En los últimos días, el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el arte ha cobrado gran relevancia a raíz de la clausura de la exposición “La venida de Jesús” del artista chiapaneco Fabián Chairez en la Academia de San Carlos. Esta decisión, resultado de una orden judicial, ha desatado una fuerte discusión en la que se confrontan los derechos fundamentales de libertad de expresión y respeto a las creencias religiosas.

Para entender la complejidad del problema, es necesario analizar con más profundidad el significado y valor de la libertad de expresión. Este constituye un derecho humano, consagrado en la Constitución, que permite a los individuos manifestar sus ideas sin censura. No obstante, como cualquier derecho, no es absoluto y encuentra sus límites en la protección de otros derechos, tales como el respeto a la dignidad, la moral pública y la paz social. En este sentido, el arte no puede ni debe entrar en el peligroso terreno de dañar la sensibilidad de una creencia. La libertad de expresión artística no está exenta de responsabilidad, y es esencial reconocer que la provocación no puede ser justificada si su único objetivo es ofender o desacreditar valores profundamente arraigados en la sociedad.

La exposición de Chairez, que incorpora una visión erótica y crítica de figuras religiosas, ha sido percibida por sectores de la población católica y cristiana como una afrenta directa a sus creencias. Cabe recordar que más del 70% de la población mexicana se identifica con alguna de estas doctrinas, lo que evidencia la fuerte raíz cultural y social de la religión en nuestro país. Por lo tanto, es válido cuestionarse si el arte debe tener restricciones cuando su contenido resulta ofensivo para una parte significativa de la sociedad.

Además, es importante considerar el papel del Estado en esta situación. México se define como una nación laica, lo que implica que el gobierno no favorece ni discrimina ninguna religión. Sin embargo, también tiene la obligación de garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión no vulnere otros derechos. En este caso, la decisión judicial que llevó a la clausura de la exposición responde a la necesidad de preservar el orden y evitar posibles conflictos derivados de una ofensa a la sensibilidad religiosa de un sector de la población.

Por otro lado, es innegable que el arte, a lo largo de la historia, ha sido una herramienta de crítica y transformación social. Obras de artistas como Francisco de Goya, Diego Rivera o José Clemente Orozco han desafiado normas establecidas y han generado debate sobre la moralidad y la justicia social. Desde esta perspectiva, censurar una exposición por su contenido simbólico podría sentar un precedente peligroso para la libertad creativa y la diversidad de pensamiento.

No obstante, también es necesario cuestionarnos sobre los límites de esta expresión. Si bien el arte puede y debe incomodar, también es esencial considerar el respeto mínimo que merece toda creencia o convicción personal. En este punto, resulta oportuno recordar las palabras de Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Ahora bien, ¿qué sucedería si tomamos cualquier fotografía de un ser querido del artista chiapaneco y con ella erotizáramos una nueva producción artística? ¿Le gustaría? ¿Defendería el derecho de que el arte todo puede ser válido como expresión humana y artística? El respeto surge precisamente de no hacer a los demás lo que no queremos que se haga a nosotros.

La polémica generada por la cancelación de “La venida de Jesús” pone de manifiesto la delgada línea entre la libertad artística y el respeto a las creencias religiosas. Si bien es fundamental defender el derecho a la expresión, también lo es garantizar que esta no se convierta en una herramienta de agravio o provocación innecesaria.

El verdadero reto radica en encontrar un punto de equilibrio donde el arte pueda seguir cumpliendo su función crítica sin vulnerar los derechos ni la sensibilidad de otros. La reflexión, el diálogo y el respeto mutuo deben ser las bases para construir una sociedad en la que la expresión y la convivencia sean compatibles.

Boletín de prensa

En un giro político que muchos consideraban improbable, pero que otros veían venir, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido su advertencia: ha impuesto aranceles del 25 % a las exportaciones mexicanas. Su justificación, fundamentada en la percepción de que en México prevalece un “narcogobierno”, ha generado un torbellino de reacciones tanto en el ámbito político como en el económico.

Un cambio de estrategia insuficiente

Cabe recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue caracterizado por la política de “abrazos y no balazos”, una estrategia que, en su momento, se vendió como una alternativa humanitaria y social para frenar la violencia. No obstante, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, se han implementado acciones más contundentes, incluyendo operativos contra el tráfico de drogas y la detención de delincuentes. A pesar de ello, estas medidas no han sido suficientes para disuadir a Trump de endurecer su postura.

En este contexto, resulta pertinente cuestionar cuál es el verdadero trasfondo de la decisión estadounidense. La entrega de 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, no ha cambiado la percepción de Trump ni de su base política. Al contrario, este endurecimiento de su retórica sugiere que las medidas punitivas contra México no dependen de las acciones del gobierno mexicano, sino de una agenda política con fines electorales y geoestratégicos.

Reacciones encontradas: entre la ingenuidad y la mesura

La respuesta de los actores políticos en México ha sido variada. Por un lado, algunos miembros del partido Morena han calificado la actitud de Trump como “infantil”, una postura que podría interpretarse como una subestimación de la capacidad política del expresidente estadounidense. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum ha mantenido una posición de mesura y cautela, evitando una confrontación directa.

Sin embargo, más allá de las palabras, lo que preocupa es la falta de una estrategia clara para contener las represalias comerciales de los Estados Unidos. No es realista pensar que una movilización masiva en el Zócalo, llena de militantes y simpatizantes del gobierno, pueda disuadir a la Casa Blanca de sus intereses políticos y económicos.

Agenda ya visible de la derecha conservadora

Más allá de la coyuntura inmediata, la política exterior de Trump responde a una agenda oligárquica y a una filosofía política profundamente arraigada en la historia estadounidense. La doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, pilares fundamentales de la política exterior de los Estados Unidos, han sido reactivados en un contexto de reconfiguración global, donde la diversidad ideológica y el ascenso de movimientos de izquierda representan una amenaza para el conservadurismo político norteamericano.

Dentro de este panorama, la llamada “Cuarta Transformación” de México se encuentra en el bando contrario a la visión política de la derecha estadounidense. En las últimas dos décadas, la izquierda política ha logrado avances significativos en América Latina, pero la situación actual marca una transición hacia una nueva etapa geopolítica, en la que los intereses conservadores buscan recuperar su dominio.

Consecuencias económicas y comerciales

Uno de los mayores riesgos que enfrenta México en este conflicto es la fragilidad de su sistema económico ante las represalias comerciales de su principal socio. La dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos es un factor crítico que podría generar un resquebrajamiento en la estructura económica del país. La imposición de aranceles del 25 % afectará sectores clave, como el automotriz, el agroindustrial y el manufacturero, lo que podría traducirse en una pérdida de empleos y un debilitamiento del crecimiento económico.

Ante esta situación, es imperativo que el gobierno mexicano diseñe una política de contención y diversificación comercial. Depender exclusivamente del mercado estadounidense se ha convertido en una vulnerabilidad, y es necesario fortalecer las relaciones económicas con otras regiones del mundo.

Reflexión final

En definitiva, la medida de Trump no es un hecho aislado, sino una manifestación de una agenda geopolítica más amplia. La Cuarta Transformación enfrenta un reto sin precedentes en materia de política exterior y comercio internacional. La gran interrogante es si el gobierno de Claudia Sheinbaum será capaz de diseñar una estrategia efectiva para afrontar la embestida norteamericana o si, por el contrario, la falta de acción y previsión condenará a México a una crisis económica de grandes proporciones.

El reciente discurso de Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos ha generado gran controversia en México, al revelar que la entrega de 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, no fue consecuencia de la lucha contra la corrupción judicial, como ha sostenido el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino de presiones económicas y comerciales impuestas por la administración estadounidense. A partir de esta declaración, se abre un debate en torno a la verdadera autonomía de México en la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad y justicia.

