Inaugura el Gobernador Joaquín Díaz Mena los Foros Regionales y Consulta para la construcción del anteproyecto de la Ley General de Educación Media Superior en la región sureste. Participan Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.
Desde Yucatán, se contribuye a la transformación profunda del sistema educativo de nuestro país, al inaugurar los Foros Regionales y Consulta para la construcción del anteproyecto de la Ley General de Educación Media Superior en la región sureste, que reúne a docentes, académicos, especialistas, autoridades educativas, legisladores, estudiantes, padres y madres de familia, y representantes de la organización civil de Yucatán y los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.
En este sentido, en el Instituto Tecnológico de Mérida, el Gobernador Joaquín Díaz Mena y la subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Tania Rodríguez Mora, pusieron en marcha las actividades de los Foros y Consultas de la zona sureste, donde se pretende reunir propuestas para la elaboración de políticas públicas que permitan alcanzar una educación con equidad y excelencia.
“Hagamos políticas públicas que atiendan el problema, no demos paso a la letra muerta en la Ley de Educación Media Superior. Que cada línea y enunciado que pongamos aquí sea exhaustivamente discutido por quienes día a día viven la realidad desde las aulas”, aseveró el titular del Ejecutivo estatal.
En ese sentido, el Gobernador afirmó que Yucatán alza la voz para que ningún niño, niña ni joven se quede atrás, acabando con la desigualdad en la educación y garantizando oportunidades en todos los rincones del estado y el país.
Por eso, Díaz Mena celebró que la SEP, encabezada por Mario Delgado, esté realizando estos Foros que involucran a los actores diarios de la educación y que en Yucatán se tiene claro que este sector es piedra angular del desarrollo, y que no hay mejor inversión que aquella que se hace en nuestras y nuestros jóvenes.
Por ello, el mandatario estatal indicó que su administración no solo está trabajando para respaldar el esfuerzo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino contribuyendo con las becas Felipe Carrillo Puerto y Jóvenes Renacimiento, así como alejando a la niñez y la juventud de la drogadicción y problemas de salud mental, a través de la iniciativa Aliados por la Vida.
“La educación tiene que ser un escudo contra las malas prácticas. Queremos lograr la prosperidad compartida, que la riqueza no quede en unas cuantas manos, y para eso hay que darle educación de calidad a todos los yucatecos y mexicanos”, finalizó el Gobernador.
A su vez, la subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Tania Rodríguez Mora, agradeció la presencia del Gobernador Díaz Mena, como muestra de la importancia de la disposición y la suma de esfuerzos de todos los niveles educativos e integrantes del sector de la educación. “Tenemos en Yucatán a un Gobernador que reúne en su persona el esfuerzo de articulación que queremos hacer y que entiende desde adentro las necesidades del sistema educativo por su trayectoria política, pero también educativa y en la docencia”.
La funcionaria federal apuntó que, con estos Foros y Consultas, se pretende que todas y todos los estudiantes cuenten con piso parejo para acceder a una educación de calidad que les permita desarrollarse personal y profesionalmente.
En su turno, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia, resaltó la voluntad de participación de todos los actores involucrados en el nivel medio superior, quienes se han mostrado dispuestos a aportar su experiencia y a construir juntos una ley que complemente el marco jurídico existente y que respalde a la Nueva Escuela Mexicana, ofreciendo la garantía de educación a las y los mexicanos.
En ese marco, el Gobernador Joaquín Díaz Mena aprovechó para reconocer a la Presidenta Claudia Sheinbaum, de quien dijo, en momentos complicados para el país ha sabido enfrentar la adversidad con el orgullo de ser mujer y de ser mexicana.
Lo anterior, continuó el mandatario estatal, ha dado como resultado que Estados Unidos haya decidido detener los aranceles a México hasta el 2 de abril. Además, el Gobierno de Donald Trump ha destacado el excelente trabajo de la mandataria en la frontera, así como la buena relación del Gobierno de nuestro país con el estadounidense, puntualizó.
Estuvieron presentes el titular de la SEGEY, Juan Balam Várguez; el director del Instituto Tecnológico de Mérida, José Antonio Canto Esquivel; la diputada federal Rocío Barrera Puc; así como las diputadas locales Estefanía Baeza Martínez y Maribel Chuc Ayala.
Boletín de prensa
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En un giro político que muchos consideraban improbable, pero que otros veían venir, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido su advertencia: ha impuesto aranceles del 25 % a las exportaciones mexicanas. Su justificación, fundamentada en la percepción de que en México prevalece un “narcogobierno”, ha generado un torbellino de reacciones tanto en el ámbito político como en el económico.
Cabe recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue caracterizado por la política de “abrazos y no balazos”, una estrategia que, en su momento, se vendió como una alternativa humanitaria y social para frenar la violencia. No obstante, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, se han implementado acciones más contundentes, incluyendo operativos contra el tráfico de drogas y la detención de delincuentes. A pesar de ello, estas medidas no han sido suficientes para disuadir a Trump de endurecer su postura.
En este contexto, resulta pertinente cuestionar cuál es el verdadero trasfondo de la decisión estadounidense. La entrega de 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, no ha cambiado la percepción de Trump ni de su base política. Al contrario, este endurecimiento de su retórica sugiere que las medidas punitivas contra México no dependen de las acciones del gobierno mexicano, sino de una agenda política con fines electorales y geoestratégicos.
La respuesta de los actores políticos en México ha sido variada. Por un lado, algunos miembros del partido Morena han calificado la actitud de Trump como “infantil”, una postura que podría interpretarse como una subestimación de la capacidad política del expresidente estadounidense. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum ha mantenido una posición de mesura y cautela, evitando una confrontación directa.
Sin embargo, más allá de las palabras, lo que preocupa es la falta de una estrategia clara para contener las represalias comerciales de los Estados Unidos. No es realista pensar que una movilización masiva en el Zócalo, llena de militantes y simpatizantes del gobierno, pueda disuadir a la Casa Blanca de sus intereses políticos y económicos.
Más allá de la coyuntura inmediata, la política exterior de Trump responde a una agenda oligárquica y a una filosofía política profundamente arraigada en la historia estadounidense. La doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, pilares fundamentales de la política exterior de los Estados Unidos, han sido reactivados en un contexto de reconfiguración global, donde la diversidad ideológica y el ascenso de movimientos de izquierda representan una amenaza para el conservadurismo político norteamericano.
Dentro de este panorama, la llamada “Cuarta Transformación” de México se encuentra en el bando contrario a la visión política de la derecha estadounidense. En las últimas dos décadas, la izquierda política ha logrado avances significativos en América Latina, pero la situación actual marca una transición hacia una nueva etapa geopolítica, en la que los intereses conservadores buscan recuperar su dominio.
Uno de los mayores riesgos que enfrenta México en este conflicto es la fragilidad de su sistema económico ante las represalias comerciales de su principal socio. La dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos es un factor crítico que podría generar un resquebrajamiento en la estructura económica del país. La imposición de aranceles del 25 % afectará sectores clave, como el automotriz, el agroindustrial y el manufacturero, lo que podría traducirse en una pérdida de empleos y un debilitamiento del crecimiento económico.
Ante esta situación, es imperativo que el gobierno mexicano diseñe una política de contención y diversificación comercial. Depender exclusivamente del mercado estadounidense se ha convertido en una vulnerabilidad, y es necesario fortalecer las relaciones económicas con otras regiones del mundo.
En definitiva, la medida de Trump no es un hecho aislado, sino una manifestación de una agenda geopolítica más amplia. La Cuarta Transformación enfrenta un reto sin precedentes en materia de política exterior y comercio internacional. La gran interrogante es si el gobierno de Claudia Sheinbaum será capaz de diseñar una estrategia efectiva para afrontar la embestida norteamericana o si, por el contrario, la falta de acción y previsión condenará a México a una crisis económica de grandes proporciones.
]]>El reciente discurso de Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos ha generado gran controversia en México, al revelar que la entrega de 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, no fue consecuencia de la lucha contra la corrupción judicial, como ha sostenido el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino de presiones económicas y comerciales impuestas por la administración estadounidense. A partir de esta declaración, se abre un debate en torno a la verdadera autonomía de México en la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad y justicia.
