El gobierno será juez y parte en el manejo de la información pública y los datos personales, advierte José Bautista del ITESO, especialista en temas de transparencia. La opacidad y el abuso son riesgos latentes tras la eliminación de estos órganos autónomos.
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) representa un golpe a los derechos ciudadanos fundamentales, pues sin estos órganos autónomos que velen por la transparencia y la protección de datos el gobierno concentrará un control absoluto sobre la información, abriendo la puerta al manejo discrecional, la opacidad y el abuso alerta José Bautista Farías, especialista en transparencia y protección de datos.
“Es un retroceso que nos deja indefensos como ciudadanos. Ya no habrá independencia ni imparcialidad en la gestión de la información pública. Ahora será el propio gobierno quien decida qué se entrega y qué no”, dice Bautista, profesor jubilado del ITESO e integrante colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, que se celebra cada 28 de enero.
A fines del año pasado, el pleno de la Cámara de Diputados, dominado por Morena, aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que extingue siete órganos autónomos, los mencionados Inai –lo que a la postre traerá la desaparición de su par jalisciense, el Itei–, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El gobierno federal ha justificado la desaparición del Inai y otros órganos autónomos bajo tres argumentos principales: duplicidad de funciones, alto costo operativo y presunta corrupción dentro de estos institutos. Sin embargo, Bautista considera que estos argumentos no justifican el retroceso en derechos ciudadanos.
“Lo que está ocurriendo es un debilitamiento de los contrapesos de poder. Sin un órgano independiente no hay quien supervise al gobierno y eso va en detrimento de los ciudadanos”, subraya. En el caso del Inai, cabe destacar que sus funciones serán responsabilidad de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Se espera que ambas entidades –federal y estatal– desaparezcan a mediados de 2025.
Bautista argumentó que la desaparición de estos dos órganos implica la atomización de las responsabilidades en materia de transparencia y protección de datos personales. Anteriormente estos institutos actuaban como órganos rectores independientes. Ahora, las contralorías internas de cada nivel de gobierno asumirán esas funciones.
“A nivel municipal, serán los órganos internos de control los responsables de investigar, sancionar y garantizar tanto el acceso a la información como la protección de datos personales. Pero el problema es que muchos de los 2 mil 478 municipios del país no cuentan con estos órganos y en el caso del Poder Judicial tampoco existen contralorías específicas”, señala el también asesor del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) en Anticorrupción y Pro-integridad del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO.
La dispersión en el manejo de responsabilidades también genera incertidumbre sobre quién garantizará la correcta administración de bases de datos clave como la Plataforma Nacional de Transparencia. “No se sabe quién se encargará del resguardo de información confidencial y reservada. El decreto actual no establece nada y esto genera dudas graves sobre la seguridad de los datos”, comenta.
Bautista Farías advierte que la falta de un órgano autónomo obligará a los ciudadanos a recurrir al Poder Judicial para interponer recursos de revisión en caso de negativas o respuestas incompletas a solicitudes de información. Esto no solo incrementará la carga en un sistema judicial ya saturado, sino que también limitará el acceso a la justicia para muchos.
“El gobierno tendrá mayor control sobre la información y, por lo tanto, más posibilidades de decidir si la entrega o no. Esto elimina los contrapesos y facilita la opacidad en temas cruciales como las grandes obras públicas y el manejo de recursos”, puntualiza y recuerda casos recientes en los que el Inai obligó al gobierno a entregar información sobre proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, situaciones que podrían no repetirse en este nuevo panorama.
La falta de autonomía también afecta la seguridad de los datos personales. En 2024, el Sistema de Protección de Datos del Inai enfrentó 390 millones de ataques cibernéticos. Según el académico, garantizar la seguridad de los datos requiere inversiones significativas en tecnología y personal especializado, algo que la mayoría de los municipios no puede costear.
Ante este panorama, académicos y organizaciones de la sociedad civil, incluido Cimtra, han comenzado a reunirse con autoridades estatales para buscar alternativas, al menos para el caso de Jalisco. “Estamos trabajando para evitar retrocesos en los derechos ya garantizados por ley. Es vital que existan órganos con independencia de gestión que puedan atender los reclamos ciudadanos”, afirma.
El especialista enfatiza la necesidad de fortalecer la transparencia activa y el gobierno abierto, además de establecer mecanismos que aseguren la seguridad de los datos personales. La desaparición del Inai y el Itei no solo representa una reorganización administrativa, sino un retroceso en la democracia mexicana, advierte: “el acceso a la información y la protección de datos no son privilegios, son derechos fundamentales que fortalecen la participación ciudadana y limitan los abusos de poder”.
El 28 de enero es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, fecha que se conmemora en honor al Convenio 108, el primer instrumento internacional que se aprobó para la protección de estos derechos. Aquí algunas recomendaciones de especialistas y el Inai para que cuides tu información individual:
– No des a cualquier empresa tus datos personales y solicita una copia de la entrega de esos datos cuando debas hacerlo.
– No intercambies cualquier información ni publiques datos personales en redes sociales.
– Verifica cualquier información que te llega y sé precavido.