Para contextualizar, diversos actores desde Palacio Nacional se ha defendido en reiteradas ocasiones que la entrega de estos narcotraficantes respondía a la necesidad de evitar que jueces y magistrados corruptos los liberaran. Sin embargo, las declaraciones de Trump contradicen esta versión, al argumentar que la decisión obedeció a la amenaza de imponer aranceles comerciales que afectarían gravemente la economía mexicana. De ser cierto, se estaría evidenciando una sumisión política disfrazada de un supuesto combate a la corrupción.

Desde una perspectiva jurídica, la extradición de criminales debe regirse por principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y soberanía nacional. En este caso, la entrega de ciudadanos mexicanos sin un proceso judicial transparente y con la posibilidad de que sean condenados a pena de muerte, representa un punto crítico en la política exterior de México. Aunque no se trata de justificar ni de exculpar a estos individuos de sus delitos, sí es pertinente cuestionar la falta de procedimientos claros que garanticen un debido proceso.

Ahora bien, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha insistido en la defensa de la soberanía nacional como uno de sus principales ejes discursivos. No obstante, la realidad demuestra que esta entrega masiva de narcotraficantes estuvo condicionada por presiones extranjeras, dejando en entredicho la independencia de México en sus decisiones estratégicas. Si la soberanía significa resguardar los derechos y la dignidad de los ciudadanos mexicanos, entonces, ¿por qué se permitió una extradición forzada sin garantías procesales?

Tenemos dos casos muy simbólicos por su trascendencia y significado. Se destaca el envió de Rafael Caro Quintero, presunto responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, que es emblemático en la relación bilateral México-Estados Unidos. Por otro lado, la opacidad en torno a la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, supuestamente negociada entre el grupo contrario a “Los Chapitos” y las autoridades estadounidenses. En ambos casos se refuerza la percepción de que las decisiones en materia de seguridad se están tomando sin considerar la soberanía nacional ni el debido proceso legal por ambos lados. Lo que nos lleva a la conclusión de política de persecución criminal del país es dictada desde Washington, y no desde el Palacio Nacional.

En conclusión, la extradición de estos narcotraficantes pone en entredicho la narrativa oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum. La versión sostenida por la presidencia, que responsabiliza a un Poder Judicial corrupto, ha sido desmentida por Trump, quien deja claro que la verdadera razón detrás de estas decisiones ha sido la presión económica ejercida por Estados Unidos. Más allá de la legitimidad de estas entregas, el problema de fondo radica en la falta de independencia en la toma de decisiones de México y en la subordinación de su política de seguridad a los intereses del país vecino. La soberanía nacional, tan defendida en los discursos, parece haber quedado relegada ante la necesidad de mantener estabilidad comercial, una realidad que debería preocuparnos a todos.

En el contexto de las reformas propuestas por el gobierno entrante, se ha puesto sobre la mesa una iniciativa que ha generado descontento y preocupación entre los trabajadores del Estado, en particular entre el gremio magisterial. En efecto, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de imponer un pago adicional a las cuotas sindicales con el propósito de rescatar financieramente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha sido recibida con escepticismo y rechazo. Ahora bien, es preciso analizar las implicaciones de esta medida y su trasfondo político.

Para comenzar, resulta innegable que el ISSSTE enfrenta una crisis financiera derivada de años de mala administración y corrupción. No obstante, el problema central radica en que los responsables de esta debacle han quedado impunes, mientras que la carga de su rescate recae sobre los trabajadores. En otras palabras, la iniciativa de Sheinbaum no solo afecta a quienes se encuentran en un régimen de confianza o perciben ingresos elevados, sino que también perpetúa la injusticia de eximir de responsabilidad a quienes saquearon la institución. De esta manera, el esfuerzo por sanear las finanzas del ISSSTE se convierte en una medida punitiva para la base trabajadora, mientras que los verdaderos culpables gozan de total impunidad.

Ahora bien, es pertinente señalar que la propuesta de Sheinbaum también deja en evidencia la negligencia de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su administración, el enfoque prioritario se centró en proyectos de infraestructura que, si bien fueron presentados como estratégicos para el desarrollo del país, terminaron costando más de lo previsto y no han arrojado los resultados esperados. En consecuencia, el desvío de recursos hacia estas obras ha agravado la situación de instituciones clave como el ISSSTE, dejando a sus trabajadores en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.

Aunado a ello, la integración de la familia Yunes a la estructura partidista de Morena es otro indicio del pacto de impunidad que rige en el ámbito político. Conviene recordar que Miguel Ángel Yunes, ex director del ISSSTE, ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos actos de corrupción y fraude. Sin embargo, lejos de enfrentar las consecuencias de sus actos, su familia ha encontrado cobijo en las filas del partido en el poder, lo que demuestra la doble moral que impera en el discurso oficial. Esta situación resulta especialmente indignante si se considera que, mientras a ciertos personajes se les permite operar sin restricciones, los trabajadores deben asumir las consecuencias de los desfalcos que otros perpetraron.

Por otra parte, es necesario enfatizar la importancia del papel que desempeñan los trabajadores del ISSSTE dentro del aparato estatal. Se trata de servidores públicos que, día con día, constituyen el primer contacto de la ciudadanía con los servicios gubernamentales. En este sentido, su bienestar laboral no solo es un derecho legítimo, sino también un requisito fundamental para garantizar la calidad en la atención a los ciudadanos. No obstante, con la nueva propuesta del gobierno, parece que la llamada “Cuarta Transformación” opta por darles la espalda, afectando su estabilidad y, por ende, la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, es imprescindible realizar un análisis sobre la crisis estructural que enfrenta el ISSSTE. Desde la administración de López Obrador, los derechohabientes han sido testigos de una creciente precarización en los servicios médicos. La falta de medicamentos, lejos de resolverse, se ha convertido en una problemática constante que vulnera la salud de millones de personas. A esto se suma la inatención médica, donde los pacientes deben soportar largos tiempos de espera para recibir consultas o intervenciones, lo que pone en riesgo la vida de quienes dependen de este sistema de salud.

Por otro lado, las instalaciones del ISSSTE presentan un deterioro evidente, muchas de ellas sin el mantenimiento adecuado y sin contar con el equipo necesario para atender emergencias o realizar procedimientos quirúrgicos de manera eficiente. El desabasto de material médico y quirúrgico sigue siendo una realidad que pone en entredicho la promesa gubernamental de mejorar el sistema de salud. No podemos olvidar que el expresidente López Obrador aseguró que México contaría con un sistema de salud comparable con el de Dinamarca. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa promesa y, si este es el llamado “segundo piso de la transformación”, los derechohabientes deberían ya estar gozando de un servicio de calidad, algo que evidentemente no ha sucedido.

Ante este panorama, la pregunta que surge es inevitable: ¿es esta la evidencia del humanismo morenista? Si el discurso oficial ha insistido en priorizar a los sectores más vulnerables y en erradicar la corrupción, ¿cómo se justifica que los trabajadores sean los únicos en asumir las consecuencias de la crisis del ISSSTE? En última instancia, la iniciativa de Sheinbaum no solo representa una carga adicional para los empleados del Estado, sino que también pone de manifiesto la falta de coherencia en la estrategia gubernamental. Mientras no se exija rendición de cuentas a quienes han provocado el desfalco de las instituciones públicas, cualquier intento de rescate financiero carecerá de legitimidad y justicia.

Boletín de prensa

La Asociación de Egresados de la UAG se reunió con ex miembros de los equipos de Fútbol Americano, Básquetbol y del Grupo de Animación y Baile (GAB)
 
La energía, el espíritu de equipo y la pasión por el deporte siguen vivos en la comunidad de egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
En un encuentro lleno de camaradería y recuerdos, el Mtro. Ariosto Manrique, Presidente de la Asociación de Egresados UAG, se reunió con exintegrantes de los equipos de Fútbol Americano, Básquetbol y del Grupo de Animación y Baile (GAB) para compartirles el proyecto UAG Alumni y explorar juntos los primeros pasos para la formación de capítulos especiales dedicados a los deportistas y animadores que marcaron historia en la universidad.
 
