Notipress.- El presidente Gustavo Petro inauguró la nueva sede de la Universidad del Valle en Suárez, Cauca, y afirmó que su gobierno dejará una “huella indeleble” en la educación del país.
Durante el evento, Petro resaltó que su administración ha trabajado en la expansión de la educación superior y pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, impulsar un aumento en la cobertura, especialmente en comunidades negras e indígenas del Litoral Pacífico.
“El acceso a la educación es clave para la libertad”, señaló el mandatario, quien enfatizó que la política en Colombia se divide entre quienes buscan “poner cadenas” y quienes quieren “romperlas”.
El gobierno busca consolidar la educación como un derecho fundamental y un pilar del desarrollo nacional.
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Notipress.- El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), presentó materiales en lenguas otomí y mazahua sobre la regularización de la tenencia de la tierra.
En el Centro Ceremonial Mazahua de San Felipe del Progreso, se firmó un convenio entre ambas instituciones para difundir información sobre las ocho vías legales para regularizar la vivienda, los requisitos básicos y la ubicación de las 12 delegaciones regionales del Imevis.
Como parte de la estrategia, se instalarán módulos informativos en comunidades indígenas para facilitar el trámite de manera accesible y económica. Alejandro Tenorio Esquivel, director general del Imevis, y Manuel Quiñones Flores, vocal ejecutivo del CEDIPIEM, destacaron que la difusión en lenguas originarias amplía las oportunidades de acceso a programas estatales.
Al evento asistieron autoridades indígenas, como Marcial Mariano Sánchez, jefe supremo mazahua; Arnulfo Gómez Barrón, gobernador indígena pluricultural del Edomex, y Miguel Ángel Reyna Castillo, presidente del Consejo Municipal Otomí, además de ediles y representantes de 30 municipios con población indígena.
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Hasta el 40% de las tierras del mundo están degradadas, lo que significa que su productividad biológica o económica se ha reducido. Esto tiene consecuencias nefastas para el clima, la biodiversidad y los medios de vida de las personas. Una reunión de la ONU en Arabia Saudí intenta buscar soluciones a este flagelo.
Tres mil millones de personas en todo el mundo sufren las consecuencias de unas tierras pobres y degradadas, lo que «aumentará los niveles de migración, estabilidad e inseguridad entre muchas comunidades», según el recién elegido presidente de la Conferencia sobre desertificación, sequía y recuperación de tierras, respaldada por la ONU, que se está celebrando en Riad (Arabia Saudí).
Abdulrahman Alfadley, ministro saudí de Medio Ambiente, Agua y Agricultura, hizo estas declaraciones al iniciarse en la capital del país de Oriente Medio la 16ª Sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).
Según la letra de esa Convención, la reunión representa un «momento crucial para aumentar la ambición global y acelerar la acción sobre la tierra y la resiliencia a la sequía a través de un enfoque centrado en las personas».
Hasta el 40% de las tierras del mundo están degradadas, lo que significa que su productividad biológica o económica se ha reducido.
Esto tiene consecuencias nefastas para el clima, la biodiversidad y los medios de vida de las personas.
Las sequías, uno de los temas prioritarios de la COP16, son cada vez más frecuentes y graves, y han aumentado un 29% desde el año 2000 debido al cambio climático y a la gestión insostenible de la tierra.
La convención de la ONU sobre desertificación se acordó hace 30 años y el actual secretario ejecutivo de la organización, Ibrahim Thiaw, destacó la importancia que sigue teniendo recuperar las tierras perdidas por la sequía y la desertificación.
«La restauración de la tierra consiste ante todo en nutrir a la propia humanidad», dijo, y añadió que «la forma en que gestionemos hoy nuestra tierra determinará directamente el futuro de la vida en la Tierra».
Habló de su experiencia personal al conocer a agricultores, madres y jóvenes afectados por la pérdida de tierras. «El coste de la degradación de la tierra se filtra en cada rincón de sus vidas».
«Ven el aumento del precio de los comestibles, en los recargos inesperados de la energía y en la creciente tensión de sus comunidades», dijo. «La pérdida de tierras y suelos está privando a las familias pobres de alimentos nutritivos, y a los niños de un futuro seguro».
La COP16 brinda a los líderes mundiales de los gobiernos, las organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil la oportunidad de reunirse para debatir las últimas investigaciones y trazar el camino hacia un futuro sostenible del uso de la tierra.
Juntos, el mundo puede «invertir las tendencias de degradación de la tierra», afirmó Thiaw, pero sólo si «aprovechamos este momento crucial».
En un discurso en vídeo dirigido a la conferencia, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, instó a los delegados de la COP16 a desempeñar su papel e «invertir la tendencia», centrándose en tres prioridades, entre ellas el fortalecimiento de la cooperación internacional.
También dijo que era crucial «intensificar» los esfuerzos de restauración y trabajar hacia «la movilización masiva de financiación».
La financiación de estos esfuerzos va a suponer un reto, y es poco probable que provenga únicamente del sector público, pero según la número dos de la ONU, «las inversiones acumuladas deben ascender a 2,6 billones de dólares para 2030; eso es lo que el mundo gastó en defensa sólo en 2023».
Hablando en nombre de las organizaciones de la sociedad civil presentes en la conferencia, Tahanyat Naeem Satti pidió «una acción ambiciosa e inclusiva en la COP16», y añadió que «debe institucionalizarse la participación significativa de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los pastores y las comunidades locales en la toma de decisiones a todos los niveles».
Hizo hincapié en que «sus puntos de vista y experiencias vividas son fundamentales para dar forma a políticas que aborden eficazmente la degradación de la tierra y promuevan su gestión sostenible y restauración».
La conferencia durará dos semanas, hasta el 13 de diciembre, y en ella se celebrarán intensos debates y negociaciones mientras los delegados se esfuerzan por alcanzar los siguientes resultados.
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En una zona árida y alejada de Santa Victoria Este, en la provincia de Salta (Argentina), las comunidades indígenas enfrentan una grave crisis del agua.
Dispersas en una vasta región de 400.000 hectáreas, algunas personas no pueden acceder a este recurso en suficiente calidad y cantidad.
En ciertas zonas, el agua subterránea contiene altos niveles de sal, lo que hace que el agua obtenida de los pozos tradicionales sea insegura para beber y cuidar al ganado. Los asentamientos dispersos y las tradiciones nómadas también han impedido la construcción de otros tipos de infraestructura hídrica convencional.
“En época de sequía, se vuelve muy escasa el agua, el suelo no produce vegetación, y se torna muy difícil el acceso a agua para el consumo humano», asegura Tatiana Pereira, presidenta de la Cooperativa Indígena Chowhay.
Para acceder al agua, la comunidad tiene dos opciones principales: obtenerla de varias fuentes naturales, como lagunas, o depender de la entrega en camiones cisterna municipales. Ambas vienen con desafíos.
El agua de las lagunas y otras fuentes naturales no es apta para el consumo humano. El acceso desigual a la tierra y al agua, junto con fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos, como fuertes lluvias, olas de calor y sequías, pueden hacer que el traslado a pie sea un viaje difícil y peligroso.
En la temporada seca, las temperaturas llegan a superar los 50ºC y a finales de agosto algunas de las lagunas se secan.
Las duras condiciones climáticas, la logística y las largas distancias también pueden impedir que los camiones de suministro de agua lleguen a quienes viven en los lugares más alejados.
A raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020, se estableció un proceso de consulta entre las autoridades nacionales y locales y las comunidades indígenas para hacer realidad el acceso al agua potable para estas comunidades más remotas.
«Hace como 40 años que le reclamamos al Estado nacional para que reconozca nuestros derechos y nuestro territorio… [el acceso al agua] ha sido un tema muy preocupante, de muchos años», dice Ramón Pérez, representante de la asociación Lhaka Honhat.
