Notipress.- La comunidad educativa de Morales, Cauca, enfrenta dificultades para retomar las clases debido a los recientes hechos de violencia en la zona. Un ataque con explosivos cerca de la Institución Educativa Francisco Antonio Rada, ocurrido en la hora de salida de los estudiantes, generó preocupación sobre la seguridad de los menores y la continuidad escolar.

Según reportes oficiales, el atentado se registró en las inmediaciones del parque principal y la estación de policía. Aunque no se ha precisado el número total de afectados, se confirmó que varios menores resultaron heridos, entre ellos un niño de siete años. Se presume que el ataque fue perpetrado por un grupo armado ilegal con presencia en la región.

Ante la situación, la Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador del Cauca coordinar acciones con el ejército, la policía y otras autoridades para garantizar la seguridad en el municipio. La entidad advirtió que estos hechos no solo atentan contra la integridad de la comunidad, sino que también podrían afectar la permanencia escolar al generar miedo en los espacios educativos.

Notipress.- San José de Palmar, Chocó, sufre una grave crisis por el bloqueo de la vía que lo comunica con Cartago, Valle del Cauca. El colapso de esta carretera, agravado por un paro armado, dejó a la población sin acceso a alimentos y en confinamiento.

Desde 2022, un fallo judicial ordenó a las gobernaciones de Chocó y Valle del Cauca intervenir la vía, pero la comunidad denuncia que las medidas han sido insuficientes. Frente a la emergencia, alcaldes del norte del Valle anunciaron una colecta para enviar ayuda humanitaria durante el fin de semana.

La Procuraduría General de la Nación exigió soluciones urgentes y permanentes, señalando que no se trata solo de recuperar la conexión vial, sino de garantizar los derechos fundamentales de la población afectada.

Notipress.- La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), por presuntas irregularidades en un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

El contrato, destinado al fortalecimiento de los recursos tecnológicos en la Unidad de Desarrollo Regional de Leticia, Amazonas, ha generado dudas sobre el cumplimiento de lo inicialmente aprobado por el MEN y el Departamento Nacional de Planeación. Aunque el proyecto está concluido, persisten cuestionamientos acerca de si los recursos asignados fueron ejecutados correctamente y en su totalidad.

La segunda delegada para la Contratación Estatal solicitó a la UNAD información detallada sobre los procedimientos utilizados y las personas involucradas en la contratación. Además, se pidió a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales emitir un concepto sobre la ejecución del proyecto. El caso pone bajo la lupa la gestión de recursos públicos en proyectos educativos desde la perspectiva de la transparencia de información.

Notipress.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Procuraduría General de la Nación destacó en un comunicado de prensa las profundas desigualdades que enfrenta esta población en Colombia. Según datos del DANE, la tasa de participación laboral de personas con discapacidad es del 23,5%, muy por debajo del promedio nacional de 66,4%. En educación superior, solo 17 de cada 100 personas con discapacidad logran matricularse, comparado con cifras significativamente mayores en la población general.

La Procuraduría también señaló el bajo nivel de inclusión en el sector público, donde al 31 de octubre de 2024, apenas el 0,85% de los empleados de planta y el 0,41% de los contratistas pertenecen a esta población. “Estas cifras son un llamado urgente a la acción”, expresó Margarita Cabello Blanco, procuradora general, quien insistió en la necesidad de eliminar barreras para el acceso laboral y educativo.

Entre las iniciativas desarrolladas en 2024, la entidad lideró 1.402 acciones judiciales y 90 preventivas para garantizar derechos, además de lanzar un protocolo de atención inclusiva que asegura accesibilidad en todas sus sedes. También adaptó normativas al sistema Braille, formatos macrotipo y lengua de señas, promoviendo su uso entre la población con discapacidad visual y auditiva.

Notipress.- La Procuraduría General de la Nación de Colombia sancionó al docente Carlos Misael Silva Pinto, de la Institución Educativa Normal Superior de Leticia, con destitución e inhabilidad general por 15 años. La sanción se impuso tras confirmar que el 5 de abril de 2022 el profesor realizó tocamientos no consentidos a una estudiante de 12 años, aprovechando su posición de autoridad.

La Regional de Juzgamiento de Cundinamarca verificó la culpabilidad de Silva Pinto, destacando que la víctima, quien cursaba séptimo grado, experimentó temor de volver a la escuela debido al incidente. El proceso de investigación incluyó un análisis con perspectiva de género para garantizar los derechos de la menor.

Durante el proceso, de acuerdo al ministerio público, se evidenció que Silva Pinto había seguido a la estudiante utilizando su motocicleta en repetidas ocasiones y cometido actos que afectaron su integridad física y emocional. La Procuraduría concluyó que la conducta violó gravemente el principio de moralidad y calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo.

Notipress.- La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre graves demoras en la aprobación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) financiados por el Sistema General de Regalías, con un presupuesto de 2.99 billones para el bienio 2023-2024. A menos de dos meses de finalizar el periodo, ninguna de las 10 convocatorias abiertas por el Ministerio de Ciencias ha seleccionado los proyectos a ejecutar. Solo en dos de ellas se han publicado listas definitivas de elegibles, mientras una convocatoria aún no ha sido abierta.

El procurador delegado para seguimiento a regalías, John Harvey Pinzón, señaló que este retraso podría generar sobrecostos y complicaciones en la ejecución de los proyectos, debido a factores como la obsolescencia tecnológica, el aumento en costos de materiales y cambios en los beneficiarios. La ejecución de los proyectos, que comenzaría seis meses después de su aprobación, enfrentaría condiciones cambiantes.

Por su parte, la Procuraduría identificó cinco modificaciones al plan original de convocatorias como causa principal del retraso y recomendó adoptar medidas para garantizar la transparencia y correcta supervisión de los proyectos. Asimismo, alertó sobre la necesidad de evitar nuevos retrasos y sobrecostos que perjudiquen los recursos y a las comunidades beneficiadas.