Más que un equipo
Durante la reunión, se habló sobre la importancia de mantener los lazos entre exjugadores y animadores, fomentando una red de apoyo que no solo recuerde las glorias pasadas en la cancha, sino que también impulse oportunidades profesionales y de networking entre los egresados.
Con esta iniciativa, la UAG busca reforzar la comunidad deportiva y artística dentro del proyecto UAG Alumni, uniendo generaciones que compartieron la misma pasión dentro y fuera del campo.
 
Conexión y oportunidades
Siguiendo la visión de fortalecer la relación con sus egresados, la UAG está en proceso de formar al menos 10 capítulos académicos y temáticos en Guadalajara durante 2025, y los capítulos temáticos son una de las iniciativas clave.
Global Network: Si vives fuera de México y te gustaría representar a la UAG en el extranjero, envía tu currículum a alumni@edu.uag.mx y sé parte de la expansión internacional de nuestra comunidad.

Boletín de prensa

En los últimos años, la estrategia de “abrazos y no balazos” ha sido el estandarte del actual gobierno mexicano para enfrentar la creciente ola de violencia y crimen organizado. Esta política, fundamentada en la idea de atacar las causas sociales que propician la delincuencia, ha buscado disminuir la incidencia delictiva mediante programas sociales dirigidos a combatir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, los hechos recientes cuestionan su efectividad y revelan una preocupante complacencia frente al poderío de los cárteles. En este contexto, la amenaza emitida por Ismael “El Mayo” Zambada al gobierno mexicano pone en evidencia las grietas de una estrategia que ha mostrado ser ineficaz.

Para comprender la magnitud de esta problemática, es necesario analizar el trasfondo histórico. Mientras que los gobiernos neoliberales fueron señalados por sus vínculos con el narcotráfico, el actual régimen de la Cuarta Transformación ha optado por una postura de aparente distanciamiento bajo el argumento de “no confrontar para evitar más violencia”. No obstante, este enfoque ha derivado en una permisividad que raya en la complicidad. Ejemplos de ello se reflejan en los múltiples episodios de violencia en diferentes regiones del país, donde la inacción gubernamental ha permitido el crecimiento exponencial de los cárteles.

En particular, la figura de “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos y longevos de México, destaca como símbolo de esta impunidad. A diferencia de otros líderes del crimen organizado que han sido capturados y extraditados a Estados Unidos, Zambada ha logrado eludir la justicia mexicana durante décadas. Su capacidad de operar desde las sombras, sin haber pisado una prisión, genera cuestionamientos sobre el nivel de protección o connivencia de autoridades mexicanas a lo largo de diferentes administraciones.

Un hecho relevante que pone en tela de juicio la eficacia del actual gobierno fue la captura de Zambada bajo circunstancias opacas y ajenas a las autoridades mexicanas. De acuerdo con informes, su detención fue resultado de una operación sigilosa en aparente convenio entre el grupo de “los chapitos” en contubernio  con agencias estadounidenses. Este hecho deja al descubierto la vulnerabilidad del sistema de justicia y seguridad nacional, al tiempo que plantea la incómoda pregunta: ¿por qué el gobierno mexicano no pudo, o no quiso, capturarlo?

Por otra parte, la reacción inmediata del presidente López Obrador, seguida por su sucesora Claudia Sheinbaum, al exigir explicaciones detalladas sobre la operación de captura, generó suspicacias. Si bien es cierto que todo Estado tiene la responsabilidad de velar por los derechos humanos de sus ciudadanos, independientemente de sus delitos, resulta cuando menos paradójico el nivel de interés mostrado en este caso específico. La narrativa de defensa a la soberanía nacional no puede justificar la falta de acción frente a un delincuente cuya influencia ha devastado a la sociedad mexicana durante más de cinco décadas.

La situación se agrava con las recientes declaraciones de “El Mayo” Zambada, quien ha amenazado con revelar información que, según él, podría colapsar la relación diplomática entre México y Estados Unidos si no es repatriado. Esto nos lleva a cuestionar: ¿qué tan profunda es la red de corrupción e infiltración del narcotráfico en las estructuras del poder público y privado de México? La posibilidad de que empresarios, políticos y funcionarios de alto nivel estén implicados en el financiamiento del crimen organizado no solo es alarmante, sino que evidencia el grado de descomposición institucional que enfrenta el país.

En este sentido, no debería sorprendernos el temor que muestran ciertos sectores políticos y empresariales ante las potenciales revelaciones de Zambada en un juicio en territorio estadounidense. Este es un momento crucial para México, una oportunidad histórica para desentrañar las raíces de la corrupción que han permitido el florecimiento del narcotráfico y, con ello, emprender una reconstrucción auténtica del Estado de derecho.

En conclusión, el caso de “El Mayo” Zambada no solo expone la fragilidad de la estrategia de seguridad del gobierno actual, sino que también cuestiona la verdadera independencia de las instituciones mexicanas. Es momento de replantear una política de seguridad efectiva, basada en el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha frontal contra la corrupción. La sociedad mexicana merece conocer la verdad, no solo por justicia a las víctimas de la violencia, sino también para romper de una vez por todas el ciclo de impunidad y complicidad que ha lastimado al país durante décadas. ¿Estamos preparados para enfrentar esta realidad? La respuesta a esta pregunta definirá el rumbo de la nación en los próximos años.

Desde su nacimiento, Morena se ha distinguido por su carácter de movimiento antes que de partido político. Fue concebido como una plataforma para llevar al poder presidencial a Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido, cumplió su propósito de manera contundente. Sin embargo, una vez alcanzada la meta, la estructura interna ha mostrado signos evidentes de fractura. En efecto, la disciplina política que antes parecía sólida y alineada a los deseos presidenciales, ahora se desmorona ante la ausencia de su líder fundador.  

La sombra de AMLO y la sumisión política

Durante el mandato de López Obrador, quedó claro que la cohesión en Morena dependía, en gran medida, de su presencia constante y su habilidad para dictar la agenda política desde las conferencias matutinas. Así, la disciplina interna se mantenía gracias a la autoridad incuestionable del presidente. No obstante, tras su decisión de ceder el poder a Claudia Sheinbaum y retirarse, aparentemente, a su hacienda “La Chingada”, las fuerzas internas del partido comenzaron a evidenciar sus ambiciones de poder.  

Ahora bien, sin la figura aglutinante de López Obrador, Morena enfrenta una lucha intestina por el control de las posiciones políticas más relevantes. El conocimiento de que cuentan con el respaldo popular les ha otorgado una sensación de invulnerabilidad, lo cual ha propiciado decisiones autoritarias y a menudo perjudiciales incluso para sus propios militantes. Cabe destacar que esta fragmentación no sería tan relevante si existiera una oposición capaz de capitalizar las debilidades internas del partido en el poder.  

La oposición: ausencia de liderazgo y narrativa de corrupción

Es pertinente subrayar que el escenario actual se ve reforzado por la falta de líderes opositores con el talento y la capacidad política para aprovechar las divisiones en Morena. La narrativa oficial de corrupción ha calado profundamente en la percepción pública, aunque carezca de pruebas contundentes, ya que no se ha procesado judicialmente a ningún político relevante bajo este argumento. Sin embargo, la polarización promovida desde Palacio Nacional ha sembrado la desconfianza hacia la oposición, etiquetándola como corrupta y traidora a la patria.  

Pese a ello, la realidad política muestra señales de cambio. La cohesión de Morena se ve amenazada por problemas internos y estructurales que son cada vez más evidentes. Claudia Sheinbaum, quien asumió el liderazgo formal del movimiento, enfrenta limitaciones impuestas por sectores morenistas que, bajo un manto de misoginia velada, han buscado debilitar su poder de decisión.  