Para contextualizar, diversos actores desde Palacio Nacional se ha defendido en reiteradas ocasiones que la entrega de estos narcotraficantes respondía a la necesidad de evitar que jueces y magistrados corruptos los liberaran. Sin embargo, las declaraciones de Trump contradicen esta versión, al argumentar que la decisión obedeció a la amenaza de imponer aranceles comerciales que afectarían gravemente la economía mexicana. De ser cierto, se estaría evidenciando una sumisión política disfrazada de un supuesto combate a la corrupción.
Desde una perspectiva jurídica, la extradición de criminales debe regirse por principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y soberanía nacional. En este caso, la entrega de ciudadanos mexicanos sin un proceso judicial transparente y con la posibilidad de que sean condenados a pena de muerte, representa un punto crítico en la política exterior de México. Aunque no se trata de justificar ni de exculpar a estos individuos de sus delitos, sí es pertinente cuestionar la falta de procedimientos claros que garanticen un debido proceso.
Ahora bien, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha insistido en la defensa de la soberanía nacional como uno de sus principales ejes discursivos. No obstante, la realidad demuestra que esta entrega masiva de narcotraficantes estuvo condicionada por presiones extranjeras, dejando en entredicho la independencia de México en sus decisiones estratégicas. Si la soberanía significa resguardar los derechos y la dignidad de los ciudadanos mexicanos, entonces, ¿por qué se permitió una extradición forzada sin garantías procesales?
Tenemos dos casos muy simbólicos por su trascendencia y significado. Se destaca el envió de Rafael Caro Quintero, presunto responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, que es emblemático en la relación bilateral México-Estados Unidos. Por otro lado, la opacidad en torno a la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, supuestamente negociada entre el grupo contrario a “Los Chapitos” y las autoridades estadounidenses. En ambos casos se refuerza la percepción de que las decisiones en materia de seguridad se están tomando sin considerar la soberanía nacional ni el debido proceso legal por ambos lados. Lo que nos lleva a la conclusión de política de persecución criminal del país es dictada desde Washington, y no desde el Palacio Nacional.
En conclusión, la extradición de estos narcotraficantes pone en entredicho la narrativa oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum. La versión sostenida por la presidencia, que responsabiliza a un Poder Judicial corrupto, ha sido desmentida por Trump, quien deja claro que la verdadera razón detrás de estas decisiones ha sido la presión económica ejercida por Estados Unidos. Más allá de la legitimidad de estas entregas, el problema de fondo radica en la falta de independencia en la toma de decisiones de México y en la subordinación de su política de seguridad a los intereses del país vecino. La soberanía nacional, tan defendida en los discursos, parece haber quedado relegada ante la necesidad de mantener estabilidad comercial, una realidad que debería preocuparnos a todos.
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En el contexto de las reformas propuestas por el gobierno entrante, se ha puesto sobre la mesa una iniciativa que ha generado descontento y preocupación entre los trabajadores del Estado, en particular entre el gremio magisterial. En efecto, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de imponer un pago adicional a las cuotas sindicales con el propósito de rescatar financieramente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha sido recibida con escepticismo y rechazo. Ahora bien, es preciso analizar las implicaciones de esta medida y su trasfondo político.
Para comenzar, resulta innegable que el ISSSTE enfrenta una crisis financiera derivada de años de mala administración y corrupción. No obstante, el problema central radica en que los responsables de esta debacle han quedado impunes, mientras que la carga de su rescate recae sobre los trabajadores. En otras palabras, la iniciativa de Sheinbaum no solo afecta a quienes se encuentran en un régimen de confianza o perciben ingresos elevados, sino que también perpetúa la injusticia de eximir de responsabilidad a quienes saquearon la institución. De esta manera, el esfuerzo por sanear las finanzas del ISSSTE se convierte en una medida punitiva para la base trabajadora, mientras que los verdaderos culpables gozan de total impunidad.
Ahora bien, es pertinente señalar que la propuesta de Sheinbaum también deja en evidencia la negligencia de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su administración, el enfoque prioritario se centró en proyectos de infraestructura que, si bien fueron presentados como estratégicos para el desarrollo del país, terminaron costando más de lo previsto y no han arrojado los resultados esperados. En consecuencia, el desvío de recursos hacia estas obras ha agravado la situación de instituciones clave como el ISSSTE, dejando a sus trabajadores en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
Aunado a ello, la integración de la familia Yunes a la estructura partidista de Morena es otro indicio del pacto de impunidad que rige en el ámbito político. Conviene recordar que Miguel Ángel Yunes, ex director del ISSSTE, ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos actos de corrupción y fraude. Sin embargo, lejos de enfrentar las consecuencias de sus actos, su familia ha encontrado cobijo en las filas del partido en el poder, lo que demuestra la doble moral que impera en el discurso oficial. Esta situación resulta especialmente indignante si se considera que, mientras a ciertos personajes se les permite operar sin restricciones, los trabajadores deben asumir las consecuencias de los desfalcos que otros perpetraron.
Por otra parte, es necesario enfatizar la importancia del papel que desempeñan los trabajadores del ISSSTE dentro del aparato estatal. Se trata de servidores públicos que, día con día, constituyen el primer contacto de la ciudadanía con los servicios gubernamentales. En este sentido, su bienestar laboral no solo es un derecho legítimo, sino también un requisito fundamental para garantizar la calidad en la atención a los ciudadanos. No obstante, con la nueva propuesta del gobierno, parece que la llamada “Cuarta Transformación” opta por darles la espalda, afectando su estabilidad y, por ende, la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Asimismo, es imprescindible realizar un análisis sobre la crisis estructural que enfrenta el ISSSTE. Desde la administración de López Obrador, los derechohabientes han sido testigos de una creciente precarización en los servicios médicos. La falta de medicamentos, lejos de resolverse, se ha convertido en una problemática constante que vulnera la salud de millones de personas. A esto se suma la inatención médica, donde los pacientes deben soportar largos tiempos de espera para recibir consultas o intervenciones, lo que pone en riesgo la vida de quienes dependen de este sistema de salud.
Por otro lado, las instalaciones del ISSSTE presentan un deterioro evidente, muchas de ellas sin el mantenimiento adecuado y sin contar con el equipo necesario para atender emergencias o realizar procedimientos quirúrgicos de manera eficiente. El desabasto de material médico y quirúrgico sigue siendo una realidad que pone en entredicho la promesa gubernamental de mejorar el sistema de salud. No podemos olvidar que el expresidente López Obrador aseguró que México contaría con un sistema de salud comparable con el de Dinamarca. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa promesa y, si este es el llamado “segundo piso de la transformación”, los derechohabientes deberían ya estar gozando de un servicio de calidad, algo que evidentemente no ha sucedido.
Ante este panorama, la pregunta que surge es inevitable: ¿es esta la evidencia del humanismo morenista? Si el discurso oficial ha insistido en priorizar a los sectores más vulnerables y en erradicar la corrupción, ¿cómo se justifica que los trabajadores sean los únicos en asumir las consecuencias de la crisis del ISSSTE? En última instancia, la iniciativa de Sheinbaum no solo representa una carga adicional para los empleados del Estado, sino que también pone de manifiesto la falta de coherencia en la estrategia gubernamental. Mientras no se exija rendición de cuentas a quienes han provocado el desfalco de las instituciones públicas, cualquier intento de rescate financiero carecerá de legitimidad y justicia.
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El Gobernador Joaquín Díaz Mena distribuyó laptops a los 13 planteles pertenecientes al Gobierno del Estado, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan acceder a recursos educativos adecuados para desarrollar habilidades digitales.
Como parte de los esfuerzos para fortalecer la cultura digital en los centros de educación de nivel medio superior, el Gobernador Joaquín Díaz Mena entregó más de 400 equipos de cómputo a preparatorias estatales de Yucatán, con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias para brindar una enseñanza de calidad e igualdad de oportunidades a las y los jóvenes yucatecos.