Junto con el Ministerio de Obras Públicas de Argentina y organizaciones locales, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en sus siglas en inglés) apoya estos esfuerzos mediante el suministro de agua potable a más de 350 personas en 12 comunidades indígenas de Santa Victoria Este, a través de la construcción de 75 sistemas de recolección y almacenamiento de agua de lluvia.
Las 75 cisternas están equipadas con sistemas de separación de aguas que permiten diferenciar las posibles partículas y sedimentos para que el agua recolectada sea segura.
Cada cisterna puede almacenar hasta 16.000 litros, suficiente para que una familia responda a sus necesidades básicas durante seis meses, lo que aumenta la resiliencia ante el largo período de sequías en la región.
«Buscábamos agua en la represa, terminábamos el agua y volvíamos a la represa. Trabajábamos mucho, había una distancia de casi un km. Hoy día esto cambió», explica Feliciano Jaime, cacique de la comunidad Pozo Bravo II.
La participación activa de las comunidades y la estrecha colaboración con organizaciones sociales, como la Cooperativa Indígena Chowhay, Fundapaz y Asociana, fue clave para el éxito del proyecto.
«Con este proyecto logramos que cada comunidad decida dónde instalar cada obra para que se sientan tranquilas», dice Cristina Pérez, presidenta de la asociación indígena Lhaka Honhat.
La población recibió capacitación adaptada a las tradiciones y prácticas locales. El uso de intérpretes de idiomas wichí y toba también permitió una amplia participación de las comunidades, para el uso adecuado de las cisternas y la promoción de buenas prácticas de uso del agua.
«Se implementó un enfoque de género, diversidad e inclusión en todo el proyecto. Se trabajó con traductoras porque en las comunidades hay algunas personas que hablan español y otras que no, particularmente mujeres e infancias», comenta Celina Moreno Cordeu, trabajadora social de UNOPS.
La agencia de la ONU también proporcionó apoyo y capacitación para fortalecer al personal de obra local y garantizar la calidad de la construcción de las cisternas, fomentando el desarrollo sostenible a largo plazo en las comunidades.
«He aprendido mucho de las cisternas y de ser albañil. La tierra que sobra la estoy usando para construir mi casa. Estoy haciendo mi ranchito», dice Alfonso Pérez, trabajador de la Cooperativa Indígena Chowhay.
«Fue un verdadero esfuerzo de equipo. La verdad es que vamos a dejar una mano de obra local óptima cuando termine el proyecto», señala Luis Oggero, supervisor técnico de UNOPS.
Mientras, Tatiana Pereira, presidenta de la Cooperativa Indígena Chowhay, asegura: «Soy la primera mujer en formar parte del equipo constructivo. En nuestra zona es muy difícil conseguir trabajo formal y muchas veces nuestros jóvenes tienen que salir de su lugar de residencia a buscarlo. Me pone muy contenta que UNOPS haya dado trabajo a nuestros jóvenes».
Más allá de garantizar el acceso y el almacenamiento de agua potable para 75 familias y mejorar las condiciones de vida y las posibilidades, el proyecto está alimentando las ambiciones. Algunas familias están cultivando pequeñas huertas mientras que otras usan sus conocimientos recién adquiridos para encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Los techos de las cisternas también protegen del sol para las comunidades.
«Ahora estamos pensando en hacer la huerta con esta agua [de las cisternas] que vamos a tener para el riego. Lo que más plantamos aquí es tomate y morrón», comenta Rebeca Roldán, cacique de la comunidad indígena Pozo El Algarrobo
Los sistemas de recolección y almacenamiento de agua de lluvia están mejorando la salud, el bienestar y los medios de subsistencia de muchas familias, reduciendo la exposición a enfermedades transmitidas por el agua y ayudando a aumentar la resiliencia ante sequías extremas y olas de calor más frecuentes.
La construcción de 75 sistemas de recolección y almacenamiento de agua de lluvia en el norte de Argentina es uno de los componentes de un proyecto de siete años de 356 millones USD implementado por UNOPS con el Gobierno de Argentina. El Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Federal para el Desarrollo Sostenible en Argentina incluye la mejora, la renovación, la reconstrucción y la optimización de espacios públicos e infraestructura urbana y el apoyo a la respuesta a la emergencia de salud nacional, entre otros.
Esta historia fue originalmente publicada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
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Las perturbaciones climáticas en Brasil, Colombia y Perú están dejando a los niños sin educación, alimentos y otros servicios vitales, mientras los ríos alcanzan niveles devastadores.
Mientras la Organización Meteorológica Mundial informaba este jueves que, a casi dos meses de que acabe el año, el 2024 va camino de convertirse en el más cálido de la historia*, UNICEF destacaba uno de los efectos de ese calentamiento: la sequía en tres países de la región amazónica están dejando sin comida, agua y educación a 420.000 niños.
La falta de alimentos causada por la sequía del cambio climático aumenta el riesgo de malnutrición, retraso del crecimiento y emaciación, y muerte en los niños, sobre todo en los menores de 5 años, mientras que la escasez de agua, agravada por las sequías, puede provocar un acceso más precario al agua potable y un aumento de las enfermedades infecciosas.
Las investigaciones también han descubierto que las mujeres embarazadas que sufren sequías tienen más probabilidades de tener hijos con menor peso al nacer.
La sequía, sin precedentes desde el año pasado y que ha dejado los ríos de la cuenca del Amazonas en su nivel más bajo, está afectando gravemente a los niños y las comunidades ribereñas e indígenas de Brasil, Colombia y Perú, donde las familias dependen de esos caudales para transportar y acceder a alimentos, agua, combustible y suministros médicos básicos, así como para desplazarse a la escuela.
Los servicios esenciales, como la sanidad, la educación y la protección de la infancia, así como los medios de subsistencia de la agricultura y la pesca, también se ven gravemente alterados en la región, poniendo vidas en peligro.
«Durante siglos, la Amazonia ha albergado valiosos recursos naturales. Estamos siendo testigos de la devastación de un ecosistema esencial del que dependen las familias, dejando a muchos niños sin acceso a alimentos adecuados, agua, atención sanitaria y escuelas», afirmó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.
«Debemos mitigar los efectos de las crisis climáticas extremas para proteger a los niños de hoy y a las generaciones futuras. La salud de la Amazonia afecta a la salud de todos nosotros».
La Amazonia, la selva tropical más grande y diversa de la Tierra, se extiende por nueve países de América del Sur. Sólo en la región amazónica de Brasil, más de 1700 escuelas y más de 760 centros de salud han cerrado o son inaccesibles debido al bajo nivel del agua.
Según la última evaluación sobre el terreno realizada por UNICEF en 14 comunidades del sur de la Amazonia brasileña, la mitad de las familias afirman que sus hijos no van a la escuela como consecuencia de la sequía.
En la Amazonia colombiana, el nivel del agua de los ríos ha descendido hasta un 80%, lo que ha restringido el acceso al agua potable y al suministro de alimentos, y ha provocado la suspensión de las clases presenciales para los niños en más de 130 escuelas.
Esto, a su vez, ha aumentado el riesgo de que los niños sean reclutados, utilizados y explotados por grupos armados no estatales, y también ha provocado un aumento de las infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas, la malaria y la desnutrición aguda entre los niños menores de 5 años.
En Perú, la región nororiental de Loreto es la más afectada por la actual sequía, que pone en peligro a comunidades remotas, en su mayoría indígenas y ya vulnerables.
Más de 50 centros de salud han quedado inaccesibles, mientras que los incendios forestales, a menudo provocados por personas, pero cuya propagación se ha visto facilitada por las sequías de los dos últimos meses, también están causando una devastación sin precedentes y la pérdida de biodiversidad en 22 de las 26 regiones del país, además de aumentar la contaminación atmosférica a nivel local y regional.
UNICEF estima que se necesitan 10 millones de dólares durante los próximos meses para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas por las sequías en Brasil, Colombia y Perú, incluyendo la distribución de agua y otros suministros esenciales, la movilización de brigadas sanitarias y el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas comunitarios y los servicios públicos locales en las comunidades indígenas afectadas.
