Corte Penal Internacional declara que, la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, busca perjudicar su labor judicial independiente e imparcial. Según la orden, el gobierno estadounidense impondrá consecuencias tangibles y significativas a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha condenado este viernes la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone sanciones punitivas, replicando que la orden busca “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”.

El Tribunal se creó en virtud del Estatuto de Roma, negociado en el seno de la ONU, pero es un tribunal totalmente independiente creado para juzgar los crímenes más graves, incluidos los de lesa humanidad.

Según la orden ejecutiva del jueves, el gobierno estadounidense “impondrá consecuencias tangibles y significativas” a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

Órdenes de detención

La directiva sigue la decisión de los jueces de la CPI de dictar en noviembre órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, en las que se les acusa de presuntos crímenes de guerra en relación con el desarrollo de la guerra contra Hamás en Gaza.

La CPI también emitió una orden de detención contra un antiguo comandante de Hamás, Mohammed Deif.

Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI. Hay 125 Estados partes en el Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002.

La orden ejecutiva estadounidense afirma que las acciones de la CPI contra Israel y las investigaciones preliminares contra Estados Unidos “sientan un precedente peligroso, que pone directamente en peligro al personal actual y anterior”.

La orden detalla posibles sanciones, entre ellas el bloqueo de propiedades y bienes de los funcionarios de la CPI y la prohibición de entrada en Estados Unidos para ellos y sus familias.

Un intento de imponer sanciones a la CPI por parte del Congreso de Estados Unidos en enero, antes del cambio de administración, no obtuvo suficiente apoyo en el Senado.

La CPI defiende firmemente a su personal

“La CPI condena la emisión por parte de EE.UU. de una orden ejecutiva que pretende imponer sanciones a sus funcionarios y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, dijo el tribunal en un comunicado de prensa.

“El Tribunal apoya firmemente su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”.

Además, el tribunal hizo un llamamiento a todas las partes de la CPI, junto con la sociedad civil y otras naciones, para que “permanezcan unidas en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”.

“El derecho penal internacional es un elemento esencial para luchar contra la impunidad, desgraciadamente muy extendida en el mundo actual. La Corte Penal Internacional es su elemento esencial, y debe permitírsele trabajar con plena independencia”, declaró el portavoz del Secretario General, Farhan Haq, en una rueda de prensa.

Boletín de prensa

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa el pilar fundamental del orden jurídico y social de la nación. Su propósito es establecer las normas que rigen la convivencia ciudadana y garantizar la correcta separación de poderes. Sin embargo, en tiempos recientes, hemos sido testigos de un preocupante fenómeno: la utilización de la Carta Magna como un instrumento de confrontación ideológica y partidista, en lugar de un marco común de unidad y legalidad.

Un aniversario marcado por la exclusión

Hoy se conmemora un aniversario más de nuestra Constitución, la ley suprema que garantiza derechos y deberes sin distinción política o ideológica. No obstante, este evento, que debería haber sido un símbolo de unidad nacional, se vio empañado por una acción sin precedentes. La presidenta Claudia Sheinbaum decidió invitar únicamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que son afines a la ideología política de la Cuarta Transformación (4T).
Esta decisión refleja la polarización que afecta al país. La Constitución no pertenece a un grupo político en particular, sino a todos los ciudadanos, independientemente de sus posturas ideológicas. Excluir a ministros de la SCJN por no coincidir con la visión del gobierno en turno envía un mensaje equivocado y peligroso: la institucionalidad democrática está supeditada a lealtades políticas.
Orígenes de la confrontación entre poderes
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha sido conflictiva. Las resoluciones de la SCJN que no favorecieron los intereses del gobierno fueron motivo de críticas y descalificaciones. Como respuesta, se impulsó una reforma con la intención de cambiar la estructura del máximo tribunal, priorizando la lealtad a la 4T sobre la capacidad técnica y la independencia judicial.
Este contexto es clave para entender el acto de exclusión llevado a cabo por Sheinbaum. Más que un evento aislado, es parte de un proceso que busca debilitar la autonomía de las instituciones para consolidar un poder político hegemónico. La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental en cualquier democracia funcional. Cuando un gobierno intenta subordinarlo a sus intereses, se pone en riesgo el equilibrio institucional y la estabilidad democrática.

