En el contexto de las reformas propuestas por el gobierno entrante, se ha puesto sobre la mesa una iniciativa que ha generado descontento y preocupación entre los trabajadores del Estado, en particular entre el gremio magisterial. En efecto, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de imponer un pago adicional a las cuotas sindicales con el propósito de rescatar financieramente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha sido recibida con escepticismo y rechazo. Ahora bien, es preciso analizar las implicaciones de esta medida y su trasfondo político.

Para comenzar, resulta innegable que el ISSSTE enfrenta una crisis financiera derivada de años de mala administración y corrupción. No obstante, el problema central radica en que los responsables de esta debacle han quedado impunes, mientras que la carga de su rescate recae sobre los trabajadores. En otras palabras, la iniciativa de Sheinbaum no solo afecta a quienes se encuentran en un régimen de confianza o perciben ingresos elevados, sino que también perpetúa la injusticia de eximir de responsabilidad a quienes saquearon la institución. De esta manera, el esfuerzo por sanear las finanzas del ISSSTE se convierte en una medida punitiva para la base trabajadora, mientras que los verdaderos culpables gozan de total impunidad.

Ahora bien, es pertinente señalar que la propuesta de Sheinbaum también deja en evidencia la negligencia de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su administración, el enfoque prioritario se centró en proyectos de infraestructura que, si bien fueron presentados como estratégicos para el desarrollo del país, terminaron costando más de lo previsto y no han arrojado los resultados esperados. En consecuencia, el desvío de recursos hacia estas obras ha agravado la situación de instituciones clave como el ISSSTE, dejando a sus trabajadores en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.

Aunado a ello, la integración de la familia Yunes a la estructura partidista de Morena es otro indicio del pacto de impunidad que rige en el ámbito político. Conviene recordar que Miguel Ángel Yunes, ex director del ISSSTE, ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos actos de corrupción y fraude. Sin embargo, lejos de enfrentar las consecuencias de sus actos, su familia ha encontrado cobijo en las filas del partido en el poder, lo que demuestra la doble moral que impera en el discurso oficial. Esta situación resulta especialmente indignante si se considera que, mientras a ciertos personajes se les permite operar sin restricciones, los trabajadores deben asumir las consecuencias de los desfalcos que otros perpetraron.

Por otra parte, es necesario enfatizar la importancia del papel que desempeñan los trabajadores del ISSSTE dentro del aparato estatal. Se trata de servidores públicos que, día con día, constituyen el primer contacto de la ciudadanía con los servicios gubernamentales. En este sentido, su bienestar laboral no solo es un derecho legítimo, sino también un requisito fundamental para garantizar la calidad en la atención a los ciudadanos. No obstante, con la nueva propuesta del gobierno, parece que la llamada “Cuarta Transformación” opta por darles la espalda, afectando su estabilidad y, por ende, la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, es imprescindible realizar un análisis sobre la crisis estructural que enfrenta el ISSSTE. Desde la administración de López Obrador, los derechohabientes han sido testigos de una creciente precarización en los servicios médicos. La falta de medicamentos, lejos de resolverse, se ha convertido en una problemática constante que vulnera la salud de millones de personas. A esto se suma la inatención médica, donde los pacientes deben soportar largos tiempos de espera para recibir consultas o intervenciones, lo que pone en riesgo la vida de quienes dependen de este sistema de salud.

Por otro lado, las instalaciones del ISSSTE presentan un deterioro evidente, muchas de ellas sin el mantenimiento adecuado y sin contar con el equipo necesario para atender emergencias o realizar procedimientos quirúrgicos de manera eficiente. El desabasto de material médico y quirúrgico sigue siendo una realidad que pone en entredicho la promesa gubernamental de mejorar el sistema de salud. No podemos olvidar que el expresidente López Obrador aseguró que México contaría con un sistema de salud comparable con el de Dinamarca. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa promesa y, si este es el llamado “segundo piso de la transformación”, los derechohabientes deberían ya estar gozando de un servicio de calidad, algo que evidentemente no ha sucedido.

Ante este panorama, la pregunta que surge es inevitable: ¿es esta la evidencia del humanismo morenista? Si el discurso oficial ha insistido en priorizar a los sectores más vulnerables y en erradicar la corrupción, ¿cómo se justifica que los trabajadores sean los únicos en asumir las consecuencias de la crisis del ISSSTE? En última instancia, la iniciativa de Sheinbaum no solo representa una carga adicional para los empleados del Estado, sino que también pone de manifiesto la falta de coherencia en la estrategia gubernamental. Mientras no se exija rendición de cuentas a quienes han provocado el desfalco de las instituciones públicas, cualquier intento de rescate financiero carecerá de legitimidad y justicia.

En las últimas horas se dio a conocer la noticia de 9 personas descuartizadas en el Estado de Veracruz. Ante este hecho el gobernador de esa entidad Miguel Ángel Yunes Linares ha expresado el día de hoy: “Son nueve personas que se localizaron en esta camioneta y una más fue abatida en la mañana al tratar de escapar de sus captores y está identificado plenamente como el jefe de la banda (…) es evidente que se trata de un enfrentamiento entre delincuentes, no son personas de bien…”

Grave que un gobernado se exprese en esos términos. Independientemente de que se pueda especular cualquier cosa, por principio de legalidad se debe siempre ponderar el principio de “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”. Si tan seguro está el gobernador de la conducta de estas personas que fallecieron, entonces nos encontramos ante la incompetencia evidente de un gobierno que no puede detener y controlar a los grupos delincuenciales.

En la última semana el gobernador Miguel Ángel Yunes se entrado en la batalla electoral dedicando su esfuerzo contra el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Con expresiones de “loco” lo ha confrontado para debatir por la acusación que hace Yunes contra AMLO por supuestos dineros que ex gobernador Duarte le daba al tabasqueño. Igualmente aprovechando la exposición mediática en lugar de acudir a las instancias judiciales, presentar las correspondientes denunciar y que el proceso continúe por la vía institucional.

Ambas situaciones no son poca cosa ni se le debe restar importancia. Más cuando se vulnera los valores de la división de poderes y los principios básicos y fundamentales en la investigación, impartición y procuración de justicia.

Pero lo peor es que evidencian que Miguel Ángel Yunes está más preocupado por otros temas electorales y atender a sus enemigos políticos que mirar hacia dentro de su estado y controlar de manera efectiva a la delincuencia organizada.