El poder detrás del trono y la influencia de AMLO

Aunque López Obrador ha dejado el poder formalmente, su influencia en Morena y en las decisiones gubernamentales sigue siendo notoria. La designación de su hijo, Andy López, en una posición clave dentro de la estructura partidista es una señal inequívoca de que el control del partido sigue bajo su órbita. Este movimiento ha generado críticas internas, pues evidencia que la presidenta oficial, Luisa Alcalde, no posee la autoridad real en el partido.  

Además, la reciente incorporación de los Yunes a Morena, antiguos adversarios políticos de López Obrador, pone en entredicho los valores fundacionales del movimiento. Este pragmatismo, basado en acuerdos políticos para garantizar impunidad a cambio de apoyo electoral, contradice la narrativa de transformación política que originalmente atrajo a millones de simpatizantes.  

En conclusión, el descarrilamiento de Morena no solo responde a la ausencia de su líder fundador, sino también a la falta de una identidad política sólida y coherente. La lucha interna por el poder, la influencia continua de López Obrador y las alianzas pragmáticas con antiguos enemigos políticos han dejado al descubierto las contradicciones de un movimiento que prometía transformar la vida política de México.  

Sin embargo, lo que hasta ahora ha salvado a Morena de un colapso más profundo es la debilidad de la oposición, incapaz de capitalizar las crisis internas del partido en el poder. La falta de liderazgos opositores con visión y estrategia ha permitido que Morena continúe en el escenario político, aunque su unidad interna esté en duda.  

En definitiva, el futuro de Morena dependerá de su capacidad para resolver sus pugnas internas y construir un proyecto político que trascienda la figura de López Obrador. De lo contrario, el movimiento corre el riesgo de desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones y ambiciones desmedidas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa el pilar fundamental del orden jurídico y social de la nación. Su propósito es establecer las normas que rigen la convivencia ciudadana y garantizar la correcta separación de poderes. Sin embargo, en tiempos recientes, hemos sido testigos de un preocupante fenómeno: la utilización de la Carta Magna como un instrumento de confrontación ideológica y partidista, en lugar de un marco común de unidad y legalidad.

Un aniversario marcado por la exclusión

Hoy se conmemora un aniversario más de nuestra Constitución, la ley suprema que garantiza derechos y deberes sin distinción política o ideológica. No obstante, este evento, que debería haber sido un símbolo de unidad nacional, se vio empañado por una acción sin precedentes. La presidenta Claudia Sheinbaum decidió invitar únicamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que son afines a la ideología política de la Cuarta Transformación (4T).
Esta decisión refleja la polarización que afecta al país. La Constitución no pertenece a un grupo político en particular, sino a todos los ciudadanos, independientemente de sus posturas ideológicas. Excluir a ministros de la SCJN por no coincidir con la visión del gobierno en turno envía un mensaje equivocado y peligroso: la institucionalidad democrática está supeditada a lealtades políticas.
Orígenes de la confrontación entre poderes
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha sido conflictiva. Las resoluciones de la SCJN que no favorecieron los intereses del gobierno fueron motivo de críticas y descalificaciones. Como respuesta, se impulsó una reforma con la intención de cambiar la estructura del máximo tribunal, priorizando la lealtad a la 4T sobre la capacidad técnica y la independencia judicial.
Este contexto es clave para entender el acto de exclusión llevado a cabo por Sheinbaum. Más que un evento aislado, es parte de un proceso que busca debilitar la autonomía de las instituciones para consolidar un poder político hegemónico. La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental en cualquier democracia funcional. Cuando un gobierno intenta subordinarlo a sus intereses, se pone en riesgo el equilibrio institucional y la estabilidad democrática.

El peligro de anteponer intereses partidistas a la Constitución

El acto de hoy es un recordatorio de que, en México, las ideologías partidistas están condicionando la interpretación y aplicación de la ley. Este tipo de acciones generan divisiones profundas y erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La Constitución debe estar por encima de cualquier proyecto político, ya que su función es garantizar un marco de derechos y libertades que trascienda gobiernos y administraciones.
Además, este tipo de decisiones refuerzan la percepción de que el gobierno actual no está comprometido con el respeto a la división de poderes, sino con la construcción de un aparato institucional subordinado a su agenda. Si se continúa por este camino, se corre el riesgo de debilitar los contrapesos que aseguran la estabilidad democrática.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿hacia dónde se dirige la institucionalidad y el respeto por la división de poderes en nuestro país? Si el gobierno persiste en la estrategia de subordinar a la SCJN y otras instituciones, nos enfrentamos a un futuro incierto en términos democráticos. La Constitución debe ser un pacto que trascienda ideologías, no un arma de confrontación política.
Para fortalecer la democracia en México, es indispensable recuperar el respeto a las instituciones y garantizar que la Constitución sea la norma suprema que guíe las decisiones de todos los actores políticos. Solo así podremos evitar que los intereses partidistas erosionen los principios fundamentales de nuestra república y asegurar que el país avance hacia un modelo verdaderamente democrático e incluyente.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los aranceles impuestos por Donald Trump a México debido al tráfico de fentanilo es, sin lugar a duda, un ejemplo de mesura y pragmatismo político.

Desde el inicio de este conflicto, muchos observaban con incertidumbre las repercusiones que tendría esta medida estadounidense sobre la economía y la política exterior de México. Sin embargo, al parecer, el viento que inicialmente parecía azotar con fuerza ha comenzado a calmarse, al menos por el momento, gracias a la respuesta estratégica de la mandataria.

En lugar de caer en la confrontación directa, como lo hicieron el presidente colombiano Gustavo Petro o el primer ministro canadiense Justin Trudeau, Sheinbaum ha optado por una postura más diplomática, con énfasis en el diálogo y la cooperación entre ambas naciones. Desde su primer pronunciamiento, la presidenta ha señalado que México está dispuesto a trabajar en conjunto con Estados Unidos para controlar el tráfico de fentanilo, pero sin eludir la responsabilidad que tiene el país vecino en la lucha contra el consumo de esta peligrosa sustancia en su propio territorio.

Es importante destacar la diferencia de estilo con respecto a la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyo enfoque hacia la política de seguridad se centró en la famosa estrategia de “abrazos, no balazos”, y cuya falta de transparencia sobre operativos y acciones específicas de la Guardia Nacional generó un vacío de información.

En cambio, en los últimos meses, Sheinbaum ha adoptado una estrategia más clara y comunicativa. Así, a diferencia de su antecesor, se han dado a conocer públicamente los esfuerzos y logros de la administración en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la aprehensión de líderes de cárteles y la incautación de grandes cantidades de drogas, acciones que durante los seis años de López Obrador apenas eran divulgadas.

Asimismo, la decisión de enviar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur para frenar tanto el tráfico de fentanilo como la migración irregular es un movimiento significativo. Esto no solo responde a una exigencia de Trump, sino que también refleja un compromiso por parte del gobierno mexicano de abordar estos problemas de forma más eficiente y con mayor control.

Sin embargo, aunque esta medida es un paso positivo, aún queda mucho por hacer. La situación, aunque contenida por el momento, sigue siendo frágil. El margen de tiempo que se ha establecido es claro: 30 días para demostrar que México está dispuesto a cumplir con las expectativas de Estados Unidos.

El plazo de un mes, aunque parece suficiente para llevar a cabo algunas acciones concretas, no garantiza una solución definitiva.

La lucha contra el tráfico de fentanilo no es un reto que se resuelva en tan corto tiempo. La situación en las fronteras, particularmente en el sur de México, sigue siendo una cuestión compleja que involucra tanto factores internos como internacionales. Por ejemplo, el fenómeno de la migración, que afecta tanto a México como a Estados Unidos, no puede abordarse de manera aislada; requiere una cooperación regional que involucre a todos los actores involucrados, incluidos los países centroamericanos. Por otro lado, el consumo de fentanilo en los Estados Unidos es una realidad dolorosa que México no puede ignorar.

