Corte Penal Internacional declara que, la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, busca perjudicar su labor judicial independiente e imparcial. Según la orden, el gobierno estadounidense impondrá consecuencias tangibles y significativas a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha condenado este viernes la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone sanciones punitivas, replicando que la orden busca “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”.
El Tribunal se creó en virtud del Estatuto de Roma, negociado en el seno de la ONU, pero es un tribunal totalmente independiente creado para juzgar los crímenes más graves, incluidos los de lesa humanidad.
Según la orden ejecutiva del jueves, el gobierno estadounidense “impondrá consecuencias tangibles y significativas” a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.
La directiva sigue la decisión de los jueces de la CPI de dictar en noviembre órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, en las que se les acusa de presuntos crímenes de guerra en relación con el desarrollo de la guerra contra Hamás en Gaza.
La CPI también emitió una orden de detención contra un antiguo comandante de Hamás, Mohammed Deif.
Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI. Hay 125 Estados partes en el Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002.
La orden ejecutiva estadounidense afirma que las acciones de la CPI contra Israel y las investigaciones preliminares contra Estados Unidos “sientan un precedente peligroso, que pone directamente en peligro al personal actual y anterior”.
La orden detalla posibles sanciones, entre ellas el bloqueo de propiedades y bienes de los funcionarios de la CPI y la prohibición de entrada en Estados Unidos para ellos y sus familias.
Un intento de imponer sanciones a la CPI por parte del Congreso de Estados Unidos en enero, antes del cambio de administración, no obtuvo suficiente apoyo en el Senado.
“La CPI condena la emisión por parte de EE.UU. de una orden ejecutiva que pretende imponer sanciones a sus funcionarios y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, dijo el tribunal en un comunicado de prensa.
“El Tribunal apoya firmemente su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”.
Además, el tribunal hizo un llamamiento a todas las partes de la CPI, junto con la sociedad civil y otras naciones, para que “permanezcan unidas en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”.
“El derecho penal internacional es un elemento esencial para luchar contra la impunidad, desgraciadamente muy extendida en el mundo actual. La Corte Penal Internacional es su elemento esencial, y debe permitírsele trabajar con plena independencia”, declaró el portavoz del Secretario General, Farhan Haq, en una rueda de prensa.
Boletín de prensa
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Hace casi un año, cuando Hamás sorprendió al mundo y atacó a la población civil de Israel, no quedó duda de que la respuesta del ejército israelí no solo iba a ser contundente, sino también justificada. El grupo islamista había incursionado en territorio israelí, secuestrado y tomado como rehenes a civiles de diversas nacionalidades. Incluso, entre esos ciudadanos inocentes y ajenos al conflicto, hubo mexicanos que hoy sabemos que ya están muertos.
Sin embargo, a 10 meses de iniciada la guerra, el mundo ejerce ahora una presión sobre la administración de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, ante la atrocidad que está cometiendo el ejército israelí contra la población civil palestina.
La incursión no se ha limitado a instalaciones de gobierno u objetivos militares. Con la excusa de que los terroristas de Hamás se atrincheran en hospitales y escuelas, el ejército israelí ha atacado este tipo de instalaciones donde han perecido civiles, especialmente niños y mujeres ajenos al conflicto militar.
Incluso instalaciones y personal de la Organización de las Naciones Unidas han sido atacadas en medio del fuego cruzado, siendo señalados los israelíes como responsables.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha determinado la ilegalidad de la ocupación israelí y hasta el Consejo de Seguridad de la ONU se ha manifestado en diversas ocasiones pidiendo un alto al fuego y tratando de alcanzar una solución por la vía pacífica.
Israel, como sabemos por sus antecedentes históricos, es una nación nueva en la región de Oriente Medio que no ha tenido buenas relaciones con los pueblos árabes. Esto se debe a rencillas heredadas desde tiempos antiguos y bíblicos, diferencias que han justificado diversos conflictos militares y tensiones sociales que, al parecer, ahora están desbordadas.
Es muy cierto que Israel ha contado con el apoyo del mundo occidental como importantes aliados que lo han ayudado en su propia defensa. Sin embargo, ante las atrocidades que hoy se denuncian, la presión de ser cómplices de un genocidio palestino cometido por los israelíes ya empieza a generar molestia en grupos pacifistas que cuestionan el sentido de la participación del mundo occidental en la masacre contra el pueblo palestino.
Hoy, el gobierno y el ejército de Israel son cuestionados y señalados por diversos actores sociales como responsables del genocidio que cometen contra el pueblo palestino.
A días de inaugurarse los Juegos Olímpicos, con el llamado a una tregua olímpica, las ansias de venganza de Israel no parecen saciarse y es muy difícil que se pueda llegar a un alto al fuego.
Mientras tanto, los ancianos, enfermos, niños y mujeres palestinos sufren por la falta de alimentos, los asesinatos a manos de las tropas israelíes, la carencia de suministros médicos e insumos energéticos como combustible, entre algunas atrocidades denunciadas.
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