En la Preparatoria Estatal Número 10 “Rubén H. Rodríguez Moguel”, localizada en Ciudad Caucel, el mandatario estatal distribuyó laptops a los 13 planteles pertenecientes al Gobierno del Estado, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan acceder a recursos educativos adecuados para desarrollar habilidades digitales.
La entrega de estas laptops representa una inversión de 5.7 millones de pesos en favor de la educación de las nuevas generaciones. Además, cabe mencionar que estos equipos están equipados con las herramientas y estrategias tecnológicas necesarias para su uso en las aulas.
Al dirigir su mensaje, el titular del Ejecutivo estatal destacó que estas herramientas de trabajo representan oportunidades para garantizar a la juventud el acceso a una mejor educación y, con ello, abrirse más puertas en la vida. Por ello, invitó a cuidarlas y darles un buen uso.
Díaz Mena apuntó que este es un paso para consolidar una mejor educación y aseguró que los esfuerzos no se quedarán ahí, ya que su administración tiene el compromiso de capacitar a los maestros, ampliar la infraestructura tecnológica y garantizar que los equipos funcionen para beneficio de los estudiantes.
En ese marco, el Gobernador agradeció el apoyo que la Presidenta Claudia Sheinbaum brinda a Yucatán y su gente, especialmente a través de obras importantes como la modernización de Puerto Progreso, el fortalecimiento del Tren Maya y acciones de vivienda.
Por otro lado, el mandatario estatal recordó que su gobierno impulsa la estrategia Aliados por la Vida, donde los protagonistas son los jóvenes yucatecos y se busca promover en ellos una vida sana, con estudios y acceso a la cultura y el deporte, para evitar que caigan en adicciones y la delincuencia.
En su turno, el titular de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), Juan Balam Várguez, señaló que esta entrega representa una oportunidad para que los jóvenes construyan proyectos de vida enfocados en lo de hoy: las tecnologías.
Asistieron al evento el director de la Preparatoria Estatal Número 10 “Rubén H. Rodríguez Moguel”, Arnold Pacheco Ceballos; Fryda Valentina Notario Martínez, alumna del plantel anfitrión; el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Pech Estrella, así como los directores de los planteles estatales.
Boletín de prensa
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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que, a diferencia del régimen neoliberal que estigmatizó, reprimió y denigró la función docente, la llegada de la Cuarta Transformación consolidó una nueva relación entre el Estado mexicano y los trabajadores de la educación.
A partir de hoy inician los trabajos de los foros de consulta; se realizarán del 25 de febrero al 11 de marzo en cada una de las entidades del país, para recopilar y complementar las mejores ideas y propuestas.
La desaparición de la Usicamm no es una simulación; representa el reconocimiento de que las maestras y los maestros son protagonistas de la Cuarta Transformación e impulsores de los cambios que se viven en el país, afirmó.
Secretaría de Educación Pública | 24 de febrero de 2025. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inauguró los foros de consulta para la construcción del nuevo sistema de las maestras y los maestros, en cumplimiento del compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar la Usicamm y dar paso a un sistema transparente, libre de corrupción, influyentismo, nepotismo y cualquier otra irregularidad que afecte la labor docente.
“Necesitamos construir un nuevo sistema de las maestras y los maestros que sea justo y equitativo, donde la transparencia y el combate a la corrupción sean las premisas fundamentales de su actuación; donde las autoridades educativas de cada entidad federativa asuman sus obligaciones y existan responsabilidades por el incumplimiento de las mismas”, subrayó.
En el auditorio Aurora Jiménez de Palacios del recinto legislativo de San Lázaro, y acompañado de los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, el titular de la SEP señaló que, a diferencia del régimen neoliberal que estigmatizó, reprimió y denigró la función docente, la llegada de la Cuarta Transformación consolidó una nueva relación entre el Estado mexicano y los trabajadores de la educación.
Destacó que la desaparición de la Unidad para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) no es una simulación, ya que representa el reconocimiento de que las maestras y los maestros son protagonistas de la Cuarta Transformación e impulsores de los cambios que se viven en el país.
Reiteró que el Gobierno de México concibe a las y los docentes como agentes de la transformación social y garantes del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, Mario Delgado Carrillo, señaló que ese reconocimiento se manifiesta en el respeto a sus derechos laborales y en la implementación de políticas que mejoren sus condiciones de trabajo, salarios y desarrollo profesional.
El secretario de Educación Pública recordó que, junto con las y los docentes, se diseñó el Plan de Estudios 2022 y la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos (LTG), bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana. Asimismo, destacó la implementación del programa La Escuela es Nuestra, destinado a dignificar los planteles escolares en las 32 entidades del país.
Consideró que el nuevo sistema debe contribuir a la actualización y desarrollo permanente de las y los maestros, al establecimiento de mecanismos que permitan su crecimiento y al fortalecimiento de la relación laboral con el Estado para favorecer la participación activa de los actores del sistema.
El titular de Educación invitó a maestras y maestros, diputadas y diputados, senadoras y senadores, representaciones sindicales y autoridades educativas del país a reflexionar sobre los siguientes rubros:
Informó que a partir de hoy inician los trabajos de los foros de consulta y del 25 de febrero al 11 de marzo se realizarán en cada una de las entidades del país, con el objetivo de recopilar y complementar las mejores ideas y propuestas de las y los involucrados.
“Sigamos trabajando por una república educadora y humanista, donde se garanticen los derechos de quienes acompañan con vocación y compromiso a los futuros profesionistas y trabajadores que seguirán poniendo en alto los valores de esta nación. Cuidemos y reivindiquemos a nuestro querido y valioso magisterio”, concluyó.
Estuvieron presentes la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y el senador Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, entre otros.
También participaron el senador y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas; el vicecoordinador de Política Interior, Justicia y Seguridad del Grupo Parlamentario de Morena, senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández; la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Mayela Gómez Maldonado; así́ como el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores.
Boletín de prensa
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A través de la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado y el IEPAC se fortalece la movilidad internacional de estudiantes yucatecos, y se consolida a Yucatán como un referente de innovación y competitividad a nivel global.
Esta mañana se llevó a cabo la firma del convenio con el que se realiza la transferencia de un monto de 8.2 millones de pesos, provenientes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), hacia la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), con el objetivo de promover la formación de estudiantes y jóvenes talentos en áreas clave como la tecnología, la investigación y el aprendizaje del idioma inglés, mediante programas de movilidad internacional en Estados Unidos y Canadá.
En el Salón de los Retratos de Palacio de Gobierno, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Omar Pérez Avilés, en representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, explicó que dichos recursos son resultado de las sanciones aplicadas a partidos políticos por parte del IEPAC, por lo que este acuerdo, impulsado por el titular del Ejecutivo estatal, marca un acto de gran trascendencia para el desarrollo educativo y tecnológico de Yucatán.
En este sentido, el titular de la SGG resaltó que la firma de dicho convenio histórico, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el IEPAC, tiene como objetivo fortalecer la movilidad internacional de los estudiantes yucatecos y consolidar a Yucatán como un referente de innovación y competitividad a nivel global, así como consolidar la inversión en ciencia, tecnología e innovación como un pilar fundamental para el futuro del estado.
“En el Gobierno del Estado sabemos de la gran importancia que tiene la inversión en la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es una inversión para apostarle a tener una mejor sociedad y jóvenes que estén más preparados. Todos los días nos enfrentamos a un mundo cada vez más competitivo y tenemos que estar a la vanguardia con los retos que se van presentando”, aseguró el secretario general de Gobierno.
Asimismo, Pérez Avilés resaltó la relevancia de contar con el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, añadió, ha reiterado su apoyo a las iniciativas de desarrollo y crecimiento en Yucatán, y con ello, aseguró, se está generando un impacto positivo en el presente y el futuro de la entidad.
Dicho convenio, destacó el titular de la SGG, también subraya la necesidad de que los gobiernos estatales impulsen estrategias para contrarrestar los recortes en la inversión federal en ciencia y tecnología, por lo que, ante este panorama, el Gobierno de Yucatán apuesta por la autonomía y la inversión local para fortalecer las áreas estratégicas de conocimiento y preparar a los jóvenes para los retos del futuro.
