniciativa legislativa reconozca el carácter de la función como medio para garantizar la libre determinación de la autonomía de los pueblos indígenas”.
José Gabriel Baeza Espejel, integrante del Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales, propuso introducir en el artículo 14 de la iniciativa el concepto de “evaluación de impacto social y ambiental” y que la SEMARNAT sea la encargada de estas evaluaciones. Además, que los gobiernos Federal y estatales financien dichos estudios.
De la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C., María Nieves García-Manzano, coordinadora de Asuntos Indígenas, consideró que el derecho a la consulta tiene que estar reconocido en el artículo dos de la Constitución, para derivar después en una ley reglamentaria a ese precepto y establecer una estructura normativa jerárquica, a fin de evitar que haya diversas leyes que regulen la consulta, sólo así habrá una institucionalización clara. Dijo que los pueblos tienen que definir cómo quieren elegir a sus autoridades para que sean reconocidas por las comunidades y por los gobernantes, a fin de evitar la exclusión en las decisiones.
Juan Carlos Martínez Martínez, coordinador general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), planteó no olvidar que es fundamental tener una reforma constitucional que pueda desarrollar todos los derechos indígenas para establecer una nueva relación. Consideró que la Ley General aspira a dar claridad a la certeza jurídica para los pueblos y terceros interesados para realizar proyectos en beneficio social, no por encima de los derechos indígenas.
Guillermo Morales Gutiérrez, director de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas dijo que la iniciativa en cuanto al marco jurídico sí se ha tomado en cuenta tratados internacionales. Asimismo, que la ley de consulta para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sería una ley marco que regiría procesos de consulta de actos de autoridad que se pretenden llevar a cabo o implementar.
Aristeo López Pérez, secretario de La Nación Otomí e Indígena Hñähñu comentó que se debe trabajar en incorporar las demandas planteadas en los foros. También implementar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo del sector indígena que involucre temas de educación, economía, sustentabilidad, lengua, cultura, infraestructura, espacios culturales, justicia, alimentación, entre otros.
María Rosa Guzmán Valdez, en representación de la Comisión para el diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, dijo que a diferencia de la consulta pública, la indígena cuenta con criterios que deben de estar presentes para garantizar un adecuado proceso, no debe de agotarse como un mero trámite formal y debe concebirse como un verdadero instrumento de participación.
Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que es necesario cumplir los estándares internacionales como el consentimiento libre, previo e informado basado en los derechos humanos y el informe de la relatoría especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. “El no cumplimiento de estos estándares generan desconfianza, conflictos y múltiples violaciones a derechos humanos”, señaló.
Rodolfo Moreno, doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, catedrático de Derecho Civil Mercantil en el Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial, apuntó que la consulta es un derecho que debe reconocerse no puede posponerse, ni frenar la discusión; sugirió superar los retos políticos y técnicos para aprobar la Ley General y no detener o retrasar la expedición, así como privilegiar el compromiso de civilidad política y social para garantizar el acceso a la consulta.
Simón Néstor Ruiz Hernández, enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas A.C., integrante del pueblo afromexicano, aseguró que esta población pasa desapercibida y está excluida en la exposición de motivos del proyecto de dictamen, por lo que propuso modificar el artículo 10, fracción vigésima cuarta, para incluir a esta población, quien tienen su propia cultura y tradiciones, no inventamos nada, estamos por siglos en el país; no obstante, sólo se refiere a los indígenas la propuesta.
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Se inaugura el parlamento abierto sobre la reforma que plantea otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de ciberseguridad
Palacio Legislativo, 26-02-2021 (Notilegis).- La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que la eventual reforma constitucional en materia de ciberseguridad resulta necesaria para crear un marco normativo dinámico.
Lo anterior, en un comunicado relativo a su participación en la inauguración del parlamento abierto virtual “Análisis de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ciberseguridad”, organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Comentó que se plantea reformar la actual fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional, para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de ciberseguridad.
“Venimos a este parlamento abierto porque es necesario zanjar las dudas sobre los fines de la propuesta. En ningún momento se pretende afectar el derecho a la libertad de expresión, lo que se pretende es contar con certeza jurídica para la seguridad de todos quienes usamos los medios digitales”, expresó.
Expuso que la realidad inminente en el plano de la tecnología ha propiciado el intercambio de datos de toda índole, tanto en plataformas públicas como privadas, “siempre con la aparente confianza de que no existe riesgo por el tratamiento que se le dé a esa información”.
Sin embargo, advirtió que no todo lo que se puede encontrar en la red de internet es confiable y, en consecuencia, no toda la información que se entregue de manera voluntaria está libre de ser vulnerada; muestra de ello han sido los ciberataques que se generan cada vez con mayor frecuencia.