El peligro de anteponer intereses partidistas a la Constitución

El acto de hoy es un recordatorio de que, en México, las ideologías partidistas están condicionando la interpretación y aplicación de la ley. Este tipo de acciones generan divisiones profundas y erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La Constitución debe estar por encima de cualquier proyecto político, ya que su función es garantizar un marco de derechos y libertades que trascienda gobiernos y administraciones.
Además, este tipo de decisiones refuerzan la percepción de que el gobierno actual no está comprometido con el respeto a la división de poderes, sino con la construcción de un aparato institucional subordinado a su agenda. Si se continúa por este camino, se corre el riesgo de debilitar los contrapesos que aseguran la estabilidad democrática.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿hacia dónde se dirige la institucionalidad y el respeto por la división de poderes en nuestro país? Si el gobierno persiste en la estrategia de subordinar a la SCJN y otras instituciones, nos enfrentamos a un futuro incierto en términos democráticos. La Constitución debe ser un pacto que trascienda ideologías, no un arma de confrontación política.
Para fortalecer la democracia en México, es indispensable recuperar el respeto a las instituciones y garantizar que la Constitución sea la norma suprema que guíe las decisiones de todos los actores políticos. Solo así podremos evitar que los intereses partidistas erosionen los principios fundamentales de nuestra república y asegurar que el país avance hacia un modelo verdaderamente democrático e incluyente.

Boletín de prensa

Una de las grandes preocupaciones sociales contemporáneas es la correcta impartición de justicia, la cual surge del orden social necesario para garantizar una convivencia armónica. El concepto de justicia no es un ideal abstracto, sino una necesidad concreta que permite que los individuos coexistan en un entorno donde sus derechos están protegidos y los conflictos sean resueltos de manera equitativa. En este sentido, la justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad que aspire a mantener la paz y el respeto mutuo entre sus miembros.

A lo largo de la historia, han surgido diversos métodos para impartir justicia, algunos de los cuales distan mucho de los principios que consideramos adecuados en la actualidad. Un ejemplo claro es la antigua ley de talión, popularmente conocida por la frase “ojo por ojo, diente por diente”, la cual basaba la justicia en la retaliación proporcional. Aunque en su momento se consideraba un avance en comparación con la venganza desmedida, hoy la vemos como un sistema que no promovía la equidad ni la restauración del daño. Igualmente, la Inquisición representó un periodo oscuro en la historia de la justicia, donde la tortura y el castigo se usaban como herramientas para obtener confesiones, sin importar si estas eran verdaderas o no.

Con el paso del tiempo, estos métodos fueron superados por mecanismos más humanos y racionales, que comenzaron a priorizar la evidencia y la investigación. En lugar de recurrir a la tortura o a la mera represalia, la justicia moderna se ha ido fundamentando en el análisis objetivo de los hechos y la aplicación de principios técnicos y científicos. Esto ha llevado a una mayor profesionalización de los sistemas judiciales, que hoy en día deben basarse en el conocimiento especializado, tanto de las leyes como de los métodos forenses.

En consecuencia, la investigación judicial y la impartición de justicia deben seguir criterios estrictamente técnicos, basados en la ciencia forense y una interpretación precisa de la ley. Es aquí donde radica la importancia de contar con instituciones judiciales fuertes y profesionales, capaces de actuar con independencia e imparcialidad. No se trata simplemente de aplicar la ley de manera mecánica, sino de comprender su espíritu y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en un proceso judicial. Esto es especialmente relevante en tiempos actuales, donde la protección de los derechos humanos se ha convertido en un principio rector de los sistemas de justicia en muchas partes del mundo.