Por su parte, la titular de la Secihti, Geovanna Campos Vázquez, indicó que esta iniciativa también está dirigida a investigadores y profesores, a fin de promover la transferencia del conocimiento, de la tecnología y la investigación en el marco de las necesidades más profundas del Renacimiento Maya y sus líneas de trabajo.
Durante la firma de este convenio estuvieron presentes el director ejecutivo del IEPAC, José Luis Achach Moisés; el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez; el director jurídico de la Secihti, Enrique Alfaro Manzanilla, y Alexis Chan Novelo, boy scout y gobernador por un día.
Boletín de prensa
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Desde su nacimiento, Morena se ha distinguido por su carácter de movimiento antes que de partido político. Fue concebido como una plataforma para llevar al poder presidencial a Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido, cumplió su propósito de manera contundente. Sin embargo, una vez alcanzada la meta, la estructura interna ha mostrado signos evidentes de fractura. En efecto, la disciplina política que antes parecía sólida y alineada a los deseos presidenciales, ahora se desmorona ante la ausencia de su líder fundador.
Durante el mandato de López Obrador, quedó claro que la cohesión en Morena dependía, en gran medida, de su presencia constante y su habilidad para dictar la agenda política desde las conferencias matutinas. Así, la disciplina interna se mantenía gracias a la autoridad incuestionable del presidente. No obstante, tras su decisión de ceder el poder a Claudia Sheinbaum y retirarse, aparentemente, a su hacienda “La Chingada”, las fuerzas internas del partido comenzaron a evidenciar sus ambiciones de poder.
Ahora bien, sin la figura aglutinante de López Obrador, Morena enfrenta una lucha intestina por el control de las posiciones políticas más relevantes. El conocimiento de que cuentan con el respaldo popular les ha otorgado una sensación de invulnerabilidad, lo cual ha propiciado decisiones autoritarias y a menudo perjudiciales incluso para sus propios militantes. Cabe destacar que esta fragmentación no sería tan relevante si existiera una oposición capaz de capitalizar las debilidades internas del partido en el poder.
Es pertinente subrayar que el escenario actual se ve reforzado por la falta de líderes opositores con el talento y la capacidad política para aprovechar las divisiones en Morena. La narrativa oficial de corrupción ha calado profundamente en la percepción pública, aunque carezca de pruebas contundentes, ya que no se ha procesado judicialmente a ningún político relevante bajo este argumento. Sin embargo, la polarización promovida desde Palacio Nacional ha sembrado la desconfianza hacia la oposición, etiquetándola como corrupta y traidora a la patria.
Pese a ello, la realidad política muestra señales de cambio. La cohesión de Morena se ve amenazada por problemas internos y estructurales que son cada vez más evidentes. Claudia Sheinbaum, quien asumió el liderazgo formal del movimiento, enfrenta limitaciones impuestas por sectores morenistas que, bajo un manto de misoginia velada, han buscado debilitar su poder de decisión.
Aunque López Obrador ha dejado el poder formalmente, su influencia en Morena y en las decisiones gubernamentales sigue siendo notoria. La designación de su hijo, Andy López, en una posición clave dentro de la estructura partidista es una señal inequívoca de que el control del partido sigue bajo su órbita. Este movimiento ha generado críticas internas, pues evidencia que la presidenta oficial, Luisa Alcalde, no posee la autoridad real en el partido.
Además, la reciente incorporación de los Yunes a Morena, antiguos adversarios políticos de López Obrador, pone en entredicho los valores fundacionales del movimiento. Este pragmatismo, basado en acuerdos políticos para garantizar impunidad a cambio de apoyo electoral, contradice la narrativa de transformación política que originalmente atrajo a millones de simpatizantes.
En conclusión, el descarrilamiento de Morena no solo responde a la ausencia de su líder fundador, sino también a la falta de una identidad política sólida y coherente. La lucha interna por el poder, la influencia continua de López Obrador y las alianzas pragmáticas con antiguos enemigos políticos han dejado al descubierto las contradicciones de un movimiento que prometía transformar la vida política de México.
Sin embargo, lo que hasta ahora ha salvado a Morena de un colapso más profundo es la debilidad de la oposición, incapaz de capitalizar las crisis internas del partido en el poder. La falta de liderazgos opositores con visión y estrategia ha permitido que Morena continúe en el escenario político, aunque su unidad interna esté en duda.
En definitiva, el futuro de Morena dependerá de su capacidad para resolver sus pugnas internas y construir un proyecto político que trascienda la figura de López Obrador. De lo contrario, el movimiento corre el riesgo de desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones y ambiciones desmedidas.
]]>Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que con un nuevo marco legal, las y los estudiantes tendrán una formación integral que asegure su incorporación exitosa a la economía nacional y los motive a continuar en la Educación Superior.
El tránsito por la Educación Media Superior es definitivo en la vida de las y los estudiantes; la construcción de un nuevo marco normativo debe representar lo que las y los docentes han hecho por años: subsecretaria Tania Rodríguez Mora.
Esta consulta constituye un gran proceso de transformación de la Educación Media Superior en nuestro país: secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia.
La reforma abre la posibilidad de que las instituciones de Educación Superior participen de manera más directa en la formación y especialización de los profesores de bachillerato, señaló el senador Juan Carlos Loera de la Rosa.
Es crucial robustecer la legislación para promover una Educación Media Superior de calidad y accesible para todos los estudiantes de México, aseguró el diputado federal Mario Miguel Carrillo Cubillas
Secretaría de Educación Pública | 20 de febrero de 2025. La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó esta mañana el primer foro regional y consulta para la construcción del anteproyecto de Ley General de Educación Media Superior en la Región Noroeste, con el objetivo de garantizar que todas y todos los jóvenes del país ejerzan su derecho a la educación de manera efectiva.
A través de un video mensaje, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que con un nuevo marco legal, las y los estudiantes tendrán una formación integral que los prepare para la vida y una formación técnica que asegure su incorporación exitosa a la economía nacional, al mismo tiempo que los motive a continuar en la Educación Superior.
“Tenemos que construir esta ley entre todas y todos, porque juntos podremos lograr que los jóvenes sigan cumpliendo sus sueños y que, como dice nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum, la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía”, señaló.
Al inaugurar el primer foro en el Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia de la Universidad Autónoma de Baja California, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, aseguró que los foros y esta ley están fundamentalmente orientados a poner en el centro de la discusión lo que sucede en los planteles escolares.
Con la participación de los titulares, subsecretarios y representantes de las Secretarías de Educación de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, la Subsecretaria sostuvo que el tránsito por la Educación Media Superior es definitivo en la vida de las y los estudiantes, por lo que la construcción de un nuevo marco normativo debe representar lo que las y los docentes han hecho por años: dar voz y construir condiciones de diálogo para fortalecer este nivel educativo.
Señaló que la consulta convocada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación y reconocer que, en todos los procesos de formación, la cooperación y la articulación entre los distintos actores permiten acompañar mejor a las y los estudiantes e incluso fortalecer las escuelas como comunidades de aprendizaje.
“Sabemos perfectamente, y toda la pedagogía crítica así lo dice, que nadie aprende solo; tenemos que aprender en conjunto, y eso significa colaborar. Pongamos en el centro la colaboración y la construcción de comunidades de aprendizaje”, enfatizó.
Rodríguez Mora destacó la importancia de vincular los distintos niveles de enseñanza, particularmente con las instituciones educativas de Educación Superior, a fin de materializar un ciclo educativo nacional, un Bachillerato Nacional, con el objetivo de que la siguiente generación de jóvenes sea capaz de cuidar y fortalecer nuestra identidad nacional.
Recordó que el secretario Mario Delgado, con su amplia trayectoria como legislador, tuvo la idea de impulsar esta transformación de la educación en una ley, un marco normativo que fortalezca la visión de derechos, la visión crítica y la visión nacional para las siguientes generaciones. “A eso estamos convocados y a eso dedicaremos nuestras discusiones y jornadas de trabajo en estos foros nacionales”, concluyó.