De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), UNICEF hace un llamamiento a los líderes para que lleven a cabo cuatro acciones fundamentales para los niños y los jóvenes:
«En todas las partes del mundo, los niños se enfrentan a las devastadoras consecuencias de las crisis climáticas», añadió Russell. «Nos encontramos en un momento crítico. Los niños deben estar en el centro de nuestras negociaciones sobre el clima».
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el año 2024 va camino de ser el más cálido jamás registrado, con una temperatura media global cercana a la superficie incluso superior a la de 2023.
El análisis de la temperatura mundial de la OMM abarca de enero a septiembre de 2024 y se basa en seis conjuntos de datos internacionales para proporcionar una evaluación consolidada de la temperatura.
La OMM facilitó la información al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP29, que se celebra en Bakú (Azerbaiyán).
«Hoy, la Organización Meteorológica Mundial y sus socios nos dicen que 2024 va camino de ser el año más caluroso jamás registrado, casi dos meses antes de que termine», dijo Guterres. «La humanidad está incendiando el planeta y pagando el precio.»
*Desde que existen registros
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Notipress.- El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) promueve la preservación de la gastronomía tradicional mediante talleres impartidos a mujeres de 10 municipios mexiquenses, entre ellos Toluca, Metepec y Temascaltepec. La iniciativa busca fomentar el empoderamiento femenino y mantener vivas las costumbres y recetas ancestrales de los pueblos originarios.
Durante el evento inaugural, se entregaron apoyos económicos para facilitar estos talleres. En total, 15 mujeres recibirán 3,500 pesos cada una, fortaleciendo así la integración comunitaria. Esta acción es parte del compromiso del gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez, orientado a preservar las tradiciones indígenas.
Juan Carlos González Romero, secretario de Bienestar, destacó que estas actividades resaltan la riqueza cultural de las comunidades mazahua, tlahuica, matlatzinca, nahua y otomí, así como de pueblos migrantes y afrodescendientes. Estas expresiones son un reflejo de la identidad del Estado de México y un patrimonio invaluable para la región.
Por su parte, Manuel Quiñones Flores, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del CEDIPIEM, subrayó la importancia de crear espacios donde estas tradiciones puedan transmitirse a nuevas generaciones y reconocerse como parte esencial de la diversidad cultural mexiquense.
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La diputada de Morena señala que su iniciativa busca que progresivamente haya comedores en las escuelas de educación básica
Palacio Legislativo, 12-02-2024 (Notilegis).- La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena) presentó una iniciativa con la finalidad de garantizar el derecho a una alimentación sana y suficiente para las nuevas generaciones, especialmente en las comunidades indígenas.
En un comunicado informó que propone reformar los artículos 2 y 3 de la Constitución Política y establecer con claridad el mandato expreso de que -en forma progresiva- el Estado instale comedores en las escuelas de educación básica
Si bien actualmente la Carta Magna se refiere a las “acciones de carácter alimentario”, Ascencio Ortega señala que es ambiguo, ya que puede incluir educación para la alimentación, huertos, cooperativas, campañas de concientización, apoyos extraordinarios a la alimentación, entre otros, por lo que dentro de esta gama de acciones se agregarían los comedores escolares.
“Lo que propone este proyecto es que el Estado siga impulsando las ‘acciones de carácter alimentario’ trátese de lo que se trate a través de la definición de una política pública, pero expresamente tendrá la obligación de instalar comedores escolares en escuelas de educación básica, particularmente en zonas de alta marginación”, sostuvo.
La legisladora recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 más de 10 millones de hogares tuvieron alguna dificultad para satisfacer las necesidades alimentarias de las infancias.
Por lo anterior, subrayó la importancia de aprobar la iniciativa en comento, ya que -puntualizó- satisfacer la necesidad básica de la alimentación permitirá a los menores tener un mejor desarrollo y realizar otras actividades como estudiar.
“México es todavía un país con hambre, pero además existen rezagos en una adecuada nutrición, sólo un pueblo debidamente alimentado puede salir adelante”, apuntó.
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Contiene elementos fundamentales e incluso prácticas de culto
Mérida, Yucatán, a 1 de febrero de 2024.- K’ÁAX, que significa Monte en lengua maya, es un espacio natural cuya importancia ha sido, es y será fundamental para los pueblos indígenas, que lo conciben como un área física que cobija especies, fauna y flora, que está determinado por elementos como la situación geográfica, el clima, en otros aspectos, afirmó Mirna Rubí Aguiar Paz, científica del Centro de Investigación Regional Dr. Hideyo Noguchi (CIR) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
“El monte es mucho más que eso, para acercarnos al conocimiento y compresión del monte es necesario mencionar que ese espacio que nosotros vemos como un lugar lleno de árboles y de arbustos es en realidad un mundo que, desde el pensamiento de los pobladores de las comunidades originarias de la península de Yucatán, es el universo maya”, recalcó.
La maestra en Ciencias Antropológicas impartió la conferencia “K´ÁAX: su importancia, y sus secretos en tierras del Mayab” en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez del CIR-UADY, donde reiteró que el Monte es un espacio físico natural y tangible donde el ser humano es parte del entorno, al igual que los otros elementos que los constituyen, pero también es un lugar donde se pervive con otros seres, no tangibles a los ojos, pero que son de gran importancia e incluso definen prácticas de culto y las actividades cotidianas en las zonas rurales.
En ese sentido, mencionó que el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, relata que un gran huracán vino del cielo, inundó la tierra y de ahí surgieron los árboles, las plantas, los animales, las cuevas y todo lo que se ve alrededor, es decir, las fuerzas creadoras de lo existente, pero también son las que destruyen.
Así mismo, relató su encuentro con Don Asterio Chi, poblador y fundador de la Comunidad de Nuevo Xcán, en Quintana Roo, quien compartió sus conocimientos acerca de los aspectos de la creación del Monte y lo que es necesario saber y respetar cuando uno suele caminar por los entornos de los pueblos.
“Por eso nosotros hacemos nuestra milpa y tenemos que pedir permiso a los dueños de los montes y cuando llega el tiempo de la cosecha ofrecemos lo que la milpa no da para que sobrevivamos, pero hacemos la primicia y luego agarramos lo que servirá para nosotros”, abundó.
La investigadora explicó que, en el Popol Vuh, la creación se describe perfectamente como la aparición de los demás elementos que conforman el universo maya, y entre éstos la naturaleza tiene límites, y en los relatos sobre la vivencia en los montes se puede percibir claramente.
Uno de los más conocidos, narró, si vas al monte y tiras muchos venados muy probablemente te encuentres con el “Rey de los Venados”, un ciervo gigante que se aparecerá para reclamarte que estas acabando con estos animales.
Otro de estos relatos, dijo, si vas caminando por el monte y sientes que alguien te va siguiendo, volteas la mirada y no ves nada, pero te chiflan o te tiran piedras, esos son los aluxes, son los cuidadores del Monte, si tu agarras algo de ahí, ellos te harán bromas o incluso podrían hacer que te enfermes.
“Estos testimonios son tan ricos en información que podríamos llevarnos mucho más tiempo reproduciéndolos y compartiendo las anécdotas que nuestros contemporáneos mayas tienen para compartir”, resaltó.
Por último, la antropóloga puso énfasis en la importancia del Monte y lo complejo y profundo que significa el vocablo K´ÁAX, porque mientras quienes estudian estos temas se preocupan por dar definiciones, “los pobladores de las comunidades nos remiten a considerar que la cultura y el universo maya están plagados de elementos simbólicos, lo cual nos obliga a valorar la riqueza que los saberes mayas nos ofrecen, en el acercamiento a la compresión de su espacio.
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Si bien estos ejercicios de transparencia se han implementado durante años, se ha llegado a obviar a los pueblos originarios: Raúl Bolaños-Cacho Cué.