Es cierto que, al mantener un enfoque más diplomático, Sheinbaum ha logrado que el tema del consumo y la demanda de esta droga en territorio estadounidense sea parte de la conversación. No obstante, queda claro que este problema no puede reducirse a una simple cuestión de control fronterizo, pues la raíz del problema se encuentra también en las políticas de salud y de control de drogas que se implementan en Estados Unidos.

En este sentido, la postura de Sheinbaum es acertada, pero no está exenta de desafíos. A pesar de su capacidad para mantener el diálogo abierto y evitar caer en la trampa de la confrontación directa, los resultados a largo plazo dependerán de su habilidad para implementar medidas efectivas en las áreas que realmente interesan a Trump: el tráfico de fentanilo y el control de la migración.

Estos dos temas seguirán siendo claves en la relación entre ambos países, y el tiempo, más que las promesas de cooperación, será el que determine si la tormenta, como algunos esperan, se disipa por completo o simplemente queda contenida por un breve periodo.

En conclusión, la respuesta de Claudia Sheinbaum ante los aranceles de Trump ha sido efectiva y cautelosa, pero el verdadero reto aún está por llegar. Las expectativas de Estados Unidos son altas, y el tiempo apremia. Mientras tanto, el gobierno mexicano tiene la oportunidad de demostrar que puede abordar los problemas de manera más eficaz que sus predecesores, pero deberá hacerlo con acciones concretas y resultados tangibles que demuestren que la tormenta, efectivamente, ha sido superada.

AL CALCE. Se tiene una bomba hirviendo en Sinaloa con el gobernador Rubén Rocha Moya. Ante todo este contexto, por los señalamientos y la violencia que no puede ser contenida en ese estado fronterizo requiere de una decisión política que genere certidumbre y liderazgo del partido gobernante diferente al “cobijamiento”.

En los últimos años, México ha experimentado un proceso de polarización política sin precedentes. En este contexto, la Cuarta Transformación (4T) ha desempeñado un papel central en la división del país entre quienes apoyan su proyecto y quienes lo rechazan. Ahora, ante la reciente amenaza del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles contra México, el gobierno federal y la dirigencia del partido oficialista convocan a la unidad nacional. Sin embargo, esta solicitud de cohesión se enfrenta a la paradoja de un sexenio que ha promovido la polarización.
Para entender este dilema, es importante analizar cómo se ha construido el discurso de división desde el poder. Durante seis años, las conferencias matutinas del presidente se convirtieron en un espacio de confrontación, donde se estigmatizó a los opositores con calificativos como “fifíes” o “traidores a la patria”. Esta retórica ha tenido un impacto profundo en la opinión pública, generando un ambiente de constante enfrentamiento entre distintos sectores de la sociedad.
Ante la nueva amenaza de Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado la calificación de “narcogobierno” impuesta por el mandatario estadounidense. No obstante, esta descalificación externa contrasta con la percepción interna de muchos ciudadanos, quienes observan con escepticismo la relación del gobierno con grupos del crimen organizado. Ejemplo de ello es el trato diferenciado que se ha dado a ciertos actores: mientras la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sido tratada con mucho respeto y abrazo por el ex presidente López Obrador, las madres de personas desaparecidas han tenido que enfrentar indiferencia o represión por parte de las autoridades.
Asimismo, el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, genera serias dudas sobre la relación del poder político con el crimen organizado. Porque se le han señalado vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada, lo que se agrava con la supuesta fabricación de un montaje para encubrir el asesinato de un exrector universitario. Ante esta situación, surgen preguntas inevitables: ¿Por qué el gobierno mexicano muestra tanto interés en conocer las condiciones de captura del “Mayo” Zambada? ¿Qué redes de protección existen entre el crimen organizado y la estructura gubernamental?
El panorama actual nos enfrenta a una crisis de confianza. La administración de la 4T ha privilegiado una política de “abrazos, no balazos” que, si bien buscaba disminuir la violencia a través de una estrategia distinta a la guerra frontal contra el narcotráfico, ha sido percibida por muchos como un gesto de permisividad y protección hacia los grupos criminales. El resultado de esta política se refleja en un país donde la violencia no ha disminuido significativamente y donde la población sigue viviendo con miedo.
Ahora, cuando la amenaza de una crisis económica se cierne sobre el país debido a posibles sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos, el llamado a la unidad se convierte en un recurso necesario para el gobierno. No obstante, esta petición choca con la memoria reciente de un sexenio marcado por el enfrentamiento con opositores, empresarios, periodistas y sectores críticos.
La unidad nacional no puede construirse desde la imposición ni desde la conveniencia política. Si el gobierno actual realmente busca cohesionar al país, debe comenzar por reconocer sus errores y rectificar su estrategia de comunicación y gobernanza. La reconciliación nacional requiere un compromiso genuino con el diálogo y la inclusión, no solo cuando la situación política o económica lo exige.
En conclusión, la polarización sembrada en los últimos años ha debilitado los lazos sociales y ha generado una desconfianza profunda en las instituciones. Ahora que el gobierno solicita unidad para enfrentar una amenaza externa, se enfrenta al dilema de recoger lo que ha sembrado: una sociedad dividida y unida solo por la desconfianza. Para que la unidad sea posible, es imprescindible reconstruir los puentes que la retórica política ha destruido. El reto es grande, pero fundamental para el futuro del país.

En los últimos años, México ha enfrentado una crisis de seguridad que ha dejado una profunda huella en el tejido social. Todos los días conocemos y somos conscientes de como las luchas internas entre bandas de narcotráfico, las desapariciones forzadas y la violencia generalizada han generado un sentimiento de hartazgo y desánimo entre la población.

En este contexto, la película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, ha despertado una polémica que va más allá de la crítica cinematográfica. Aunque la cinta aborda temas como la identidad de género y la redención, su narrativa y enfoque han sido recibidos con rechazo por parte del público mexicano, no solo por su falta de autenticidad, sino también por su insensibilidad ante la realidad que vive el país.

México atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Es más que evidente que la violencia asociada al narcotráfico ha dejado miles de víctimas, muchas de las cuales permanecen desaparecidas. Causando que familias enteras han sido desgarradas por la delincuencia organizada, y la impunidad ha exacerbado la sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos.

Este escenario de dolor y desesperanza ha creado un clima social en el que cualquier representación artística que toque estos temas debe ser abordada con extremo cuidado y sensibilidad.

Sin embargo, Emilia Pérez parece ignorar esta realidad, optando por una narrativa que, lejos de conectar con el público mexicano, lo aleja.

Aunque la película se desarrolla en un contexto relacionado con el narcotráfico mexicano, no fue filmada en México ni cuenta con actores mexicanos en su reparto principal.

Este distanciamiento geográfico y cultural se refleja en la forma en que los personajes hablan y se expresan, utilizando un español que resulta estereotipado y alejado de las formas de comunicación propias de México. Una cosa es hablar en español traduciendo líneas de un idioma a otro de forma literal y otra una interpretación en español que implica una forma muy propia de construcción lingüística y semántica que reproduce el modelo y la huella que identifica la forma de comunicarnos en México.

Por tal motivo, para el público mexicano, esta falta de verosimilitud hace que la película resulte insulsa y desconectada de su realidad.

Además, la elección de Karla Sofía Gascón, una actriz transexual, para interpretar a un narcotraficante que decide cambiar de sexo, ha generado una polémica adicional. Si bien es cierto que la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el cine es una realidad que se pretende imponer en las recientes producciones cinematográficas, en este caso particular, la narrativa parece reducir la redención del personaje que daña a la sociedad a un cambio de apariencia física.