Estos ataques cibernéticos, mencionó, constituyen un riesgo natural al que se ve comprometida la seguridad de usuarios públicos y privados desde distintos ámbitos, toda vez que no escapan a la realidad actual los cambios en cuanto a trámites en línea; negocios, ventas, y recreación y ocio, porque afectan la integridad de los sistemas electrónicos producidos para tal efecto, robos de identidades y hasta delitos.
Por su parte, el diputado Javier Salinas Narváez (Morena) indicó que en el caso particular del ciberespacio como nuevo entorno estratégico de desarrollo y seguridad nacional los objetivos e intereses nacionales plasmados en la Constitución como garantizar los derechos humanos, la salud, educación, las tecnologías de información y telecomunicaciones, tienen un impacto directo en el desarrollo nacional.
Razón por la que es importante “incluir en la Constitución aspectos como la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico desde un enfoque de seguridad nacional”, expuso.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) señaló que el tema de ciberseguridad tiene dos dimensiones; el internacional que corresponde al derecho público y el derecho entre las naciones; y la que se refiere a la esfera interna del país, que consideró, merece una reforma constitucional muy bien pensada.
“Ha evolucionado de un problema de seguridad nacional a un problema de seguridad personal, de seguridad ciudadana; ese es el tema que se está tocando aquí fundamentalmente,” comentó.
Recordó que estos temas ya han sido parte de reflexiones en el pasado, pero no se han alcanzado las acciones para fundamentar el marco constitucional que implica el espacio cibernético, y advirtió, que sin acuerdos nacionales sobre estos temas se debilita la participación que México pueda tener a nivel internacional.
El parlamento abierto contó con la participación de académicos y especialistas en derecho y ciberseguridad, quienes coincidieron en la necesidad de la construcción de un ecosistema de ciberseguridad que involucre al gobierno, a las instituciones de seguridad pública, a la comunidad técnica y a la sociedad civil.
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Plantea reformar el artículo 6º de la Constitución Política
El propósito es eliminar la brecha de desigualdad digital
La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (Encuentro Social) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 6º de la Constitución Política, con el propósito de que el Estado garantice el acceso gratuito de banda ancha e Internet.
La reforma, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, precisa que “el servicio que preste el Estado será sin fines de lucro”.
La diputada refirió que en la reforma constitucional de 2013, se estableció el derecho al acceso de internet, a las tecnologías de la información, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda ancha e internet. Se modificó el artículo 6º a efecto de que el Estado garantizara las condiciones de competencia en la prestación de los servicios.
“Esta reforma, a la luz de siete años, muestra costos elevados en el servicio de internet, falta de cobertura universal y no siempre, una sana competencia”, mencionó en la iniciativa.
Citó que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 arrojó que en el país había 80.6 millones de usuarios de Internet y 86.5 millones de abonados de telefonía celular; de este total, 76 por ciento se localizan en zonas urbanas y el resto en regiones rurales, lo cual constituye una brecha digital.
Señaló que de cada cien hogares en la Ciudad de México, 96 cuentan con Internet; en contraste, en Chiapas solamente tienen este servicio 19 de cada cien inmuebles, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).
Por ello, consideró que la labor del Estado para completar la garantía dispuesta en el artículo 6º constitucional, es apremiante y necesaria.
Añadió que dicho artículo ya obliga al Estado a proveer el servicio y lo que se busca es la gratuidad del mismo. Esto está soportado a partir de dotar de capacidad jurídica al proyecto de Internet universal y gratuito, ya que la capacidad material, económica, técnica y administrativa corresponde al Presupuesto y a la labor de la empresa subsidiaria, precisó.
Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se contempló la cobertura de Internet para todo el país mediante la instalación de redes inalámbricas en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios
Es una tarea positiva de los Estados establecer mecanismos para el acceso de Internet a los sectores mayoritarios de la población, el Estado debe ser un facilitador del acceso a las tecnologías de la información en lugares accesibles y para personas con discapacidad, dijo.
En ese sentido, puntualizó que la infraestructura que se desarrolle es vital para garantizar que todos los habitantes de un país, un Estado o un municipio, sin menoscabo de los derechos humanos y libre de discriminación, puedan acceder a internet.
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Palacio Legislativo, 18-11-2020 (Notilegis).- La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que la reforma constitucional para reconocer a lenguas indígenas como nacionales es un acto de justicia y de reconocimiento a los más de 20 millones de mexicanos que hablan un idioma originario.
Al fundamentar el dictamen que reforma el artículo 2 de la Constitución Política, en tribuna, la legisladora subrayó que dar el carácter de oficiales a las lenguas indígenas no es sólo retribuir y hacer justicia a las mismas, sino darles la importancia que cada una de ellas y sus variantes deben tener en México.