Aunque los proyectos de infraestructura en México son considerados como el “motor” del crecimiento, desarrollo y bienestar del país, no se puede pasar por alto a la gente cuyo entorno se ve afectado por estas obras, particularmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, sostuvo el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué.
El legislador del PVEM afirmó que, si bien se han implementado en los últimos años consultas públicas, previas al desarrollo de proyectos, para conocer todas las voces de la sociedad, éstas no son obligatorias y en algunos ejercicios de transparencia se “obvian” a estos sectores, que reiteradamente han expresado su deseo de opinar respecto a los planes que se vayan a implementar en sus territorios.
Ante este vacío legal, Bolaños-Cacho presentó en la Comisión Permanente una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de incluir, en el artículo 34, la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de implementar una consulta pública a comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, previo a que se implementen proyectos de infraestructura en las áreas y lugares donde habitan.
Destacó que en México habitan más de 23 millones de personas que se identifican como indígenas o afrodescendientes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; de esa cantidad, más de 50 por ciento coincide en que la discriminación que padecen debe ser reconocida como un problema social y que merece una respuesta puntual.
La iniciativa, turnada para su análisis a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, busca garantizar y promover el respeto a los derechos de estos grupos sociales, como el derecho a la no discriminación, a la cultura, a la historia y, no menos importante, a la libre determinación.
Así, por ejemplo, los grupos indígenas y afrodescendientes podrán conocer los efectos laterales de un proyecto de infraestructura, como el impacto ambiental, desequilibrio ecológico o daño a la salud pública, además de información y aspectos técnicos que les sean relevantes para tomar una decisión.
El senador también precisó que con su propuesta se fortalece el cumplimiento de los acuerdos internacionales que México ha adoptado, entre ellos el objetivo número 10 de la Agenda 2030, relativo a la disminución de la desigualdad.
“En el Partido Verde reconocemos que las consultas son un acto de justicia, un paso crucial para el desarrollo de la democracia y la inclusión, por lo que al integrar la perspectiva de estas comunidades se promueve una visión integral que contribuye al respeto de los pueblos originarios”, concluyó Bolaños-Cacho.
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En 2023, el Gobierno de Mauricio Vila Dosal entregó 64 aulas con baño, para garantizar la atención educativa de niñas y niños de 0 a 3 años.
Mérida, Yucatán, 2 de enero de 2024.- Para garantizar que las niñas y niños de cero a 3 años que reciben los servicios de Educación Inicial Indígena sean atendidos en espacios dignos, seguros y de calidad, el Gobierno de Mauricio Vila Dosal entregó durante el año pasado 64 aulas con baño en beneficio de más de 2,000 menores de comunidades mayas, es decir, estas acciones alcanzaron a más del 50% de la población usuaria del servicio.
Entre los municipios que recibieron un aula con baño se encuentra, Abalá, Calotmul, Cantamayec, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzan , Espita, Halachó, Hocabá, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixmehuac, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid, Yaxcabá, entre otros, con una inversión de 34 millones de pesos.
El plantel “Bebezab” en Ticopó, del municipio de Acanceh, forma parte de las comunidades que recibieron estas acciones, en las que madres y padres y sus hijas e hijos reciben su primera experiencia educativa, en la que se incluye la participación activa de la familia para fortalecer el vínculo afectivo, a través del desarrollo de la creatividad, la exploración, la lectura, las experiencias de lenguaje, entre otros.
Cecilia Góngora Chi es una de las madres de familia beneficiadas con este centro educativo, en donde sus 2 hijos han acudido a esta modalidad, que les permite desarrollar habilidades para su fortalecimiento motriz y educativo. Como beneficiara del servicio, resaltó la gran ayuda que representa para sus hijos, ya que aprenden, juegan y conviven con niñas y niños de su edad.
Destacó que esta modalidad, fortalece los lazos afectivos de los padres con sus hijos, ya que, en su caso particular, acompaña a su hijo durante toda su jornada escolar en el proceso de aprendizaje, por lo cual los beneficios no son solamente para las niñas y niños, sino que también se extiende a las madres y padres de familia.
Como madre primeriza, no sabía cómo enseñarles cosas básicas a mis hijos, pero desde que acudimos a esta escuela de Educación Inicial me ha permitido acompañarlos mejor en su crecimiento con la ayuda de las maestras, a la vez que puedo estar más tiempo con ellos al involucrarme en sus actividades, dijo Góngora Chi.
Enfatizó que en el centro escolar su hija aprendió a caminar, escribir su nombre, los colores básicos, lo cual le permitió tener mayores herramientas y destrezas para entrar al preescolar, por tal motivo recalcó sobre la buena calidad del servicio que se ofrece en beneficio de las niñas y niños.
Recordó que cuando su hija mayor acudía al mismo servicio no contaban con las instalaciones adecuadas pues solo tenían un salón, carecían de baño y ahora que su hijo acude ya hay espacios dignos y seguros para una educación de calidad, con la construcción de un aula adicional con baño, así como el personal necesario para la atención de las niñas y niños.
A su vez, Mildred Pritz Magaña directora del plantel de Ticopó explicó que la primera experiencia escolar puede favorecer de manera importante el fortalecimiento de las capacidades personales para enfrentar situaciones familiares o sociales, por tanto, la educación inicial desempeña una función de primera importancia en el aprendizaje y el crecimiento de las y los infantes.
Estos espacios, aparte de reforzar y fomentar las tradiciones y la cultura, buscan fortalecer los lazos familiares del alumno con su círculo familiar. Asimismo, los tutores son testigos del aprendizaje y construcción académica de sus niños, expresó.
La directora del plantel agradeció el compromiso y apoyo del Gobierno del Estado por dotar de mejores instalaciones y equipamiento para el beneficio de los 51 infantes que acuden a este centro educativo, resaltando el incremento de la matrícula gracias que los padres de familia se sienten seguros al llevar a sus hijas e hijos en espacios seguros para su desarrollo.
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En 2023, el Gobierno de Mauricio Vila Dosal entregó 64 aulas con baño, para garantizar la atención educativa de niñas y niños de 0 a 3 años.
Mérida, Yucatán, 2 de enero de 2024.- Para garantizar que las niñas y niños de cero a 3 años que reciben los servicios de Educación Inicial Indígena sean atendidos en espacios dignos, seguros y de calidad, el Gobierno de Mauricio Vila Dosal entregó durante el año pasado 64 aulas con baño en beneficio de más de 2,000 menores de comunidades mayas, es decir, estas acciones alcanzaron a más del 50% de la población usuaria del servicio.
Entre los municipios que recibieron un aula con baño se encuentra, Abalá, Calotmul, Cantamayec, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzan , Espita, Halachó, Hocabá, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixmehuac, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid, Yaxcabá, entre otros, con una inversión de 34 millones de pesos.
El plantel “Bebezab” en Ticopó, del municipio de Acanceh, forma parte de las comunidades que recibieron estas acciones, en las que madres y padres y sus hijas e hijos reciben su primera experiencia educativa, en la que se incluye la participación activa de la familia para fortalecer el vínculo afectivo, a través del desarrollo de la creatividad, la exploración, la lectura, las experiencias de lenguaje, entre otros.
Cecilia Góngora Chi es una de las madres de familia beneficiadas con este centro educativo, en donde sus 2 hijos han acudido a esta modalidad, que les permite desarrollar habilidades para su fortalecimiento motriz y educativo. Como beneficiara del servicio, resaltó la gran ayuda que representa para sus hijos, ya que aprenden, juegan y conviven con niñas y niños de su edad.
Destacó que esta modalidad, fortalece los lazos afectivos de los padres con sus hijos, ya que, en su caso particular, acompaña a su hijo durante toda su jornada escolar en el proceso de aprendizaje, por lo cual los beneficios no son solamente para las niñas y niños, sino que también se extiende a las madres y padres de familia.