Este enfoque resulta problemático en un país donde las víctimas de la violencia narcotraficante siguen esperando justicia.

Tal parece que basta la transformación física para redimir a alguien que ha causado tanto daño, sufrimiento y dolor en diversas familias mexicanas, lo que ha sido interpretado como una falta de sensibilidad hacia el dolor de las víctimas reales.

El rechazo a Emilia Pérez no debe interpretarse como un ataque a la comunidad LGBTQ+ o a la agenda de inclusión. Por el contrario, es un reflejo del dolor y la frustración de un país que está cansado de ver su realidad simplificada y malinterpretada en la pantalla grande.

La película, aunque bien intencionada, parece estar dirigida a un público que no está viviendo la crudeza de la violencia narcotraficante. Por lo cual, quizás sea una buena película, pero para otros tiempos y otros contextos.

Emilia Pérez es un ejemplo de cómo el arte puede fallar al intentar retratar realidades complejas y dolorosas.

Aunque su enfoque en la identidad de género y la redención es valioso, su falta de autenticidad y sensibilidad hacia el contexto mexicano ha generado un rechazo comprensible por parte del público.

En un país donde el dolor y la pérdida son tan palpables, las representaciones artísticas deben ser más cuidadosas y respetuosas.

Solo así podrán conectar con un público que, más que entretenimiento, busca comprensión y empatía.

Un suceso que nos confronta con la realidad.

En la más reciente entrega de la tragicomedia nacional, la Cuarta Transformación sigue dando muestras de su peculiar enfoque sobre lo que significa el progreso y el desarrollo humano. Ahora, en medio de la “democratización” de la justicia, nos encontramos con la propuesta de permitir que aspirantes a jueces y magistrados puedan postularse aun con un promedio menor a 8 en la licenciatura. ¿La razón? Según el magistrado Reyes Rodríguez del tribunal electoral federal, excluirlos por su bajo desempeño académico sería “estigmatizante” y los condenaría a la exclusión perpetua.
¿Es en serio? ¿Ahora resulta que el esfuerzo, la dedicación y el mérito son secundarios en la construcción de un sistema judicial digno y eficiente? Bajo esta lógica, lo que realmente importa no es la capacidad de interpretar la ley o resolver conflictos, sino asegurar que nadie se sienta mal por haber navegado sus estudios con la ley del mínimo esfuerzo.

La celebración de la mediocridad

El problema no radica únicamente en esta ocurrencia, sino en el mensaje que envía: el mérito académico y profesional no tienen cabida en esta “nueva justicia”. El mensaje parece ser claro: en la 4T, la excelencia es un estorbo. En lugar de premiar la dedicación y el conocimiento, se privilegia la mediocridad como un nuevo estándar nacional. ¿Qué clase de capital humano estamos formando si la mediocridad es suficiente para aspirar a un cargo tan importante como el de juez o magistrado?
Esto se suma al vergonzoso caso de la ministra cuya tesis de licenciatura resultó ser un plagio descarado. En lugar de asumir responsabilidad, optó por escudarse en procesos legales para mantenerse intocable. Así, el ejemplo que se da desde las altas esferas no es otro que el del “todo se vale” y el “hazlo mal, pero hazlo”.

¿El pueblo como reflejo del poder?

En un régimen que se autoproclama como el defensor de los desprotegidos y marginados, cabe preguntarse: ¿qué es lo que realmente se quiere del pueblo? Si las instituciones validan el bajo rendimiento como norma, ¿cómo se supone que la ciudadanía aspire a algo más? En lugar de fomentar una cultura de superación, el discurso de la 4T parece promover el conformismo y la pasividad.
¿O es que, quizás, un pueblo sin deseos de superación es más fácil de gobernar? Después de todo, es más sencillo mantener el control sobre una sociedad que no cuestiona ni aspira a mejorar sus circunstancias.

La justicia al mejor postor

La idea de democratizar la justicia es, en principio, una aspiración ciudadana legítima que busca resolver la inacción de las cortes para resolver asuntos de la población más vulnerable. Pero en la práctica, parece que lo que realmente se busca es una justicia a modo, manejada por personas que no tienen ni la formación ni la independencia necesarias para tomar decisiones informadas y justas. Si permitimos que los estándares académicos y éticos sigan cayendo en picada, estaremos condenando a las futuras generaciones a vivir en un país donde la justicia no es más que una burla.
Es irónico, y profundamente preocupante, que mientras algunos luchan por elevar el nivel educativo y profesional de México, otros trabajan arduamente para institucionalizar la mediocridad. Porque, al final, eso es lo que la Cuarta Transformación parece querer: no una transformación, sino una regresión. Y no precisamente hacia el progreso.
¿Qué opinas?

En el panorama político internacional, el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos plantea una amenaza significativa para los gobiernos de izquierda en América Latina.

Este contexto geopolítico coloca en una posición especialmente vulnerable a la Cuarta Transformación (4T) iniciada por Andrés López Obrador y que ahora está encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el llamado 2° piso de transformación.

Bajo un discurso nacionalista y una agenda claramente adversa al progresismo, la administración Trump podría intensificar su influencia para debilitar a los gobiernos que se distancian de los intereses económicos y políticos estadounidenses.

Por un lado, es evidente que Trump busca reafirmar, como un propósito primario, el poder hegemónico de Estados Unidos en la región.

Sin embargo, los gobiernos populistas de izquierda representan un desafío a este objetivo, pues impulsan modelos que priorizan la redistribución económica y la inclusión social, en contraste con el enfoque neoliberal predominante en Washington.

La política exterior del mandatario estadounidense, que ya en su primer mandato demostró ser agresiva y unilateral, podría centrarse en desestabilizar políticamente a países como México, cuyas relaciones económicas están profundamente vinculadas al Tratado entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En este sentido, resulta llamativo observar cómo, bajo esta nueva coyuntura, el discurso de unidad en México comienza a tomar protagonismo como una estrategia de respuesta a la embestida norteamericana.

Irónicamente, se hace un llamado a defender el modelo económico surgido del Tratado de Libre Comercio impulsado en su momento por Carlos Salinas de Gortari, un sistema que, en su esencia, la 4T criticó y prometió transformar.

Este aparente giro en la narrativa expone la complejidad de mantener una postura soberana en un entorno internacional donde Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de México.

Por otro lado, los temas de migración, seguridad e incluso el tráfico de drogas, que Trump maneja como banderas políticas, se convierten en herramientas clave para presionar a la administración de Sheinbaum.

Sin embargo, hasta ahora, no se percibe una estrategia clara por parte del gobierno mexicano para contrarrestar estas amenazas. Lo que genera incertidumbre no solo en el ámbito político, sino también entre los sectores económicos que dependen de la estabilidad en las relaciones bilaterales.

Es fundamental, en este contexto, que México defina una postura firme y articulada frente a los embates que puedan surgir desde Washington.

Tengamos en claro que no se trata únicamente de responder a los ataques de Trump, sino de proteger los avances sociales y económicos que la Cuarta Transformación ha buscado consolidar.

La polarización que fue utilizada como estrategia política durante los primeros años de este proyecto debe ser sustituida por un llamado auténtico a la cohesión nacional, unificando esfuerzos tanto del gobierno como de la sociedad civil para enfrentar las posibles crisis que están por venir.

Consideremos que el retorno de Donald Trump representa una prueba crítica para los gobiernos progresistas en América Latina y, especialmente, para la 4T en México.

Por lo cual la capacidad de Claudia Sheinbaum para responder a este desafío definirá no solo el futuro de su administración, sino también el papel de México en el tablero político internacional.

Si la 4T quiere sobrevivir es momento de construir una estrategia integral que, más allá de los discursos y de los pleitos grilleros contra la oposición, garantice la estabilidad, soberanía y prosperidad del país frente a las amenazas externas.