Además, para fortalecer un poder judicial moderno, resulta imprescindible definir con claridad los roles de los jueces, quienes deben contar con la capacidad y habilidad para interpretar la ley y valorar las evidencias de acuerdo con principios de la ciencia forense. La correcta evaluación de pruebas exige un entendimiento profundo de los métodos científicos, lo que permite emitir decisiones basadas en datos objetivos y verificables. Sin embargo, este conocimiento técnico debe ir acompañado de una trayectoria profesional impecable que garantice la integridad y los principios éticos en el actuar de los juzgadores. Solo jueces que combinen una formación técnica sólida con una ética intachable pueden ofrecer garantías de imparcialidad y equidad en la resolución de conflictos legales.

En este contexto, es pertinente señalar que la mejora en la impartición de justicia no debe buscarse a través de procesos de “democratización” en los que la opinión popular predomine sobre el análisis técnico. Si bien es cierto que la justicia debe ser accesible para todos, ello no implica que cualquier persona esté capacitada para ejercerla o influir directamente en sus decisiones. La justicia requiere de profesionales altamente capacitados que cuenten con las herramientas necesarias para interpretar las leyes de manera objetiva y conforme a los avances científicos en campos como la criminología y la investigación forense.

Por último, para garantizar que la justicia sea verdaderamente justa, debe primar la institucionalidad profesional de los organismos encargados de su impartición. Los sistemas judiciales deben ser independientes de presiones políticas y económicas, lo cual permite que quienes participan en conflictos legales puedan recibir una resolución imparcial y certera. Esto incluye tanto a jueces como a fiscales, abogados y peritos, quienes deben actuar con total apego a las normas jurídicas y a los derechos humanos.

En resumen, la verdadera mejora en la impartición de justicia se encuentra en la consolidación de instituciones judiciales profesionales, independientes e imparciales. Solo de esta manera se puede asegurar que los conflictos legales se resuelvan de manera justa, respetando la dignidad de las personas y garantizando un proceso que, además de técnico y científico, sea plenamente respetuoso de los derechos fundamentales.

Si tomamos como punto de partida la doctrina de división de poderes emitida por el Barón de Montesquieu, que es adoptada en México en la estructura de su sistema político y de gobierno, el poder se divide en tres partes. En un legislativo que se encarga de crear los marcos jurídicos. El ejecutivo que tiene como tarea fundamental la aplicación de ese marco jurídico en la sociedad. Por último, el judicial que se encarga de resolver los casos que se hacen de su conocimiento bajo los principios de Derecho y la intepretación legal de los marcos jurídicos.

Es indipensable que entre ambos poderes exista una sana distancia, que tampoco signifique incapacidad de coordinación de esfuerzos. Al final constituye cada uno de ellos y en conjunto una unidad de gobierno. Así está consagrado en la Constitución Politica cuando afirma que hay un poder supremo que es la federación, pero que para su ejercicio se divide en legislativo, ejecutivo y judicial.

En las conferencias públicas se enfatizó mucho la importancia de contar los tribunales judicial con la capacidad de financimiento presupuestal, las garantías de protección de los jueces para no caer en las tentaciones de la extorsión, amenaza o peligro para su función juzgadora. Una protección que tiene que ver la inmovilidad del cargo, el asunto no menos importante de los salarios, el respeto a los marcos jurídicos internacionales como lo son los tratados suscritos por los países en materia de Derechos Humanos.

Igualmente se planteó los compromisos de instituciones como la Barra Intermacional de Abogados en materia de combate a la corrupción. Importante en función de necesitarse un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los juzgadores y consolidar una aplicación de la justicia que para el caso de México se debería caracterizar por ser profesional, objetiva, imparcial, completa, excelente y gratuita, a la cuales se le anexan dos principios de igual trascendencia: independiente y autónoma.

Con esa temática muy posicionada y clara en su exposición terminó un evento de importancia jurídica en el continente americano celebrada en nuestro Estado