Como madre primeriza, no sabía cómo enseñarles cosas básicas a mis hijos, pero desde que acudimos a esta escuela de Educación Inicial me ha permitido acompañarlos mejor en su crecimiento con la ayuda de las maestras, a la vez que puedo estar más tiempo con ellos al involucrarme en sus actividades, dijo Góngora Chi.
Enfatizó que en el centro escolar su hija aprendió a caminar, escribir su nombre, los colores básicos, lo cual le permitió tener mayores herramientas y destrezas para entrar al preescolar, por tal motivo recalcó sobre la buena calidad del servicio que se ofrece en beneficio de las niñas y niños.
Recordó que cuando su hija mayor acudía al mismo servicio no contaban con las instalaciones adecuadas pues solo tenían un salón, carecían de baño y ahora que su hijo acude ya hay espacios dignos y seguros para una educación de calidad, con la construcción de un aula adicional con baño, así como el personal necesario para la atención de las niñas y niños.
A su vez, Mildred Pritz Magaña directora del plantel de Ticopó explicó que la primera experiencia escolar puede favorecer de manera importante el fortalecimiento de las capacidades personales para enfrentar situaciones familiares o sociales, por tanto, la educación inicial desempeña una función de primera importancia en el aprendizaje y el crecimiento de las y los infantes.
Estos espacios, aparte de reforzar y fomentar las tradiciones y la cultura, buscan fortalecer los lazos familiares del alumno con su círculo familiar. Asimismo, los tutores son testigos del aprendizaje y construcción académica de sus niños, expresó.
La directora del plantel agradeció el compromiso y apoyo del Gobierno del Estado por dotar de mejores instalaciones y equipamiento para el beneficio de los 51 infantes que acuden a este centro educativo, resaltando el incremento de la matrícula gracias que los padres de familia se sienten seguros al llevar a sus hijas e hijos en espacios seguros para su desarrollo.
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Alianza Sierra Madre es una asociación que trabaja con las comunidades indígenas Coloradas de la Virgen y Choréachi, en la Sierra Tarahumara, para promover sus derechos y protegerlas de empresas, caciques y narcotraficantes.
Debido a sus riquezas naturales, la Sierra Tarahumara, situada en el estado mexicano de Chihuahua, México, es un lugar acosado por intereses privados, los caciques locales y los grupos de narcotraficantes, y una región que cuenta con muchos desplazados internos.
Desde hace tiempo, sus habitantes y distintas asociaciones, entre ellas la organización Alianza Sierra Madre, se han organizado para protegerse y promover sus derechos.
La dirigente de la Alianza, Isela González Díaz, contó a Noticias ONU que el principal reto que han encontrado ha sido garantizar el acceso a la justicia y prevenir la invasión de sus tierras por esos caciques y grupos empresariales o de los mismos narcotraficantes.
Reconocimiento de los territorios indígenas
Alianza Sierra Madre trabaja, desde los años 90, con las comunidades indígenas Coloradas de la Virgen y Choréachi, especialmente en la promoción de sus derechos de defensa de la tierra, la conservación biocultural y el bienestar comunitario.
Durante tres décadas, el trabajo de la asociación ha dado resultados como el reconocimiento legal de los territorios indígenas y la protección estatal de más de 30.000 hectáreas de bosque de pino Encino.
Además, ha logrado que el Tribunal Unitario Agrario local suspenda los permisos de aprovechamiento forestal, que se habían autorizado a ciertos grupos privados.
Isela González explica el trabajo que hacen en cumplimiento de los planes de la Junta de gobierno del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
“Estamos trabajando mucho en la reparación del daño material e inmaterial a la comunidad de Las coloradas de la Virgen y de las familias desplazadas”, dijo y añadió que también están trabajando en la capacitación de las familias desplazadas.
Además, mantienen un caso en la Corte Interamericana “documentando que el Estado no vaya a permitir agresiones hacia la comunidad”.
Más allá de acompañar jurídicamente y empoderar a las comunidades indígenas para que conozcan y exijan sus derechos, Alianza Sierra Madre participa en procesos de diálogo con autoridades y otros actores de la sociedad civil para sensibilizarlos sobre los derechos de las comunidades.
Combate del narcotráfico
Aparte de su búsqueda por defender los territorios, la organización trabaja para combatir la violencia vinculada al narcotráfico. De acuerdo con González, su trabajo le ha causado amenazas de muerte y campañas de desprestigio.
“Estamos en una zona en el triángulo dorado y siempre se han tenido amenazas y hostigamiento, y esto incrementó porque hubo un parteaguas que facilitó mucho a los caciques o actores sociales que pretenden despojar a las comunidades de su territorio”, manifestó.
Organismos nacionales e internacionales han reconocido la situación de violencia extrema que azota a la Sierra Tarahumara y que significa un elevado riesgo para las personas defensoras de derechos humanos.
Debido a su labor, tanto las y los líderes comunitarios como integrantes de Alianza Sierra Madre, han sufrido represalias, mientras muchas comunidades se ven forzadas a desplazarse por temor a la presencia del crimen organizado y a las ejecuciones, amenazas y reclutamiento forzado en campos de siembra de opiáceos.
En febrero de 2014, el Mecanismo Federal de Protección a defensores del Gobierno de México otorgó medidas de protección a varios integrantes de Coloradas de la Virgen, entre ellas Isidro Baldenegro López, uno de los principales defensores de la sierra. No obstante, a pesar de ello, el 15 de enero del 2017, lo asesinaron.
“Acompañamos a las personas que se encuentran en situaciones de desplazamiento forzado; sólo lo podemos hacer a través de acompañamiento policiaco por ser beneficiarios del Mecanismo de Protección, aunque éste sí nos limita, porque siempre están ahí acompañándonos los policías. Finalmente, estamos muy conscientes que hay cosas que no se pueden tratar delante de los policías. Sobre todo, las estrategias”, comentó González.
Redes de Apoyo
Alianza Sierra Madre trabaja en red con otras organizaciones nacionales e internacionales, como la propia ONU, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional, el Centro Agustín Pro Juárez y la asociación civil hermana en los Estados Unidos: Sierra Madre Alliance.
Además, junto con Tierra Nativa y la Consultoría
Técnica Comunitaria (CONTEC), son una de las tres integrantes de la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, creada en 2012 para sumar esfuerzos en cuanto a estrategias jurídicas para la defensa del territorio de los pueblos y el uso preferente de sus recursos naturales.
Apoyo de ONU Mujeres
Isela González Díaz indicó que, a través de un grupo de embajadas europeas, se le ha dado respaldo jurídico a las personas activistas que se encuentran en riesgo, como ella misma. Es una de las seleccionadas para recibir respaldo político en la Embajada suiza, lo que le dio oportunidad de ser parte de la campaña Protejamos sus voces, organizada por la Mesa de Cooperación para la Igualdad de Género en México, integrada por ONU Mujeres y 24 embajadas y delegaciones.
“Estamos acompañadas por Brigadas Internacionales de Paz, ellos nos han capacitado mucho para hacer manuales de protección y en cómo disminuir riesgos; además de la visibilidad, si Alianza Sierra Madre tiene el respaldo de alguna o algún relator de las Naciones Unidas, inmediatamente es un reconocimiento a nuestro trabajo“.
Volver a casa
El pasado 2 de octubre la Alianza comenzó la campaña de recaudación de fondos Volver a Casa: un camino de esperanza y dignidad, la cual se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2023.
El monto recaudado será destinado al acompañamiento de familias desplazadas de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, quienes han salido de sus hogares para salvaguardar su vida.
Alianza Sierra Madre recordó que han pasado cinco años desde que le quitaron la vida al defensor indígena Julián Carrillo Martínez y aún no es posible un retorno seguro para su familia.
Por eso creen que este es un buen momento para que la ciudadanía se sume a su lucha para apoyar a las y los defensores del bosque bajo la exigencia de la garantía de sus derechos.
De acuerdo con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el desplazamiento forzado interno ha sido documentado en México al menos desde la década de 1970. No obstante, su reconocimiento oficial como problema público por el Gobierno de México ocurrió en abril de 2019.