La tranquilidad de las familias yucatecas se ha visto sacudida por recientes episodios de inseguridad en las instituciones educativas, un problema que, aunque aislado, evidencia serias deficiencias en la protección y resguardo de los estudiantes. Los padres de familia, que depositan su confianza en las escuelas como espacios seguros para sus hijos, enfrentan ahora la incertidumbre de saber si esas instituciones realmente pueden garantizar la paz y seguridad que prometen.
Uno de los casos más alarmantes se registró en una secundaria de Mérida, Yucatán, donde una persona ajena a la institución logró entrar y permanecer encerrada por 40 minutos en un salón de clases junto con los alumnos. Este hecho no solo es inaceptable, sino que revela un preocupante nivel de incompetencia y falta de protocolos de seguridad. La negligencia no se limita únicamente a los directivos, sino que involucra a todos los responsables de la operación diaria de la escuela, desde prefectos, maestros hasta conserjes y personal administrativo. Ya que resulta inconcebible que, en un entorno escolar, donde los docentes tienen la obligación reglamentaria de hacer guardias y vigilar los espacios comunes, se permita una brecha de esta magnitud.
Otro incidente, ocurrido en Progreso, elevó aún más las alarmas. Un grupo de delincuentes llegó al punto de amenazar a estudiantes con una escopeta. Si bien en ambos casos las autoridades lograron detener a los responsables y afortunadamente no hubo víctimas, estos hechos son una advertencia clara de que las medidas actuales de seguridad en las escuelas son insuficientes y necesitan reforzarse con urgencia.
Es necesario que se refuerce la presencia de la policía en los momentos de entrada y salida de los escolares. No solo como una fuerza disuasiva para cualquier intento de una conducta criminal contra la seguridad de los alumnos y padres de familia, sino también, para resguardar el cruce de estos ante la imprudencia de conductores de vehículos que no respetan las restricciones de velocidad en áreas escolares.
Es momento de que las autoridades educativas y de seguridad de Yucatán actúen con celeridad y determinación. Es fundamental retomar y fortalecer los programas de vigilancia escolar, así como garantizar que todo el personal cumpla con sus obligaciones de supervisión en las escuelas. La seguridad de los estudiantes no puede quedar a merced de la improvisación o la falta de compromiso de quienes están al frente de las instituciones educativas.
Estos casos recientes deben servir como un llamado de atención para implementar medidas preventivas que eviten eventos más graves en el futuro. La educación y la seguridad deben ir de la mano, y es responsabilidad conjunta de las autoridades, directivos escolares y comunidad educativa garantizar que las escuelas de Yucatán sean espacios seguros donde los estudiantes puedan desarrollarse sin temor ni riesgos. La prevención es, sin lugar a dudas, la mejor estrategia para salvaguardar el bienestar de nuestra niñez y juventud.

Hace algunos años, cuando nos prometieron que México tendría un sistema hospitalario a nivel Dinamarca, nos imaginamos un paraíso sanitario. Pensamos en hospitales modernos, atención oportuna, médicos bien capacitados, y medicamentos para todos. En otras palabras, una utopía nórdica trasplantada al trópico mexicano. Pero la realidad es otra, y al parecer lo que nos dieron fue una versión tropicalizada… pero de las tragedias del tercer mundo.

¿Dinamarca? ¡Ja! Qué aburrido sería vivir sin esa dosis diaria de incertidumbre que nos regala el IMSS y el ISSSTE. Por ejemplo, hace poco escuché un caso que debería ser material para Netflix: un derechohabiente tuvo que someterse a una laringoscopía sin anestesia en la famosa clínica T1 del IMSS. Sí, sin anestesia, porque ¿para qué queremos anestesia cuando podemos tener una experiencia completa? ¡Nada como sentir ese tubito con cámara bajándote por la garganta mientras experimentas la sensación de ahogarte! Una experiencia inolvidable, y gratuita, si es que logras agendar tu cita en primer lugar.

Pero no todo es tortura moderna. También están las noticias emocionantes, como la reciente decisión de sacar el medicamento Forxiga del cuadro básico. ¿Quién necesita un tratamiento efectivo para la diabetes cuando puedes ahorrar 1,500 pesos al mes simplemente no tratándote? Es que mantener la promesa de Dinamarca es caro, y si hay algo que el gobierno mexicano sabe hacer bien es mantener las finanzas austeras, la austeridad republicana… a costa de tu salud, claro.

Y mientras tanto, los medicamentos siguen sin llegar, las citas con especialistas se programan para algún momento en el siglo XXII, y si tienes suerte, en noviembre o diciembre te dirán que no hay agenda. Pero paciencia, porque todo esto es parte del plan, ¿no? La salud pública en México no es una prioridad, es un reto extremo. ¿Qué tan fuerte eres para sobrevivir sin atención médica? Solo los más aptos prevalecerán.

Ahora que estamos en el segundo piso de la Cuarta Transformación, seguimos esperando la prometida Dinamarca mexicana. López Obrador no pudo, pero al menos nos dejó un show diario en las mañaneras. Y Claudia Sheinbaum… bueno, ¿qué tan diferente podría ser? Al final, los principales beneficiarios de este desastre somos nosotros, el pueblo sabio. Sabios porque sabemos que el cambio nunca llegó, y que nunca llegará.

¿Yucatán rumbo a la Dinamarca imaginaria?

Ahora imaginemos por un momento lo que significará para los yucatecos entregar sus hospitales y servicios médicos a la federación. Sí, porque aparentemente no basta con tener un sistema local que, aunque con sus deficiencias, logra sostenerse gracias al esfuerzo estatal. Ahora, el sueño (o pesadilla) de centralizar la salud en manos de un gobierno que no puede garantizar ni las agujas, promete llevarnos a una “Dinamarca yucateca“.

En este nuevo escenario, los yucatecos deberán prepararse para largas filas, citas médicas que se programen para después de la próxima alineación de planetas, y la desaparición de medicamentos esenciales del cuadro básico. Porque si algo hemos aprendido de la experiencia nacional es que cuando la federación toma el control, la salud pública se convierte en una ruleta rusa. ¿Quién necesita seguridad médica cuando puedes tener el emocionante suspenso de no saber si habrá médicos disponibles o si te tocará tu consulta antes de necesitar un acta de defunción?

Yucatán, un estado reconocido por su organización y esfuerzo en el manejo de servicios de salud, se enfrenta a una triste realidad si decide seguir esta ruta. La promesa de un sistema sanitario nacional eficiente, “nivel Dinamarca”, suena más a un mal chiste que a una estrategia viable. La historia reciente nos muestra que centralizar la salud no es sinónimo de mejorarla, y los yucatecos, acostumbrados a soluciones prácticas y eficientes, podrían ser los más afectados por este experimento federal.

La realidad para los yucatecos, como para el resto del país, no es Dinamarca. Es México, con sus promesas incumplidas, su austeridad mal entendida, y su sistema de salud que sigue siendo un reflejo de todo lo que queda por hacer.

Aumento de temperatura en 2024 alerta sobre el avance del cambio climático y la urgencia de nuevas medidas

Notipress.- La temperatura media del planeta superó por primera vez el umbral de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, según informaron diversas organizaciones internacionales en 2024. El dato generó preocupación, ya que esta cifra es considerada un límite crítico en el contexto del Acuerdo de París. Dicho acuerdo se firmó en 2015 por cerca de 200 países con el objetivo de evitar los peores impactos del calentamiento global.