Por su parte, el titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP, Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, dijo que el foro es fundamental para abrir la discusión sobre la necesidad de transformar la Educación Media Superior.
Flores Pacheco consideró que la nueva ley debe ofrecer un marco legal sólido, que atienda los cambios sociales, económicos y políticos que se viven en el país, además de brindar a las y los jóvenes mejores condiciones para desarrollarse.
En representación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario de Educación estatal, Luis Gilberto Gallegos Cortéz, agradeció el respaldo y acompañamiento de la SEP en la entidad. Comentó que este ejercicio busca la creación de una ley educativa que transforme la normatividad heredada de gobiernos anteriores.
Aseguró que la construcción de esta legislación, planteada con una metodología de participación abierta con los involucrados, expresa la profunda convicción democrática del Gobierno de México para generar un instrumento que ayude y beneficie a todas y todos. Añadió que establece una alianza de facto entre educadores, autoridades educativas y el gobierno.
El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES), Luis González Placencia, precisó que esta consulta constituye un gran proceso de transformación de la Educación Media Superior en nuestro país, al dar continuidad a los esfuerzos iniciados en 2018 con las reformas al artículo tercero de la Constitución, y posteriormente con la Ley General de Educación Superior y la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, con el propósito de hacer de la educación un derecho humano fundamental.
Señaló que hoy emprendemos una tarea enorme, que, en torno a los principios de universalidad y excelencia académica de las instituciones que configuran el Sistema Educativo Nacional (SEN), busca asegurar que los jóvenes, al salir de la secundaria, tengan un lugar que garantice su formación personal y profesional en armonía con las necesidades de desarrollo del país.
González Placencia expresó que en la ANUIES estamos entusiasmados con lo que desde las instituciones de Educación Superior podemos hacer para construir esa visión. “Es un verdadero privilegio poder aportar nuestra experiencia y el importante caudal de capacidades con las que contamos en la Asociación, para que, junto con el Gobierno de la República y los sectores social y productivo, se elabore un nuevo marco normativo para la Educación Media Superior que le imprima fortaleza, garantice cobertura y excelencia al SEN.”
Manifestó el deseo de construir una visión consensuada de la Educación Media Superior, basada en ideas y experiencias que fortalezcan el interés nacional en tiempos que demandan unidad y colaboración de todos quienes tienen que ver con las instituciones educativas del país.
El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, integrante de la Comisión de Educación, propuso intensificar la enseñanza de un segundo idioma, particularmente el inglés, incluir conocimientos básicos de inteligencia artificial y definir sellos curriculares relacionados con enfoques transversales de género.
Loera de la Rosa argumentó que es necesaria la actualización de los programas de estudio de disciplinas como lógica, matemáticas, química y física.
“En el mediano plazo, la reforma abre la posibilidad de que las instituciones de Educación Superior participen de manera más directa en la formación y especialización de los profesores de bachillerato, y con ello se tenga una mejor plataforma para alcanzar una educación de excelencia en este nivel educativo en todo México”, agregó el senador chihuahuense.
En el marco del foro para la construcción del anteproyecto de Ley General de Educación Media Superior, el diputado federal Mario Miguel Carrillo Cubillas expresó la necesidad de contar con un marco normativo que refleje las verdaderas necesidades educativas del país. Aseguró que es crucial robustecer la legislación para promover una Educación Media Superior de calidad y accesible para todos los estudiantes de México.
Señaló que el nivel bachillerato es fundamental, ya que actúa como puente entre la Educación Básica y la Superior, impulsando a los jóvenes hacia nuevas oportunidades académicas y profesionales. Sin embargo, destacó que México enfrenta el desafío de perder a muchos estudiantes en esta etapa educativa, lo que hace aún más urgente la creación de políticas públicas que fortalezcan este eslabón del sistema educativo.
Boletín de prensa
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Encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena el Día Estatal de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el firme compromiso de contribuir a eliminar la brecha de género.
Durante la conmemoración del Día Estatal de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que en su gobierno se impulsarán programas para garantizar que cada yucateca pueda alcanzar su máximo potencial y contribuir al momento de transformación que vive Yucatán.
En ese sentido, el mandatario estatal dio a conocer que brindará un apoyo especial a las jóvenes yucatecas que decidan estudiar alguna ingeniería en universidades del Gobierno del Estado, condonando los pagos que deban realizar en su institución educativa, como parte de los esfuerzos para cerrar la brecha de género.
Como parte de esta conmemoración, el Gobernador atestiguó la firma del memorando de entendimiento entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Yucatán (SECIHTI). Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la educación científica con perspectiva de género y garantizar que más yucatecas tengan acceso a las oportunidades que merecen en las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas.
Al dirigir su mensaje, el titular del Ejecutivo estatal señaló que esta fecha llama a la acción y a derribar las barreras estructurales y culturales que han limitado las oportunidades de tantas mujeres en el estado.
Asimismo, Díaz Mena agradeció al Gobierno Federal, especialmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, por el respaldo constante para fortalecer las políticas públicas en la entidad, como el programa Aliados por la Vida, una iniciativa clave cuyo impacto trasciende los temas de salud y bienestar para convertirse en un motor de transformación social y comunitaria. Destacó que este programa es una red de solidaridad que permitirá acercar oportunidades a las niñas y mujeres yucatecas.
“Queremos que cada niña y joven de Yucatán sepa que no está sola, que existen programas para apoyarlas en su formación, que sus sueños científicos y tecnológicos son posibles y que su talento es necesario para el futuro de nuestro estado”, expresó el mandatario estatal.
Díaz Mena subrayó que hoy es un día para recordar el poder transformador del conocimiento, pero también para asumir compromisos ante los desafíos. Por ello, hizo un llamado a redoblar esfuerzos y fortalecer programas y políticas que realmente marquen una diferencia.
A su vez, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), Lorenzo Jiménez de Luis, destacó esta suma de esfuerzos para que las yucatecas y mexicanas vean con más optimismo y claridad un futuro con oportunidades.
Durante la conmemoración de este día, la SECIHTI organizó una jornada con más de 100 actividades en Mérida y municipios del interior del estado, las cuales se realizarán entre el 11 de febrero y el 8 de marzo en universidades de la entidad. Entre ellas, mesas de diálogo, conferencias y talleres, todos enfocados en fortalecer la participación de las mujeres en la ciencia y fomentar, al mismo tiempo, vocaciones científicas e igualdad de oportunidades para niñas y adolescentes.
En el evento estuvieron presentes la diputada local Maribel Chuc Ayala; las secretarias de la Mujer, Sisely Burgos Cano, y de Pesca y Acuacultura Sustentables, Lila Rosa Frías Castillo; la profesora investigadora titular B del Centro de Investigación Regional Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, Karla Rossanet Dzul Rosado; y la directora del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral del TecMilenio, Rosalinda Ballesteros Valdés.
Boletín de prensa
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa el pilar fundamental del orden jurídico y social de la nación. Su propósito es establecer las normas que rigen la convivencia ciudadana y garantizar la correcta separación de poderes. Sin embargo, en tiempos recientes, hemos sido testigos de un preocupante fenómeno: la utilización de la Carta Magna como un instrumento de confrontación ideológica y partidista, en lugar de un marco común de unidad y legalidad.
Hoy se conmemora un aniversario más de nuestra Constitución, la ley suprema que garantiza derechos y deberes sin distinción política o ideológica. No obstante, este evento, que debería haber sido un símbolo de unidad nacional, se vio empañado por una acción sin precedentes. La presidenta Claudia Sheinbaum decidió invitar únicamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que son afines a la ideología política de la Cuarta Transformación (4T).
Esta decisión refleja la polarización que afecta al país. La Constitución no pertenece a un grupo político en particular, sino a todos los ciudadanos, independientemente de sus posturas ideológicas. Excluir a ministros de la SCJN por no coincidir con la visión del gobierno en turno envía un mensaje equivocado y peligroso: la institucionalidad democrática está supeditada a lealtades políticas.