“Son parte de nosotros, son parte de nuestra cultura, son parte de nuestras raíces, son parte de quienes somos y de quienes seremos”, manifestó.
Alavez Ruiz apuntó que la adición de un párrafo tercero al artículo 2 constitucional complementa el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, “pues con esta modificación constitucional es el Estado quien reconoce el patrimonio cultural que constituyen para nuestra nación las lenguas indígenas”.
“Para ello deberá promover su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso. A través de estas medidas se deberá propiciar que las lenguas indígenas alternen con el español en los espacios públicos y privados, según corresponda”, agregó.
Finalmente, señaló que la acción decidida del Estado y esta reforma “ayudarán, sin lugar a dudas, a romper barreras y obstáculos no sólo para que no se pierda el patrimonio cultural que representan las lenguas indígenas, sino a involucrarse en el proceso de desarrollo nacional”.
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La propuesta es para que legislaturas y autoridades locales la conozcan y retomen lo que consideren pertinente y apropiado
Palacio Legislativo, 25-05-2020 (Notilegis).- La diputada Adela Piña Bernal (Morena), presidenta de la Comisión de Educación, afirmó que la propuesta de “Ley Marco” en materia educativa –construida por diputados federales, senadores y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP)– para que los estados armonicen su legislación local con la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019, “jamás ha pretendido imponerse”.
Esa ley marco se presentó “a efecto de que las legislaturas, así como las autoridades educativas locales, la pudieran conocer y retomar de ella lo que, en su caso, consideraran pertinente y apropiado”.
“Somos total y absolutamente respetuosos de la soberanía de las entidades federativas, sin dejar de mencionar que si bien dichas entidades gozan de autonomía para la toma de decisiones de gobierno en su ámbito de competencia, su legislación debe de estar en completa concordancia con la legislación federal, para así conservar su validez y vigencia”, abundó.
La armonización normativa de los estados con la Constitución de la República es de la mayor relevancia, ya que se trata de un derecho humano fundamental: la educación.
“Se trata, además, de una materia en la que tanto la Federación como las entidades federativas y municipios están obligadas a unir esfuerzos, recursos y voluntades para hacer frente a los diversos problemas que afectan el adecuado ejercicio de este derecho que debe ser en efecto la herramienta primordial para alcanzar el bienestar de todas las personas”.
Finalmente, la legisladora expresó su absoluto respeto a las y los diputados locales integrantes de las comisiones de Educación de los 32 congresos locales, “quienes de manera comprometida, responsable, libre y soberana han iniciado el proceso de armonización de su legislación en materia educativa”.
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Al hacer la propuesta, la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade (Morena), secretaria de la comisión, destacó la importancia de este posicionamiento ante “estos casos de destrucción en las instituciones académicas de nivel superior”.
Su compañera de bancada, la diputada María Chávez Pérez se manifestó en contra del acoso no sólo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sino en las diversas instituciones. “Las escuelas deben ser para formar y educar, no para hundir o pervertir a los alumnos”, enfatizó.
La presidenta de la comisión manifestó el respeto a la autonomía universitaria, pero la violencia a su interior “es algo que nos compete, porque son alumnas y alumnos que están siendo violentados”. De ahí la importancia de atender la situación de manera inmediata.
“Que se escuchen las inquietudes y preocupaciones de los estudiantes, porque no es posible que en los lugares donde deben estar más protegidos es donde se cometan este tipo de actos”.
Añadió que el problema de la violencia se debe atacar de manera estructural. “No es uno que se dé sólo en la escuela. Vivimos en una sociedad violenta. Hay que resolver poco a poco los problemas estructurales que la generan”.
Durante su reunión ordinaria, también se aprobó un calendario de foros regionales para abordar lo referente a la armonización de la legislación en materia de la reforma educativa y que “no quede en letra muerta”.
Explicó que la Constitución establece un plazo para que los estados armonicen la legislación secundaria al Artículo 3° de la Carta Magna y a la Ley General de Educación, el cual vence el 15 de mayo.
Dijo que hay entidades más avanzadas que otras en este proceso además “hemos recibido comentarios y dudas de legisladores locales que tratan de iniciar su proceso de armonización”, de ahí la importancia del acompañamiento.
En esos foros, destacó, se presentarán los contenidos centrales de la reforma educativa y una propuesta de ley marco, “como una guía útil, y que cada estado, en el ámbito de su facultades y soberanía, decida si la cambia, modifica o presenta una nueva ley”.
Asimismo, se acordó realizar reuniones con los secretarios de educación y autoridades educativas locales, para abordar situaciones que no se han canalizado ni resuelto. “Hay casos de tres o cuatro meses en que no se han resuelto las problemáticas de pago, falta de maestros, reinstalación de docentes o descuentos indebidos”.