Si bien este aumento corresponde únicamente a un año, los científicos señalaron que podría ser un indicio de una tendencia acelerada hacia el calentamiento global sostenido. Gail Whiteman, investigadora de la Universidad de Exeter, afirmó: “Estamos llegando al final de lo cual creíamos que era una zona segura para la humanidad”. Este cruce del límite subraya la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El incremento del uso de combustibles fósiles, a pesar del crecimiento de fuentes de energía renovable como la solar y la eólica, continúa impulsando el aumento de emisiones de carbono, los cuales alcanzaron niveles récord en 2023. Según António Guterres, secretario general de la ONU: “Significa que tenemos que luchar aún más para volver a encaminarnos, los líderes deben actuar ahora”. Guterres instó a acelerar las acciones políticas y tecnológicas para frenar el calentamiento.

Carlos Nobre, climatólogo de la Universidad de São Paulo, sugirió que el aumento consecutivo de las temperaturas en 2023 y 2024 podría ser una señal de aceleración del cambio climático. “Quizás debamos reducir las emisiones aún más rápido”, indicó, advirtiendo sobre la posibilidad de que el cambio climático esté avanzando a mayor velocidad de lo previsto.

Los expertos coinciden en que el límite de 1,5 °C no es una barrera absoluta, sino un indicador simbólico y político de los riesgos climáticos. Katharine Hayhoe, científica jefa de The Nature Conservancy, subrayó que el promedio decenal actual indica un calentamiento de 1,3 °C y podrían pasar años antes de superar definitivamente el límite de 1,5 °C. Según los investigadores cada fracción de grado cuenta, y superar el límite durante un año no implica un fracaso irreversible si se logran reducir las emisiones a tiempo.

El anuncio se da en un contexto donde se preparan importantes reuniones internacionales sobre cambio climático. Los expertos temen que el cruce de este umbral pueda generar complacencia entre ciertos sectores escépticos, quienes podrían restar importancia a la gravedad de la situación climática actual. Whiteman advirtió: “Las personas podrían pensar ¿Ven? Cruzamos esa línea y no pasó nada’”. Sin embargo, los científicos recalcan que los efectos del calentamiento se acumulan de manera paulatina y persistente.

La resurrección de Mexicana de Aviación fue, sin duda, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de López Obrador. La narrativa era perfecta: rescatar una aerolínea histórica que había sucumbido ante las políticas neoliberales, devolviéndola al pueblo mexicano bajo la gestión militar. Sin embargo, a pocos meses de su relanzamiento, la realidad del mercado está golpeando con fuerza este ambicioso proyecto.

Nostalgia frente a viabilidad comercial

El problema fundamental radica en la confusión entre voluntad política y viabilidad comercial. La administración actual pareció asumir que el peso del respaldo gubernamental y el nombre histórico de Mexicana de Aviación serían suficientes para garantizar el éxito. No obstante, en la industria aeronáutica moderna, donde la competencia es feroz y los márgenes son estrechos, la nostalgia no paga las cuentas.

Cancelación de rutas: la punta del iceberg

La reciente cancelación de ocho rutas es apenas la punta del iceberg de una problemática más profunda. Los reportes de vuelos semivacíos contrastan dramáticamente con las promesas iniciales de tarifas accesibles y mayor conectividad para los mexicanos. La pregunta incómoda que pocos se atreven a formular es: ¿por qué los pasajeros no están respondiendo como se esperaba?

Falta de planeación estratégica

La respuesta podría encontrarse en la ausencia de un análisis de mercado riguroso y una estrategia de posicionamiento clara. En el siglo XXI, una aerolínea no puede sobrevivir solo con buenas intenciones o respaldo político. Se requiere una comprensión profunda de las necesidades del consumidor, una estructura de costos eficiente y una propuesta de valor diferenciada. Elementos que, hasta ahora, brillan por su ausencia en el proyecto de la nueva Mexicana.

Adquisición de aeronaves: ¿una estrategia equivocada?

El anuncio de la adquisición de nuevas aeronaves en medio de esta crisis operativa resulta particularmente desconcertante. ¿De qué sirve ampliar la flota cuando los aviones actuales no logran llenar sus asientos? Esta decisión parece más orientada a mantener la narrativa del éxito que a responder a una demanda real del mercado.

¿Un lujo que no podemos costear?

Los defensores del proyecto argumentarán que toda empresa necesita tiempo para madurar. Sin embargo, en el competitivo mundo de la aviación comercial, el tiempo es un lujo que cuesta millones de pesos diarios. Cada vuelo semivacío, cada ruta cancelada, cada oportunidad perdida de generar ingresos, se traduce en pérdidas que, eventualmente, tendrán que ser absorbidas por el erario público.

Repitiendo los errores del pasado

La ironía de la situación es que, en el intento de demostrar la superioridad de la gestión estatal sobre la privada, el gobierno podría estar recreando precisamente las condiciones que llevaron a la quiebra de la Mexicana original. La falta de planeación estratégica, la ausencia de un modelo de negocio sólido y la priorización de objetivos políticos sobre la viabilidad comercial son un cóctel peligroso en cualquier industria, pero especialmente en la aeronáutica.

El riesgo de un fracaso anunciado

Las señales de alarma son cada vez más evidentes: la cancelación de rutas, los vuelos con baja ocupación y las decisiones financieras cuestionables sugieren que estamos ante el posible fracaso de un proyecto más político que empresarial. Lo que se presentó como el gran rescate de una aerolínea emblemática podría terminar siendo una costosa lección sobre la importancia de anteponer la planeación estratégica y el análisis de mercado al voluntarismo político.
El tiempo dirá si Mexicana de Aviación logra despegar realmente o si quedará como otro ejemplo de cómo las buenas intenciones, sin sustento en la realidad del mercado, están destinadas al fracaso.

ArcelorMittal México impulsa acciones para la conservación de la Tortuga Marina

Notipress.- Entre el 12 y el 15 de noviembre, el Campamento Tortuguero El Habillal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue el escenario de la Tercera Edición del TortuFest, un evento que reunió a 562 estudiantes y docentes de 16 escuelas, desde nivel preescolar hasta bachillerato. El propósito principal del festival fue inspirar a las nuevas generaciones sobre la importancia de conservar los ecosistemas marinos y proteger a las especies en peligro de extinción.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en actividades diseñadas para fomentar la conciencia ambiental. Entre las experiencias destacadas estuvo la liberación de tortugas recién nacidas, un momento emblemático que conectó a los estudiantes con la importancia de preservar la biodiversidad.

Además, se impartieron charlas educativas y talleres enfocados en la protección de tortugas marinas y su entorno. Cada participante recibió un kit educativo y disfrutó de un desayuno gratuito, como parte de las acciones del evento.

Desde su creación en 2021, el Campamento Tortuguero El Habillal cuidó 5,163 nidos, protegido 470,665 huevos y liberado 415,711 crías de tortuga marina. Este esfuerzo fue posible gracias al patrocinio de ArcelorMittal México, a través de sus programas Cultivando Futuros, Centro Cultural ArcelorMittal, y Mujeres de Acero.

La empresa invirtió cerca de 900 mil pesos en la mejora de las instalaciones del campamento, incluyendo donaciones de una cuatrimoto, paneles solares y la construcción de una cabaña dormitorio. Además, se incluyó el mantenimiento y recuperación de áreas afectadas por el huracán John.

Promoviendo la participación comunitaria

El TortuFest no solo busca sensibilizar sobre la conservación de la tortuga marina, sino también fortalecer el sentido de responsabilidad ambiental de la comunidad local. Las actividades realizadas en el festival promueven el desarrollo sostenible y la colaboración para salvaguardar los recursos naturales de la región.

Con el apoyo del Centro Cultural ArcelorMittal y Cultivando Futuros, se brindó asesoría legal y fiscal al Campamento Tortuguero para formalizar su Asociación Civil y obtener su estatus de Donataria Autorizada, fortaleciendo así su labor de protección del ecosistema marino en la zona.

Esta edición del TortuFest busca reforzar el compromiso de instituciones, empresas y la comunidad para trabajar juntos en la conservación de las especies y los hábitats marinos. De esta forma, el objetivo es dejar un legado educativo y ambiental para las futuras generaciones.