– No divulgues información que no tengas la certeza de que es verídica.
– Que tu manejo en redes sociales sea más reservado y privado.
– Utiliza contraseñas seguras y activa la autenticación de dos vías.
– Mantén tus dispositivos actualizados.
– Utiliza un software antivirus confiable.
– Cifra los datos.
– Sé cauteloso con los correos electrónicos y mensajes.
– Configura la privacidad en redes sociales.
– Realiza copias de seguridad de los datos.
– Elimina datos de programas y cuentas que ya no utilices.
– No compartas contraseñas.
– No respondas correos electrónicos que soliciten datos personales.
– No guardes contraseñas en lugares públicos.
– Verifica la autenticidad de los sitios web.
– Evita aceptar a personas desconocidas en redes sociales.
– Pregunta sobre la finalidad de la recolección de datos personales.
– Protege la intimidad, el honor y la reputación al publicar fotografías y videos.
Boletín de prensa
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Es curioso cómo, en pleno siglo XXI, aquellos que enarbolan la bandera de la justicia social y los derechos humanos parecen obsesionarse con una reforma constitucional que, en lugar de empoderar al ciudadano, lo deja prácticamente a merced de las decisiones del gobierno. Resulta irónico que sea la llamada Cuarta Transformación (4T) —la que prometía representar al pueblo— quien ahora está enfocada en limitar las herramientas que protegen al mismo pueblo de los abusos de poder. Claro, en un gobierno que se autoproclama defensor de los derechos de los ciudadanos, uno pensaría que el objetivo sería fortalecer esas garantías; pero parece que nos equivocamos.
A lo largo de la historia moderna, el constitucionalismo se ha consolidado como el mejor antídoto contra el totalitarismo, buscando que ningún gobierno tome decisiones arbitrarias sin el contrapeso de la ley. Para eso, se han creado mecanismos como el Habeas corpus y, en México, el juicio de amparo; instrumentos que permiten que el ciudadano se defienda de la autoridad, sin importar cuán nobles o revolucionarias sean las intenciones del gobierno en turno. Estos recursos, lejos de ser un capricho burgués, son la última línea de defensa ante los actos de autoridad que podrían resultar, digamos, “inconvenientes” para la ciudadanía. Pero, al parecer, algunos ven a estos mecanismos más como una molestia que como una garantía.
Es especialmente paradójico que, cuando en teoría deberíamos estar avanzando en el respeto y la progresividad de los derechos humanos —un principio que establece que los derechos se amplían, no se reducen—, el gobierno de la 4T nos ofrece una reinterpretación refrescante. Según su visión, resulta que esos “estorbos” del amparo y las defensas legales en realidad obstaculizan el avance de la “voluntad popular”. ¡Qué ironía! Nos vendieron una transformación, pero parece que lo único que quieren transformar es el derecho de los ciudadanos a defenderse contra el Estado.
¿Y cómo olvidar el tema de la progresividad de los derechos humanos? Este principio, consagrado en nuestra Constitución, busca que los derechos de los ciudadanos sean cada vez más robustos y completos. En lugar de que las herramientas de defensa se vayan recortando o limitando, deberían ser cada vez más accesibles, especialmente en un gobierno que se llama “progresista”. Sin embargo, la 4T parece haberse inspirado en el concepto de “progresividad” de manera algo… selectiva. Si se tratara de que los ciudadanos tuvieran menos recursos para oponerse a decisiones gubernamentales, parece que la progresividad se convierte en una conveniente regresión.
Entonces, mientras el discurso oficial clama a los cuatro vientos que este es un gobierno del pueblo, resulta que sus políticas tienden a reducir las garantías que los ciudadanos tienen para oponerse a sus actos. ¿No era la izquierda quien históricamente se había opuesto a los abusos de poder y defendía los derechos humanos con pasión? Pues al parecer, la 4T y sus herederos interpretaron este principio como “haremos lo que el pueblo quiere, siempre y cuando no critique nuestras decisiones.”
Además, pareciera que desde el discurso oficial se nos insta a confiar ciegamente en las decisiones del poder, incluso si estas provienen de reformas constitucionales. En otras palabras, si la Constitución se reforma para consolidar el poder, entonces no solo es legal, ¡es casi un deber aceptarlo! Y si un ciudadano osara cuestionar o defenderse contra esta nueva realidad, entonces se le está oponiendo a la voluntad del pueblo. Un razonamiento redondo, sin duda.
En definitiva, los controles constitucionales que existen para proteger la legalidad se vuelven casi un estorbo bajo esta nueva lógica. En lugar de ser instrumentos de justicia y equilibrio, se perciben como un obstáculo incómodo que bloquea la “transformación” que nos prometieron. Uno pensaría que un gobierno que se autodenomina progresista querría fortalecer estas defensas, pero parece que ese ideal quedó atrás, perdido en algún discurso de campaña. Mientras tanto, seguimos esperando, con una pizca de sarcasmo y mucha ironía, que la promesa de representar al pueblo se traduzca en un sistema que realmente lo proteja, y no en uno que lo debilite bajo el pretexto de la “voluntad popular”.
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