La situación más allá de la Sierra Tarahumara
Chihuahua ha sido uno de los estados más afectados por la violencia en las últimas décadas.
La presencia histórica de grupos de la delincuencia organizada, la nula respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad de la ciudadanía, la colusión con actores públicos y privados para la sobreexplotación del bosque, así como las acciones dirigidas al despojo de tierras de cultivo y bienes comunes, en particular de comunidades indígenas, han ocasionado múltiples eventos de violencia en contra de las personas y poblaciones de diversas comunidades serranas.
La situación de violencia ha generado que personas que habitan la región hayan sido desplazadas hacia otras partes del estado, incluso a otras entidades federativas.
Por el incremento de episodios de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, principalmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, personas rarámuri y ódami se han visto en la necesidad de salir de sus comunidades para resguardarse en lugares más seguros.
A la fecha, la situación ha empeorado con nuevos desplazamientos, pues siguen viviendo bajo amenazas por las cuales es imposible que los integrantes de la región regresen a su comunidad en condiciones de dignidad y seguridad.
Las niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento también son víctimas directas, pues el lugar donde se encuentran tiene múltiples carencias, que constituyen una grave violación a sus derechos humanos.
Aún lejos de su territorio, las personas desplazadas continúan su labor de defensa del bosque y de la memoria de quienes han sido asesinados por negarse al despojo de su territorio.
Este reportaje ha sido producido por Primavera Díaz para Noticias ONU.
Boletín de prensa de la ONU
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Desde el 2020, la SCJN ordenó al Congreso expedir una ley que regulara el derecho a la consulta y hacerlo antes del 31 de agosto de 2021.
En México 23.2 millones de personas mayores de tres años se autoidentifican como indígenas, el 19.4% de la población.
El documento titulado “Avance comparado en la regulación del derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y tribales”, elaborado por la investigadora Susana Ramírez Hernández, apunta que, por mandato constitucional y de la Corte, el Congreso de la Unión tiene pendiente emitir una legislación que regule el contenido del derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
El estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) sostiene que, si bien han existido esfuerzos a nivel federal y estatal para crear algunos mecanismos de consulta indígena, la falta de una ley que regule este derecho propicia que su cumplimiento sea opcional y complicada su exigibilidad.
La investigación explica que el derecho a la consulta indígena fue reconocido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, el cual reconoció un piso mínimo de derechos y definió las obligaciones de los Estados Parte para garantizarlos.
En ese sentido, señala que México ratificó dicho convenio 1990 y once años después aprobó la reforma al artículo 2 constitucional que, entre otras cosas, reivindicó el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que les atañen en su propio desarrollo y ordenó realizar adecuaciones a las leyes para garantizar este derecho.
Agrega que, en mayo de 2018, personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas presentaron diversas demandas en el sentido de crear una la ley para reglamentar la consulta indígena.
La investigación señala que, en el año 2020, luego de varios fallos judiciales en respuesta a estas demandas, la SCJN concedió un amparo en el que se ordenó al Congreso a reglamentar la consulta, antes del 31 de agosto de 2021.
Por otro lado, el estudio del IBD apunta que, actualmente, solo tres estados cuentan con una ley de consulta indígena (San Luis Potosí, Durango y Oaxaca), mientras que 25 entidades reconocen este derecho en sus Constituciones o leyes locales, pero sin tener aún una ley de consulta como tal.
Desde 2018 hasta la fecha, se han presentado 9 iniciativas de ley de consulta indígena en las cámaras del Congreso de la Unión.
El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5997
Boletín de prensa
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En la reunión se aprobaron 10 opiniones a iniciativas en favor de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos
La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presidida por la diputada Irma Juan Carlos (Morena), avaló con 19 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
La reforma plantea que en los juicios o procesos en que se involucren derechos de comunidades, pueblos o personas que hablen lenguas indígenas, a petición de parte, se promoverá, además del formato tradicional de sentencia, uno de lectura accesible y sencilla en su lengua a fin de salvaguardar su derecho de acceso a la justicia.
El documento señala que cuando las personas indígenas se ven involucradas en el sistema de justicia se enfrentan a diversas barreras, una de ellas es la complejidad del lenguaje utilizado en el sistema legal, por lo que la adopción de formatos de lectura fácil en las sentencias puede auxiliar en la garantía de una justicia equitativa y accesible para todos.
Al utilizar un lenguaje sencillo, claro y comprensible se garantiza que todos los individuos, independientemente de su nivel educativo o dominio del idioma, entiendan plenamente sus derechos, las decisiones judiciales y las consecuencias legales que conllevan, cita el dictamen.
Asimismo, al emplear un lenguaje accesible se logra una conexión con la cosmovisión indígena en las sentencias, además de promover la colaboración entre los dos sistemas de justicia, fortaleciendo la justicia intercultural y asegurar que las decisiones judiciales sean comprensibles.
Opiniones a iniciativas
Por unanimidad se avalaron las siguientes opiniones a iniciativas. La primera, reforma y adiciona el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de establecer que comete el delito de violencia política en razón de género quien prohíba por cualquier medio a una mujer indígena o afromexicana el ejercicio de sus derechos político-electorales.
La segunda opinión es en referencia a la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política, la cual busca establecer que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas y afromexicanos.
Una más es a la iniciativa que adiciona un numeral al artículo 31 del Reglamento de la Cámara de Diputados para indicar que el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, aprobará que, en el salón de sesiones una persona sea invitada, haga uso de la tribuna y hable en lengua indígena, con el propósito de reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.
La cuarta opinión es a la iniciativa que reforma los artículos 2° y 73 de la Constitución Política para señalar que el Estado deberá consultar a los pueblos y comunidades indígenas mediante procedimientos apropiados, de buena fe y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, con la finalidad de llegar a un acuerdo.
La quinta opinión es a la iniciativa que reforma el artículo 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de establecer que para la integración del Consejo Ciudadano, además del principio de paridad, se deberá garantizar la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como a las personas con discapacidad.
Otra opinión atañe a la iniciativa por la que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para indicar que la política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de gobierno, atenderá los principios de libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una más se refiere a la iniciativa que reforma los artículos 2, 41 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuanto a las reducciones a los programas presupuestarios y a las inversiones dirigidas al Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
La octava opinión es sobre la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76 de la Ley General de Educación y 38 de la Ley General de Educación Superior, que hace referencia a la garantía de los espacios necesarios en la matrícula escolar del nivel superior a los estudiantes provenientes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Otra opinión se refiere a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en materia del programa nacional para la igualdad y no discriminación.
Una más fue a la iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, que plantea promover la participación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural del país.
Asuntos generales
La presidenta de la Comisión, diputada Irma Juan Carlos, reconoció el trabajo y participación de las y los integrantes en los trabajos y elaboración de dictámenes en beneficio de estas comunidades.
La diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) comentó que se ha trabajado en común acuerdo para tomar decisiones importantes sobre los dictámenes en favor de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.
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JADENKÄ logró mejoras equivalentes a más de medio año escolar de aprendizajes de matemáticas en estudiantes preescolares de comunidades indígenas.
El programa de educación intercultural bilingüe JADENKÄ recibió el Premio Internacional Khalifa para el Aprendizaje en la Niñez Temprana (Khalifa International Early Learning Award), uno de los de mayor prestigio global en temas educativos.
Ari Taen JADENKÄ (Contemos y juguemos, en lengua Ngäbere) es un modelo de educación intercultural bilingüe para que estudiantes indígenas aprendan matemática temprana y sus idiomas nativos, al mismo tiempo que se conecten con su herencia ancestral y cierran las brechas de aprendizaje.
En América Latina y el Caribe, los estudiantes indígenas presentan grandes brechas de aprendizaje respecto a sus pares no indígenas. De hecho, en Panamá, donde se aplica el modelo, se encontró que los preescolares indígenas tenían habilidades matemáticas un 25% por debajo de sus pares no indígenas y una brecha en lectura del 40%.