Orígenes de la confrontación entre poderes
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha sido conflictiva. Las resoluciones de la SCJN que no favorecieron los intereses del gobierno fueron motivo de críticas y descalificaciones. Como respuesta, se impulsó una reforma con la intención de cambiar la estructura del máximo tribunal, priorizando la lealtad a la 4T sobre la capacidad técnica y la independencia judicial.
Este contexto es clave para entender el acto de exclusión llevado a cabo por Sheinbaum. Más que un evento aislado, es parte de un proceso que busca debilitar la autonomía de las instituciones para consolidar un poder político hegemónico. La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental en cualquier democracia funcional. Cuando un gobierno intenta subordinarlo a sus intereses, se pone en riesgo el equilibrio institucional y la estabilidad democrática.
El acto de hoy es un recordatorio de que, en México, las ideologías partidistas están condicionando la interpretación y aplicación de la ley. Este tipo de acciones generan divisiones profundas y erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La Constitución debe estar por encima de cualquier proyecto político, ya que su función es garantizar un marco de derechos y libertades que trascienda gobiernos y administraciones.
Además, este tipo de decisiones refuerzan la percepción de que el gobierno actual no está comprometido con el respeto a la división de poderes, sino con la construcción de un aparato institucional subordinado a su agenda. Si se continúa por este camino, se corre el riesgo de debilitar los contrapesos que aseguran la estabilidad democrática.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿hacia dónde se dirige la institucionalidad y el respeto por la división de poderes en nuestro país? Si el gobierno persiste en la estrategia de subordinar a la SCJN y otras instituciones, nos enfrentamos a un futuro incierto en términos democráticos. La Constitución debe ser un pacto que trascienda ideologías, no un arma de confrontación política.
Para fortalecer la democracia en México, es indispensable recuperar el respeto a las instituciones y garantizar que la Constitución sea la norma suprema que guíe las decisiones de todos los actores políticos. Solo así podremos evitar que los intereses partidistas erosionen los principios fundamentales de nuestra república y asegurar que el país avance hacia un modelo verdaderamente democrático e incluyente.
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los aranceles impuestos por Donald Trump a México debido al tráfico de fentanilo es, sin lugar a duda, un ejemplo de mesura y pragmatismo político.
Desde el inicio de este conflicto, muchos observaban con incertidumbre las repercusiones que tendría esta medida estadounidense sobre la economía y la política exterior de México. Sin embargo, al parecer, el viento que inicialmente parecía azotar con fuerza ha comenzado a calmarse, al menos por el momento, gracias a la respuesta estratégica de la mandataria.
En lugar de caer en la confrontación directa, como lo hicieron el presidente colombiano Gustavo Petro o el primer ministro canadiense Justin Trudeau, Sheinbaum ha optado por una postura más diplomática, con énfasis en el diálogo y la cooperación entre ambas naciones. Desde su primer pronunciamiento, la presidenta ha señalado que México está dispuesto a trabajar en conjunto con Estados Unidos para controlar el tráfico de fentanilo, pero sin eludir la responsabilidad que tiene el país vecino en la lucha contra el consumo de esta peligrosa sustancia en su propio territorio.
Es importante destacar la diferencia de estilo con respecto a la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyo enfoque hacia la política de seguridad se centró en la famosa estrategia de “abrazos, no balazos”, y cuya falta de transparencia sobre operativos y acciones específicas de la Guardia Nacional generó un vacío de información.
En cambio, en los últimos meses, Sheinbaum ha adoptado una estrategia más clara y comunicativa. Así, a diferencia de su antecesor, se han dado a conocer públicamente los esfuerzos y logros de la administración en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la aprehensión de líderes de cárteles y la incautación de grandes cantidades de drogas, acciones que durante los seis años de López Obrador apenas eran divulgadas.
Asimismo, la decisión de enviar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur para frenar tanto el tráfico de fentanilo como la migración irregular es un movimiento significativo. Esto no solo responde a una exigencia de Trump, sino que también refleja un compromiso por parte del gobierno mexicano de abordar estos problemas de forma más eficiente y con mayor control.
Sin embargo, aunque esta medida es un paso positivo, aún queda mucho por hacer. La situación, aunque contenida por el momento, sigue siendo frágil. El margen de tiempo que se ha establecido es claro: 30 días para demostrar que México está dispuesto a cumplir con las expectativas de Estados Unidos.
El plazo de un mes, aunque parece suficiente para llevar a cabo algunas acciones concretas, no garantiza una solución definitiva.
La lucha contra el tráfico de fentanilo no es un reto que se resuelva en tan corto tiempo. La situación en las fronteras, particularmente en el sur de México, sigue siendo una cuestión compleja que involucra tanto factores internos como internacionales. Por ejemplo, el fenómeno de la migración, que afecta tanto a México como a Estados Unidos, no puede abordarse de manera aislada; requiere una cooperación regional que involucre a todos los actores involucrados, incluidos los países centroamericanos. Por otro lado, el consumo de fentanilo en los Estados Unidos es una realidad dolorosa que México no puede ignorar.
Es cierto que, al mantener un enfoque más diplomático, Sheinbaum ha logrado que el tema del consumo y la demanda de esta droga en territorio estadounidense sea parte de la conversación. No obstante, queda claro que este problema no puede reducirse a una simple cuestión de control fronterizo, pues la raíz del problema se encuentra también en las políticas de salud y de control de drogas que se implementan en Estados Unidos.
En este sentido, la postura de Sheinbaum es acertada, pero no está exenta de desafíos. A pesar de su capacidad para mantener el diálogo abierto y evitar caer en la trampa de la confrontación directa, los resultados a largo plazo dependerán de su habilidad para implementar medidas efectivas en las áreas que realmente interesan a Trump: el tráfico de fentanilo y el control de la migración.
Estos dos temas seguirán siendo claves en la relación entre ambos países, y el tiempo, más que las promesas de cooperación, será el que determine si la tormenta, como algunos esperan, se disipa por completo o simplemente queda contenida por un breve periodo.
En conclusión, la respuesta de Claudia Sheinbaum ante los aranceles de Trump ha sido efectiva y cautelosa, pero el verdadero reto aún está por llegar. Las expectativas de Estados Unidos son altas, y el tiempo apremia. Mientras tanto, el gobierno mexicano tiene la oportunidad de demostrar que puede abordar los problemas de manera más eficaz que sus predecesores, pero deberá hacerlo con acciones concretas y resultados tangibles que demuestren que la tormenta, efectivamente, ha sido superada.
AL CALCE. Se tiene una bomba hirviendo en Sinaloa con el gobernador Rubén Rocha Moya. Ante todo este contexto, por los señalamientos y la violencia que no puede ser contenida en ese estado fronterizo requiere de una decisión política que genere certidumbre y liderazgo del partido gobernante diferente al “cobijamiento”.
]]>En los últimos años, México ha experimentado un proceso de polarización política sin precedentes. En este contexto, la Cuarta Transformación (4T) ha desempeñado un papel central en la división del país entre quienes apoyan su proyecto y quienes lo rechazan. Ahora, ante la reciente amenaza del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles contra México, el gobierno federal y la dirigencia del partido oficialista convocan a la unidad nacional. Sin embargo, esta solicitud de cohesión se enfrenta a la paradoja de un sexenio que ha promovido la polarización.
Para entender este dilema, es importante analizar cómo se ha construido el discurso de división desde el poder. Durante seis años, las conferencias matutinas del presidente se convirtieron en un espacio de confrontación, donde se estigmatizó a los opositores con calificativos como “fifíes” o “traidores a la patria”. Esta retórica ha tenido un impacto profundo en la opinión pública, generando un ambiente de constante enfrentamiento entre distintos sectores de la sociedad.
Ante la nueva amenaza de Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado la calificación de “narcogobierno” impuesta por el mandatario estadounidense. No obstante, esta descalificación externa contrasta con la percepción interna de muchos ciudadanos, quienes observan con escepticismo la relación del gobierno con grupos del crimen organizado. Ejemplo de ello es el trato diferenciado que se ha dado a ciertos actores: mientras la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sido tratada con mucho respeto y abrazo por el ex presidente López Obrador, las madres de personas desaparecidas han tenido que enfrentar indiferencia o represión por parte de las autoridades.
