Un encuentro interesante, abierto y sincero.

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El pasado fin de semana fue de sonados escándalos para la sociedad yucateca. El primero por la denuncia en contra del regidor Victor Merari por no cumplir con las obligaciones económicas de manutención de un hijo procreado. El segundo se originó en las iglesias católicas de María Inmaculada y Nuestra Señora del Líbano al darse a conocer un comunicado de la Arquidiócesis donde anuncia la terminación de la relación con el Instituto Patria.

Así que vamos por partes.

El asunto de que un funcionario no cumpla con la ley en el caso de su responsabilidad de pensión de un hijo procreado no es un asunto de carácter totalmente privado. Se debe considerar que los funcionarios, más los representantes elegidos por voto popular, deben estar comprometidos al cumplimiento cabal de sus responsabilidades legales, inclusive las personales. Esto por la clarísima necesidad de mantener una congruencia entre los actos de vida y personal con la función pública.

Más cuando el aludido se ha caracterizado por un constante llamado al respeto de la legalidad y Estado de Derecho de los contrarios de partido. Además, el mismo panismo que se considera un partido conservador o de derecha cuenta con entre sus principios básicos el respeto de la dignidad de la persona humana.

La corrupción, para realmente ser confrontada y atacada, es necesario conceptualizarse más allá de las malas prácticas de gobierno. La corrupción tiene que ver con una profunda pérdida de valores. Por lo cual, el no atender una necesidad de un menor en la proporción de lo que la ley demanda como pensión alimenticia, es un claro ejemplo de la persona que corrompe los valores fundamentales de respeto a las obligaciones paternales, al interés superior del niño y el respeto a la persona humana.

Por lo cual Víctor Merari compromete el PAN en cuanto al discurso de combate a la corrupción. Su caso no puede ser aislado del compromiso que conlleva el discurso panista del actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional Ricardo Anaya.

En el otro asunto, ha llamado la atención de los católicos yucatecos la forma de proceder de la Arquidiócesis de Yucatán. El asunto no es menor ya que se trata de una institución que desde su fundación en la conciencia popular de los meridanos queda clara la vinculación del Instituto Patria con la Iglesia Católica, específicamente la comunidad religiosa de María Inmaculada.

Cuando el instituto fue creado en 1991 la Iglesia Católica no tenía la personalidad y capacidad jurídica para contar con propiedades propios. En un estado laico y con prohibición para los clérigos en materia de propiedad, los colegios católicos funcionaban mediante la simulación que se orquestada con la creación de una asociación o patronato civil que, a su vez, entregaba la administración y función educativa a alguna congregación religiosa. Más que claro que estos actos jurídicos se construían con fundamento en la buena fe de todos los intervinientes.

En los pasillos escolares es conocida la mala administración del Instituto Patria. Basta checar con el Registro Público de la Propiedad y darse cuenta de los varios embargos que gravan el predio donde se encuentra la institución educativa. En su momento, hasta el IMSS ha registrado embargos, que por obviedad son el resultado de incumplimiento de las obligaciones de cuotas de seguridad social. Algunos de esos embargos, atendiendo al historial del registro, aún siguen vigentes. Lo que ponen en jaque las finanzas de la institución, no la hacen rentable ni confiable para fines de financiamiento bancario. Es por ello que, para resolver su situación financiera, se dice que ha recurrido a prestamistas privados con la obviedad de intereses superiores de los bancarios.

En la página de la propia institución en su apartado de historia se extraen las siguientes frases:

• “En el año de 1991, Monseñor Álvaro García Aguilar, se reunió con algunos matrimonios que conformaron un patronato, para compartir un sueño largamente anhelado; fundar una escuela que tuviera como características ofrecer a su alumnado una formación en la fe católica, un buen nivel académico, y una atención personalizada de calidad a través de grupos reducidos y mixtos”
• “… como escuela católica se debía tener un lugar destinado para acrecentar la fe católica de los alumnos. Un lugar para acercarse al señor y la santísima Virgen María, es por eso que en 1993 se construye la hermosa la capilla del instituto”
• “Hoy El sueño de Monseñor Álvaro García se ha convertido en realidad”

Así que culminó con una serie de preguntas:

¿El hecho de formar un patronato fue para fines privados y empresariales? ¿No correspondería a una figura más asociada a la obtención de recursos por la vía de donaciones?

¿Actuó entonces el P. Alvaro García de espaldas a las autoridades eclesiales reuniendo a un grupo de personas para hacer negocios lucrativos bajo los principios religiosos católicos?

Si se supone que por Derecho Canónico las capillas deben consagrarse y para ello contar con la aprobación de la Arquidiócesis para ser centros de culto ¿ésta autorizó una dentro de las instalaciones de un lugar privado y empresarial?

¿Es acaso el sueño de Monseñor Álvaro García el que hoy se tenga un conflicto entre la Arquidiócesis y una asociación que hoy se manifiesta privada y empresarial y que, además, acusa a la jerarquía católica de desinformada?

Preguntas que dejo a su consideración

Por lo inédito y trascendencia de la nota, poco a poco, se empiezan a conocer detalles de los fondos y formas que contextualizan y remarcan este conflicto entre las autoridades de la Iglesia Católica y la asociación civil que tiene la administración del Instituto Patria.