La evaluación del programa muestra mejoras equivalentes a más de medio año escolar de aprendizajes de matemáticas, sin añadir tiempo de instrucción adicional. También se evidenciaron mejoras en las competencias de los docentes y beneficios en la identidad cultural de los estudiantes.
JADENKÄ surgió como parte de una colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Ministerio de Educación y a la organización Innovations for Poverty Action (IPA). El programa fue distinguido por Khalifa en la categoría “Mejor programa, currículo, metodología y práctica de enseñanza”, fue financiado por los fondos japoneses del BID.
La iniciativa es una solución innovadora para resolver uno de los desafíos que encuentran las escuelas indígenas en América Latina y el Caribe: la escasez de profesores y la limitada formación en habilidades pedagógicas y conocimiento de la cultura y la lengua indígena necesarios para brindar una educación bilingüe intercultural de calidad.
“Es de alta importancia que el Premio Internacional de Khalifa para el Aprendizaje Temprano se entregue a un modelo de educación intercultural bilingüe para preescolares. Este programa demuestra que es posible reducir la brecha de rendimiento académico, y por lo tanto una de las tantas desigualdades que existen en la región, sin obligar a los estudiantes a elegir entre su aprendizaje académico y su identidad cultural y lingüística”, expresó la jefa de educación del BID, Mercedes Mateo.
JADENKÄ es el primer experimento aleatorio del mundo de educación matemática intercultural bilingüe en el nivel preescolar. Basado en los resultados en el aprendizaje de los estudiantes, se expandió a toda la comarca Ngäbe en Panamá. En la actualidad, el equipo que lleva adelante el proyecto se prepara para expandirlo al idioma quechua.
Acerca del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.
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Puerto Nariño (Colombia), 28 may (EFE).- Cerca de 4.000 metros cuadrados de selva fueron arrasados en 2015 en mitad del Amazonas, en el municipio colombiano de Puerto Nariño, para construir una granja solar que beneficiaría con energía eléctrica a tres comunidades indígenas. Sin embargo, a día de hoy, ese proyecto no les ha permitido encender ni un bombillo.
En ocho años ese proyecto ha tenido 7 suspensiones, 17 ampliaciones y 8 prórrogas avaladas por la interventoría y que, según la Contraloría General de la República, están en alto riesgo de quedar como ‘elefantes blancos’. Mientras tanto, el parche deforestado en la ribera del río Amazonas sigue intacto.
Esto ha generado que el ambiente de las comunidades indígenas de Macedonia, San Martín de Amacayacu y 20 de Julio, que viven en esta zona selvática del departamento colombiano de Amazonas, haya tomado tintes de decepción, pues aseguran haber confiado su selva a un proyecto que, hasta el momento, solo ha destruido lo más sagrado que tienen: la naturaleza.
“Esto es muy triste. La empresa dejó todo abandonado, los paneles se están pudriendo y muchos implementos se los han ido robando. Hemos hecho mingas (protestas) comunitarias para tratar que esto no se pudra más, pero ha sido imposible. El abandono es total”, precisa a EFE Clever Talanta, curaca de la comunidad indígena 20 de Julio.
El líder indígena también afirma que los contratistas salieron del lugar y no cancelaron algunas obligaciones que tenían con la comunidad que hoy espera respuestas.
“Les deben a varios trabajadores que pusimos en la zona, hombres y mujeres, que ahora necesitan su dinero para salir adelante. Aquí no dejaron nada, solo un bosque talado y cero energía”, puntualiza.
Esta granja solar tiene un avance del 68,74 %, tuvo un valor inicial de 26.869 millones de pesos (6 millones de dólares), pero se le hicieron adiciones por 2.866 millones de pesos (640.000 dólares) para un costo total de 29.736 millones de pesos (6,7 millones de dólares), no obstante, no ha producido un kilovatio de energía.
“Es urgente decirles a las autoridades que vengan a terminar esto, no podemos quedar con un ‘elefante blanco’ en nuestro territorio, sentir que nos robaron la ilusión de salir adelante, recibir turistas y contar con energía eléctrica”, asegura Urbano Ferreira, indígena de la zona.
Este hecho también fue denunciado por el congresista del oficialista Pacto Histórico Alejandro Ocampo quien aseguró que desde la Cámara de Representantes se le pedirá explicaciones a la empresa responsable por la ejecución del proyecto.
“Uno de los compromisos que adquirimos con la gente es el de hacer presencia en el territorio y seguimos de cerca lo que pasa con esta granja solar, a escasos metros del río Amazonas y muy cerca de la frontera con Perú. Las comunidades deben tener respuestas ya”, insiste Ocampo a EFE.
AHOGADOS POR EL DIÉSEL
Al no estar interconectado con el sistema de energía a nivel nacional, y ante la falta de soluciones de energías limpias, el departamento de Amazonas cuenta con dos grandes plantas que funcionan las 24 horas con combustible diésel para abastecer a sus comunidades.
La primera queda en la capital departamental, Leticia, y su consumo supera los 2,5 millones de galones al año; la segunda, en Puerto Nariño, una población cercana a la capital y comunicada por río que está muy cerca de las comunidades afectadas por la granja solar abandonada.
Los lugareños aseguran que el estruendo constante de estas plantas genera perturbación en la fauna y flora, mucho más por estar cerca del río Amazonas y al lado de los caseríos (aldeas).
“El diésel nos está matando, eso hace mucha bulla y contaminación. Necesitamos las energías limpias, que terminen los páneles solares, pero que por favor, no roben a estas comunidades, aquí también queremos progresar”, concluye el curaca del 20 de Julio.
Mario Baos
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Buenos Aires, 21 abr (EFE).- Latinoamérica tiene aún mucho por hacer para que su pionero Acuerdo de Escazú se traduzca en un acceso concreto de las comunidades indígenas a la información, la participación y la protección legal en asuntos ambientales, un reto que ha sido eje de debates en una reunión de los Estados parte del tratado que concluyó este viernes en Buenos Aires.
El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor hace dos años, tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y crear instrumentos de protección a los defensores ambientales, entre los que están las comunidades indígenas.
Aunque ya es un logro el compromiso para garantizar estos derechos asumido por los 15 países de Latinoamérica y el Caribe que, hasta ahora, han ratificado este tratado, la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú que terminó este viernes deja algo de sabor amargo para las comunidades indígenas.
Y es que en la conformación del comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento del tratado -principal objetivo de esta cita en Argentina- ninguno de sus siete integrantes es indígena.
La reunión finalizó este viernes con la elección de los siete primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado -Chile, Uruguay, Granada, Costa Rica, Argentina, Jamaica y Panamá- y con un llamado de los países miembros a profundizar su “implementación”.
El documento final también celebró la puesta en marcha del Fondo de Contribuciones Voluntarias con el aporte de México y el anuncio de una contribución de Chile.
EXCLUSIÓN
“Los líderes y lideresas indígenas son autoridades y necesitan que sus visiones y sus conocimientos sean integrados en este proceso”, señaló a EFE Jackeline Borjas, miembro de Kambak, una organización indígena en defensa de la biodiversidad en los territorios amazónicos.
Según Karla Maass, miembro de Climate Action Network en Latinoamérica y coordinadora regional de la Alianza Cuencas Sagradas, en la que participa una treintena de pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana y peruana, los indígenas quedan excluidos de la conformación del comité desde el arranque, con requisitos de selección “occidentales” que exigen, por ejemplo, acreditar títulos académicos.
Esta “brecha” también excluye a los indígenas de aspectos básicos, como el acceso a la información ambiental y la interpretación de la misma.
“Uno de los principios que establece el Acuerdo de Escazú es la máxima publicidad de la información ambiental. Pero la información no está disponible en lenguas indígenas, no pasa por las radios, que es su medio de comunicación, ni llega a las asambleas de las comunidades”, dijo a EFE Maass.