Asimismo, el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, genera serias dudas sobre la relación del poder político con el crimen organizado. Porque se le han señalado vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada, lo que se agrava con la supuesta fabricación de un montaje para encubrir el asesinato de un exrector universitario. Ante esta situación, surgen preguntas inevitables: ¿Por qué el gobierno mexicano muestra tanto interés en conocer las condiciones de captura del “Mayo” Zambada? ¿Qué redes de protección existen entre el crimen organizado y la estructura gubernamental?
El panorama actual nos enfrenta a una crisis de confianza. La administración de la 4T ha privilegiado una política de “abrazos, no balazos” que, si bien buscaba disminuir la violencia a través de una estrategia distinta a la guerra frontal contra el narcotráfico, ha sido percibida por muchos como un gesto de permisividad y protección hacia los grupos criminales. El resultado de esta política se refleja en un país donde la violencia no ha disminuido significativamente y donde la población sigue viviendo con miedo.
Ahora, cuando la amenaza de una crisis económica se cierne sobre el país debido a posibles sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos, el llamado a la unidad se convierte en un recurso necesario para el gobierno. No obstante, esta petición choca con la memoria reciente de un sexenio marcado por el enfrentamiento con opositores, empresarios, periodistas y sectores críticos.
La unidad nacional no puede construirse desde la imposición ni desde la conveniencia política. Si el gobierno actual realmente busca cohesionar al país, debe comenzar por reconocer sus errores y rectificar su estrategia de comunicación y gobernanza. La reconciliación nacional requiere un compromiso genuino con el diálogo y la inclusión, no solo cuando la situación política o económica lo exige.
En conclusión, la polarización sembrada en los últimos años ha debilitado los lazos sociales y ha generado una desconfianza profunda en las instituciones. Ahora que el gobierno solicita unidad para enfrentar una amenaza externa, se enfrenta al dilema de recoger lo que ha sembrado: una sociedad dividida y unida solo por la desconfianza. Para que la unidad sea posible, es imprescindible reconstruir los puentes que la retórica política ha destruido. El reto es grande, pero fundamental para el futuro del país.
La Secretaría de Marina explica por qué no procede el cambio en plataformas digitales
Notipress.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México leyó la carta enviada por la Secretaría de Marina (Semar) a Google. En esta, se expone la postura oficial sobre la imposibilidad de modificar el nombre del Golfo de México en sus plataformas, tal como piensa hacer en Estados Unidos ante
En la misiva, la Semar explica que en el derecho internacional existen zonas marinas bajo soberanía estatal, como las aguas interiores y el mar territorial, que se extiende hasta 12 millas náuticas desde la costa.
Argumentos de la Semar
El documento señala que el Golfo de México es un espacio marítimo compartido por México, Cuba y Estados Unidos, por lo que cualquier modificación en su denominación solo podría aplicarse dentro de las 12 millas náuticas correspondientes a la jurisdicción de cada país.
“Existen zonas marinas que se encuentran bajo la soberanía plena de los Estados, las cuales son las aguas interiores y mar territorial, el cual se extiende hasta un máximo de 12 millas náuticas en el caso de costa”, señala la carta.
Asimismo, se advierte que un decreto unilateral no podría modificar la designación del Golfo en su totalidad, sino únicamente dentro de los límites territoriales de cada nación.
Esta postura responde a la discusión sobre el nombre del Golfo de México en plataformas digitales, subrayando que cualquier cambio en su denominación requeriría un acuerdo internacional entre los países involucrados.
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En el panorama político internacional, el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos plantea una amenaza significativa para los gobiernos de izquierda en América Latina.
Este contexto geopolítico coloca en una posición especialmente vulnerable a la Cuarta Transformación (4T) iniciada por Andrés López Obrador y que ahora está encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el llamado 2° piso de transformación.
Bajo un discurso nacionalista y una agenda claramente adversa al progresismo, la administración Trump podría intensificar su influencia para debilitar a los gobiernos que se distancian de los intereses económicos y políticos estadounidenses.
Por un lado, es evidente que Trump busca reafirmar, como un propósito primario, el poder hegemónico de Estados Unidos en la región.
Sin embargo, los gobiernos populistas de izquierda representan un desafío a este objetivo, pues impulsan modelos que priorizan la redistribución económica y la inclusión social, en contraste con el enfoque neoliberal predominante en Washington.
La política exterior del mandatario estadounidense, que ya en su primer mandato demostró ser agresiva y unilateral, podría centrarse en desestabilizar políticamente a países como México, cuyas relaciones económicas están profundamente vinculadas al Tratado entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En este sentido, resulta llamativo observar cómo, bajo esta nueva coyuntura, el discurso de unidad en México comienza a tomar protagonismo como una estrategia de respuesta a la embestida norteamericana.
Irónicamente, se hace un llamado a defender el modelo económico surgido del Tratado de Libre Comercio impulsado en su momento por Carlos Salinas de Gortari, un sistema que, en su esencia, la 4T criticó y prometió transformar.
Este aparente giro en la narrativa expone la complejidad de mantener una postura soberana en un entorno internacional donde Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de México.
Por otro lado, los temas de migración, seguridad e incluso el tráfico de drogas, que Trump maneja como banderas políticas, se convierten en herramientas clave para presionar a la administración de Sheinbaum.
Sin embargo, hasta ahora, no se percibe una estrategia clara por parte del gobierno mexicano para contrarrestar estas amenazas. Lo que genera incertidumbre no solo en el ámbito político, sino también entre los sectores económicos que dependen de la estabilidad en las relaciones bilaterales.
Es fundamental, en este contexto, que México defina una postura firme y articulada frente a los embates que puedan surgir desde Washington.
Tengamos en claro que no se trata únicamente de responder a los ataques de Trump, sino de proteger los avances sociales y económicos que la Cuarta Transformación ha buscado consolidar.
La polarización que fue utilizada como estrategia política durante los primeros años de este proyecto debe ser sustituida por un llamado auténtico a la cohesión nacional, unificando esfuerzos tanto del gobierno como de la sociedad civil para enfrentar las posibles crisis que están por venir.
Consideremos que el retorno de Donald Trump representa una prueba crítica para los gobiernos progresistas en América Latina y, especialmente, para la 4T en México.
Por lo cual la capacidad de Claudia Sheinbaum para responder a este desafío definirá no solo el futuro de su administración, sino también el papel de México en el tablero político internacional.
Si la 4T quiere sobrevivir es momento de construir una estrategia integral que, más allá de los discursos y de los pleitos grilleros contra la oposición, garantice la estabilidad, soberanía y prosperidad del país frente a las amenazas externas.
]]>Notipress.- En un esfuerzo por la inclusión educativa y el cuidado ambiental, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lideró la campaña “Limpiemos Nuestro EdoMéx”, que recolectó 15,545 llantas abandonadas y 1.8 toneladas de basura. Estas llantas fueron recicladas por la empresa Matpro Procedimientos de México para fabricar 200 computadoras, destinadas a fortalecer los servicios de educación especial en la entidad.
La entrega del equipo incluyó computadoras, impresoras braille, regletas, punzones y materiales táctiles como ábacos cranmer, diseñados para estudiantes con discapacidad visual o dificultades de aprendizaje. Este equipamiento beneficiará a más de 30 mil estudiantes a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
Delfina Gómez destacó la inversión histórica de 56 millones de pesos para el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar una educación incluyente y de calidad. Además, subrayó otras acciones en favor de las personas con discapacidad, como transporte público gratuito, entrega de apoyos funcionales y el incremento en la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, que ahora beneficia a 158 mil mexiquenses.
Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de SECTI, resaltó que este esfuerzo refleja el compromiso con la Nueva Escuela Mexicana, garantizando que ningún estudiante quede atrás en su formación.