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]]>Las y los senadores habremos de revisar con absoluta responsabilidad, apertura y diálogo la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Las comisiones de Educación y Estudios Legislativos analizarán las minutas recibidas las cuales posteriormente se presentarán ante el pleno del Senado de la República.
Como siempre, las y los senadores seremos respetuosos de todas y cada una de las expresiones que pueden presentarse en el marco de nuestros trabajos.
La Cámara Alta trabajará en las nuevas leyes para sustentar el mandato del Artículo 3º Constitucional, de garantizar una educación laica, gratuita y obligatoria, que ahora comprenderá desde la educación inicial hasta el nivel universitario.
En ese proceso, está claro que en el centro del proceso educativo se encuentran los maestros, los alumnos y los padres de familia, y que el objetivo es la mejora continua de la educación, como base para la construcción de un país acorde con las necesidades de las nuevas generaciones.
La reforma educativa, y la emisión de las leyes secundarias que sustenten la reforma constitucional aprobada por el Congreso, es una de las prioridades de la actual Legislatura.
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]]>México, 15 May (Notimex). – Al reiterar su pleno respeto a los maestros y a sus dirigentes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el próximo lunes por la tarde recibirá en Palacio Nacional a dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Explicó que ha invitado a los dirigentes de ambos organismos a reunirse y dialogar, porque “no tenemos nada que ocultar” y debemos ponernos de acuerdo, señaló durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
La aprobación de la reforma constitucional fue un avance importante, pero reconoció que se debe de mantener el diálogo con todas las partes, si bien “respetamos las discrepancias, el derecho a disentir y lo estamos haciendo de frente a los maestros”, dijo.
Explicó que las reuniones con la CNTE y la SNTE serán por separado y con la presencia del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Primero vendrá la coordinadora y luego el sindicato.
“(Los maestros) tienen todo nuestro respeto y admiración. Respetamos a todas las corrientes de pensamiento, organizaciones, sean de la SNTE o CNTE, procuramos llevar muy buenas relaciones con ellos y con sus representantes”, expuso el primer mandatario.
En este contexto, dio a conocer que “estoy formulándoles (a través del secretario de educación Esteban Moctezuma Barragán), tanto a la CNTE como a los dirigentes del SNTE, una invitación para reunirnos la semana próxima en Palacio Nacional”.
Será, abundó, “el lunes por la tarde. Primero la CNTE y luego el SNTE. No tenemos nada que ocultar y debemos de dialogar y ponernos de acuerdo”.
López Obrador remarcó que, si bien la aprobación de la reforma educativa es un avance importante, “al mismo tiempo respetamos las discrepancias, el derecho a disentir. No extraña que haya cuestionamientos, criticas, pues ello demuestra que hay sociedad viva, que no hay inmovilismo, que hay un proceso de cambio”.
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En reunión de trabajo, la Comisión de Educación aprobó un acuerdo por el que convocará al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, para que exponga el plan de trabajo de la dependencia, y presente la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, anunciada hoy por el Presidente de la República.
No se precisó fecha porque consideraron que primero habrá de comparecer ante la Cámara de Diputados, por ser Cámara de origen. Sin embargo, adelantaron que hoy le enviarán la invitación.
También fue aprobado un dictamen que propone que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que analice y realice las acciones correspondientes para atender la problemática laboral en universidades públicas del país.
El llamado incluye al Presidente de la República, a los gobernadores e integrantes de Congresos locales para que analicen y coadyuven a resolver las diferentes situaciones que enfrentan sobre el tema.
La finalidad es garantizar los derechos laborales de los trabajadores, la impartición de educación y el funcionamiento de las instituciones, señalaron.
Además, el dictamen considera la creación de una subcomisión para dar seguimiento a la situación financiera de las universidades públicas del país. Esta instancia quedó conformada por: Minerva Hernández, Guadalupe Vázquez, Joel Padilla, Daniel Gutiérrez y Ángel García.
La Comisión también aprobó un segundo dictamen que propone que el Senado exhorte a la SEP y a sus homologas en las 32 entidades, para que analicen y, en su caso, instrumente acciones para que en los planteles escolares públicos, de nivel básico y medio superior, se respete la laicidad de la educación, los derechos y las libertades religiosas.
Asimismo, implemente los mecanismos necesarios para que docentes, directivos y administrativos no obliguen a los estudiantes a participar, económicamente o en especie, en celebraciones contrarias a sus derechos religiosos.
Otro dictamen aprobado propone que el Senado exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se considere el presupuesto de las universidades públicas del país, y sea, en lo posible, incrementado.
Los integrantes de la Comisión de Educación también aprobaron realizar un foro con expertos, autoridades universitarias, estudiantes y legisladores del Congreso de la Unión, en conferencia, para discutir los problemas financieros de las universidades públicas, mismo que realizaría tentativamente en mayo de 2019.
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