EN PELIGRO
Entre la decena de países que firmaron el Acuerdo de Escazú pero aún no lo han ratificado están Brasil, Colombia y Perú, en los que viven muchísimas comunidades indígenas amazónicas que enfrentan en su territorio severas dificultades a la hora de defender sus territorios ante el avance de proyectos extractivistas.
“El no poder en muchas ocasiones acceder a la información y, en ese ejercicio, el no tener el respaldo por parte del Estado es uno de los grandes desafíos que sufrimos”, dijo a EFE Oscar Daza Gutiérrez, joven líder del pueblo Koreguaje y miembro de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.
Elaine Shajian Shawit, del pueblo Awajún y vicepresidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, en la Amazonía peruana, lo ha sufrido en carne propia: ha sido blanco de persecución policial y hostigamiento judicial por protestar ante los derrames petroleros, la contaminación minera y la tala indiscriminada.
“Cuando los pueblos indígenas salen a reclamar su justo derecho por la contaminación de sus territorios, lo único que pasa es que criminalizan a sus líderes. Fui denunciada por haber reclamado por un derrame de hidrocarburos en nuestro territorio”, contó a EFE Elaine.
Según el más reciente informe de la asociación internacional Global Witness, presentado en septiembre pasado, 157 de los 200 asesinatos de defensores ambientales perpetrados en el mundo en 2021 se registraron en Latinoamérica, con México, Colombia y Brasil concentrando 113 muertes-, y en un 40 % de los casos las víctimas eran indígenas.
Junto al emblemático caso de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, entre los ataques más recientes resaltan la muerte de Breiner David Cucuñame, niño indígena colombiano que quería ser defensor medioambiental, y del activista indigenista Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips en Brasil, los tres en 2022.
“Eso es el costo de los pueblos indígenas defendiendo sus derechos”, aseveró Elaine, una de los varios líderes que alzaron su voz en las sesiones plenarias en Buenos Aires para exigir ser tenidos verdaderamente en cuenta.
Natalia Kidd
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Anastacia Torija Hernández habló desde la tribuna de la Cámara de Diputados
En sesión semipresencial, Anastacia Torija Hernández, hablante de la lengua didzá xidza’ (zapoteco serrano del nororeste bajo), expresó que hoy más que nunca lo que piden y necesitan los pueblos y comunidades indígenas es un lugar digno, un trato justo e igual.
“Quieren ser parte fundamental de este gran país. Quieren ser ciudadanos con todos los derechos que merecen. Quieren que se les tome en cuenta y que se les trate con respeto. Ése es el mensaje en mi lengua originaria: zapoteco”, añadió.
En el marco del acuerdo de la Cámara de Diputados para conceder la palabra a hablantes de las lenguas originarias de México, argumentó que las lenguas maternas son un ejemplo de la diversidad cultural de los pueblos; permiten que las historias y las leyendas de las raíces, comienzos y principios se sigan difundiendo.
“Las lenguas indígenas son importantes porque aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente; encierran un cúmulo de historias y tradiciones que definen la identidad de los pueblos que las hablan, pero desafortunadamente muchas de ellas corren el riesgo de desaparecer por el racismo y la marginación en que viven quienes las hablan”, aclaró.
Torija Hernández consideró necesario en esta tribuna y en todas las tribunas nacionales e internacionales, reconocer que las lenguas originarias se están extinguiendo debido a la discriminación que sufren quienes se atreven a hablarlas con orgullo, y que muchos padres indígenas terminan por fomentar la comunicación y educación de sus hijos en las lenguas dominantes de hoy, a fin de crearles condiciones “óptimas” para el éxito social y profesional.
Eso último, subrayó, ocurre por la presión social que se ejerce para adaptarse a los lugares de destino donde se entiende que es necesario dejar de hablar en la lengua materna para participar en la sociedad.
Estimó que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de mantener y utilizar su propia lengua, recibir una educación bilingüe e intercultural, utilizar su lengua en procedimientos judiciales y administrativos y decir no a la no discriminación por razones lingüísticas en el trabajo, la escuela y los lugares públicos.
“Estos derechos se encuentran protegidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, precisó.
La originaria de la comunidad de Santiago Yagallo, ubicada en la Sierra Juárez de Oaxaca, aseguró que a pesar de las diferentes formas en que se estigmatizan comentarios, descalificaciones, e incluso burlas hacia la pronunciación al hablar en español, con el objetivo de hacernos sentir inferiores, no han conseguido que dejemos de hablar nuestra lengua materna.
“Es importante que el valor de las lenguas indígenas vaya más allá de una visión estética, pues las lenguas originarias llevan con ella la cosmovisión de sus pueblos. Luchemos para que ninguna niña o niño crezca avergonzado de sus raíces, que sepan que hablar una lengua indígena es motivo de orgullo, ya que es parte de su identidad”, agregó.
Relató que los pueblos originarios ya están levantando la voz para exigir, hoy más que nunca, ser visibilizados y escuchados. “Nuestra lucha es por un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Que brillen, pues, en todo su esplendor, ¡la igualdad, la solidaridad y la libertad a través de nuestras lenguas originarias!”.
La hablante de la lengua zapoteca agradeció el espacio en esta tribuna para dirigir el mensaje en su lengua materna. “Acudo en representación de mis hermanas y hermanos indígenas, mujeres y hombres de barro y de maíz sin voz y sin rostro, que hoy quieren ser vistos y escuchados y que reclaman su lugar en esta patria, en este lugar que les es propio como integrantes de los pueblos originarios de una nación”.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, expresó que Anastacia Torija Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Oaxaca, intérprete y promotora intercultural en el ámbito de justicia indígena e interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa, en materia de procuración y administración de justicia por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
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Además, que autoridades educativas atiendan de manera prioritaria las escuelas en esas zonas
El diputado Alberto Anaya Gutiérrez (PT) planteó modificar la Ley General de Educación
El diputado Alberto Anaya Gutiérrez (PT) propuso reformar diversos artículos de la Ley General de Educación, a fin de que las autoridades educativas garanticen programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en zonas rurales, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Los cambios a los artículos 9, 102 y 124 de dicha norma legal también establecen que las autoridades educativas atiendan de manera prioritaria las escuelas que, por estar en pueblos afromexicanos, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar.
Asimismo, que se privilegiará en los programas compensatorios que lleve a cabo el Ejecutivo Federal, a aquellas escuelas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, de alta conflictividad social, rurales y en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
El documento, turnado a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, señala que las escuelas en zonas marginadas atraviesan una desigualdad social que trae consigo el carente desarrollo de la educación.
Menciona que información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que México tiene índices muy altos de deserción escolar, debido a factores que van desde el poco personal docente, hasta las condiciones deplorables de las aulas y escuelas en general, cuestiones que estamos llamados a combatir por un porvenir con bienestar para las próximas generaciones.
Precisa que los problemas de las escuelas en las zonas marginadas van desde no tener servicios públicos, hasta el difícil recorrido para llegar a ellas, pues buena parte de las comunidades aisladas se ubican, por ejemplo, en zonas montañosas donde el trayecto es de hasta tres horas.
En las escuelas establecidas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, de alta conflictividad social, rurales y en pueblos de comunidades indígenas, las y los estudiantes ven limitado su derecho a la educación por la falta de maestras y maestros, resalta.
Subraya que entre las principales causas de la falta de personal docente en estos centros educativos está que el sueldo es insuficiente e inestable.
Por ello, indica, con incentivos salariales se puede posibilitar e incrementar la oportunidad para que los centros cuenten con personal docente preparado, capacitado y comprometido con la sociedad y ello produzca un ambiente educativo y laboral de calidad.
Las autoridades educativas, recalca, tienen que difundir los beneficios de la educación, pero también es su obligación garantizar que las y los docentes, como pilares del sistema educativo, tengan una garantía laboral y se beneficien de un salario que sea reflejo de su labor social por llevar educación a la gente de las comunidades más lastimadas por la desigualdad en nuestro país.
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