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Trump firma órdenes ejecutivas y anuncia medidas contra el crimen organizado
Notipress.- Tras asumir la presidencia 47, Donald Trump actualizó la página de la Casa Blanca y publicó las primeras cinco órdenes ejecutivas de su Gobierno. El presidente de Estados Unidos. Asimismo, en su discurso inaugural, declaró a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que busca endurecer las acciones contra el crimen organizado transnacional.
Durante su discurso inaugural en el Capitolio, Trump anunció: “Conforme a las órdenes que firme hoy, también se designará a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”. Esta declaración fue recibida con aplausos por los asistentes, quienes se pusieron de pie en señal de apoyo. Además, el mandatario invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para combatir a estas redes criminales. “Mandaré que nuestro gobierno use todo el poder de la procuración de justicia federal y estatal para sacar a todas las redes delictivas y pandillas que llevan la delincuencia devastadora al suelo estadounidense”, advirtió. Además, expresó, “la edad dorada de América comienza ahora mismo” y detalló su visión sobre el muro fronterizo y sus desafíos actuales.
Nuevos nombramientos en el gabinete de Trump
En su primera orden ejecutiva, Trump envió al Senado la lista de nominados para ocupar los principales cargos de su gabinete. Destacan figuras como Marco Rubio, propuesto para secretario de Estado; Pamela Bondi, nominada como fiscal general; y Robert F. Kennedy Jr., como secretario de Salud y Servicios Humanos. Otros nombramientos incluyen a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y a Peter Hegseth en la cartera de Defensa.
Nombramientos interinos en funciones clave
La tercera orden ejecutiva establece el nombramiento de funcionarios interinos en diversos departamentos hasta que sus cargos sean confirmados por el Senado. Entre ellos se encuentran Jeremy Pelter como secretario de Comercio y Roberto Salesses como secretario de Defensa. Esta medida busca garantizar la continuidad del gobierno mientras se completan los procesos de confirmación.
Otras acciones ejecutivas
Las restantes órdenes ejecutivas incluyen la designación de nuevos líderes para agencias clave, como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Además, en su quinta orden ejecutiva, Trump instruyó que la bandera de Estados Unidos ondee a toda su asta durante el Día de la Inauguración, en homenaje a la democracia estadounidense. Sin embargo, la bandera volverá a media asta en honor al expresidente Jimmy Carter, recientemente fallecido.
Estas primeras acciones del presidente Donald Trump reflejan su intención de implementar cambios rápidos en diversas áreas, con un enfoque particular en seguridad nacional y reorganización del gabinete. Resta por verse cómo responderá el Congreso ante estas medidas y cuál será su impacto en la política interna y externa del país. Por su parte, en México, principal país que podría ser afectado por el tema migratorio, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que la deportación masiva sería una medida “unilateral de ellos”.
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Sheinbaum anuncia nuevo modelo de atención infantil a través de los CECI del IMSS
Notipress.- Durante la conferencia matutina del 15 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el proyecto de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), un nuevo modelo de atención a la primera infancia a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este esquema busca dejar atrás el antiguo formato de subrogación de servicios de guardería, priorizando la educación, el cuidado integral y el bienestar de los menores.
El titular del IMSS, Zoé Robledo, detalló que este nuevo sistema será una prestación directa para madres y padres trabajadores, quienes podrán contar con espacios seguros y confiables para el cuidado de sus hijos. Este proyecto se sustenta en cinco pilares fundamentales:
La primera etapa del proyecto contempla la apertura de 12 centros en Ciudad Juárez, Chihuahua, una región clave debido a su gran actividad industrial y el alto número de trabajadores en maquiladoras. La construcción de estos centros comenzará el 30 de abril y se prevé su conclusión el 11 de octubre. Los terrenos para los centros provienen de diversas fuentes: cinco fueron donados por el gobierno estatal, otros cinco por empresas privadas, y dos se establecieron mediante un vínculo entre el IMSS y el DIF.
En los CECI se implementarán modelos pedagógicos innovadores y normas de seguridad rigurosas. Además, estos espacios tendrán un diseño que promueva el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños.
Sheinbaum adelantó que tras Ciudad Juárez, se prevé la instalación de CECI en otras entidades como Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Querétaro y Ciudad de México.
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Piezas arqueológicas olmecas serán resguardadas en un nuevo museo para preservar su valor histórico y cultural
Notipress.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum una propuesta para la creación del Museo Nacional Olmeca. Es un proyecto que busca preservar y exhibir 33 piezas arqueológicas originales pertenecientes a la civilización olmeca. Entre las piezas destacadas se encuentran altares, estelas y las icónicas cabezas colosales, todas datadas entre los años 1300 y 200 a.C., consideradas símbolos de la llamada “cultura madre” de Mesoamérica.
La propuesta surge como respuesta a una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Allí señaló la necesidad de reubicar estas piezas precolombinas para protegerlas de los efectos adversos de la exposición al clima. Diego Prieto Hernández, director general del INAH, explicó que el objetivo principal es resguardar estos vestigios en un espacio diseñado para garantizar su preservación a largo plazo. “Queremos que los habitantes de Tabasco, de México y del mundo puedan disfrutar de la maravilla que fue la civilización olmeca”, expresó Prieto.
El proyecto contempla trasladar estas piezas originales, actualmente al aire libre en el Parque Museo La Venta, en Villahermosa, Tabasco, hacia el nuevo museo. Estas esculturas, las cuales en su mayoría fueron llevadas a la capital tabasqueña desde la antigua ciudad prehispánica de La Venta, ubicada en el municipio de Huimanguillo durante la década de 1950, serán reemplazadas por réplicas exactas en el parque. Este lugar, concebido como un “parque-poema” por el escritor Carlos Pellicer Cámara, continuará recibiendo visitantes interesados en la historia olmeca, pero con reproducciones fieles de las esculturas originales.
Diego Prieto resaltó que el desarrollo del museo se llevará a cabo en colaboración con el gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May Rodríguez. “La idea es construir un museo a la altura de la importancia de esta cultura primigenia”, aseguró el titular del INAH. Agregó que la nueva institución no solo será un espacio de conservación, sino también un atractivo cultural de relevancia internacional el cual permitirá resaltar la riqueza histórica y artística de la civilización olmeca.
El plan forma parte de las acciones del INAH orientadas a la conservación y divulgación del patrimonio arqueológico del país. Además del Museo Nacional Olmeca, el instituto desarrolla trabajos relacionados con la recuperación y protección de bienes culturales en diversas regiones de México.
Además, Prieto Hernández anunció recientemente el hallazgo de tres fachadas con relieves estucados en la Zona Arqueológica Dzibanché – Kinichná, en Quintana Roo. Estas representaciones, que muestran el poderío de los Kaanu’l, una dinastía maya que gobernó extensos territorios en México, Belice y Guatemala, incluyen símbolos de serpiente, reflejando el dominio e influencia de esta poderosa civilización.
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Notipress.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) celebró la restitución de 101 piezas arqueológicas provenientes de Italia, lograda gracias a la colaboración con el Grupo Carabinieri de Tutela del Patrimonio Cultural. Este esfuerzo forma parte de un programa que ha permitido la recuperación de más de 14 mil bienes culturales en la última década.
La repatriación de bienes culturales, que incluye exvotos religiosos, figurillas de cerámica y artefactos de hasta 900 años a.C., enfrenta numerosos desafíos. Uno de los principales problemas es la descontextualización de los objetos al ser extraídos de sus sitios originales, lo que dificulta su estudio y restauración.
Asimismo, el programa “Mi Patria No Se Vende”, iniciado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum, ha fortalecido la cooperación internacional en este ámbito. Países como Argentina, Guatemala, Italia y Estados Unidos han contribuido a este esfuerzo. Además, se trabaja en acciones legales y acuerdos voluntarios con particulares para garantizar la devolución de estos bienes.
Enrique Álvarez Tostado, coordinador nacional de Asuntos Jurídicos del INAH subrayó en la mañanera del 20 de diciembre la importancia de estas acciones para preservar la identidad cultural y fomentar la cohesión social, al tiempo que anunció la restauración de una imagen religiosa de Santa Rosa de Lima, recuperada tras ser robada en 2007.
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