Para hacer historia, el Instituto Patria se funda por patrocinio del presbítero Álvaro García, párroco de María Inmaculada. Corría el año 1991 cuando ninguna iglesia o congregación religiosa tenía personalidad y capacidad jurídica para tener bienes. Sin embargo, existían los colegios privados católicos. Éstos se lograban constituir a partir de la creación de asociaciones o patronatos civiles que en buena fe prestaban nombre y prestigio para la conformación de la institución.

De este modo, en 1991 el Instituto Patria logró iniciar sus labores educativas con el apoyo de tres connotadas familias bajo la dirección del Padre García. Tiempo después, con la muerte de uno de los esposos, los que quedaron entonces conformaron una nueva asociación en este caso encabezada por David José Abraham Achach con el nombre de Instituto Educativo de Yucatán A.C, y a decir de algunas fuentes cercanas, se dice que la nueva organización social era a modo de su presidente, tomando con ello el control administrativo y financiero del Instituto Patria.

No pasemos por alto que para la creación de la escuela se contó con la donación de miles de meridanos, miembros de la comunidad religiosa católica para la construccion e inicial sostenimiento de la escuela. Valdría la pena ahora, a la luz de los hechos, considerar si los ahora “dueños” de Instituto Patria no cayeron entonces en un fraude o despojo patrimonial de quienes confiaron por buena fe en las recolectas que le dieron origen a la escuela. Aunque sabemos que resultaría dificil fincar una responsabilidad penal, queda en evidencia un menoscabo a la moralidad, la buena fe, y en este caso, los valores cristianos de la directiva que no cumple con la palabra pactada

En los círculos docentes es conocida la mala reputación que tienen el Instituto Patria. Por la falta de pago oportuno y menoscabar la responsabilidad de las obligaciones laborales adquiridas. Hay casos en donde los pagos se llegaban a retrasar varios meses y sin respetar los pagos que por indemnización laboral debían pagar al despedir a sus maestros. No existía estabilidad en el pago. Primero en efectivo, después con Banco del Sureste, y así sucesivamente, a lo largo de todo este tiempo, transitado por diversas instituciones bancarias, con lo cual resulta concluyente que no tenía una estabilidad en sus relaciones bancarias, y por ende, financieras.

Igualmente se comenta que la administración, en una necesidad de solucionar las crisis financieras recurrió a solicitar préstamos a los bancos, pero que sus gestiones no fueron fructíferas por no cumplir garantías de confianza para las instituciones bancarias. Por lo cual se recurrió a prestamistas e inclusive a sobre hipotecar los terrenos para acceder a préstamos con tasas de interés superiores al 10 por ciento.

A partir del escándalo se ha dado a conocer la notación de embargo al folio electrónico del predio donde está asentada la institución educativa con número 345795 a favor de Rafael José Ramos Delgado. Una fuente conocedora de la situación del colegio me ha indicado que tal embargo, efectuado el día 27 de febrero de 2015 no es más que una estrategia de la misma directiva para evitar otros que serían resultado de los incumplimientos de pago de la administración de los prestamistas. En el Registro Público de la Propiedad en el año 2006 el valor catastral del predio se tasó en 4,896,387.72 y para este año en 62,090,952.02 de acuerdo al folio de cédula 0003613677. En su haber cuenta, con la información oficial con varios embargos aún vigentes, de diferentes prestamos por diversos montos.

Toda esta situación no es nueva. Desde las gestiones del anterior arzobispo Emilio Carlos Berlíe  ya se había intentado recuperar, ahora que la Iglesia Católica tiene personalidad y capacidad jurídica el control del Instituto Patria. Sin embargo, nunca se dio a conocer públicamente.

Con el arribo de Monseñor Gustavo Rodríguez Vega muchas costumbres han estado cambiando en la forma de conducir la pastoral religiosa en la Iglesia de Yucatán. Con la salida del P. García como párroco de María Inmaculada al momento de entregar las cuentas y propiedades de dicha parroquia, podemos especular que se abrió un sismo en la comunicación entre los directivos y las autoridades eclesiales que ya había estas segundas sido complacientes con los primeros.

En lo que es un hecho, es que la información y los dichos, las interpretaciones y hasta las medias verdades y medias mentiras han aflorado de este escándalo que sacude a un sector con alto poder adquisitivo de la ciudad y la alta jerarquía católica. Lo que se conoce hasta ahora es el comunicado que fue leído y que cuenta con el aval del Arzobispo Gustavo Rodríguez. Pero ni la misma Arquidiócesis ni el Instituto hasta ahora han emitido un comunicado oficial para conocer la versión o postura de cada parte.

Mientras tanto… los datos y demás especulaciones estarán discutiéndose en las redes sociales.

Por parte de Mi Punto de Vista, queda abiertas las puertas a todos los involucrados, para que nos den a conocer lo que piensan y nos ayuden a entender este acontecimiento que resulta de interés público en la medida que es una decisión que vincula a importantes actores sociales de nuestra comunidad.